Acompañamiento a las mujeres que abortan: un programa abandonado a su suerte

El acompañamiento para las mujeres que acceden al aborto legal es un derecho. Lo pueden brindar los hospitales o tres ONG acreditadas. Ambas vías tienen problemas graves. Las encargadas de esta labor en la red pública trabajan en condiciones precarias que no aseguran confidencialidad a las pacientes: atienden en pasillos e, incluso, en camas ginecológicas. Acusan que los equipos médicos no las integran, que la capacitación es insuficiente y que, en algunos casos, sufren la hostilidad de jefes objetores. Por falta de protocolos claros, las ONG acreditadas apenas han atendido a una treintena de mujeres, de las 1.117 que hasta junio habían calificado en una causal.

El pasillo de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) del Hospital Félix Bulnes es sombrío, sin  ventanas. Al costado, y mejor iluminadas, están las habitaciones compartidas por mujeres que esperan el parto. Mezcladas con ellas, también están ahí las que van a interrumpir su embarazo. Afuera, en un diario mural, un afiche informa las tres causas por las que una mujer puede abortar legalmente. Pero no explica el acompañamiento que debe brindarle gratuitamente el Estado.

El acompañamiento es un derecho establecido por ley. Su objetivo es contener y apoyar a las mujeres, evitar su revictimización y asegurarles acceso a la atención en un ambiente de respeto y confidencialidad (vea la Norma Técnica Nacional del acompañamiento del Ministerio de Salud). No obstante, a dos años de la promulgación de la norma que despenalizó el aborto en tres causales (Ley 21.030), el programa de acompañamiento sobrevive prácticamente abandonado a su suerte y solo por la perseverancia de las profesionales encargadas de ejecutarlo: las llamadas duplas IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), compuestas por una psicóloga y una trabajadora social.

Las integrantes de las duplas IVE cuentan que trabajan en condiciones precarias, que no tienen oficinas propias ni dependencias donde recibir en un ambiente de reserva y confidencialidad a las pacientes (como lo establece la norma). Dicen que deben conversar con ellas en pasillos o salas en las que también hay mujeres que esperan el parto o que amamantan a sus recién nacidos, lo que muchas veces resulta contraproducente y doloroso para aquellas que van a interrumpir la gestación. Incluso, las duplas se han visto obligadas a hacer el acompañamiento cuando las mujeres permanecen en incómodas camas ginecológicas.

Para esta investigación recogimos testimonios de duplas IVE de distintos hospitales (algunas bajo reserva de identidad para evitar represalias laborales, debido a que están subordinadas a médicos objetores que rechazan el aborto). Lo que cuentan es que la falta de espacio y de recursos, así como una escasa capacitación, son las principales dificultades para realizar su trabajo. También mencionan desavenencias con los equipos médicos –que no están informados sobre los procedimientos IVE– y la actitud hostil de aquellos jefes que son objetores.

Las mujeres que califican en una causal de aborto legal, pueden aceptar o no el acompañamiento. Si lo hacen, pueden ser atendidas por la dupla IVE del hospital u optar por alguna de las tres organizaciones privadas acreditadas por el Ministerio de Salud (Minsal) para brindar el mismo servicio: Fundación Miles, Asociación de Protección de la Familia (Aprofa) y Chile Unido. La participación de estas ONG, sin embargo, ha sido mínima: en conjunto han acompañado apenas a 30 mujeres, de las 1.117 que –según las estadísticas oficiales del Minsal– calificaron en una causal hasta junio de este año.

¿CONFIDENCIALIDAD?: “PONEMOS UN BIOMBO”

Una trabajadora social de la dupla IVE de un hospital metropolitano se mueve entre camilleros, enfermeras y visitas. Debe informar a las mujeres sobre su derecho al acompañamiento, aunque “no hay una oficina para hacerlo”, dice. Ni ella ni su colega cuentan con un espacio para desarrollar una relación confidencial con las pacientes. Si no es en una habitación común, con otra cama ocupada a solo un metro de distancia, conversa con las mujeres en la sala de ecografía: “No es cómodo para ellas, porque son camas ginecológicas”, describe. Esto también dificulta el acceso de un familiar significativo para la mujer que la acompañe durante el proceso.

“Las mujeres están en el mismo lugar con las que acaban de tener guagua o que están con contracciones. Escuchan todo. Ponemos un biombo, pero igual están juntas”, denuncia otra trabajadora social IVE de un hospital de la Región Metropolitana que pidió la reserva de su identidad. La profesional llegó hace un año a ese recinto junto a su par psicóloga, quien coincide con su compañera: “Intentamos que, al menos en la recuperación, estén en un lugar aparte, pero por falta de espacio y de camas, no se puede. Es súper precario”.

