Las graves críticas internas al equipo de la Contraloría a cargo de auditar a Naciones Unidas

A fines de 2017 la Contraloría se convirtió en flamante miembro de la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Conformada por solo tres países, es la responsable de revisar las cuentas de sus programas en distintos continentes. CIPER accedió a un informe interno del ente de control que dirige Jorge Bermúdez, el que evidencia severos cuestionamientos a las competencias de casi todos los jefes del equipo chileno a cargo de esa delicada misión. La Contraloría debe remitir a la ONU su primer informe en junio. A nombramientos fallidos en al menos dos cargos de alta responsabilidad, se suman contrataciones de auditores “sobre la hora”, los mismos que fueron rechazados con anterioridad por no cumplir con el perfil exigido por la institución.    

“Sensación de que el trabajo se hace ‘al lote’ y en forma improvisada”. Esa es solo una de las duras descripciones que contiene un informe interno de la Contraloría General de la República –al que accedió CIPER– y que da cuenta de los graves problemas que ha tenido el propio organismo de control para llevar adelante una de las tareas más relevantes que le ha correspondido realizar en sus 90 años de existencia: la auditoría a los estados financieros de Naciones Unidas (ONU). Esa misión comenzó en julio del año pasado, después de que el organismo multinacional escogiera a la Contraloría chilena para revisar sus cuentas. La responsabilidad es grande: el presupuesto total de la ONU aprobado por los estados miembro para el periodo 2018–2019 alcanza los US$5.396 millones.

A un solo un mes de que se cumpla el plazo para que la Contraloría despache a la ONU su primer trabajo de revisión de cuentas (fijado para junio próximo), las críticas apuntan a la falta de competencia de los miembros del equipo designado para esta tarea por el contralor Jorge Bermúdez. Los cuestionamientos adquirieron fuerza después de que muchos de esos reparos quedaran plasmados en el mencionado informe interno, titulado “Proceso de Diagnóstico y Asesoramiento”, que data de enero pasado.

La indagación de CIPER detectó también que recién en abril de este año –a diez meses de iniciado el trabajo de revisión de los estados financieros de la ONU y con los plazos encima para la entrega del informe de junio–, la Contraloría contrató a diez nuevos auditores. Para esa selección, utilizó una base de datos de candidatos que meses antes habían sido rechazados por el propio organismo para ocupar esas mismas plazas por no cumplir con criterios definidos como “excluyentes” para el perfil buscado.

El 2 de noviembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó a la institución contralora chilena –previa votación en la que compitió con su par de Sierra Leona– miembro integrante de la Junta de Auditores de la organización internacional. Fue un día de celebración en la Contraloría, en especial para quien, desde diciembre de 2015, lidera la institución fiscalizadora: Jorge Bermúdez Soto.

Contralor Jorge Bermüdez

La Junta de Auditores de Naciones Unidas es una unidad especial compuesta por solo tres países y tiene la responsabilidad de ejecutar las revisiones financieras de las cuentas de todos los fondos y programas que el organismo internacional ejecuta en distintas partes del mundo.

Ese 2 de noviembre tocaba festejar porque la investidura que cayó sobre la Contraloría era inédita y porque se había comenzado a fraguar muchos meses antes, a través de una intensa agenda de lobby con reuniones en la Cancillería y conversaciones con varios contralores de distintos países miembros de la ONU. Era la irrupción de la Contraloría, con Jorge Bermúdez al mando, en las ligas mayores de la escena internacional. Hoy, es el contralor chileno quien ocupa, junto a los de India y Alemania, uno de los tres asientos reservados para los máximos auditores del organismo internacional.

A un año y medio de ese hito los iniciales ánimos festivos dieron paso a un ambiente tenso, marcado por la pugna entre el contralor Bermúdez y la subcontralora Dorothy Pérez Gutiérrez. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte está investigando una denuncia contra Bermúdez y su círculo de asesores más cercanos, presentada por Pérez el pasado 26 de abril, por fraude al Fisco, tráfico de influencias y prevaricación, por el supuesto ocultamiento de irregularidades en el Servicio Nacional de Geología y Minería para favorecer una funcionaria de confianza del contralor (vea la nota de Biobío que difundió la información).

