Mientras menos personas votan, más relevante es el clientelismo -la compra de votos a cambio de favores- pues provee al político de electores fieles (o choclones, como se los llamaba en el S. XX). Para los autores, goza de muy buena salud en los sectores populares porque se alimenta de una mezcla de confianza y cariño; y también de matonaje, pues siempre está la amenaza de perder el beneficio si la cuota de votos no se cumple. Pero su gran motor es la necesidad: si el poblador denuncia el clientelismo ¿quién le resuelve los problemas?
Mientras el nepotismo y el amiguismo que analizamos en la columna anterior nos escandalizan, el clientelismo (la compra de votos) y el acarreo de votantes en épocas electorales han pasado por debajo del radar de las reformas institucionales que buscan aumentar la integridad pública y transparentar el financiamiento electoral.
¿Por qué, siendo un fenómeno tan común, no lo vemos ni lo encontramos tan escandaloso como las otras “malas prácticas”?
En esta columna nos centraremos en el clientelismo que algunos políticos despliegan hacia los sectores pobres o populares mediante entrega de bienes y servicios. En la próxima, el foco estará en el clientelismo hacia la clase media, que opera mediante entrega de empleos públicos.
Los datos y las reflexiones que expondremos se basan en un trabajo de campo que incluyó cerca de 150 entrevistas realizadas entre 2016 y 2018 en seis regiones de Chile, además de la revisión de material legislativo (ver aquí lista de entrevistas en primera columna, junto con nuestro planteamiento).
SAN RAMÓN Y EL CLIENTELISMO MEDIÁTICO
El caso de la municipalidad de San Ramón desde 2017, junto con las ramificaciones que ha tenido hacia las instancias superiores del Partido Socialista y del gobierno, es un buen punto de partida para hablar del clientelismo. Lo es también para comprender algunos de los problemas en el funcionamiento de la democracia chilena, particularmente la forma en que una parte de la clase política se relaciona con sus electores, los pocos que aún van a votar.
¿Por qué debería llamarnos la atención la singular situación en San Ramón, más allá de su dimensión noticiosa? Recordemos los hechos: el 1 de octubre 2017, Televisión Nacional trasmitió el reportaje “Los tentáculos narcos en San Ramón” sobre la presencia de redes narco en el municipio donde el alcalde es Miguel Ángel Aguilera, quien era militante del Partido Socialista (PS).
Frente a las acusaciones, Aguilera, nacido y criado en la población La Bandera, reivindicó su trayectoria como un dirigente de base que escaló en el partido gracias a su trabajo en los sectores más postergados de Santiago. Edil desde 2012 y reelegido en 2016 con el 70% de la votación, Aguilera denunció el cinismo de los medios y la hipocresía de las élites políticas.
En una entrevista dada a la radio de la Universidad de Chile, describió la situación como un montaje de parte de líderes del partido que querían limitar su ascenso. Se refería particularmente a Ricardo Lagos, Ricardo Solari y Camilo Escalona. Dijo que las maniobras de pesos pesados del PS buscaban derribar a “un alcalde del mundo popular”, que en ese momento acumulaba la tercera parte de los votos internos.
También dio cuenta de las alianzas internas y cómo él ayudó a los próceres del partido con el aseguramiento de los votos en distintas etapas. Con esto último se refería, fundamentalmente, a la recolección de firmas en la que participó como encargado territorial, antes de llegar a ser vicepresidente de la tienda socialista.
“Algunos señalan que el clientelismo fue uno de los elementos del éxito de la UDI en los sectores populares, junto con su trabajo en las poblaciones. Pero también lo fue para otros partidos y caudillos independientes”.
Su defensa no le sirvió de mucho. Arrinconado, Aguilera renunció al PS (antes de que el tribunal supremo del partido lo expulsara). Al partir, ventiló los sistemas de lealtades y enemistades internas del partido, el pago de favores políticos y los mecanismos que, voto tras voto, permiten construir victorias políticas locales, regionales, parlamentarias y finalmente presidenciales.
