Otro grave abuso en centros del Sename: internación psiquiátrica como método de castigo

Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos reveló que jóvenes del Sename que no presentan patologías mentales son internados en unidades psiquiátricas para controlar problemas de disciplina. Testimonios recogidos para este reportaje confirman que funcionarios de la institución utilizan esta vía cuando enfrentan conflictos de “difícil manejo”, vulnerando los derechos de los adolescentes. Así lo indican datos obtenidos por Ley de Transparencia: al menos 49 menores fueron dados de alta por no cumplir los requisitos para ser internados.

«¡Nosotras no tenemos na’ que hacer aquí!». Las dos adolescentes habían sido internadas en la Unidad de Atención Psiquiátrica (UHCIP) del centro donde residen los menores privados de libertad en Iquique. Desesperadas, sus gritos se escuchaban desde lejos. Así lo recuerda el terapeuta ocupacional que estaba de turno esa noche y que oía todo desde el piso de arriba. En su testimonio para este reportaje, el profesional –que pidió la reserva de su identidad– señaló que las chicas no sufrían problemas de salud mental. También dijo que las educadoras de trato directo –funcionarias que trabajan en los módulos donde residen los menores– no fueron capaces de controlar un conflicto de disciplina protagonizado por ambas jóvenes y “decidieron derivarlas a la unidad (de internación siquiátrica) para sacarse el problema de encima”.

El caso de las dos adolescentes de Iquique no es un hecho aislado. Un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicado en diciembre de 2018, reveló que jóvenes privados de libertad en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) son ingresados a unidades psiquiátricas para controlar la disciplina. El documento detalla que “hay adolescentes que son hospitalizados por presiones de funcionarios, como medida de castigo o como estrategia de resolución de un conflicto” (vea ese informe del INDH). La falta de capacitación de los funcionarios de Sename, junto al ambiente de violencia y agresiones entre los menores, son algunos de los factores que explican estas internaciones.

Para esta investigación se entrevistó a funcionarios de las cinco Unidades de Atención Psiquiátrica (UHCIP) que existen en el país, ubicadas en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC) de Iquique, Limache, Til Til, Coronel y Valdivia. Las fuentes afirman que funcionarios del Sename no cumplen con los criterios para cursar una hospitalización, derivando a las unidades de internación psiquiátrica a jóvenes que solo presentan mala conducta. En otras palabras, las internaciones siquiátricas se utilizan como método de castigo o de control disciplinario.

Una de las profesionales que reconoció esta grave vulneración de derechos  es nada menos que la ex jefa de la Unidad de Atención Psiquiátrica del centro del Sename en Limache, Sofía Sepúlveda: “Cuando los chicos se ponen violentos y no regulan el nivel de agresividad, Sename los toma y los deriva a estas unidades de hospitalización psiquiátrica (…). Yo no vi muchos casos que tuvieran que ver con descompensación de patología psiquiátrica”, indicó la psicóloga.

Los datos obtenidos vía Ley de Transparencia para este reportaje acreditan que al menos 49 adolescentes –de 919 ingresados desde 2016– fueron dados de alta de estas unidades psiquiátricas porque no presentaban los trastornos mentales o conductuales severos que, de acuerdo a lo estipulado en el protocolo del Ministerio de Salud (Minsal), justificaran su internación (vea los datos por Servicio de Salud).

Centro de Internación Provisoria (CIP) del Sename de Coronel, en la VIII Región.

Así ocurrió con las adolescentes de Iquique que tuvieron que ser egresadas dos días después por no presentar un trastorno de salud mental. “Es una vulneración que te hospitalicen en un psiquiátrico sin tener una patología mental”, afirma el terapeuta ocupacional que fue testigo de esa internación totalmente irregular ocurrida en la UHCIP de Iquique.

Las respuestas del Sename para este reportaje fueron proporcionadas por Benjamín Ulloa, jefe (s) del Departamento de Justicia Juvenil, quien solo aceptó un cuestionario escrito. Ulloa informó que, salvo por el informe del INDH, el Sename no ha recibido denuncias sobre internaciones psiquiátricas no justificadas. Y deslindó responsabilidades: “Las UHCIP dependen del Ministerio de Salud y quien evalúa el ingreso de un joven a estas unidades es un médico psiquiatra, ya que, como cualquier ‘acto médico’, es una decisión sanitaria que obedece a criterios clínicos, de acuerdo con la Ley 20.584 de deberes y derechos del paciente. En las acciones de derivación, el Sename sólo solicita la evaluación para el ingreso”.

Lo que no tiene en cuenta la respuesta de Ulloa es que hay casos –como lo constató esta investigación periodística– en que funcionarios del Sename presionan al personal de las UHCIP para que internen a los jóvenes que presentan problemas graves de conducta. Y que, si esa presión no causa efecto, llevan a los adolescentes a centros asistenciales externos donde consiguen una orden de internación que la UHCIP no puede rechazar.