La fiscalía ya estaba investigando otra denuncia de la subcontralora por violación de correos electrónicos en un sumario interno de la Contraloría. Bermúdez y Pérez mantienen un fuerte enfrentamiento desde que el primero intentó remover de su cargo a la segunda, pero un fallo judicial repuso a la subcontralora en su cargo. Así, los cuestionamientos a la operación en la ONU que surgen ahora profundizan el enrarecido clima laboral que se vive en la institución.

La Contraloría tomó formalmente el encargo de la ONU el 1 de julio de 2018, con un mandato que se extiende por seis años, hasta 2024.

Pocos meses después de asumir la responsabilidad, se desató la primera polémica. El 17 de agosto, solo un mes y medio después del inicio del trabajo en la Junta de Auditores, un grupo de funcionarios del nuevo departamento Contraloría-ONU que se encontraba en terreno en África, asistió a un safari en la reserva Masai Mara de Kenia. De acuerdo a la denuncia realizada por una funcionaria de ese departamento, que luego fue apartada de su cargo, la actividad turística se inició en horario laboral (un viernes a las 13:00). Por esa situación, se abrió un sumario a fines de diciembre pasado y sus resultados aún no se conocen.

Antecedentes que CIPER tuvo a la vista indican que ese no fue el único safari al que asistieron funcionarios de la Contraloría. Una segunda actividad turística se realizó entre el viernes 26 y el domingo 28 de octubre de 2018 en la misma reserva africana. En ella participaron cinco personas y el itinerario habría sido idéntico al de los funcionarios que hicieron la visita en agosto, afectando la jornada de trabajo.

El tema de los safaris no es el único que empaña la hasta ahora breve experiencia de 10 meses de la Contraloría a cargo de las cuentas de la ONU. Tampoco el más grave.

El informe de diagnóstico al que accedió CIPER da cuenta de que el trabajo presenta una serie de falencias que podrían comprometer la calidad de sus resultados. Elaborado por la sicóloga Itzel Echiburú, funcionaria a contrata de la Secretaría General de la Contraloría, el documento da cuenta de la escasa preparación y experiencia en materia de auditoría financiera de los líderes de los siete equipos conformados para revisar la ejecución presupuestaria de los programas de Naciones Unidas. Entre ellos figura solo una contadora auditora. Los otros seis jefes de equipo –dos arquitectos, dos administradores públicos y dos abogados– nada tienen que ver con finanzas y contabilidad. Sus nombramientos fueron visados por Jorge Bermúdez, quien también designó a una abogada de su confianza, María Francisca del Fierro, como responsable de coordinar a esos equipos desde Santiago.

La indagación de CIPER –basada en la revisión de la nómina de funcionarios a contrata disponible en la web y a información entregada por la Contraloría– indica que a la fecha son 55 los funcionarios asignados al Departamento de Auditoría Externa ONU. El costo total de esa planilla supera los $140 millones al mes. Al ser un trabajo ad honorem –salvo por los pasajes, viáticos y otros costos de operación con cargo a la ONU– el pago de esa nómina es asumido por la Contraloría.

Jorge Bermúdez y Dorothy Pérez

El informe de diagnóstico de Echiburú –que utilizó como insumo entrevistas en profundidad a funcionarios que conforman los equipos del departamento Contraloría-ONU– devela que existe una percepción común entre los auditores que participan de esa unidad de que “no se están cumpliendo las premisas básicas de la auditoría financiera” y de que los jefes “desconocen completamente las metodologías”.

Lo más delicado del documento dice relación con que, tal como está planteada, la estructura y composición del departamento creado para cumplir con el mandato de la ONU, “no asegura el cumplimiento de objetivos”.

