David contra Goliat: Forestal Arauco sufre derrota judicial en disputa con campesinos

El pasado miércoles 14 de agosto se inició la audiencia final en el juicio por querella criminal que Forestal Bosques Arauco presentó contra Miguel Castillo, dirigente de campesinos que reclaman un predio de casi 5 mil hectáreas en la Región del Biobío. La forestal lo acusa del delito de usurpación no violenta e irrupción violenta en el predio Fundo Mundo Nuevo. Al cierre de esa instancia, dos días después, Miguel Castillo fue absuelto de todos los cargos.

Castillo fue acusado porque desde el 27 de enero de 2018 más de 30 campesinos se instalaron en la Parcela 1 del Fundo Mundo Nuevo, ubicado a unos 30 kilómetros de Curanilahue. Sus edades fluctúan entre los 50 a 80 años. Son descendientes de inquilinos que llegaron a ese predio en los años 40 y obtuvieron la propiedad de una parte del fundo, hecho que acreditan con posesiones efectivas, título de propiedad y comprobantes de pago de la tierra al Fisco.

Los campesinos señalan que fueron expulsados en 1974 y esta disputa por la tierra los tiene en pie de guerra con Forestal Arauco. Una larga historia que incluye una anterior derrota judicial para la forestal.

CURANILAHUE, LA POSTAL FORESTAL

El Fundo Mundo Nuevo se emplaza en los faldeos de la Cordillera de Nahuelbuta, comuna de Curanilahue. La comuna está inserta en una de las provincias con mayor presencia de empresas forestales y ha sido llamada “la postal más visible del negocio forestal”. Es lo que algunos llaman el desierto verde, pues denuncian que este monocultivo -pino y eucaliptus- ha degradado las posibilidades económicas, sociales y medioambientales, de quienes habitan las zonas forestales, todo ello en contradicción con las millonarias utilidades que genera el latifundio forestal: Bosques Arauco controla el 79,6% de la propiedad del suelo comunal [1].

Ya desde los años 80 existen estudios acerca del impacto socioeconómico de la producción forestal en las comunidades de Curanilahue. La conclusión es desastrosa: destrucción del bosque nativo en cientos de miles de hectáreas; desecamiento de flujos hídricos y pérdida de diversidad ecológica; uso indiscriminado de pesticidas en el manejo de las plantaciones y privación de los campesinos a recursos dendroenergéticos (carbón vegetal), son las principales consecuencias económicas y ambientales identificadas. En lo social ha afectado las economías campesinas, impulsando el desplazamiento de los habitantes nativos a poblados o ciudades cercanas. Además, la industria no ha sido capaz de ofrecer un mercado laboral que resuelva el problema de la pobreza en la zona, sino que más bien ha impulsado un sistema laboral basado en el subcontrato (recordemos a Rodrigo Cisterna, obrero forestal de la zona acribillado por Carabineros en 2007 en el contexto de una huelga por mejores condiciones laborales).

VIDA CAMPESINA ANTES DE LA EXPANSIÓN FORESTAL

Los campesinos relatan que sus padres se desempeñaban como inquilinos y peones en otras zonas aledañas y llegaron al predio en disputa en las década del 30 y 40. Pagaban un arriendo por los predios ocupados al Servicio Nacional de Salud (SNS), institución estatal dueña de la tierra. Cuentan que en 1961 el fundo salió a remate y fue adquirido por tres particulares que no cancelaron las cuotas pactadas en la venta. El SNS fue a juicio y obtuvo un fallo favorable. Los campesinos, que aún arrendaban la tierra, compraron los derechos litigiosos del juicio, adquiriendo la propiedad del fundo y constituyendo la Cooperativa Campesina del Fundo Mundo Nuevo Ltda. A nivel nacional, se calcula que unos 50 mil pequeños productores estaban organizados en cooperativas campesinas antes del Golpe de Estado.