Respecto de la denuncia contenida en el informe del INDH, Benjamín Ulloa señaló que recibieron ese documento a fines de marzo pasado y que recién en julio, casi tres meses después, se puso en marcha la única acción concreta frente a esta grave vulneración de derechos. Esa acción solo consiste en tratar de homologar los “procedimientos de ingreso de cada UHCIP”:

“Conocimos el informe del INDH el 26 de marzo de este año y coordinamos una reunión con el Ministerio de Salud, instancia de la cual dependen las UHCIP, para que el INDH expusiera el informe, la cual se efectuó en abril, con profesionales del instituto, de Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) y de Sename. Aunque los ingresos no son competencia de Sename, con el fin de mejorar los procesos solicitamos en julio al Ministerio de Salud realizar un levantamiento actualizado de los procedimientos de ingreso de cada UHCIP y protocolos regionales, con el fin de homologarlos”.

¿CASTIGO O PROTECCIÓN?

A fines de 2018, Sofía Sepúlveda estaba cansada. Cuenta que llevaba casi dos años trabajando como jefa de la unidad psiquiátrica del centro penitenciario adolescente de Limache cuando recibió, una vez más, el caso de un joven con problemas de conducta. Funcionarios del Sename le insistían en que debía ser internado en el recinto de salud mental.

—Sofía, tienes que ingresarlo porque el chiquillo está dejando la escoba y no tenemos donde tenerlo— recuerda que le dijo el director del CIP-CRC de Limache de ese entonces.

—Oye, no lo voy a recibir porque necesitas descomprimir una casa— asegura que le respondió.

CIP-CRC Las Gaviotas, en Valdivia, Región de Los Ríos.

La ex jefa de la UHCIP de Limache afirma que llevaba un tiempo advirtiendo al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, entidad encargada del funcionamiento de esa unidad, que el Sename la estaba presionando para ingresar a los adolescentes al módulo hospitalario. La denuncia de Sofía Sepúlveda sobre requerimientos de ingreso sin justificación no solo se basaba en su experiencia de más de 10 años como psicóloga, también se apoyaba en la letra del programa de funcionamiento del recinto de salud mental de Limache. En ese documento se establece explícitamente que uno de los criterios para negar el ingreso al centro psiquiátrico es la “hospitalización indicada para descomprimir módulos o como (método de) castigo” (vea documento Servicio de Salud).

La denuncia de Sofía Sepúlveda fue realizada en 2018, pero un año después las cosas no habían cambiado mucho. Un actual funcionario del mismo centro de Limache, que tiene trato directo con los jóvenes y que pidió la reserva de su identidad, aseguró que hasta el cierre de esta investigación (julio de 2019) se seguía internando a jóvenes que no tenían patologías psiquiátricas. “La unidad de psiquiatría es el medio para descomprimir las ‘casas’ (los módulos donde viven los adolescentes) y poder estar más tranquilos con los jóvenes conflictivos”, afirma.

En las “casas” es frecuente el trato violento entre los jóvenes: “Pasan un montón de cosas complejas adentro: violaciones, intentos de suicidio, robo y tráfico”, explica el psicólogo y ex funcionario del Sename, Álvaro Ayala. A diferencia de las “casas”, las unidades psiquiátricas cuentan con un ambiente terapéutico más personalizado y protegido. A ellas no solo llegan adolescentes con problemas de salud mental, sino también aquellos que requieren contención.

“En las ‘casas’, a muchos adolescentes los tratan como perros, les orinan la ropa y llegan así a las UHCIP. Una vez entró un joven muy mal y empezó a contar una violación que había visto. Pero de afuera nos contaron que el abusado había sido él”, cuenta un funcionario de la unidad de Limache.

Según el educador de trato directo del centro de Limache, José Miguel Leiva, en este ambiente de violencia “no es novedad” que los jóvenes presenten lo que se denomina “desajustes conductuales”: episodios de violencia inmanejables para los funcionarios del Sename. Esos episodios “son del tipo ‘agarro un fierro y te trato de partir la cabeza en tres partes’, ‘te quiero apuñalar treinta veces’. Son terribles. Peligra la vida del interno y de sus compañeros”, asegura.

— ¿En ese contexto de alta agresividad se manda a los adolescentes a las unidades psiquiátricas para descomprimir las ‘casas’? ¿Para que, al sacar al más conflictivo, se tranquilice el ambiente?

— Puede ser. Si un chiquillo está todo el día “dando jugo”, como dicen ellos, rompiendo todo, pegándole a todos y no han logrado compensarlo, es lógico que para los funcionarios sea un respiro que se lo lleven unos días a la unidad de corta estadía (que atiende problemas de salud mental). Así, ellos aprovechan de bajar las tensiones— afirma la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), Alicia del Basto.

