Roberto Godoy Fuentes fue contratado por el comité de senadores del PPD como asesor en la tramitación del proyecto de ley que busca resguardar los datos personales. Participó en el “grupo técnico” que revisó las indicaciones al proyecto y que sugirió cambios relevantes que favorecen a las empresas que utilizan los datos personales para sus estrategias de negocio. En paralelo, el abogado se desempeña como director de Comunicación Estratégica de una de las principales empresas de lobby: Imaginacción. La firma, controlada por el ex ministro Enrique Correa, tiene interés en ese proyecto y representa a empresas que podrían verse afectadas por la nueva ley. Godoy reconoció a CIPER que nunca reveló su doble rol.
*Foto principal: Revista Capital
El 1 de septiembre de 2018 el abogado Roberto Godoy Fuentes, militante del Partido Socialista, volvió como un influyente asesor a un edificio que conoce bien: el del Senado de la República. Había estado allí innumerables veces durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Los parlamentarios lo conocen. Participó en las comisiones legislativas, como un destacado técnico del gobierno, en la tramitación de las reformas laboral y previsional de la expresidenta. Pero ahora, con ese bloque político en la oposición, su rol era distinto y tenía una doble cara.
Desde ese primer día de septiembre del año pasado, Godoy Fuentes reapareció formalmente en la Cámara Alta como asesor del comité PPD en la tramitación del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, iniciativa que en estos días está siendo votada en la Comisión de Constitución del Senado. Lo que no se sabía hasta ahora es que, en paralelo a su labor de asesoría legislativa, Godoy era empleado de Imaginacción, la empresa de lobby y comunicaciones corporativas del ex ministro Enrique Correa, donde aún se desempeña como director de Comunicación Estratégica.
El conflicto de interés es evidente, toda vez que la firma de Correa presta servicios a grandes empresas –aunque nunca se ha conocido la nómina de sus clientes– que pueden tener un vivo interés en este proyecto. Esto, porque la nueva ley podría limitar las bases de datos con información sobre los hábitos de los consumidores y que las empresas usan para desarrollar sus estrategias de venta y publicidad.
Es un hecho que Imaginacción tiene interés en este proyecto de ley. Los registros de la Cámara Alta, revisados por CIPER, indican que al menos tres de sus empleados asistieron, hasta marzo de 2018, a sesiones de la Comisión de Constitución del Senado donde se analizó la iniciativa: Beatriz Sanhueza (consultora de Asuntos Públicos de la empresa), Carolina Salas (cientista política) y Denise Schlesinger (consultora).
Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador Felipe Harboe (PPD) confirmó a CIPER que su partido contrató a Roberto Godoy como asesor para revisar este proyecto. El vínculo iniciado en septiembre de 2018 se extendió hasta diciembre de ese mismo año. Harboe señaló que recién a comienzos de enero de 2019 se enteró de que Godoy trabajaba para la empresa de Enrique Correa. Agregó que de inmediato envió un mensaje a su asesor Sebastián Abarca, para poner fin a la relación del comité de senadores PPD con el abogado Godoy. Al final de ese mensaje, el senador puso una frase preocupante: “Con razón la industria conoce los avances del proyecto”.
-¿Él les dijo que era lobista de Imaginacción?
-Yo no tenía la menor idea. Él me dijo que (en la empresa de Correa) no tenía nada que ver con lobby, pero yo le dije que no me parecía adecuado. La industria está presionando mucho porque este es un proyecto muy duro para ellos- indicó Harboe a CIPER.
Aunque, de acuerdo con la versión del senador Harboe, el abogado dejó de ser asesor del PPD en esta materia, Godoy siguió frecuentando la Comisión de Constitución, ahora en calidad de experto.
-Él siguió yendo a la comisión. En abril de este año fue a exponer en dos ocasiones.
-Efectivamente fue en abril. Los senadores nuevos pidieron enterarse del proyecto y ahí se trajo a Roberto.
EL GRUPO TÉCNICO QUE NO DEJÓ ACTAS
En marzo de 2017 se refundieron dos proyectos de ley sobre protección de datos (uno del senador Harboe y otro del gobierno de Bachelet), pero recién en el segundo semestre de 2018 su tramitación avanzó a paso firme, aunque por fuera de los cauces estrictamente institucionales. En septiembre de ese año comenzó a reunirse semanalmente en el Senado un grupo técnico compuesto por asesores de los parlamentarios y representantes del Ministerio de Hacienda para consensuar el proyecto. El objetivo era acordar indicaciones que dejaran conformes a La Moneda y a los senadores de la Comisión de Constitución.