Remató: “Todos nos conocen. Los hipócritas que pretenden decir que apenas han tenido contacto con San Ramón y se esconden dando opiniones hipotéticamente intelectuales faltando a la verdad, desconocen que la segunda vuelta de Bachelet comenzó en San Ramón” (ver artículo de T13 “Aguilera, antes del narcoescándalo”).
Dos años después, luego de las fallidas elecciones internas del partido de 2019, se denunciaron nuevas irregularidades en San Ramón, entre las que destacó un padrón electoral abultado, el más importante a nivel nacional: sus 3.965 militantes representan el 19% del total de los militantes del PS fichados en la Región Metropolitana.
Hasta la fecha, la justicia no ha logrado comprobar la presencia de redes narco organizadas en la municipalidad de San Ramón, más allá de lo que afirmó la vocera del gobierno Cecilia Pérez, desatando una guerra en medios a fines del mes pasado. Dejando de lado la razonable sospecha acerca de la presencia de narcos en las comunas de Chile, ¿por qué nadie se detiene a mirar las redes clientelares de las autoridades y cómo se hacen las campañas políticas? ¿Por qué nos fijamos en el narco no demostrado y no en el clientelismo comprobado?
Aquí algunas claves.
QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA
Los hermanos Aguilera tienen razón: la vida en los sectores populares es dura y hay muchas necesidades. De todo tipo. Y el clientelismo ayuda a resolverlas.
El clientelismo es una práctica tradicional en América Latina (Auyero, 2001) y en la historia de Chile (Valenzuela, 1977, Durston et al., 2005), conocida en lenguaje popular como “choclones electorales”. El historiador Sergio Grez los identifica en el inicio del siglo XX como “grupos de apoyo durante las campañas electorales conformados por personas cuyas motivaciones políticas eran bastante dudosas, pero que eran suplidas por las expectativas que generaba la comida, la bebida y la diversión ofrecida por los candidatos de todos los partidos” (Grez, 2016). ¿Cuánto hemos cambiado respecto de la época de los choclones electorales?
Si bien no es tan masiva, la práctica sigue, aunque modernizada.
Por el diseño institucional chileno, las autoridades políticas, particularmente las locales, son la interfaz de la política social y gestionan parte de la entrega de beneficios sociales, cara a cara. El clientelismo político es una forma de entregar esos beneficios. Es “un intercambio recíproco de favores entre dos personas, el patrón y el cliente, quienes controlan recursos desiguales” (Médard, 1976). En resumen, se hace un favor y, en respuesta, el elector entrega o “vende” su voto. Esta práctica es más común en elecciones municipales y regionales, pero tiene impacto en las elecciones nacionales. También es relevante como aseguramiento de la clientela entre elecciones.
A lo largo de nuestras investigaciones en terreno nos han mencionado y hemos observado la entrega de bienes tangibles como canastas de alimentos, materiales de construcción, implementos para clubes deportivos, juntas de vecinos y centros de madres, luminarias en las calles, lentes ópticos, sillas de ruedas, ataúdes (sí, leyó bien, ataúdes), pasajes (transporte terrestre y aéreo), construcción de sedes de organizaciones territoriales y hasta sitios y casas.
También se incluyen beneficios sociales de todo tipo, como subsidios, pago de bencina, cortes de pelo, consejo de un abogado, consulta óptica, pago de cuentas, apoyo financiero a las familias para el pago de funerales, así como el acceso privilegiado a viviendas sociales, o agilización de trámites médicos para pacientes-electores.
“Como la reforma al financiamiento electoral prohibió explícitamente el pago de beneficios durante la campaña electoral, la devolución del favor se trasladó al período postelectoral”.
En un plano más recreativo se incluyen servicios como animación de fiestas y cumpleaños, tortas, contratación de orquestas y juegos infantiles, regalos para niños, premios para bingos, viajes de recreo. También encontramos elementos del antiguo compadrazgo con autoridades que son padrinos de niños y niñas del sector, lo que implica apoyo en distintas etapas de la vida.
