¿Plebiscito, cabildos o asamblea? Buscando tierra fértil para la primavera chilena

¿Cómo salimos de esta? Para el autor de esta columna de opinión, mientras el gobierno ha optado por una política “gatopardista” clásica (cambiar para que nada cambie), la oposición sin liderazgo transita por dos vías: plebiscitos y cabildos auto-convocados. El autor da argumentos en contra de ambos caminos y boga por un “pacto social amplio”. ¿Cómo lograrlo? En un escenario de partidos políticos sin fuerza ni representatividad, sugiere una “asamblea ciudadana” elegida aleatoriamente, como lo hizo la Columbia Británica en 2004.

En esta columna argumento que los actores más visibles de lo que podríamos empezar a llamar la “Primavera Chilena” –el gobierno y la oposición– se encuentran jugando cartas de una forma sub-óptima y trato de explicar por qué se puede entender así. Espero que el lector termine de leer esta columna y entienda un argumento que, seguramente, no complacerá ni a tirios ni a troyanos.

Tenemos a un gobierno que se equivocó al generar un clima de guerra, abrió la puerta para que se usara desproporcionadamente la fuerza y se equivoca todos los días al creer que este conflicto se soluciona entre el voluntarismo, por un lado, y un puñado de concesiones compensatorias por el otro.

Obviamente, el interés del gobierno se centra en la restauración del statu quo y la vuelta a la “normalidad”. Sin embargo, dadas las condiciones existentes en Chile, el gobierno ha optado por una política “gatopardista” clásica – cambiar para que nada cambie. Y es por este ángulo por donde justifica sus concesiones como, por ejemplo, la flexibilización a la importación de medicamentos o los exiguos ajustes a la política salarial.

El problema está, por lo menos desde la óptica del gobierno, en que cada vez que el gobierno hace una concesión, se pega un tiro en las piernas; y es relativamente simple el entender por qué ya que uno se pregunta de forma casi natural: ¿Acaso estas reformas se podían haber hecho y no las hicieron previamente? ¿Nos estuvieron ahogando todo este tiempo sabiendo que esto podía mejorar? ¿Aguantaron todo lo que pudieron y solo cedieron mínimamente cuando se produjo el estallido social?

El gobierno sostiene ser capaz de entender cuáles son las necesidades de los chilenos. Más allá de que tal afirmación representa un paternalismo excesivo, las autoridades argumentan que los chilenos, por ejemplo, queremos pensiones mínimamente dignas. Es verdad, pero lo que no dicen es que, para cambiar substancialmente nuestras pensiones, u otros servicios, será necesario modificar leyes constitucionales. Es decir, se quedan en lo inmediato y no quieren encarar la arquitectura general del ordenamiento socio-económico. De igual modo, el gobierno estima que lo importante es el qué y no el cómo, pero el cómo en esta situación es tan importante como el qué.

Este “gatopardismo” gubernamental es la razón por la que desde La Moneda apuestan simultáneamente a subsidiar al modelo (no es que el salario mínimo suba por ley, sino el Estado se endeuda para subir el salario mínimo sin tocar los intereses de los empleadores) y apelan a la caridad, el asistencialismo, y el voluntarismo de los que podrían hacer el cambio como herramientas para una sociedad mejor[1].

Ciertamente, uno podría entender la caridad como un valor positivo; pero lamentablemente, nunca ha sacado a un pueblo de una crisis como la que vivimos. Esto es de una ingenuidad tal que produciría hasta ternura si nos lo dijese alguien más.

Por otro lado, tenemos a una oposición política que día a día se rifa la posibilidad de concertar una amplísima coalición alternativa, una fuerza que cambie lo que muchos denominan “el modelo”. Más allá de que muchos de los que hoy están en la oposición fueron funcionales “al modelo” en administraciones pasadas, la incapacidad de acción colectiva de la oposición solo le da oxígeno a La Moneda. La ausencia de un bloque opositor coordinado es el “sueño del pibe” de cualquier gobierno y este, el de aquí y ahora, no es la excepción.

La estrategia de muchos de los líderes de oposición transita, básicamente, por dos caudales: “plebiscitos” y “cabildos auto-convocados”. Temo que, para sus intereses, ninguno de los dos sirva para avanzar su agenda de cambio.