EN BUSCA DE LA NOMINACIÓN

El nombramiento de la Contraloría como miembro de la Junta de Auditores de Naciones Unidas fue el epílogo de un trabajo de meses liderado por el contralor Bermúdez. La última vez que un país de Sudamérica participó en esa junta fue hace 40 años, con Colombia en ese rol.

En 2017, a propósito del aniversario número 90 de la Contraloría, Jorge Bermúdez definió como desafío prioritario levantar una candidatura para formar parte de esa instancia internacional. Desde entonces, el lobby se desplegó por dos cuerdas. A nivel nacional, Bermúdez y sus asesores se reunieron en varias oportunidades con la Cancillería en busca del respaldo oficial del gobierno.

Un rol protagónico le cupo a Jorge Bermúdez en esas gestiones. Su huella y los tintes de personalismo que adquirió la candidatura de la Contraloría quedaron plasmados en una invitación extendida al organismo de control a mediados de octubre de 2017 por el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. En ella se lee: “Almuerzo con ocasión de la candidatura del Contralor General de la República Sr. Jorge Bermúdez a la Junta de Auditores de Naciones Unidas”. El evento tuvo lugar en el salón Orlando Letelier del Ministerio de Relaciones Exteriores y asistieron cerca de 40 personas, entre ellas varios embajadores.

A nivel internacional, las tratativas se centraron en conseguir el beneplácito de las contralorías de distintos países miembros de Naciones Unidas, de modo que fueran esas instituciones las que recomendaran la candidatura chilena frente a sus propias cancillerías. Los puentes se tendieron principalmente a través de cartas firmadas por Bermúdez: “Solicitamos su amable colaboración y apoyo, para que en la medida de sus posibilidades puedan promover nuestro interés frente al gobierno de su país”, se lee en una de las cartas tipo enviadas en junio de 2017 a los organismos contralores de países como Cuba, Alemania y Australia, entre varios otros.

Las gestiones de la Contraloría se intensificaron en agosto, luego de que se conociera de la candidatura que ese mes presentó su par de Sierra Leona. Fue entonces cuando, en respuesta a la arremetida del país africano, se decidió imprimir y repartir un folleto a color de cuatro páginas, en inglés y en español, para redoblar esfuerzos.

Para ese mes, la Contraloría ya se había comunicado con sus pares de Argentina, Austria, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, España, Indonesia, Japón, Kiribati, México, Paraguay, Perú, República Checa, República Dominicana, Tailandia y Vietnam, logrando granjearse el apoyo de la mayoría de esos países.

En 2 de noviembre de 2017, en el marco de la 72º Asamblea General de Naciones Unidas y con la concurrencia de 190 estados miembros, la Contraloría General de la República logró su objetivo. Ni fácil ni tan rotunda fue la victoria. Los 190 países expresaron su preferencia así: 97 votos para Chile; 91 votos para Sierra Leona (más una abstención y un nulo).

La elección de la Contraloría de Chile significó que Jorge Bermúdez lograra un asiento como miembro oficial de la Junta de Auditores de Naciones Unidas, donde comparte mesa con el contralor y auditor general de la India, Rajiv Mehrishi, y con el presidente del tribunal federal de cuentas de Alemania, Kay Scheller.

Tocaba ahora, conformar los equipos.

RIPIOS INICIALES

Cristhian Möller, un funcionario de buen desempeño como jefe de auditoría de la Contraloría Regional de Aisén, fue el escogido por Jorge Bermúdez para ocupar el puesto de director del nuevo Departamento Contraloría-ONU ante la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Su cargo implicaba residencia permanente en Nueva York, desde donde debía coordinar el trabajo en terreno de los nuevos equipos de auditoría externa de la Contraloría.

Möller, constructor civil, llegó al puesto luego de que el 25 de enero de 2018 la Contraloría anunciara que Bermúdez había decidido declarar desierta la convocatoria pública que el organismo abrió para llenar el cargo.