El clientelismo político es una relación desigual que tiene como requisito el control de recursos por un lado (el patrón) y por el otro los votos (el votante). El origen de los recursos pude ser público o privado, aunque para el caso de Chile, luego de los escándalos de 2015, se normó el financiamiento en campaña de manera estricta[1].
Desde el punto de vista legal, la compra y la venta del voto, conocida como cohecho, es penada por la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, en su artículo 37 (ley 18.700). Sin embargo, la burda figura que la ley persigue no ocurre frecuentemente: pocas veces se puede observar una transacción de dinero a la salida del local de votación[2]. Si bien el cohecho existió “contra especies” en etapas anteriores, hoy es más bien a cambio de beneficios varios, que se reciben en otros momentos, sea antes o después del día de la elección. Es decir, existe un límite muy fino entre la política social y el clientelismo (Stokes et al, 2013).
La política social supone la entrega de beneficios sociales a quienes los necesitan, pero no se hacen las preguntas de cómo se distribuye esta ayuda ni si llega a quien la merece, ni si ocurre por el canal debido y menos de si se pide algo a cambio.
Idealmente debería existir una postulación ciega, pero muchas veces son los llamados “territoriales” (es decir los intermediarios políticos en terreno, que pueden ser funcionarios de confianza del municipio, vecinos movilizados en las organizaciones de base, militantes con conocimiento de los barrios o en general las personas que trabajan como “operadores políticos”), o simplemente vecinos “más movidos”, quienes consiguen estos beneficios y suman capital político mediante la retribución en votos. Funcionan como intermediarios entre autoridades y votantes.
Así que la foto es más borrosa de lo que quisiera la ley y es casi imposible pillar a alguien in fraganti.
“El clientelismo se tiñe de matonaje: no es inusual que los intermedios amenacen directa o indirectamente a los vecinos de que se les quitará beneficios si no votan por la autoridad; o se blande la amenaza de que otra autoridad privilegiará a otros 'regalones'”.
Como lo han demostrado muchos estudios, la transacción del clientelismo no es un negocio de un momento. Es parte de una relación continua entre los electores y las autoridades, sean concejales, alcaldes, consejeros regionales, intendentes, diputados y senadores. La relación es alimentada por los intermediarios y se sella en las juntas de vecinos, oficinas del municipio, centros de madres, reuniones de vecinos y en los múltiples espacios locales donde existen necesidades.
¿Cuánto pesa entonces el clientelismo y el acarreo sobre quien es elegido? En términos del número de personas que lo practican, no hay una respuesta certera, pues no existen encuestas que permiten rastrear la amplitud o la eficacia del clientelismo. Hasta las reformas del 2015, cuando el dinero circulaba con menos restricciones -e incluso existían colusiones con el mundo de la empresa-, sin duda impactaba bastante, aunque no es fácil de cuantificar[3].
Algunos señalan que esta práctica fue uno de los elementos del éxito de la UDI en los sectores populares, junto con su trabajo en las poblaciones (Álvarez, 2016). Pero también lo fue para otros partidos y caudillos independientes. También lo comprobamos en comunas como Iquique, bajo la tutela de Jorge «Choro» Soria, quien se jactaba con razón de que los 40.000 votos que representaba podían dar vuelta una elección nacional. Pero es muy complejo aislar este fenómeno de otros elementos que explican el éxito electoral, como el carisma de los candidatos, el uso intensivo de los medios de comunicación, o la capacidad real de las autoridades de mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos.
Si bien podemos suponer que, a mayor financiamiento electoral, mayor posibilidad de ganar electores, en realidad tampoco es tan sencillo. El clientelismo que consistiría solo en entregar recursos sin que exista una relación de confianza no resulta. Uno de los mejores ejemplos sería la campaña de la “Regalona”, Carmen Ibáñez de Renovación Nacional, en las elecciones parlamentarias de 2005 en Santiago. En un terreno realizado en esa época[4], los vecinos relataron que entregó muchos bienes. Sin embargo, al no tener suficiente arraigo territorial, no recogió suficientes votos para ser elegida.