Las dificultades que enfrentan las duplas IVE contrastan con la importancia que, al menos en el discurso, se le dio al acompañamiento durante el debate legislativo. La necesidad de brindar apoyo psico-emocional a las mujeres fue fuertemente defendida por algunas parlamentarias, particularmente de los sectores que se oponían a la despenalización. “Hay una vulneración tanto a los derechos de la vida que está por nacer como de la madre, (a la que) se le deja como única opción el aborto y no el acompañamiento y la protección”, dijo la ahora exdiputada UDI, Claudia Nogueira, tras la aprobación de las tres causales en la Comisión de Constitución de la Cámara.

La presidenta del mismo partido, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, junto a otros cuatro parlamentarios, propuso el Programa de Acompañamiento como respuesta a la iniciativa de “aborto libre” presentada por los sectores progresistas: “Si la esencia del proyecto de legalización del aborto es evitar que las mujeres sufran, entonces hagamos un proyecto de acompañamiento real y efectivo”.

Aunque inicialmente el progresismo y las organizaciones feministas consideraron el acompañamiento como una estrategia destinada a disuadir a las mujeres que optaran por el aborto, esa percepción cambió tras ver el trabajo de las duplas IVE: “Es una herramienta que está favoreciendo el proceso de decisión y la posibilidad de llegar a la interrupción del embarazo”, dice Gloria Maira, ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile.

No obstante, los dos sectores que se enfrentaron en el acalorado debate por la despenalización del aborto ahora tienen prácticamente en el olvido el acompañamiento. Y nadie reclama –ni en el mundo político ni en las ONG que se oponen o favorecen la interrupción del embarazo– por la evidente falta de recursos que impide brindar una contención adecuada a las mujeres que califican en una de las tres causales.

DESINFORMACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

Las duplas IVE entrevistadas para este reportaje están de acuerdo en una cosa: las mujeres que califican en una causal están desinformadas tanto de los derechos que les otorga la Ley 21.030 como del Programa de Acompañamiento. Incluso, dicen, los profesionales que trabajan en las unidades ginecológicas del sistema público (médicos, matronas y enfermeras) tampoco están bien informados y, en general, desconocen el rol que deben jugar las duplas IVE y la importancia de generar espacio para el acompañamiento.

“Los profesionales del equipo médico nos dicen: ‘No sé qué hacen las IVE’”, afirma una psicóloga de una dupla que trabaja en un hospital de la Región Metropolitana:

–Las mujeres no saben a quién acudir y los médicos no saben cuándo llamarnos. El desconocimiento no es solo de las mujeres, porque a ellas deberían explicarles (el acompañamiento) cuando van a los Cesfam, a matronería o a una consulta particular –señala la profesional. Pero, asegura que los funcionarios y equipo médico de los centros de salud primaria o de las consultas privadas no conocen el programa.

Una matrona que trabaja en el ARO de un hospital metropolitano está de acuerdo: “Dentro de este hospital hay gente que no sabe qué es IVE”. La trabajadora social de la dupla IVE del mismo recinto, reclama: “Si los equipos del hospital no saben, imagínense en la atención primaria. Nosotras hemos tenido que ir a hacer capacitaciones a consultorios, porque eso no lo consideró el Minsal”.

El trabajo coordinado con la atención psiquiátrica es otro aspecto que las duplas IVE consideran, en algunos casos, como una barrera para acompañar adecuadamente. El artículo 9 del Reglamento de las prestaciones incluidas en el programa de acompañamiento, establece que las mujeres menores de 18 años tienen derecho a una consulta psiquiátrica (las mayores de edad serán derivadas a la unidad de salud mental correspondiente a su previsión). La matrona del ARO de un hospital capitalino dice que no ha resultado fácil realizar el acompañamiento cuando se requiere la participación de un psiquiatra:

–(Los psiquiatras) creen que deben hacer una consulta aparte (que no forma parte del proceso IVE). En la normativa no está en qué punto se llama al psiquiatra ni a criterio de quién. Entonces, viene el psiquiatra y nos dice: “Necesita medicación”. Y nosotras le decimos: “No, no te llamamos para que mediques a la paciente, sino porque eres el profesional IVE” que debe atenderla –explica la matrona.

Solicitamos a 17 hospitales de la Región Metropolitana, vía Ley de Transparencia, información sobre la presencia de psiquiatras en sus equipos IVE hasta julio de 2019, fecha de término para el trabajo de campo de esta investigación periodística. Recibimos 11 respuestas. Los hospitales El Pino, San José de Santiago, San José de Melipilla, El Carmen y el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea, tienen psiquiatras IVE. Los hospitales San Borja Arriarán, Padre Hurtado, Militar y los hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente cuentan con atención psiquiátrica general, no específica para casos IVE. El Hospital de Peñaflor no tiene psiquiatra y el Hospital Dr. Sótero del Río, realizó un concurso para integrar un psiquiatra IVE que no obtuvo resultados.