Para ingresar a las unidades de psiquiatría existen al menos dos vías. La programada, donde el psiquiatra del módulo evalúa el caso y determina la internación, y la hospitalaria, donde el adolescente es trasladado a un servicio de urgencias para ser ingresado por orden del médico de turno. Esta última es la vía utilizada por funcionarios del Sename para realizar los ingresos que no cumplen con el perfil establecido por el Ministerio de Salud: en este caso la UHCIP está obligada a recibir a quien es derivado y no hay forma de negar su internación. Así ingresaron las dos adolescentes del recinto de Iquique. “Cuando las derivaron, les mintieron. Les dijeron que iban a ir a un control médico al hospital, pero las llevaron a urgencias para que firmaran el ingreso a la UHCIP desde ahí”, asegura el terapeuta que fue testigo de ese caso.

El director de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Hospital Base de Valdivia, y quien representa a los trabajadores de la UHCIP de dicha comuna, Johnson Parra, confirma esta práctica: “Se les dice que los van a trasladar allá (a la unidad psiquiátrica) si se portan mal (…). Las personas que trabajan con los jóvenes en el Sename los amenazan de llevarlos al ‘cuco’”.

EDUCADORES SIN CAPACITACIÓN, DERIVACIONES INJUSTIFICADAS

Quienes se encargan de dar la primera alerta al asistente social y al psicólogo sobre las posibles descompensaciones de salud mental son los educadores de trato directo, funcionarios del Sename que tienen una relación cercana y diaria con los menores. Las bases de postulación para el cargo de educador indican que los aspirantes deben tener la capacidad de desarrollar estrategias de contención para adolescentes. También deben ser capaces de atender las “necesidades” del joven para derivarlo oportunamente a los profesionales correspondientes (vea bases de contratación).

Para cumplir estos objetivos, según la dirigenta de la Afuse, Alicia del Basto, los educadores deberían tener una capacitación en salud mental: “Cuando un chico está descompensado es capaz de cualquier cosa. De ahí la importancia de que los educadores tengan la capacidad de detectar cuando un joven de verdad necesita apoyo psicológico”.

Si bien el Sename entrega capacitaciones en salud mental a sus funcionarios, no cuenta con un plan nacional de formación en el área. Los datos de la cuenta pública de Sename 2017 -los más actualizados en la web– señalan que de los 51 cursos técnicos realizados por la institución, 25 fueron dirigidos a la detección de conductas de riesgo en salud mental y al manejo de conflictos críticos. Pero el documento no especifica cuántos educadores recibieron esta formación, ni qué entidad estuvo a cargo (vea cuenta pública).

El educador de trato directo del CIP-CRC de Coronel, Alejandro Saavedra, asegura que estas capacitaciones son insuficientes: “Cuando postulamos, no se nos plantea que vamos a trabajar con niños con problemas de salud mental. Si bien el Sename ha tratado en algunas ocasiones de dar algunas capacitaciones, no son suficientes. No estamos preparados para atender jóvenes con enfermedades psiquiátricas”.

El Sename tampoco cuenta con protocolos ante una crisis o desestabilización de un cuadro psiquiátrico. Lo único que existe es un documento de orientaciones técnicas que establece lineamientos de acción frente a una dificultad conductual, donde se excluyen explícitamente “los casos de transgresión por descompensación psiquiátrica y/o intento de suicidio” (vea orientaciones técnicas).

El director de la Asociación de Funcionarios del Sename de Valdivia, Patricio Araya, explica que desde el Servicio de Salud tampoco les han enviado las directrices a seguir en caso de enfrentarse a una descompensación. “Pedimos internamente que nos entreguen un protocolo de intervención en crisis, (que nos diga) qué es lo que hay que hacer con los chiquillos cuando se descompensan. Es complejo cuando no tienes herramientas para abordar una crisis, porque tú sabes que genera riesgo en todo lo que está alrededor”, asegura.

Así, la falta de capacitación de los educadores es uno de los factores que incide en las internaciones injustificadas. “Los educadores de trato directo tienen muy baja preparación, porque en el Sename trabaja el que se atreve, no el más capacitado (…). Muchas veces la opción que tienen es amenazar a los jóvenes con que ‘si te sigues portando mal, te voy a mandar a la corta estadía’”, afirma el terapeuta de Iquique.

Sin embargo, el problema va más allá de los educadores: todas las fuentes entrevistadas aseguran que la salud mental aún es un tema que el sistema de justicia juvenil no ha logrado abordar de manera exitosa. En ese sentido, para el psicólogo del CIP-CRC de Coronel, Flavio Benavente, los problemas de los ingresos son producto de una falla institucional: “Falta formación, pero no solamente de los funcionarios, sino también del Sename. La institución todavía está en pañales en temas de salud mental y en otras temáticas. Pero no es una responsabilidad de los trabajadores, sino de carácter global”.

ANSIOLÍTICOS Y CALMANTES: EL OTRO PROBLEMA DE LA SALUD MENTAL EN LOS CENTROS

Esta investigación periodística fue hecha por Trinidad Rojas y Monserrat Vitar, estudiantes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Pedro Ramírez.