Durante la última década la gran cantidad de viviendas construidas no ha reducido significativamente el déficit de medio millón que existe, por lo que los precios de venta y de arriendo no paran de crecer. Los autores sugieren que solo una intervención pública decidida puede sacarnos del atolladero y proponen intervención estatal en el mercado, como se hace en Francia o Singapur; control de precios, como en Viena, y limitación de la cantidad de viviendas por persona, como ya se estudia en Berlín. Estas medidas apuntarían a evitar el acaparamiento que se detecta en Chile. “Sin cambios estructurales el precio de la vivienda seguirá aumentando y la concentración de la propiedad seguirá dándose en el sector de mayores ingresos”, afirman.
El libremercado chileno está lleno de fisuras. Las hemos visto y sufrido en la colusión de los pollos, de las farmacias y del papel confort, entre otros casos. También existen en el mercado de la vivienda, aunque se ha hablado poco de ellas. Una de las fisuras tiene que ver con el endeudamiento al que recurren las personas para solventar precios que no paran de subir.
En Chile, con sueldos ridículamente bajos en relación a su producto (1) y con una vida diaria muy cara desde hace tiempo (2), el endeudamiento se ha vuelto central. Nuestro modelo económico necesita que la gente tenga plata en el bolsillo para gastar y mover la economía. Cuando no hay platita chin-chin, el neoliberalismo fomenta el endeudamiento para que el consumo no se detenga.
En el desarrollo urbano, los créditos hipotecarios han parchado el problema de acceso a la vivienda durante un tiempo, pero ahora la estrategia empieza a mostrar fisuras.
Un informe reciente del Banco Central expone que el endeudamiento de los hogares ha alcanzado un máximo histórico de un 73,3% en relación al ingreso disponible, principalmente a causa de créditos de consumo e hipotecarios. Esto ha ido acompañado de una reducción en la riqueza de los hogares (3).
Pagar la vivienda se hace cada vez más difícil y hay varias posibles explicaciones para ello.
Un estudio exploratorio sobre cuánto destinan los hogares en Chile a pagar vivienda, transporte y alimentación, establece que a nivel nacional el 60% gasta más de lo recomendable en relación a una economía sana del hogar.
Según Elizabeth Warren y Amelia Warren-Tyagi, un hogar no debiera gastar más del 50% de sus ingresos en gastos obligatorios (4), para lo cual la vivienda no debiera superar el 30%. En Chile, sólo el 50% de los hogares puede lograr ese equilibrio (5).
Para enfrentar estos problemas y asegurar acceso universal, estimamos que el acceso a la vivienda debiese tratarse como si fuera un monopolio. Como explica el profesor Michael Parkin, el monopolio se configura cuando un bien no tiene sustitutos cercanos y se producen barreras para generar precios competitivos (6). Es por esta razón que en países como Singapur, Alemania, Francia, Austria (y otros casos citados en un informe del Centro de Políticas Públicas UC), el Estado ha intervenido en este mercado para asegurar el justo precio de la vivienda; y lo ha hecho no solo como regulador, sino como actor relevante.
En Chile, la regulación del mercado de la vivienda no apunta a incidir sobre el precio: deja que sea definido por la oferta y demanda (7). Tampoco da garantías para que todos los ciudadanos tengan acceso a este bien.
“En Singapur, Alemania, Francia, Austria el Estado ha intervenido en el mercado de la vivienda para asegurar un precio justo”.
Incluso, los subsidios del Estado son capturados por el mercado y terminan por inflar los precios más aún (8). Esto repercute en el arriendo, donde los precios suben y suben (9). En un país donde la desigualdad se ha mantenido prácticamente igual de alta durante más de un siglo (10), la distinción de clases se refleja en nuestras ciudades.
Así, según datos del Observatorio Habitacional del MINVU, el déficit de vivienda entre 2000 y 2017 sólo se ha reducido en 28%. Eso, a pesar de que en el mismo período la cantidad de viviendas construidas aumento de un 377,4%.
Esto implica que, aunque se han entregado más de 2 millones 300 mil unidades, la vivienda sigue siendo el bien básico de más difícil acceso para los hogares y de más costo.