Antes de su traslado a Nueva York, Cristhian Möller asistió a reuniones de entrenamiento y capacitación en Alemania, Estados Unidos e India, y fue presentado oficialmente ante las autoridades de la Junta de Auditores como el director del nuevo departamento Contraloría-ONU.

Sorpresa causó entre varios funcionarios de la Contraloría chilena una comunicación interna del organismo fechada el 8 de mayo de 2018, a menos de dos meses de que el organismo tomara formalmente posición de su rol en Naciones Unidas. En ella se indicaba que Jorge Bermúdez había decidido sacar a Cristhian Möller de su cargo y designar en su reemplazo al contador auditor Víctor Henríquez.

Fue el primer traspié de la Contraloría en su nueva tarea. Tras ser removido de un cargo que no alcanzó a asumir, el constructor civil fue reubicado como jefe de auditoría en la Contraloría Regional de Coquimbo.

El pasado 3 de mayo, CIPER solicitó entrevista con Jorge Bermúdez. Desde la Contraloría indicaron que el contralor tenía un viaje programado para la noche del 6 de mayo y que, por tanto, no podía atender a esa solicitud. Quien sí respondió a las preguntas de CIPER fue el jefe de la División de Auditoría del organismo de control, también responsable de vigilar el funcionamiento del trabajo del departamento Contraloría-ONU, Eduardo Díaz.

Consultado sobre la salida de Cristhian Möller, Díaz indicó que en esa etapa inicial de implementación, había que abordar una serie de desafíos relacionados con establecer la estructura de funcionamiento del trabajo con Naciones Unidas y que, luego de una “evaluación base”, el contralor Jorge Bermúdez –quien fue el que lo designó en el cargo–decidió reubicarlo. Los motivos del traslado de Möller aún no son del todo claros.

Parte del equipo de la Junta de Auditores. Cristhian Möller sostiene la bandera con su mano derecha.

EL SAFARI DE LA DISCORDIA

Para responder a sus responsabilidades en Naciones Unidas, la Contraloría conformó siete equipos de trabajo, cada uno liderado por un jefe o “team leader”, quienes en términos jerárquicos deben rendirle cuentas a la abogada María Francisca del Fierro, designada por Jorge Bermúdez como jefa del Departamento Contraloría-ONU en Santiago. Antigua funcionaria de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Bermúdez conoció a del Fierro cuando éste asesoró en 2014 a esa entidad antes de asumir como contralor.

El jefe de Auditoría del organismo contralor, Eduardo Díaz, indicó a CIPER que los “team leader” y los miembros de los equipos fueron escogidos por un comité liderado por el contralor y que en esta etapa inicial de reclutamiento se privilegió a funcionarios de la propia Contraloría que contaran con la confianza, desde el punto de vista “técnico y profesional”, de Jorge Bermúdez.

Inicialmente, el ente de control dispuso una dotación de 30 personas para llevar a cabo la tarea. Hoy, la planilla alcanza a 55 funcionarios (India cuenta con un equipo de 100 personas aproximadamente y Alemania con uno de 60). Son 14 los fondos y programas de Naciones Unidas que deben ser auditados en terreno por el equipo chileno. Se cuentan entre ellos la caja común de pensiones del personal de Naciones Unidas; el programa ONU Mujeres y el Fondo Mundial para el Medioambiente.

A poco de asumir las tareas, comenzaron los primeros roces entre algunos miembros del departamento Contraloría-ONU. La primera grieta se produjo luego de que una de las líderes de equipo, la contadora auditora Macarena Martínez, le hiciera ver a su jefa Francisca del Fierro que la persona contratada para realizar la auditoría de los sistemas informáticos del fondo de pensiones de la ONU (auditoría que Martínez lidera) no contaba con las competencias necesarias. El ingeniero a cargo fue despedido tres meses más tarde, habiendo recibido, además de su salario, viáticos por cerca de US$15 mil (cerca de $10,3 millones al cambio actual).