Además de nuestra investigación, una serie de trabajos sobre clientelismo en localidades o regiones específicas detalla situaciones particulares con lujo de detalle[5]. Evidencia no falta; escaneo público y mediático, sí.
¿POR QUÉ NO DESAPARECE? RAZONES INSTITUCIONALES
El clientelismo no desparece por una serie de razones.
La primera, como acabamos de ver, se debe a que la política social se hace mediante la entrega de bienes y servicios en base a la intermediación de muchas personas: las autoridades políticas, funcionarios fieles de los servicios sociales, territoriales y representantes en los barrios. La entrega es personalizada y por lo tanto sujeta a intercambios clientelares.
Segundo, las reformas post escándalos del 2015 no se han centrado en este fenómeno. Como señalamos en la columna anterior, el nivel municipal no fue una preocupación central en la comisión Engel y tampoco lo es para el actual gobierno de Sebastián Piñera, como lo han reconocido los impulsores de la ley de integridad pública. Sin embargo, existen muchos casos de corrupción en este nivel, en especial porque la Contraloría General de la República tiene pocas facultades. Lo mismo ocurre con la contraloría interna de los mismos municipios, que dependen mucho de denuncias de los concejales. Además, las penas son bajas.
En tercer lugar, si bien la reforma al financiamiento electoral prohibió explícitamente el pago de beneficios durante la campaña electoral, la devolución del favor se trasladó al período postelectoral.
Tomamos esta foto durante la campaña parlamentaria de 2017.
Le preguntamos al parlamentario que puso ese cartel si era habitual pagar cuentas de los vecinos. Señaló: “Sí, claro. Yo, fuera del periodo electoral, lo hago habitualmente”. Explica que pone el cartel “para que la gente sepa que la ley hoy prohíbe que en época de elecciones se hagan donaciones”. Luego agrega: “o sea, yo no quiero estar entregando por debajo, ‘mire, no se puede, no se puede, no lo vamos a hacer. Entonces, para avisarle a todos ustedes que ya no vayan hasta el 20 de noviembre, porque eso es lo que dice la ley’”.
El parlamentario señala que, si le da a quien le pide (fuera del período electoral) es porque eso es lo que se espera de los políticos. Es decir, la prohibición de entregar beneficios señalada en la ley 19.884 sobre gasto electoral solo se limita a los meses de campaña.
Además, esta fidelización que resulta de esta relación se vuelve clave para reducir la incertidumbre del resultado, dada la baja masa de votantes.
¿POR QUÉ NO DESAPARECE? RAZONES AFECTIVAS
Más de fondo, y por razones no solamente cínicas o utilitarias, el clientelismo, como muchos otros asuntos humanos, se juega en el registro de la necesidad y el afecto.
El mismo parlamentario del cartel, señala: “esto es una ayuda para… o sea, obviamente tiene que existir”. Detalla que los vecinos “llegan y me dicen ‘mire, aquí está la carta’, junta de vecinos no sé cuánto o centro de madres o adulto mayor, un bingo tal día, a tal hora, para tal fin. No les preguntamos si son pobres, si son ricos, si van a ir de paseo o si es para comprar un remedio. Esa no es tarea nuestra. Creo que yo tengo la obligación, si puedo, de ayudar a los vecinos en aquellas cosas que comunitariamente ellos tratan de hacer”.
Como señala un concejal de derecha en el norte: “Por lo tanto, nosotros (los concejales) somos un ente muy influyente para el diputado, para la senadora, porque si no nos llevan a nosotros como llave, van a llegar, pero a lo mejor menos, ¿por qué? Porque yo al club de adulto mayor que está en el cerro le llevo una tortita de regalo, le llevo un obsequio, entonces terminan queriéndome, terminan con mucho afecto conmigo. Por lo tanto, yo voy a ser la llave, yo le presento a mi candidato, ‘ah es su candidato, entonces lo vamos a apoyar por usted’”.