Luego, el relato campesino se llena de rabia y dolor. Un año después del Golpe de Estado aseguran que fueron expulsados de la tierra trabajada y adquirida por sus padres. Nidia Medina de 82 años relata para esta columna: “Mi madre estuvo tanto tiempo con la esperanza de poder tener su tierra… pero se murió sin volver a verla… los sacaron con fuerzas armadas del fundo… tuvo que salir, porque el miedo era tremendo. La forestal le quemó su casa… llegaba un abogado, pedía plata y la gente le llenaba una mano y venía la forestal y le llenaba la otra. Yo tengo los recibos de pago de mi madre hacia abogados que prometían recuperar la tierra y nada”.

Miguel Castillo, dirigente de los campesinos, aclara que la forestal no actuó sola y apunta al Estado: “Y cuando digo justicia es que el gobierno, o el Estado de Chile, reconozca que, a través de ellos, los campesinos perdieron las tierras. Y eso ocurrió a través del Gobierno Militar. Donde personal militar, Carabineros de Chile, junto con un juez de Santa Juana, llega arriba, al Fundo Mundo Nuevo, a la Escuela y ahí los amenaza, que si no se van, el río es ancho y balas hay hartas. Entonces ahí se produce el conflicto entre los campesinos y el gobierno de Chile, y a través de ellos el juez les dice que ‘el dueño ahora no son ustedes, sino la forestal’. La forestal entra y hace presiones, planta los árboles, atropella a los campesinos por años”.

En 1985, Bosques Arauco logró la legalización de una parte del fundo acudiendo al Decreto Ley 2.695 del Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene la finalidad de regularizar la pequeña propiedad. Los campesinos acusan que este trámite se hizo en forma fraudulenta y maliciosa, ya que los funcionarios de la Forestal, acompañados por agentes militares, mintieron al declarar que no había ocupantes o herederos en el predio, cuando en ese momento vivían allí familias campesinas que intentaron volver varias veces después, pero fueron expulsados. Sin embargo, desde enero del año pasado se mantienen firmes en la Parcela 1 y han buscado reconstruir la vida que tuvieron, levantando casas y huertas. Ese hecho es el que dio pie al reciente proceso judicial contra los dirigentes.

Al salir de la audiencia, el abogado defensor de Castillo, Pablo Ortega, declaró: “No es que se haya zanjado el fondo del asunto, porque el fondo es muy grave, delicado, tremendo, terrible. Durante la secuela del juicio se determinó que los campesinos del Fundo Mundo Nuevo concurrieron a la compra de los derechos litigiosos al Servicio Nacional de Salud. Y este, luego de esta compra, debió haber hecho los trámites necesarios para entregarle los títulos de dominio. Lamentablemente, vino el Golpe de Estado y con ello las fuerzas militares y policiales expulsaron a los campesinos. Es decir, hay una deuda del Estado con los campesinos, y es la de entregarles ese título de dominio, que los campesinos compraron con mucho sacrificio. Luego de estas acciones, Forestal Arauco efectivamente intenta hacerse dueño de todo ese sector. Sin embargo, no lo acreditó durante la secuela del juicio y por lo tanto se ha dictado veredicto absolutorio… quedan pendientes los recursos de nulidad que creemos que los representantes del Ministerio Público y Forestal Arauco continuarán. Es decir, esta pelea sigue, pero este es un paso muy importante”.

Sin duda, la sentencia del viernes pasado marca un nuevo hito en esta disputa por la tierra. La forestal levanta proyectos sociales en la zona y sus tentáculos llegan a instancias públicas y privadas. Los campesinos agotan las puertas del conducto regular estatal y ganan apoyo ciudadano, persistiendo con solidez en su relato. Sus rostros y manos son las verdades que ponen por delante. ¿Ganará David en esta historia?

[1] Paredes Gajardo, Sebastián, “Expansión forestal y desterritorialización rural en Curanilahue 1960-2018”. Informe de Seminario de Grado para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, marzo de 2019.