Evadir impuestos y evadir el Metro: desigual impacto social y desigual castigo

Ninguna evasión es defendible, sostiene en esta columna de opinión el sociólogo Jorge Atria. Pero remarca que la evasión en el transporte público que ha sacudido la agenda noticiosa no es un hecho aislado, sino parte de “un conjunto amplio de incumplimientos” en nuestra sociedad que tienen castigos distintos. Atria destaca el aumento de la evasión de impuestos, práctica sancionada en casos importantes con restitución de lo evadido y clases de ética, mientras que la evasión en el transporte ha implicado la “agresiva presencia policial en el Metro y hasta un registro nacional de evasores que ya cuenta más de 5 mil ciudadanos”.

Ninguna evasión es defendible. Las evasiones son altamente problemáticas porque restan recursos para el financiamiento de bienes y servicios, crean diferencias injustas entre quienes pagan y quienes no, y deslegitiman el funcionamiento del medio o sistema que se está vulnerando.

En los últimos años, en Chile hemos observado con gran frecuencia comportamientos evasivos. Los casos recientes en el transporte público de Santiago no son, en ese sentido, un hecho aislado: forman parte de un conjunto de comportamientos que desafían la positiva autopercepción que los chilenos tenemos del respeto a la ley y el apego a las normas. El otro caso sobresaliente lo constituyen las evasiones tributarias, donde hemos pasado de ser considerada “una de las naciones tributariamente más cumplidoras del mundo”, como planteó Marcelo Bergman en su libro en 2009, a mirar de cerca los niveles de incumplimiento impositivo de otros países latinoamericanos.

No pagar el transporte público no es lo mismo que no pagar impuestos. Se trata de fenómenos distintos que requieren medidas diferentes. Sin embargo, en ambos se dejan ver comportamientos evasivos. Los trabajos científicos dedicados a este tema muestran que en estos comportamientos influyen aspectos institucionales e individuales. Los institucionales se relacionan, entre otros, con los tipos de fiscalización utilizados, la calidad de las instituciones políticas, el grado de complejidad del sistema y también de conocimiento que exista sobre el mismo. Los aspectos individuales, por su parte, tienen que ver con cuán costosa se observa la carga que cada uno debe contribuir, con la percepción de que hay justicia en el sistema y de que los otros están pagando lo que les corresponde.

La evasión del transporte público refleja algunos de estos aspectos: críticas a un servicio que, aunque con mejoras indudables, aún no se acerca a las expectativas de satisfacción de sus usuarios y tarifas altas en relación con los ingresos de la mayoría de los chilenos, aparecen como explicaciones recurrentes. La evasión de impuestos, por su lado, sugiere descontento con el Estado, la sensación de que no se recibe un retorno suficiente por lo pagado y también la percepción de que los impuestos son un castigo o un costo demasiado grande.

Las sanciones, sin embargo, se piensan de manera sorprendentemente distinta. Mientras en los últimos años la evasión del transporte ha llevado a la instalación de validadores de tarjetas en paraderos, fiscalizadores anti-evasión con chaquetas rojas, torniquetes en los buses, agresiva presencia policial en las estaciones de Metro y hasta un registro nacional de evasores que ya cuenta más de 5 mil ciudadanos, la evasión de impuestos muestra tratamientos dispares: en los casos más publicitados, solo opera la devolución del monto defraudado y los responsables deben participar en programas formativos de ética en la dirección de empresas. En los casos menos difundidos, suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago de indemnizaciones de beneficio fiscal. Las alternativas pudieron ser mucho más duras: al evitar el juicio oral en los casos más emblemáticos, optando por un juicio abreviado, se evitó el riesgo de cumplir penas efectivas de cárcel. Respecto a los montos, al restituir el 100% se optó por una salida menor a la máxima posible, que puede llegar a 300% de lo defraudado.

Más ampliamente, como muestra un informe de la Fiscalía Nacional del año pasado, los delitos económicos y tributarios son parte de los casos con tasas más bajas de condena y tasas más altas de archivo provisional.

La visibilidad que adquiere la evasión del Transantiago es mucho mayor que la de la evasión tributaria. Asimismo, las políticas públicas que buscan prevenir y sancionar a los evasores son notoriamente más estigmatizadoras frente al no pago del transporte que de los impuestos. No es imaginable en el debate actual proponer programas formativos de ética para pasajeros infractores, ni colocar torniquetes para acceder a grandes propiedades en Santiago y en balnearios, previa exhibición del certificado de pago de contribuciones al día. Tampoco se ha propuesto que las multas a pasajeros sólo restituyan el 100% de lo defraudado, ni que quienes no paguen sus impuestos pasen a un registro de evasores.

Asumiendo que se trata de distintos problemas, regulados por legislaciones diferentes y con soluciones diferenciadas, la evasión del transporte público no es algo aislado: es parte de un conjunto más amplio de incumplimientos que la sociedad chilena observa a diario en distintas esferas. Esas otras evasiones influyen en la percepción sobre el funcionamiento de las instituciones y el trato que ellas ofrecen a los ciudadanos de distintos grupos sociales. Las desigualdades económicas y políticas que atraviesan nuestra sociedad en ámbitos fundamentales se dejan ver también en este caso como un trato asimétrico en visibilidad y criminalización. Evadir esta parte del problema y no ponerle torniquetes a las desmedidas concentraciones de ingreso y poder, es reproducir una sociedad escindida con ciudadanías de primera y segunda clase.