Observando este fenómeno (gran cantidad de viviendas entregadas que no reducen significativamente el déficit) López y Herrera han sostenido la hipótesis de que la alta concentración de la propiedad en un grupo específico de compradores, termina por impedir que amplios sectores tengan acceso a este bien.
Aquí planteamos otra hipótesis: que el problema del acceso a la vivienda es estructural y su principal causa está en el sistema de seguridad social chileno y en la Constitución, que consagra el derecho a la propiedad pero no el derecho a la vivienda.
VIVIENDA COMO DERECHO HUMANO
El derecho a la vivienda es un derecho humano consagrado en la Constitución de 27 países europeos, junto a los vecinos de Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay. En nuestra Constitución, en cambio, no se menciona la vivienda en ningún artículo.
En una nación donde las políticas de bienestar social se orientan desde la capacidad de pago y a partir de la privatización, la vivienda se ha transformado en un mecanismo de inversión a futuro en el que se busca protección ante enfermedades catastróficas o pensiones paupérrimas.
Pero, protegerse no es el único motivo para invertir. También se ha vuelto un negocio altamente rentable y la compra para arriendo estaría siendo parte de un modelo de negocios orientado a extraer valor desde las clases sociales de menores ingresos y migrantes. Según nuestras estimaciones, hechas usando la encuesta CASEN 2017, en una importante fracción de los hogares más ricos se generan ingresos a partir del arriendo de propiedades urbanas (ver Tabla 1).
Kath Hulse y Margaret Reynolds han denominado este fenómeno como investification(11): una desproporcionada cantidad de propietarios compra vivienda en zonas de menores ingresos para arrendarlas y rentar, usando la vivienda como mecanismo de captura de valor desde hogares más pobres, en un modelo rentista. Una verdadera minería urbana.
En Chile, este mecanismo ha sido denominado como “vacas lecheras”: propiedades que año a año engordan y aumentan su valor, generando importantes ingresos a largo plazo (12).
A partir de un estudio exploratorio que realizamos en el centro de Santiago a 1.496 casos aplicando un muestreo aleatorio, detectamos que la rentabilidad de este modelo de negocios puede alcanzar un yield de hasta 12% con un promedio de 9,1%. En el mercado financiero se considera como un muy buen yield cuando una inversión entrega un 8% de rentabilidad. (Yield es una unidad de medida de la rentabilidad de un bien o servicio a partir de sus dividendos anuales o mensuales).
Este es un negocio altamente rentable cuando se invierte en varios departamentos a la vez, algo que sólo puede realizar el decil de más altos ingresos, debido a sus facilidades de acceso al crédito.
FORMACIÓN DE PRECIO ABUSIVA
Ahora bien, además de la falta de protección constitucional al acceso a la vivienda, existe otro problema de origen: el sistema de formación de precios de la vivienda es abusivo y unilateral.
Para explicar cómo se forma el precio en Santiago (y evidenciar que éstos podrían ser mucho más justos), realizamos un ejercicio didáctico: proyectamos las ganancias de un edificio de vivienda en altura en Ñuñoa. Para ello asumimos que tendremos que comprar algunas casas del sector para demoler, cuyos valores hemos fijado de acuerdo a información disponible en el mercado (ver Tabla 2).
Nuestro proyecto será una construcción de 10 pisos, 9 de ellos habitables (no hemos incluido en este cálculo la venta de estacionamientos), con departamentos de 70 m2. El supuesto de la velocidad de venta para este proyecto fue de tres años, aunque en Santiago se considera que un edificio bien ubicado como este podría venderse en dos.
Los datos indican que este proyecto requiere una inversión de US$18 millones y que las ganancias netas (es decir, descontando todos los gastos e inversión inicial) serán de US$20 millones. Basándonos en las cifras del mercado inmobiliario, si usted pide un crédito para comprar un departamento aquí, tendría que pagar un dividendo mensual de $580 mil. Ese monto de inmediato segrega a los potenciales compradores: solo aquellos hogares con ingreso neto superior a $2,2 millones podrían comprar una vivienda de este tipo (sin contar los brutales montos del pie asociados).