Fue también Martínez quien informó a sus superiores del safari en Kenia que realizaron cuatro funcionarios cuando cumplían labores en terreno. La denuncia fue respaldada con documentos que dan cuenta de que el comienzo de la actividad turística se programó aún en jornada laboral (ver nota de Biobío Chile).

En esa actividad también participó uno de los hombres de mayor confianza y asesor directo del contralor Bermúdez, el abogado Alejandro Valenzuela Marín. La ida de Valenzuela a Kenia (llegó el 1 de agosto) y su participación en el safari, levantó polvo entre algunos auditores del equipo y también entre varios funcionarios de la Contraloría en Santiago. Ello, porque Valenzuela, quien fue alumno de Bermúdez en la Universidad Católica de Valparaíso, no es parte permanente de ninguno de los equipos que audita a la ONU.

– ¿A qué fue Valenzuela a África?

–Además de prestar asesoría legal, el objetivo de su visita era colaborar con retroalimentación respecto de si lo que estábamos planificando era tal como lo habíamos dimensionado o no –indicó a CIPER Eduardo Díaz.

En el segundo safari a la reserva Masai Mara (26 al 28 de octubre) participaron cinco funcionarios del Departamento Contraloría-ONU.

Las denuncias de Martínez incomodaron al círculo cercano del contralor Bermúdez, en especial a la jefa del Departamento, María Francisca del Fierro. El 27 de diciembre, Macarena Martínez fue removida de sus labores como líder del equipo que audita el fondo de pensiones de la ONU.

De izquierda a derecha: Mussa Juma Assad, contralor de Tanzania; Rajiv Mehrishi, contralor de India, y Jorge Bermúdez.

La versión de la Contraloría es otra: sus autoridades señalan que luego de que Martínez fuese notificada por Del Fierro de que dejaría de ser “team leader” para asumir como encargada del comité de inversiones, la profesional habría amenazado con “demandar” al departamento y a su jefatura por “corrupción” al “existir turismo en horario laboral y contrataciones de personal no idóneo”. Eso es lo que se lee en un documento de la Contraloría al que CIPER accedió. Según esa versión, fue María Francisca del Fierro la que presentó esos antecedentes al Consejo Superior de Integridad del organismo, instancia que decidió abrir un sumario.

A mediados de febrero de este año, Macarena Martínez, quien a fines de diciembre acusó de acoso laboral a Del Fierro, tuvo que ser reintegrada a sus labores como “team leader” por orden de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

SE REQUIEREN AUDITORES

Desde la propia Contraloría reconocen que la implementación de las tareas de auditoría mandatadas por la ONU no ha sido fácil, pero explican que eso responde a la puesta en marcha de cualquier proyecto de esta envergadura. Así y todo, recalcan que desde el inicio los equipos a cargo del trabajo han elaborado más de 100 Memorándum de Observaciones de Auditoría y más de 150 Memorándum de Seguimiento.

A las críticas que han despertado al interior de la Contraloría la fallida designación de Cristhian Möller; la contratación de un ingeniero que estuvo trabajando varias semanas en Nueva York sin contar con las competencias técnicas ni lingüísticas; las actividades turísticas y la ida de Alejandro Valenzuela a Kenia (quien se sumó a uno de los safaris), se suman graves cuestionamientos a seis de los siete jefes de los equipos que deben auditar en terreno las cuentas del organismo internacional.

Ninguno de esos seis líderes de unidad cuenta con título de contador auditor o similar. Pese a no tener experiencia contable ni en auditoría de sistemas, la mayoría de ellos, sin embargo, firma sus correos identificándose como auditores, junto al logo de la Contraloría y el de la ONU.

–El equipo de auditores, independiente de su profesión, desarrolla labores de auditoría. Si forman parte del equipo de auditoría, entonces operan como auditores –explicó Eduardo Díaz.

Pero los “team leader” no son los únicos que firman como auditores. CIPER tuvo a la vista el pie de firma de un correo electrónico que evidencia que uno de los lingüistas contratados por la Contraloría para traducir los informes que deben ser reportados a Naciones Unidas también lo hace.