Perfil de Godoy Fuentes en la web de Imaginacción.
No hay actas públicas de esas reuniones, por lo que no queda claro quien impulsó los cambios. Y eso es relevante, porque se introdujeron modificaciones que benefician a las empresas que operan con bases de datos: al contrario de lo que pedían varios parlamentarios y el propio gobierno, los “hábitos personales” no quedarán protegidos como “datos sensibles”. Así, por ejemplo, una cadena de supermercados podrá identificar las compras que hace un ciudadano y utilizar esa información para sus estrategias de marketing o venderla a otras industrias de bienes y servicios. Lo que usted consume o los lugares que frecuenta podrían ser utilizados como insumos comerciales. Y, eventualmente, agencias estatales también podrían conocer en detalle las costumbres de los ciudadanos.
El abogado Roberto Godoy Fuentes –53 años, abogado UC y magíster en Políticas Públicas– integró ese grupo técnico. Desde el comité de senadores del PPD se explicó que se lo convocó para esa tarea por su experiencia en el tema, debido a que durante el tramo final del segundo gobierno de Bachelet estuvo a cargo del proyecto como asesor de Hacienda.
En paralelo a sus labores en ese equipo que decidió los cambios al proyecto de ley, el abogado ya se desempeñaba como director de Comunicación Estratégica de Imaginacción. Pero el enorme conflicto de interés que acompañaba a Godoy Fuentes no fue transparentado ni ante los senadores del PPD ni ante los demás integrantes del grupo técnico. El propio Godoy lo confirmó a CIPER:
-El senador Harboe dice que cuando se enteró de que usted era consultor de Imaginacción, decidió no renovarle el contrato.
-La verdad de lo que ocurrió fue que el trabajo de la comisión acabó en enero de este año, era temporal, y justo coincidió que ahí se acabó la asesoría (al PPD).
-¿Hasta ese momento el senador Harboe no sabía que usted trabajaba en Imaginacción?
-Efectivamente, no tuvo conocimiento de que yo participaba en Imaginacción. Los demás participantes del grupo técnico tampoco. Nunca lo dije, porque mi área de trabajo en Imaginacción no tenía que ver con ese tema.
Godoy agregó que, como él había trabajado en el proyecto de ley durante el gobierno anterior, en julio de 2018 adquirió el compromiso de asesorar a los senadores del PPD: “Yo, en ese momento, no trabajaba en Imaginacción”.
-¿Cuándo ingresó usted a esa empresa?
-Como en julio o agosto del año pasado.
-Pero el contrato con los senadores PPD lo firmó en septiembre de 2018, cuando usted ya estaba en esa consultora.
-Pero el compromiso había sido anterior.
¿Y por qué no advirtió que en paralelo trabaja en una empresa dedicada al lobby?
-Mi trabajo en Imaginacción no tiene ninguna vinculación con el área legislativa. En la consultora tenemos dos áreas diferenciadas: Asuntos Públicos, donde está el lobby y seguimiento de proyectos de ley; y el área de Comunicación Estratégica, que asesora a empresas en temas comunicacionales. Yo trabajo en esa segunda área, que no tiene vinculación con temas relativos a gestión de intereses legislativos. Ninguna de mis actividades en la consultora se relaciona con algún tema de la ley de protección de datos personales.
Enrique Correa, controlador de Imaginacción y ex ministro de la Concertación.
No es esta la primera vez que un hombre de Imaginacción participa de instancias legislativas sin informar su pertenencia a esa empresa. En 2014 un reportaje de El Mostrador reveló como un periodista regional utilizaba su acreditación como reportero para recabar información y entregarla a la consultora.
GODOY: “NO HUBO CRUCE DE INFORMACIÓN”
El contrato de Godoy Fuentes con el Senado, para asesorar al comité de senadores PPD, fue firmado el 20 de septiembre de 2018. Allí se estipularon sus funciones: “El asesor, en particular, prestará asistencia en materia de datos personales, sin perjuicio de los demás servicios que le encomiende la vigencia del contrato”. La remuneración ($1,4 millón mensual) fue cargada al ítem de asesorías externas de las asignaciones parlamentarias. La asesoría tuvo por objeto “responder, con carácter discontinúo o esporádico, a las necesidades extraordinarias u ocasionales que le formulé el comité de integrantes (senadores PPD)”.