“Si nos ajustamos a la rentabilidad recomendada en Norteamérica, un departamento de 70m2 en el eje Irarrázabal, en Ñuñoa, podría tener un dividendo inferior a $296 mil mensuales”.
A esto se suma una rentabilidad abusiva, con una tasa interna de retorno del 76%, absolutamente excesivo en relación a otros lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, una inversión cuya rentabilidad esté entre 12% a 18% se considera óptima, mientras que sobre el 18% se la califica de oportunista.
Si ajustamos el proyecto a la rentabilidad recomendada en Norteamérica, un departamento de 70m2 en el eje Irarrázabal, en Ñuñoa, podría tener un dividendo inferior a $296 mil mensuales.
En ese sentido, la rentabilidad actual de proyectos de vivienda en contexto de déficit de vivienda y segregación urbana, parecen mucho más graves que los resultados de la colusión en otros bienes básicos. Ya hay académicos hablando de una colusión tácita en el mercado inmobiliario de Chile (13).
CÓMO BAJAR EL PRECIO
Existiendo casos que pueden ser muy diferentes, nos parece urgente que se discuta democráticamente un mecanismo para bajar los precios de las viviendas y evitar que el acceso a este bien básico dependa únicamente de cuánta plata tienen en el bolsillo las personas.
En la actualidad se está discutiendo una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agregar un mecanismo que aumente la disponibilidad de viviendas asequibles en sectores urbanos consolidados o con alta potencialidad urbanística, en lo que se conoce como zonas de integración social urbana, donde además se agrega un sistema de arriendos con fines sociales. Sin embargo, el problema del precio de la vivienda ha estado algo ausente de esta discusión (14).
La experiencia internacional debería servir de inspiración. Por ejemplo, el control de precios que se hace en Viena, que ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para vivir. Allí el 64% de las viviendas pertenecen a la municipalidad, la cual fija un precio único de arriendo (este año es de 7 euros por metro cuadrado). El municipio provee departamentos de alta calidad y fija las condiciones mínimas contra las que debe competir el mercado que busca captar al 36% de viviendas restantes.
En Viena -una de las capitales con menor segregación- el Estado es un actor fundamental del mercado de la vivienda, algo que en Chile solo ocurre someramente en los publicitados casos de la Rotonda Atenas en Las Condes y la inmobiliaria popular en Recoleta.
También creemos vital que se discuta la existencia de un límite máximo de tenencia de vivienda por persona, tal como se está planteando en Berlín, ciudad que enfrenta un aumento sostenido del precio del arriendo. Se puede entender que un individuo compre viviendas para uso personal y algunos familiares cercanos, pero sobre la base de datos recabados en la Encuesta CASEN 2017, existen hogares que contabilizan ingresos por arriendos de propiedades urbanas que superan los $700 millones anuales, equivalentes al arriendo de 150 departamentos de dos piezas en Estación Central o 100 departamentos de dos piezas en Providencia o Las Condes. Como explican López y Herrera, esto percude el sistema de precios y se configura como un proceso de extractivismo urbano que debe ser regulado.
Otro aspecto a considerar es pasar desde un rol reactivo a uno activo en materia de diseño, regulación y fiscalización. Como en otros mercados monopólicos, creemos pertinente que se cree una superintendencia de vivienda que pueda dar seguimiento a estos procesos y también fiscalizar.
Una superintendencia podría fortalecer la idea de los Servicios Regionales de Desarrollo Urbano(15) que es una de las estrategias del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, -similar en forma y facultades a la desaparecida Corporación de Mejoramiento Urbano-, y que busca gestionar el suelo y las intervenciones públicas y privadas desde la búsqueda del bien común.
PROPIEDAD PRIVADA Y ROL SOCIAL
La vivienda debe ser un derecho básico para asegurar el funcionamiento democrático de una nación, como dice el recientemente galardonado Miguel Lawner. El Estado no debiera ser neutral al respecto. De hecho, durante un largo periodo de nuestra historia el Estado no lo ha sido, pero lo hemos olvidado.