DEBILIDAD DEL PLEBISCITO

Cuando se clama por plebiscitos, no se empodera a la ciudadanía sino a las élites, ya que siempre son las autoridades las que dominan los procesos plebiscitarios. Cuando mucho, se necesitaría un único plebiscito ad-hoc para destrabar el proceso de reforma; pero nunca “plebiscitoS”.

Mucho hablan de democracia directa; pero se habla como si fuese un grupo homogéneo de instituciones. Pues no lo son; involucran instituciones substancialmente distintas y lo único que comparten es el voto universal y secreto en las urnas. Lo último que necesita Chile son “plebiscitos” o “iniciativas populares de ley” porque justamente fortalecen a los fuertes[2].

Si la oposición quiere cambiar en términos de democracia directa, debería olvidarse de los plebiscitos e iniciativas populares de ley (como en España, Argentina, o Brasil) y debería considerar la “iniciativa popular” (a secas) y el “referéndum contra las leyes” (tal como, por ejemplo, en Oregón, Suiza, Uruguay) y el “referéndum constitucional” (tal como, por ejemplo, en todos los estados de Estados Unidos, con la excepción de Delaware)[3]. Estos mecanismos no necesitan ningún aval de las autoridades y, si se califican en tiempo y forma, se va directo a la votación y lo que la ciudadanía decida es vinculante. Suena casi a ciencia ficción, pero no lo es[4].

Inclusive si tuviésemos iniciativas populares y referéndums en nuestro ordenamiento, estos serían muy pobres mecanismos para agregar preferencias e intereses, como algunos líderes esperaran. Efectivamente pueden destrabar situaciones políticas complejas, pero no son más que correctivos a gobiernos esencialmente representativos. Hace pocos días, una dirigente proponía hacer un “plebiscito ómnibus”, es decir una concatenación de preguntas de esta naturaleza: “¿Prefieres el sistema privado de pensiones u otro? ¿El salario mínimo tiene que estar por sobre la línea de la pobreza? ¿Debería el Estado fijar los precios de los remedios?”.

Pues tampoco se puede ir por ahí. Permítame el lector explicar mi posición usando algunos argumentos que aparecen en mi último libro sobre democracia directa (Altman 2019)[5].

Pensemos en una agenda temática “x”, donde la ciudadanía tiene que tomar partido de forma directa. Aún cuando los votantes tomen decisiones razonables sobre cada tema individualmente, el paquete general de políticas tomadas en su conjunto puede no tener sentido. Para ilustrar este punto, imagine una situación en la que se pide a los once votantes de nuestro demos (A – K) que voten sobre once preguntas de nuestra agenda “x” (1–11), ver la Tabla 1.

Todas estas preguntas son aprobadas por un margen de 6 contra 5, absolutamente todas ellas. Y, a pesar que todas fueron aprobadas por mayoría (6 en 11), podría suceder fácilmente que la mayoría de los votantes vote en minoría sobre la mayoría de las preguntas.

En el ejemplo de la Tabla 1, el grupo compuesto por los votantes A-G (siete de once votantes, o 64 por ciento), votó en la minoría de las decisiones en seis de las once preguntas. Peor aún: un segundo grupo compuesto por los votantes A-F, que representan el 55 por ciento de todo el electorado, ¡votó dentro de la minoría el 64 por ciento de las preguntas!

Aunque el escenario en la Tabla 1 es una simplificación obvia, el problema fundamental que representa no es inverosímil. Es perfectamente posible que, a través de una serie de decisiones directas, la mayoría de los ciudadanos estén en el lado perdedor a pesar del hecho de que cada decisión se adopta por regla de la mayoría. Obviamente, esto es problemático por decir lo menos y socava la deliberación democrática razonable.

Fuente: Altman 2019, p.14; basado en Ascombe 1975, p. 161.