ORGANIZACIONES CIVILES ACOMPAÑANTES

El 8 de enero de 2019 se publicó la lista de las instituciones acreditadas por el Minsal para realizar el acompañamiento: Fundación Miles, Aprofa y Chile Unido. Hasta hoy, han atendido un número de casos muy pequeño en relación a los más de 1.100 abortos registrados por la estadística oficial hasta el primer semestre de este año. Aprofa lleva 29 casos (22 provenientes del sistema privado y siete  del público). Fundación Miles, apenas uno. De los realizados por Aprofa, solo dos fueron acompañamientos completos y los demás de tipo parcial, complementarios de la atención que se brindó en los hospitales.

Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa, explica que la razón de los pocos acompañamientos que llevan es por falta de recursos: “El ministerio nunca contempló apoyo (para las entidades acreditadas). Lo conversé con quienes en ese entonces (durante la acreditación) estaban en el Ministerio de Salud, pero no quedó en la glosa presupuestaria”. Solís añade que, en este contexto, ciertas prestaciones del acompañamiento que brindan las ONG tienen un costo para la mujer. “Nos parece que es seguir criminalizando a las mujeres el que tengan que pagar para que las acompañen”, sostiene.

Otra dificultad para el trabajo de las ONG acreditadas es que hay desconocimiento sobre cómo establecer un nexo con el servicio público a objeto de que les deriven pacientes. La Norma Técnica especifica que el acompañamiento de las entidades privadas debe realizarse en las instalaciones de las ONG y que, si la mujer se encuentra hospitalizada, “deberá facilitarse el acceso de los profesionales de la institución acreditada para que ejecuten las prestaciones”. Pero, en la práctica esto último no ocurre.

La coordinadora del área de salud de Miles, Estefanía Andahur, explica que el protocolo de derivación lo están armando directamente con las duplas IVE de los hospitales: “Como no somos parte del sistema de salud, no nos pueden hacer una interconsulta para derivar de un especialista a otro. La conexión con el hospital está muy mal implementada, el Minsal nunca solicitó eso”.

“Nos contactaron alrededor de ocho entidades públicas (hospitales) y seis privadas (clínicas) que nos pidieron que les contáramos acerca de nuestro acompañamiento”, dice la jefa del área de salud de Aprofa, María José Oyarzún. Su programa incluye diez sesiones con un psicólogo y tres consultas con un trabajador social. Estas prestaciones mínimas son gratuitas y se financian con recursos de la ONG. Las sesiones extra debe costearlas la usuaria.

En el caso de la Fundación Chile Unido, se trata de una organización de inspiración católica que ofrece un programa de acompañamiento para las mujeres que deciden seguir con la gestación. La información oficial de la fundación indica que desde 1999 mantiene “el Programa de Acompañamiento Integral a Embarazadas en situación de vulnerabilidad”, que “acoge a mujeres con embarazos no deseados o no planificados, que están en la disyuntiva del aborto a lo largo de todo el país, acompañándolas de manera integral, hasta que sus hijos/as cumplen un año de vida”.

Uno de los requerimientos de la Subsecretaría de Salud Pública para acreditar a una ONG, es que la organización cuente con un equipo integrado por un médico cirujano o matrón, psicólogo, trabajador social y/o psiquiatra. De esta forma, si una mujer no puede acceder a atención psiquiátrica en su hospital, podría realizarlo con una de las ONG acreditadas. El problema es que, tanto en Miles como Aprofa, esas horas tienen costo. “Lo que incluye el programa de acompañamiento, las consultas con matrona, ginecóloga, psicólogo y asistente social, no lo cobramos. Lo que sí cobramos, porque no contamos en nuestro staff, es psiquiatra”, explican desde Aprofa. Esas horas complementarias la mujer tiene que pagarlas mediante su plan de Isapre o Fonasa.

–Se ha dicho que el acompañamiento es gratuito y la verdad es que lo es solo para ciertas personas – comenta Estefanía Andahur, de Fundación Miles.

La trabajadora social de la dupla IVE del Hospital San Juan de Dios de los Andes, Andrea Bernal, cuenta que desde que comenzó a trabajar ahí, la mayoría de las mujeres aceptó el acompañamiento. Sin embargo, al no existir más opciones donde realizarlo (Aprofa y Miles solo atienden en la Región Metropolitana), la única alternativa es hacerlo con la dupla del hospital. Por eso, cada vez se hace más crítico el problema de la falta de confidencialidad para contener e informar en habitaciones compartidas.