En concreto, su trabajó se limitó a asistir una vez por semana a las citas del grupo técnico y a elaborar minutas e informes comparados con los resultados de esas reuniones.
El punto sexto del contrato establece que el asesor debe “prestar los servicios en forma honesta y leal, con preeminencia del interés general de la Corporación (Senado) por sobre el interés particular” (vea aquí ese contrato).
¿Quién asegura que la información a la que accedió el abogado Roberto Godoy Fuentes no fue utilizada en negocios de Imaginacción? ¿Quién puede garantizar que el interés de la empresa de lobby, y de sus clientes, no prevaleció a la hora de tomar decisiones sobre el proyecto de ley que resguarda los datos personales? Nadie.
CIPER se lo preguntó directamente a Godoy:
-¿Ha conversado con clientes de Imaginacción que estén interesados en este proyecto?
-No he tenido ninguna relación con clientes de Imaginación sobre este proyecto de ley.
-¿Nunca desde Imaginacción le preguntaron por este proyecto de ley?
-En algún minuto me hicieron una consulta interna, pero que era como de… en términos generales, de la tramitación del proyecto. Era un tema del concepto relativo al “consentimiento”. Esto fue hace una o dos semanas atrás.
-¿Y durante su participación en el grupo técnico, hubo cruce de información?
-No hubo ningún cruce de información.
–¿A qué clientes representa Imaginacción que tengan interés en este tema?
-No lo sé. La parte (de la consultora) a la que le puede interesar este tema es Asuntos Públicos. Son empresas y áreas distintas. Yo no sé qué clientes representa Imaginacción en esta materia.
LOS CAMBIOS CLAVES DEL “GRUPO TÉCNICO”
CIPER revisó el informe final del grupo técnico, el que incluyó recomendaciones sobre cómo votar las indicaciones que se habían presentado durante la tramitación del proyecto de ley, tanto por parte del Gobierno como de los senadores. Y hay sugerencias que involucran temas muy sensibles (vea aquí ese informe completo).
El asunto más delicado que fue modificado por el grupo técnico tiene que ver con el tratamiento de los datos asociados a los “hábitos personales” (como el historial de compras de una persona o los movimientos detectados por aplicaciones conectadas a los GPS de los celulares). Indicaciones del Ejecutivo y de varios senadores habían incluido los hábitos personales dentro del apartado “datos sensibles”, los que en la futura legislación contarán con una protección mayor. Pero el grupo técnico acordó sacarlas de ahí, lo que favorece su uso con fines comerciales.
El proyecto original aprobado por el Senado define así los “datos personales sensibles”:
“Aquellos datos personales que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural”.
A ese inciso se le presentaron siete indicaciones. La Moneda y los senadores Alfonso De Urresti (PS), Kenneth Pugh (independiente RN), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Guillier (independiente), propusieron agregar en esta nómina de “datos sensibles” los “hábitos personales”, “hábitos y costumbres personales” y “hechos o circunstancias de la vida privada o intimidad”. Eso permitía proteger más esta información. Pero algo pasó.
Senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión de Constitución.
En la página 8 del informe comparado que elaboró el grupo técnico se establece que se “acordó rechazar” esas indicaciones. Pero, no se entregan los fundamentos. Y como el grupo técnico no es una instancia contemplada en la institucionalidad del Congreso Nacional, no existen actas públicas que permitan trazar las huellas de esa decisión.
CIPER conversó con distintos integrantes de ese grupo técnico, los que pidieron reserva de su identidad. Entre los argumentos que entregaron para justificar su determinación de evitar que los hábitos personales se contaran dentro de los “datos sensibles”, dijeron que se consideró que el “hábito personal es algo demasiado amplio” y que optaron por acotar la nómina de datos a incluir en ese apartado. Agregaron que eso no significa que los hábitos personales no queden resguardados. Eso es verdad, pero por cierto no tendrán la “protección mayor” que se le dará a los “datos sensibles”.