La segunda apuesta fuerte es avanzar en los cabildos populares auto-convocados. Temo ser pájaro de mal agüero nuevamente, pero el cabildeo espontáneo, sin reglas claras, sin procedimientos preestablecidos, nunca resultó. Es más, sólo hará que la frustración aumente. ¿Y por qué lo digo? Porque este asambleísmo inorgánico —de corte casi romántico—y que muchos promueven resulta fácilmente manipulable por los fuertes y es poco representativo de la ciudadanía, ya que siempre filtra por una auto-selección que viene asociada de los recursos cognitivos previos e injustamente distribuidos. Así sucedió en Chile bajo la administración anterior, así ocurrió en la bucólica Islandia durante la Revolución de las Cacerolas, así ha sido en todos los foros deliberativos integrados solo por los ciudadanos que optan por participar.

Los cabildos populares auto-convocados pueden ser una muy buena herramienta de desahogo y catarsis colectiva, pero en ninguna sociedad han sido el motor del cambio (quizás en el único momento que podrían funcionar es en tiempos revolucionarios, como quizás fue la Comuna de Paris, pero inclusive ahí, se podría discutir). Estos cabildos, además, enfrentan los dilemas de toda asamblea: quién controla la agenda y cuáles son sus reglas de decisión pues, si uno se enfrenta a un grupo organizado, no hay escapatoria posible. Algo así ocurrió en las asambleas ciudadanas durante la Crisis del Corralito en Argentina de 2001 y 2002 (ver Auyero 2007)[6].

Lo dicho anteriormente no pretende tirar por abajo una expresión ciertamente genuina de cambio impulsado por la ciudadanía. Indisputablemente, los cabildos populares auto-convocados podrían ser una fuente de generación de ideas, pero el cambio siempre ha venido desde otro lado. Y aquí nuevamente, con la evidente ausencia de acción colectiva, La Moneda se regocija.

Estamos inmersos en una profunda crisis de la que únicamente la política nos podrá sacar. Como decía el lema tan visto estos días, “no se trata de los 30 pesos, se trata de 30 años”. No se trata de solamente bienes y servicios, se trata de una situación de percibida sensación de injusticia y, como ya lo dijo Tarrow (2011), la idea de la injusticia es un recurso extremadamente poderoso de movilización[7].

Esto no se soluciona ni con concesiones del gobierno, ni con caridad de los empleadores, ni con cabildos auto-convocados, ni con democracia directa, tampoco con algoritmos de ninguna especie. Aquí debemos transitar a un nuevo pacto social a través de procesos y objetivos claros y pre-establecidos y donde sepamos, ciertamente, cómo definimos en caso de empate.

Si los partidos tuviesen un piso razonable en la sociedad, esto no sería tan terriblemente difícil. La historia nos enseña sobre experiencias que lograron su cometido (al menos desde la consecución de los objetivos trazados), por ejemplo, el Pacto de la Moncloa en España, el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, el Pacto del Club Naval en Uruguay, o la misma transición chilena (nótese que ninguno de ellos fue acordado en el parlamento)[8].

Pero no estamos en ese escenario. En un contexto en el que los actores e instituciones políticas carecen de legitimidad social es necesario ampliar la mesa de negociación. La pregunta es cómo se podría uno imaginar este diálogo.

Una posibilidad es inspirarse en lo que fue la Asamblea Ciudadana de la provincia canadiense de la Columbia Británica (2004-2005) donde se eligieron aleatoriamente a 160 ciudadanos estratificados por sexo y etnia, que tuvieron como propósito proponer una reforma electoral que tenía que, al final del proceso, ser aprobada por toda la ciudadanía en un voto directo y universal[9]. Si bien esta Asamblea tuvo muchos de los problemas de auto-selección mencionados previamente, uno perfectamente podría combinarlo con la idea de la obligación cívica de los jurados estadounidenses, donde la participación es obligatoria (y donde el Estado se encarga de su manutención durante el tiempo necesario, asegurando su puesto de trabajo).

La selección aleatoria de este grupo de ciudadanos, asegurará que cada uno de los miembros de la comunidad tenga la misma probabilidad de ser electo independientemente de sus recursos económicos, educaciones, o políticos. Este grupo reflejará la complejidad del Chile actual, será un micro-cosmos de nosotros mismos, y con toda certeza habrá miembros de partidos políticos, sindicalistas, empresarios, académicos, ambientalistas e inmigrantes. Porque, al fin y al cabo, la forma es tan importante como el fondo.

NOTAS Y REFERENCIAS

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.

Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de cuatro centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) y el Observatorio del Gasto Fiscal. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.