“Los intermediarios saben en general quienes votarán por sus autoridades. Los vecinos son advertidos de lo que pasará si no se cumple la 'cuota' de votos”.
Un caso conocido se encuentra en Concepción, en la relación muy intensa de Jacqueline Van Rysselberghe con sus administrados. En su rol de exalcaldesa, exintendenta y actual senadora por Concepción, tejió una relación muy fuerte con una parte de su electorado, que los actores de la región reconocen, tanto sus detractores como sus partidarios.
Si bien se denunciaron irregularidades en la entrega de beneficios post-terremoto, en especial de departamentos con subsidios a vecinos que no habían sido afectados por el sismo, esta práctica tiene resortes afectivos y psicológicos potentes.
En efecto, los vecinos y las autoridades lo justifican porque los ciudadanos beneficiados con los departamentos, aunque no calificaban para ellos, son “los regalones” de la autoridad. En una grabación que se usó para denunciarla (ver artículo), Van Rysselberghe señalaba a los vecinos: “Son un grupo súper privilegiado, porque hay muchísimas otras personas, porque… Son privilegiados porque son regalones, porque era uno de los proyectos emblemáticos que teníamos nosotros cuando estábamos a cargo de la municipalidad”.
También desde regiones, uno de los registros más comunes para justificar el clientelismo es que “Santiago” no hace nada o no lo suficiente, y las autoridades nacionales no están al tanto de las necesidades de la población. Encontramos esta retórica en todos los caudillos regionales, de norte a sur.
¿POR QUÉ NO DESAPARECE? RAZONES DE PODER
Otro elemento que no debemos desconocer es que, si bien la necesidad y el afecto explican en gran parte el clientelismo, también estamos frente a una relación asimétrica de poder, donde las autoridades pueden tener un manejo discrecional de recursos públicos en favor de un grupo.
Volviendo al caso de los subsidios habitacionales que Jacqueline Van Rysselberghe prometió fuera del marco de la ley, ¿qué alternativa tiene el poblador? ¿Denunciar la irregularidad del procedimiento? ¿Y quién le solucionará el problema de acceso a la vivienda?
En otras situaciones igualmente preocupantes, el clientelismo se tiñe de matonaje: no es inusual que los intermedios amenacen directa o indirectamente a los vecinos de que se les quitará beneficios si no votan por la autoridad; o se blande la amenaza de que otra autoridad privilegiará a otros “regalones”.
Los intermediarios saben en general quiénes votarán por sus autoridades haciendo un minucioso recuento de los votos esperados en cada mesa. Los vecinos son advertidos de lo que pasará si no se cumple la “cuota” de votos.
“En Iquique, Jorge 'Choro' Soria se jactaba, con razón, de que los 40.000 votos que representaba podían dar vuelta una elección nacional”.
Entre nuestros entrevistados, no falta el argumento habitual del “peso de la noche”. Como lo grafica uno de los expertos electorales que entrevistamos, “son culturas que tienen que ver con 150 años de latifundio y después fundo”.
Otra razón tiene que ver con la ceguera de las leyes. La reforma de 2012 de inscripción automática y voto voluntario, que supuestamente iba a motivar a las personas a ir a votar, ha tenido el efecto contrario. En las elecciones municipales de 2016, la participación estuvo en torno al 35%, bajando a un 22% en Santiago. Esta ley, al reducir el universo de personas que va efectivamente a votar, ha reforzado la práctica del clientelismo.
Un exministro y exintendente explica que cuando los votantes caen del 60% al 30%, “es desastroso, porque aquellos que controlan estas cuotas de poder las controlan más fuertemente”.
La reducción de los votantes incluso ha reflotado a nivel local el acarreo -es decir trasladar a personas para que voten-. Si bien muchos de nuestros entrevistados consideran que este fenómeno no tiene incidencia sobre elecciones presidenciales y solo un impacto menor en las parlamentarias, sí señalan que impacta a nivel local.