“En Viena, que ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para vivir, el 64% de las viviendas pertenecen a la municipalidad, la cual fija un precio único de arriendo”.
En los años 20, por ejemplo, la liga de arrendatarios se organizó para no pagar el alquiler durante algunos meses, por considerarlos injustos: en muchos casos una vivienda sin ventanas superaba el 80% del ingreso mensual del trabajador. El movimiento social logró que se implementara el Decreto Ley 261 de 1925, que regulaba el precio de la vivienda: redujo en 50% el de las consideradas insalubres por la autoridad, limitó el precio de la vivienda óptima de acuerdo a los ingresos de los hogares y protegió a los arrendatarios de desalojos por seis meses impagos (16).
Otro hito importante ocurrió en 1967, cuando Eduardo Frei Montalva modificó la Constitución y, mediante la Ley 16.615, estableció que la propiedad privada se encuentra supeditada al rol social que cumple el suelo. A través de eso, se comenzó a avanzar hacia un mecanismo de planificación para ejecutar proyectos de alto interés público. (Se ha sugerido reintegrar estos conceptos en la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero mientras estas ideas no se transformen en ley, sólo serán eso: buenas ideas).
En otros momentos de nuestra historia hemos generado políticas que controlan el precio de la vivienda y que redundan en aumentar los recursos que las familias tienen para el consumo, reducir el déficit de vivienda y alivianar las deudas de los hogares. Esas políticas no son “añejas” o trasnochadas, sino que están en línea con las que despliegan hoy otras sociedades neoliberales donde la salud, la educación y el bienestar futuro, se encuentran asegurados por un Estado fuerte. En esos países el mercado de la vivienda también está sujeto a regulaciones para asegurar el acceso a este bien básico.
Tenemos la convicción de que sin cambios estructurales el precio de la vivienda seguirá aumentando y la concentración de la tenencia de propiedad seguirá dándose en el sector de mayores ingresos (Tabla 1).
4. Elizabeth Warren and Amelia Warren-Tyagi, All Your Worth (New York: Free Press, 2005).
5. José Francisco Vergara-Perucich, “Estudio Exploratorio Sobre Asequibilidad Económica a La Vida Cotidiana En Principales Ciudades de Chile,” Serie de Documentos de Trabajo En Economía (Antofagasta, 2018).
8. E J López Morales, “Urban Entrepreneurialism and Creative Destruction: A Case-Study of the Urban Renewal Strategy in the Peri-Centre of Santiago de Chile, 1990-2005,” October, 2009, 1990–2005, http://eprints.ucl.ac.uk/18707/.
11. Kath Hulse and Margaret Reynolds, “Investification: Financialisation of Housing Markets and Persistence of Suburban Socio-Economic Disadvantage,” Urban Studies 55, no. 8 (2018): 1655–71, https://doi.org/10.1177/0042098017734995.
12. Felipe Yaluff, Los Secretos de La Inversión Inmobiliaria (Santiago: Editorial Un Nuevo Día, 2016).
14. La discusión sobre esta modificación a la ley ha sido registrada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Los principales opinantes son Pia Montealegre, Humberto Eliash, Ivan Poduje e Ivo Gasic. Acceso a estas columnas en: http://cndu.gob.cl/instrumentos-para-la-equidad/
Ningún proyecto inmobiliario tiene ese nivel de rentabilidad ni cercanamente. Me sorprende la baja calidad del estudio y más aún que un medio supuestamente serio, lo publique.
Jorge | 15.02.2020
Si la persona que escribe esto, hace el calculo de la rentabilidad sin considerar el costo financiero, los costos de comercialización y el IVA, es por que simplemente no sabe lo que esta calculando. No se puede considerar serio el articulo después de eso. Desafortunado intento numérico.
Milton | 08.08.2019
Los costos parecen disminuidos, pero el punto es otro.
¿Si hay tanta necesidad de vivienda porqué no se construye más?