CIPER también detectó que la primera alerta sobre la idoneidad del personal y jefaturas del departamento Contraloría-ONU se encendió meses antes del informe de enero de Itzel Echiburú. Esa alerta fue recibida en Santiago el 5 de noviembre de 2018, luego de que la jefa subrogante de uno de los equipos que auditaba un programa de la ONU en La Haya, Carol Delgado, enviara un reporte de actividades con la siguiente observación:

“Se requiere la participación de un auditor financiero con manejo del idioma inglés, que reemplace al/los abogados que participan actualmente en la revisión, toda vez que, tanto por el corto tiempo para la revisión de este programa, como por la especialización profesional en materias financieras, no resulta conveniente por eficiencia y eficacia en la ejecución de la misma, que el grupo auditor lo integren dos abogados, como ocurre actualmente. En consecuencia, el equipo debería estar integrado por tres auditores financieros como mínimo”.

LAS COSAS SE HACEN “AL LOTE”

Las alarmas se volvieron a encender dos meses más tarde. Con motivo de la denuncia por acoso laboral de Macarena Martínez contra María Francisca del Fierro, el Comité de No Discriminación de la Contraloría le encargó a la sicóloga y funcionaria del organismo, Iztel Echiburú, la realización de un diagnóstico que diera cuenta de la situación al interior del Departamento Contraloría-ONU. Ese comité está conformado por cuatro miembros, entre ellos la subcontralora Dorothy Pérez.

El informe de Echiburú fue dado a conocer a mediados de enero. Para su elaboración, la sicóloga tomó como insumos evaluaciones sicolaborales de varios integrantes de los equipos de auditoría y realizó diez entrevistas individuales y en profundidad a los miembros del departamento Contraloría-ONU.

El informe revela que la calidad del trabajo que la Contraloría de Chile realiza para Naciones Unidas está en riesgo. En uno de sus pasajes se lee:

“Entre los integrantes existe la sensación de que la planificación de la unidad no se realizó/realiza correctamente, en cuanto han cambiado varios de sus integrantes durante el corto periodo de existencia del departamento; con que existiría brecha entre los objetivos de proyecto y la actual estructura y composición del equipo para asegurar su cumplimiento, lo que se manifiesta sobre todo en la percepción de que existen falencias técnicas desde la perspectiva de la auditoría financiera y sus metodologías, internacionalmente definidas”.

A ellos se suman menciones recurrentes por parte de casi todos los entrevistados para el informe respecto de que existe “poca claridad del rol de los directores del proyecto”; que “el trabajo se hace al ‘lote’ y de forma improvisada”; que los jefes de equipo “desconocen completamente las metodologías de una auditoría financiera y que tampoco les interesa aprender lo básico” y que “no se están cumpliendo las premisas básicas de la auditoría financiera en el departamento”.

La preocupación de varios de los entrevistados se concentra en la “imagen que está quedando de la Contraloría General de la República”, entre otras cosas porque “la definición de la estructura y conformación del departamento no asegura el cumplimiento de objetivos”.

CIPER se contactó vía email con la secretaria ejecutiva de la Junta de Auditores de Naciones Unidas, Anjana Das (encargada de coordinar y facilitar el trabajo de los funcionarios de los tres países que conforman esa instancia), para consultarle sobre su percepción sobre las labores realizadas a la fecha por el departamento Contraloría-ONU. Su respuesta fue que ella no era la encargada de evaluar ese trabajo y que esa responsabilidad recaía en el contralor general de Chile, Jorge Bermúdez.

Sobre la denuncia de acoso presentada por Macarena Martínez contra su jefa y responsable del departamento Contraloría-ONU, María Francisca del Fierro, el informe de Echiburú concluye que:

“Tras analizarse el contexto y dinámica grupal, se observan comportamientos por parte de la jefatura que se sustentan en su mirada personal de lo que implica este proyecto, lo que no atañe en forma exclusiva a la persona denunciante, por tanto no se trataría de comportamientos hacia un determinado integrante, característica fundamental del acoso laboral”.