El exministro detalla la lógica del acarreo: “con los mismos buses que llevas a los vecinos a la playa, a pasarlo bien, a comerse un asadito, los llevas a votar”. La dirigente regional de un partido confirma: “Los acarreos, ponte tú, cómo tú llevai gente a votar, dentro de los partidos también sucede, también en las internas se acarrea gente, de todo”.
Estas ayudas implican, en varias comunas o circunscripciones, el uso de una flota de vehículos para el traslado de personas. Pocas veces mencionado a nivel nacional, es sin embargo común en regiones, donde en algunas comunas el padrón electoral supera el número de habitantes. Los casos más conocidos para las elecciones municipales del 2012 y 2016 fueron Torres del Paine y Timaukel en Magallanes, Ollagüe o Sierra Gorda en Antofagasta. Lo mismo con Pencahue en el Maule. Se ha denunciado también en grandes ciudades como Valparaíso y Santiago, para elecciones normales o primarias, pero es un hecho menos documentado, debido a que muchos votantes acarreados no son conocidos por los vecinos.
Un ex territorial del PS que se pasó a la UDI señala: “Yo estaba encargado de hacer el enlace con todos los militantes de mi sector y, no solamente eso. Además, tenía que agregar más militantes”. El territorial cuenta que los conseguía “con la familia, con el hermano, con la cuñada, entonces así, yo tenía en vez de diez del club, tenía diez más, externamente digamos. Por lo tanto, yo tenía veinte militantes que los llevaba a votar cada vez que se requería… acarreo digamos ya. Así, así se trabajaba dentro del partido”.
¿Por qué esto no ha sido abordado ni en el marco de las reformas post escándalos de 2015 ni tampoco es analizado por la instancia encargada de la probidad de los procesos electorales en Chile?
Como señala un funcionario del SERVEL, “salvo que haya denuncias, nosotros no estamos viendo ese tipo de campañas. Sin duda ahí hay un financiamiento, entre comillas, por la vía de la entrega de aportes… En eso debemos reconocer que no hemos podido avanzar”.
El funcionario cierra traspasando la responsabilidad de detener estas prácticas tanto a los partidos como a la ciudadanía: “Ha habido una cierta irresponsabilidad de los partidos, pero a nosotros no nos toca esa parte. La ciudadanía es la que debería sancionar en las elecciones democráticamente, estos grados de abuso, de corrupción, etc. Pero ahí llegamos al tema del clientelismo, a la poca participación, y es como una rueda difícil de… o como el cuento de nunca acabar”.
Termina abriendo otro flanco, más problemático: la posibilidad de cambiar de domicilio electoral mediante clave única aumenta las posibilidades de ver este “voto golondrina”. Más aún si algunos votantes necesitados traspasan su clave a los operadores o intermediarios políticos. No hay, según él, formas de fiscalizar hoy este problema.
¿QUÉ DILEMAS PLANTEA EL CLIENTELISMO?
El clientelismo plantea varios problemas que más leyes no necesariamente cambiarán (“hecha la ley, hecha la trampa”).
Primero, en una sociedad tan desigual como la chilena, es difícil pensar en una relación más simétrica entre electores y autoridades. El clientelismo afecta un contingente importante –aunque no mayoritario– de la población, y ello permite controlar elecciones locales.
Pensar en una política programática donde el elector informado no parte de sus necesidades sino que del bien común es ideal pero poco realista o, por lo menos, no en relación con una sociedad con más carencias de las que la política pública puede resolver en el corto plazo.
Segundo, si bien el segundo gobierno de Michelle Bachelet, al igual que el actual gobierno de Sebastián Piñera, aumentaron la cobertura de una serie de servicios y garantías, sabemos que los cupos no son suficientes y que los recursos no alcanzan para todos. El manejo discrecional de recursos públicos a favor de un grupo no sólo favorece a ese grupo, sino que genera un privilegio obtenido a costa de otros ciudadanos.
Un concejal de derecha del norte dice: '“Nosotros somos un ente muy influyente para el diputado, para la senadora ¿por qué? Porque yo al club de adulto mayor que está en el cerro le llevo una tortita de regalo, le llevo un obsequio, entonces terminan queriéndome. Por lo tanto, yo voy a ser la llave'.