En un informe del abogado Godoy Fuentes a los senadores del PPD se recomienda rechazar esas indicaciones, porque “los hábitos personales no son información personal que requiera un estándar especial de protección. Su incorporación tiende a banalizar el concepto de dato sensible” (vea aquí ese informe).
Otro cambio relevante decidido por el grupo técnico fue la definición sobre qué se entenderá por “fuentes de acceso público”. Explicado en simple, esa denominación se refiere a las bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, siempre que no existan impedimentos legales para ello. En este punto, el Ejecutivo propuso que el organismo que tendrá a su cargo velar por la protección de los datos personales debiera “establecer de forma taxativa las bases de datos que cumplan esa categoría”. Y que ese listado se actualizara anualmente. La idea era acotar lo que se entiende por base de datos pública, evitando el desorden actual que permite que los datos privados de los ciudadanos deambulen por internet y oficinas de marketing. El senador Latorre presentó otra indicación en el mismo sentido.
Nuevamente el grupo técnico acordó “rechazar” esas indicaciones y mantener el texto original, el que no varía la actual situación donde cualquier persona puede acceder a una base de datos en internet si es que no existe un impedimento legal para aquello.
La influencia del grupo técnico también apareció en el retiro de indicaciones que buscaban suprimir o acotar el tratamiento de los datos personales sin el consentimiento de sus titulares para actividades como el marketing directo: llamadas a celulares personales por parte de bancos, compañías telefónicas, multitiendas y otros para ofrecer sus productos. El senador Latorre había propuesto eliminar el inciso que lo permitía y La Moneda presentó una indicación para acotarlo. Sin embargo, el grupo técnico decidió que se mantuviera la redacción original, donde el único requisito que se pone para el uso de esos datos personales es que “no se afecten los derechos y libertades del titular”.
A Godoy Fuentes se sumaron en el grupo técnico asesores del gobierno y de los senadores que componen la Comisión de Constitución: la coordinación corrió por cuenta del asesor del PPD Sebastián Abarca, además de Jessica Matus (asesora del senador Kenneth Pugh, independiente RN); Melissa Mallega (asesora del senador Alfonso de Urresti, PS); Francisco Bedecarratz (asesor de Andrés Allamand, RN); Julio Valladares (en representación de la DC, aunque su participación fue escasa, se trata de un asesor que ha participado en otra consultora dedicada al lobby); Gino Terzán (asesor del UDI Víctor Pérez); y en representación del Ministerio de Hacienda los abogados Catherine Tornel y Juan Pablo Loyola.
El analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, Pablo Violler, considera que algunas de estas decisiones no solo no aumentan la protección a los datos personales, sino que incluso pueden dejarlos más expuestos:
-Nos preocupa que la comisión no haya incorporado el “hábito personal” dentro de la definición de “dato sensible”, justamente porque hoy nuestra legislación sí lo considera como un dato sensible. En este punto la nueva legislación va a proteger menos que la legislación actual. En particular, porque el hábito personal tiene que ver con el perfilamiento que pueden hacer las plataformas y los servicios en línea. Cuando hablamos de Facebook, redes sociales, Google, esto es parte importante de la discusión a futuro. Y el hecho de que la comisión haya retrocedido nos parece contradictorio.
Escuche la respuesta completa de Pablo Violler a las consultas de CIPER:
Roberto Godoy Fuentes (PS) comenzó a asomar como un técnico con redes en el mundo de la Concertación en el feudo socialista de la Municipalidad de El Bosque, donde trabajó como director jurídico del alcalde Sadi Melo. Lo hizo junto al entonces secretario municipal, Osvaldo Andrade. En 2006, apenas iniciado el primer gobierno de Michelle Bachelet, se fue con Andrade cuando este asumió como ministro del Trabajo (fue su jefe de gabinete).
La cercanía con Andrade se extendió hasta después del cierre del primer gobierno de Bachelet. En noviembre de 2009 formaron parte del grupo que creó Integración Consultores (junto a José María Hurtado Fernández y Juan Sebastián Domeyko Letelier), empresa dedicada a asesorías en temas laborales.
Ya en el segundo gobierno de Bachelet, el entonces consultor en materia laboral retornó al Ministerio del Trabajo. Esta vez como jefe de asesores de la ministra Javiera Blanco y como coordinador de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Bachelet. La prensa de la época le colgó el mote de “cerebro” de esa reforma. Cuando la ministra Blanco fue cambiada al Ministerio de Justicia, Godoy la siguió, aunque solo alcanzó a estar tres meses como jefe jurídico de ese ministerio: fue trasladado al Ministerio de Haciendo como asesor del ministro Rodrigo Valdés.