CONCURSO DESIERTO

En una decisión que pudo haber sido motivada por el informe de la sicóloga Itzel Echiburú, la Contraloría abrió en febrero pasado un concurso público para reclutar a cinco auditores financieros y a otros tres auditores de sistemas, para ingresar a contrata y con grado 13 a formar parte del equipo que audita a la ONU.

Fuera o no ese el motivo, hay un hecho cierto: los plazos para la entrega de la Contraloría del primer informe grueso a Naciones Unidas apremian. El informe debe estar listo a fines de este mes para que sea revisado formalmente por los otros miembros de la Junta de Auditores y luego remitido, en junio, al cuartel general de Naciones Unidas en Nueva York.

La indagación de CIPER detectó que recién en abril se integraron diez nuevos auditores al equipo Contraloría-ONU y que el reclutamiento se hizo utilizando una base de datos de candidatos que fueron rechazados en una primera instancia por no cumplir con los requisitos exigidos en las bases.

Cuando se abrió la convocatoria en febrero para reclutar a nuevos auditores financieros y de sistemas, la Contraloría recibió una avalancha de postulaciones. Fueron cerca de 1.500.

El 18 de marzo la entidad declaró desierto el concurso: “Se revisaron los antecedentes curriculares de cada postulante no existiendo ninguno que cumpliera con los criterios definidos como excluyentes”, se lee en un documento de la Contraloría. Entre los criterios excluyentes figuraban contar con experiencia técnica en auditorías y manejo avanzado, escrito y hablado, del idioma inglés, el que debía acreditarse con certificados.

La investigación de CIPER arrojó que para llenar esas plazas se “recicló” la base de datos de los 1.500 postulantes de la convocatoria de febrero, los mismos que no habían cumplido con los criterios “definidos como excluyentes”. Y que para validar ese nuevo proceso de reclutamiento, se rebajó el grado de ingreso de esos profesionales a la Contraloría (de 13 a 15), es decir, se les ofreció una remuneración menor.

–¿Bajo qué procedimiento ingresaron entonces los diez nuevos auditores al departamento Contraloría-ONU?

–Como no pudimos conseguir profesionales que cumplieran con los requisitos establecidos para ingresar al departamento con grado 13 y necesitábamos constituirnos para hacer la revisión de la segunda parte de la auditoría, optamos por la medida más eficiente que era tomar la base de datos con los curriculum de los postulantes de la primera convocatoria y llamar nuevamente a entrevistas, pero ofreciendo el grado 15 como grado de ingreso­– explicó el jefe de auditoría de la Contraloría, Eduardo Díaz.

–¿Si se baja la calidad del perfil de profesionales buscado, no compromete eso el trabajo que están haciendo?

–No es que estas personas no tengan los requisitos mínimos para cumplir con el estándar requerido. Solo que no cumplieron para ingresar con grado 13 de acuerdo a las bases de la convocatoria, específicamente por el tema de inglés, pero sí con grado 15 –insistió Díaz, señalando que los nuevos auditores pasaron por un proceso de entrevistas a cargo de una comisión compuesta por María Francisca del Fierro y otros profesionales del organismo de control.

Sobre el informe de diagnóstico de la sicóloga Echiburú, Eduardo Díaz indicó que se están implementando todas las recomendaciones sugeridas en ese documento. Una de ellas decía relación con “evaluar la conformación completa del equipo” y de considerarse “que hay integrantes que no se condicen con las necesidades técnicas del proyecto, se sugiere analizar la posibilidad de movilidad interna CGR (Contraloría General de la República) previa retroalimentación con cada uno”.

Esa recomendación, a la fecha, no ha tenido eco. Los equipos del departamento Contraloría-ONU se mantienen casi intactos, incluidos los cuestionados “team leader”, quienes, según Díaz, serán evaluados al término de la entrega del primer gran informe (en junio próximo) para confirmar o no su continuidad.  “No son cargos permanentes”, recalca.