El control de los votos –que nuestros entrevistados definen como el “capital político” de los operadores y de los políticos mismos– resulta clave no solamente para el concejal o el alcalde, sino para la articulación con consejeros regionales, diputados y senadores, así como en las internas de los partidos. Esto ya lo había notado magistralmente Arturo Valenzuela (1977) en los años 60.
El clientelismo actual no es un vestigio del pasado hacendal de Chile, ni un fenómeno puramente local, sino una institución que se entreteje íntimamente con la reproducción del poder político en todos los niveles. Por eso debiera preocupar a todos quienes buscan fortalecer nuestra democracia en un contexto de baja participación electoral. ¿Será sano que una parte del caudal de voto corresponda a favores concedidos -aunque sean necesarios- más que a programas electorales? ¿Miramos realmente lo que correspondía mirar en San Ramón?
En la próxima columna, revisaremos el otro clientelismo, ese que mediante entrega de empleos públicos permite fidelizar otros sectores de la sociedad, esta vez las clases medias.
REFERENCIAS
[1] La pregunta por el origen de los recursos supera nuestra investigación, porque requiere otras herramientas de investigación. Además, realizamos el terreno en el marco de la aplicación de la nueva ley de financiamiento electoral, por lo que podemos asumir que los recursos privados fueron considerablemente limitados en comparación con campañas anteriores. Otra pregunta interesante, pero a la cual no podemos contestar aquí, es si los políticos pueden ser a su vez clientes de grandes empresarios (o incluso de narcos), lo cual no deja de tener sentido. La ley de lobby de 2014 ha buscado normar esta situación, pero efectivamente el “patrón” político puede ser intermediario en una red más extensa.
[3] Se puede sin embargo señalar el trabajo de Miranda (2017), que compara en nueve países de América Latina los factores institucionales y personales que explican la exposición a una relación clientelar. Usa datos de la encuesta LAPOP, que analiza opinión pública. Señala; “Tanto en Venezuela como en Chile el mejor descriptor del perfil de elector que se ha visto expuesto al intercambio clientelar es haber pedido ayuda en la oficina municipal” (p114). La autora señala también que Chile y Costa Rica están “en el extremo más bajo de probabilidad de exposición, mientras que Paraguay y Honduras se situaron en el extremo más alto de probabilidad de exposición a la oferta clientelar” (p132).
[5] Por ejemplo, sobre campañas electorales y clientelismo antes de los cambios en las leyes electorales, véase Rioseco et al. (2006) y De Cea y Fuentes (2017) sobre campañas parlamentarias o Moya y Paillama (2017) sobre la Araucanía. Para trabajos realizados en el marco de la nueva ley de financiamiento electoral, véase las recientes investigaciones de David Lujan (2018) y Aníbal Pérez (2019) sobre ciudades intermedias en Chile.
Álvarez, R., “Clientelismo y mediación política: Los casos de los municipios de Renca y Huechuraba en tiempos de la ‘UDI Popular’”, Divergencia, 2016.
Auyero, J., La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo, Cuadernos Argentinos Manantial, Buenos Aires, 2001.
Durston, J., Duhart, D., Monzo, E., Miranda, F., Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismo político en Chile, LOM, Santiago, 2005.
Grez, S., El Partido Democrático de Chile. Auge y ocaso de una organización política popular (1887-1927). Santiago, LOM, 2016.
Médard, J.-F., «Le rapport de clientèle«, Revue Française de Sciences politique (1): 103-131, 1976.
Miranda, L., “Si me ayudas, yo te voto”. Análisis de la probabilidad de exposición a la oferta de intercambio del voto a partir de la identificación del habitus clientelar, tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca, 2017.