En Hacienda le tocó representar al Ejecutivo en la tramitación del proyecto de ley que resguarda el uso de los datos personales. En esa época, mediados de 2017, Godoy Fuentes participó del primer grupo técnico al que los senadores le encargaron la revisión de las indicaciones.
Con Javiera Blanco volvió a encontrarse luego del segundo gobierno de Bachelet. A mediados del año pasado el abogado ingresó como director a Imaginacción y en ese momento la consultora estaba asesorando a la ex ministra de Justicia en medio del vendaval de acusaciones que la acosaba tras la muerte de la niña Lissette Villa en un centro del Sename y de su polémica llegada al Consejo de Defensa del Estado.
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Caso Monsalve: conserje del hotel declaró que el exsubsecretario "venía mucho más consciente que ella"
Que lamentable, no les interesa mejorar y ayudar a los Chilenos, en sus necesidades URGENTES: La Salud (atención en todos los centros de Salud Clinicas u Hospitales, mas un seguro de salud y terminar con las Isapres), Pensiones Dignas (también de AFP Y ASEGURADORAS) y Sueldos Mínimos dignos deben ser de $500.000, Educación igual para todos, terminar el negocio de los Créditos para una Educación Superior, Mejorar el Medio Ambiente y dejar de privatizar los Recursos Naturales como el agua que es un bien natural de todos los Chilenos. Así como estas y otras necesidades estan colapsando el vivir diario de los Chilenos, estamos cansados del abuso y maltrato a nuestros pueblos Originarios en especial al Pueblo Mapuche.
No somos esclavos, ni Chile es una empresa de nadie, somos una nación libre y tenemos derechos y riquezas que nos pertenecen a todos los Chilenos, Chile Desperto por una Patria Digna en igualdad para todos los Chilenos.
vicente gonzalez | 27.05.2019
El tema apunta directamente a que, mientras mas ignorantes y limitados intelectualmente, sean los politicos que elegimos para representarnos en las camaras de senadores y diputados, , mas dinero se gastara. La pregunta es: porque no elegir a PROFESIONALES UNIVERSITARIOS en lugar de " politicos", para elevar el nivel ????
Angélica Monsalve | 21.05.2019
Hoy fui al Banco Estado y entre la documentación firmada estaba la autorización para entregar mis datos personales a otras empresas , yo pensé qué este abuso de poder había terminado ,me parece una contradicción aberrante que teniendo una "razón social " para ayudar a la ciudadanía sin recursos económicos se permitan utilizar nuestros datos personales para fines comerciales .
pedro quezada saravalli | 19.05.2019
Cada dia nos enteramos como nuestro ssistema politico, esta absolutamente conectado a traves de las relaciones de sus miembros.
Mientras no se corte este malsano proceder, nunca lograremos que nosotros los ciudadanos tengamos yor ingerencia en el caminar politico, economico y social del pais..
Debemos fortalecer las Juntas de Vecinos, también las organizaciones de Adultos Mayores, para hagamos sentir nuestra voz en la construcción de las leyes.
Que se utilicen las redes sociales y la participación activa y presencial de los integrantes de estas organizaciones ciudadanas
Que el estado contrate abogados para cada una de ellas y ayuden a los miembros de ellas a proponer por escrito las ideas que allí surgan..
Judith | 18.05.2019
Ya ni los asesores de los diputados o senadores podrán confiar en sus asesores. Tengo una duda ¿ Participan los asesores de las reuniones de las mesas de trabajos de Diputados o Senadores?
Armando Hernández | 10.05.2019
Como se observa, seguiremos en manos del inefable Correa quien ha sido el tipo mas nefasto que ha pasado por la administración pública y de gran negocio para los privados quienes con su Lobby (coimeo) a corrompido a medio mundo del sector legislativo y ejecutivo de la nación en favor por supuesto de sus generosos clientes del mundo privado. un grupos lobbistas (coimeros) tan faltos de moral, no debieran existir y lo mas increíble que esta mafia les vende la culebra a todos los que puedan pagar, no importa si son de derecha, izquierda, empresarios o interesados en meterle letra chica a las leyes.