Lo que yo entiendo es por la falta de paños para construir edificios, una empresa puede tener acordado con varios propietarios para comprar sus casas y hacer un edificio, pero basta que una casa no tenga su escritura al día -puede faltar formalizar la herencia o partirla- para que el edificio no pueda construirse. Lo que hay que hacer es mejorar el marco legal para permitir que se puedan vender propiedades con problemas, dejando el valor en el notario para cuando los herederos regularicen su situación.
Ahora, a pesar del tono lastimero y trágico, Chile tiene un alto porcentaje de familias que son dueñas de su propiedad.
Carlos Zambrano | 02.08.2019
En cuanto a lo que se menciona de las viviendas sociales en Viena por ejemplo, donde estas le pertenecen a la municipalidad, según tengo entendido las propiedades que nunca podrán ser adquiridas por las familias que vivan ahí, es más una vez que la familia abandona esa vivienda esta es entregada a otra familia. Acá en Chile confunden el concepto del derecho a la vivienda con el sueño de la casa propia, creo que el estado debe solo proveer viviendas sociales para arriendo y no "venderselas" a los ciudadanos, con lo anterior se cumple cabalmente el concepto que mencionan en el articulo "la vivienda como derecho humano" .
Omar | 23.07.2019
Me parece que el estudio subestima los costos. Para el ejemplo del edificio de Ñuñoa, estamos hablando de un terreno con una contructibilidad de 6,3(es decir, que se pueden construir 6,3 m2 de superficie vendible, por cada m2 de terreno). Un terreno así tiene un valor de, por lo menos, 100UF/m2 (no los 35,7 que se indica en la tabla 2). Por otro lado, 13.860 m2 de superficie vendible implica, por lo menos, 23.000m2 de losa, a un valor de construcción de 16UF/m2. No se si este estimación incluye los costos de los honorarios, gastos comerciales, impuestos, permisos y de financiamiento, pero un proyecto de esa envergadura debería costar alrededor de 700.000UF de costo (muy lejos de los 388.000 que indica este estudio).
Los ingresos por ventas están bien, pero hay que descontarle el IVA (el cual fue incluido en la reforma tributaria de MB). Con estas modificaciones, un proyecto así debería tener una rentabilidad aproximada del 10% (dependiendo del valor de compra del terreno), suponiendo un retorno a los 3, 4 años.
Mi opinión de porqué los precios están tan altos, es debido, entre muchas razones , a el valor del terreno (en santiago es escaso), el mejoramiento del estándar de los edificios (ahora todas las viviendas incluyen termopanel, calefacción, cocina equipada, lo cual hace 10 a 20 años era impensable), y al abandono de las inmobiliarias a los segmentos medios y bajos.
Por otro lado, algo que contribuyó significativamente en aumentar el costo de las viviendas, fue la reforma tributaria de MB. En esta reforma se introdujo el IVA a las viviendas (valor de venta sube entre un 8 al 19%), se bajó el límite en que viviendas pueden optar a rebajar el IVA en construcción, desde 6.000 a 2.000 UF, y también aumentó el impuesto a las empresas del 20% al 27%.
Mauricio | 05.06.2019
Artículo válido si no fuera por varios supuestos:
- comprar un terreno con esa constructibilidad (6,3) en Ñuñoa es utópico. Ese terreno no se compra por menos del triple en el mercado de hoy.
- construir un edificio a 28uf es imposible. Cualquier constructora lo avala. Y eso sería solo el contrato de construcción sin incluir ni honorarios ni permisos ni financiamiento ni comercialización
- Donde estaría el IVA...?
- las rentabilidades de arriendos están en la realidad entre el 4 y 6% (ver www.ipz.cl)
El aumento de precios de viviendas es preocupante, pero tengamos una discusión seria y objetiva porfavor.