Moya, E., Paillama, D. Clientelismo y corrupción en contextos de baja estatalidad, una relación mutualista, Revista de Sociología Política, v. 25, n. 64, p. 73-98, 2017
Murillo, M.V., Calvo, E. “From What to Get to How to Get It: Partisan Linkages and Social Policy Delivery in Argentina and Chile” in D. Abente Brun and L.Diamond (eds.) Political Clientelism, Social Policy, and the Quality of Democracy, Johns Hopkins University Press, 2014.
Stokes, S. et al, Brokers, Voters and Clientelism. The Puzzle of Distributive Politics, Cambridge University Press, New York, 2013.
Valenzuela. A. Intermediarios políticos en Chile. Gobierno local en un régimen centralizado, Universidad Diego Portales, 2016.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.
Hasta el momento, CIPER/Académico recibe aportes de tres centros de estudios: el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos IMFD. Estos aportes no condicionan la libertad editorial de CIPER.
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Estimado Leonardo, no voy a cuestionar su comentario pero convengamos que una variante de lo que usted señala es lo que sucede después de cada elección municipal y presidencial con los funcionarios del Estado, justamente con aquellos que impulsan y llevan adelante políticas públicas. Al menos es lo que he observado yo desde el servicio público.
Francisco | 29.10.2019
El clientelismo y patronazgo ocurre en distintas esferas algunas impensadas. Deberian hacer un reportaje de lo que ocurre en Ciencias, el sistema de concurso para optar a fondos, y la gigantesca plata que entregan a los Institutos Milenios, en su mayoria gente de izquierda que crecio por estos mecanismos. El matonaje coexiste a la par en cada minuto y se expresa, a traves de la cesantia, coercion de la carrera cientifica, que llega hasta la amenaza y descreditos en tu generacion y amistades. Las manifestaciones de hoy tienen que volverse mas inteligentes y apuntar a mecanismos como estos. A recambiar todo, politicos, partidos. Existe hoy un silencio cobarde de muchas instituciones y autoridades, quienes son los que ejecutan estas practicas. Priorizar la creacion de la ombudsamt u oficina del defensor ciudadano a todos los niveles, con gente que de garantia de independencia. Dejar en evidencia los actuales responsables, porque la mayoria estan callados. No hay que dejar que infiltren esta manifestacion ciudadana.
leonardo | 05.10.2019
El clientelissmo le hace mal a la institucionalidad, y mas aun cuando esta se instala en salud. Un ejemplo claro es el daño que ha causado el senador chahuan, él ha instalado muchas personas de su partido en las instituciones de salud (seremi, hospitales, cesfam etc), no importa que el tipo no sepa, solo importa si es del partido, y en este transitar malicioso los perjudicados son las personas que buscan soluciònar su problema de salud. Lo mismo hizo en otro momento el senador ominami, pèsimos directores de hospital que solo les interesa el sueldo y nada mas. El daño a lo largo del tiempo se ha ido acrecentando haciendo que el sistema de salud funcione para otros y no para quienes lo necesitan, desarman equipos que funcionan bien para instalar a sus amigotes que a la vez llevan a otros y así ad eternum.
Cristian Hidalgo | 27.09.2019 | Socio/a 5 años y 2 meses
Creo como factor sociológico,es de extrema relevancia lo que se considera el peso de la noche como elemento aglutinador de esta relación clientelar y asimétrica entre un benefactor y un beneficiado.Originado en el campo ,donde el hacendado-igual que el antiguo señor feudal-controlaba no solo la relación laboral de sus peones,sino su vida social en todos o casi todos sus aspectos, constituye desde entonces esta práctica que la democracia-tutelada-chilena,bajo diversas formas, ha institucionalizada , perfeccionandola , y logrando satisfacer aquellas obligaciones que el Estado , no ha sido capaz de satisfacer.
El exministro detalla la lógica del acarreo: “con los mismos buses que llevas a los vecinos a la playa, a pasarlo bien, a comerse un asadito, los llevas a votar”. La dirigente regional de un partido confirma: “Los acarreos, ponte tú, cómo tú llevai gente a votar, dentro de los partidos también sucede, también en las internas se acarrea gente, de todo”.
Socio/a 5 años y 2 meses