–Solo una vez alguien no aceptó el acompañamiento, pero después me llamaba a mi teléfono personal.

–¿Le da su número de celular a las pacientes?

–No. Se lo consiguió. Ella necesitaba el acompañamiento y me preguntaba cosas.

Que no exista la posibilidad de acceder al programa en otro recinto, contribuye a que las mujeres no continúen tras recibir el alta: “Tenemos más trabajo antes y durante el proceso, mientras se mantienen hospitalizadas. Después, no. No quieren volver al hospital, porque no es el lugar más amable”, dice una trabajadora social IVE que pidió mantener su identidad bajo reserva. Su colega de dupla coincide: “En la causal tres (violación) ninguna siguió el acompañamiento”.

Vía Transparencia solicitamos los reclamos hechos por mujeres que participaron en programa. Hasta el cierre de la investigación para este reportaje, en julio de 2019, la Subsecretaría de Salud Pública informó que existen solo tres: todos hechos por mujeres que fueron acompañadas en hospitales bajo la segunda causal (inviabilidad fetal). Dos por “atención oportuna y trato digno” (en el los hospitales San Juan de Dios, de la Región Metropolitana, y Doctor Ernesto Torres Galdames, de Tarapacá). El tercero por “información clínica y trato digno” (Hospital de Quilpué, Región de Valparaíso).

¿DÓNDE ESTÁ EL MINISTERIO DE SALUD?

Las duplas IVE de los hospitales critican la ausencia del ministerio en la implementación del acompañamiento. “Nadie nos ha capacitado del Minsal. La Fundación Miles hizo capacitaciones voluntarias antes de acreditarse”, dice una trabajadora social IVE de un centro asistencial de la Región Metropolitana. “La misma Norma Técnica, que tú puedes leer, la convirtieron en curso”, agrega sobre una videoconferencia que elaboró Salud.

Una trabajadora social IVE que prefiere mantener su identidad bajo reserva, dice que su capacitación ha sido “99% autodidacta y 1% del Minsal”. Andrea Bernal, trabajadora social de la dupla del Hospital San Juan de Dios de los Andes, explica que junto a su compañera, realizó una capacitación online del Minsal y una voluntaria con Fundación Miles en mayo de 2018.

Para este reportaje solicitamos una entrevista con Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, entidad que coordina la implementación de la Ley 21.030. La petición fue rechazada bajo el argumento de que el Programa de Acompañamiento depende de un conjunto amplio de profesionales y no solo de la subsecretaría. Nuestras consultas fueron respondidas a través de un comunicado que lleva la firma genérica del Ministerio de Salud.

Respecto de las críticas que hacen las duplas IVE por su falta de capacitación, consultamos al Minsal por la forma y frecuencia con que se ofrece perfeccionamiento a las profesionales de esta área: “Se han realizado múltiples instancias de capacitación al personal de salud en modalidad presencial, online y por videoconferencia. Adicionalmente, existe documentación disponible para todos los equipos involucrados, como la normativa y las orientaciones técnicas. Desde su entrada en vigencia hasta la fecha se han capacitado 1.372 profesionales pertenecientes a equipos de salud del país”, fue la respuesta.

Otro cuestionamiento para el Minsal es que hasta ahora no ha fiscalizado cómo realizan su trabajo las ONG habilitadas para hacer el acompañamiento. Desde la Fundación Miles cuentan que durante el proceso de acreditación se les informó que “la fiscalización puede ocurrir en cualquier momento”, pero que hasta ahora no ha pasado. La situación se repite con Aprofa: “Llevamos un registro interno, tenemos los datos guardados en espera del momento en que el Minsal pida estas cifras”, explica María José Oyarzún. En concreto, han pasado nueve meses desde que las ONG fueron acreditadas y nadie ha controlado la calidad de su trabajo.

Sobre este punto, el Minsal informó: “Es atribución de la Superintendencia de Salud realizar la fiscalización orientada a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes”.

Y en relación a la falta de infraestructura para atender en un ambiente de confidencialidad, el Minsal discrepa radicalmente de lo que describen las duplas IVE:

“Los establecimientos públicos de salud, en sus unidades de Alto Riesgo Obstétrico ambulatorio cuentan con box de atención, donde se les ha solicitado establecer horario para otorgar dichas prestaciones. En el caso de la tercera causal (violación), la primera acogida en general se otorga en las unidades de urgencia donde también cuentan con box de atención. Los establecimientos de la red pública que cuentan con Unidades de Alto Riesgo Obstétrico han adaptado su infraestructura para otorgar dicho programa en el marco de la confidencialidad y respeto solicitado”.