Manuel | 04.06.2019
Claramente este artículo tiene una finalidad totalmente tendenciosa, fantasiosa y anti mercado. En ningún país serio del mundo existe regulación de los precios de las viviendas, pues porque toda regulación de precios en las economías libres genera una mayor escasez del producto. En Venezuela existe regulación de precios en los productos comestibles y eso ha generado un descalabro a tal punto que ninguna empresa está dispuesta a producir alimentos si sólo generarán pérdidas ¿Por lo tanto qué situación nos genera la regulación de precios? Un efecto adverso, solamente escasez y altos precios. En viviendas la situación sigue la misma línea, ningún país regula precios pues si esto ocurriera, las inmobiliarias no estarían dispuestas a invertir una enorme cantidad de millones de dólares para levantar un edificio y obtener ganancias minoritarias ¿qué situación acarrearía la regulación de precios? Aparte de un menor crecimiento económico del país, habría menor cantidad de viviendas construidas, menor oferta de viviendas, mayor escasez y mayor alza de precios, es decir el efecto opuesto. Y entiendan señores de CIPER que hoy día en el 2019 nunca ha existido una mayor cantidad de soluciones habitacionales para las familias chilenas que en toda la historia del país, por lo que este análisis tendencioso, se contradice por sí sólo. Les recomiendo que estudien un poco más de economía para dar opiniones un poco más acertadas
ricardo | 13.05.2019 | Socio/a 5 años y 3 meses
Muy de acuerdo en general con el artículo. En Chile se nos vende la idea que “la casa propia†en poco menos que una obligación, si no seremos pobres y no tendremos donde morir. La persona que arrienda es considerada de “menos recursosâ€. ¿Porqué? Yo defiendo a brazo partido el poder arrendar una propiedad, a un precio justo, con contrato de arriendo indefinido, con aumentos de arriendo anuales pactados y de acuerdo a las necesidades del inmueble, con seguridad para los arrendadores que su propiedad será cuidada (si no existirá excusa legal para desalojo), etc, etc. Si este mercado se regulara, si los arrendadores fueran cooperativas o los precios fuesen regulados por ley de modo que las ganancias no fueran desproporcionadas, se avanzaría mucho a la solución de este problema.
Rodrigo Garrido | 10.05.2019
No puedo estar más de acuerdo con lo expresado en el artículo, sin duda el tema inmobiliario en Chile y sobretodo Santiago, se ha vuelto una nueva mina de oro para los pseudo empresarios arrendadores y una nueva fuente de incremento de la desigualdad social. Se necesita de forma urgente regulación al tema, lo de mercado autoregulable con una necesidad básica solo enriquece a los de siempre
Yasna Arriagada | 10.05.2019
Jose Undurraga, concuerdo con tu punto de vista..... Finalmente necesitan vender el sueño de la casa propia ( sólo será tuya si pagas la última cta. Del dividendo, antes es del Banco), mientras tanto ahorras, no obstante para pedir un hipotecario, no eres lo suficientemente rentable, debes complementar renta etc.... Para ganarte un subsidio cumplir con los requisitos no? pero debes elegir entre tramo I y II TÃTULO ETC.. De 1000 uf??? Dónde venden casas de 1000 uf en Stgo? Dónde de 1500 uf, que no sea regiones....ha? Debemos arrendar, estamos nadando sin ahogarnos aún.... Los inversionistas compran a destajo, arriendan, manejan el precio factor demanda, una de las causas fue la llegada de extranjeros x ejemplo pagan en Maipú 1 casa sector la farfana desde 500 mil. Elevando los precios y ojo no vive una familia en esa casa, viven 2 o 3.....Pero que le importa al dueño? Qué pague.... La economía, nos pisa la cola.. Los bancos nos niegan los créditos, la tasa de colocación es un robo, el endeudamiento aumenta y acá seguimos, creyendo que alguien leerá lo que escribo, haré un Cambio? Gano algo? Sólo ni derecho a pataleo... Pero sigo. trabajo y espero tener lo mío algún día. Ojalá este artículo genere cambios.
Jose Undurraga | 09.05.2019
En Chile, con una economía basada en el "emprendimiento", según el INE un 30 % de los empleos son informales (léase precarios, inestables e insuficientes). Este tercio de la población no cuenta con la posibilidad de acceso al sistema de créditos hipotecarios bancarios y se ve obligado a arrendar una vivienda o postular a los insuficientes subsidios habitacionales. Este mercado cautivo, de entre 5 a 6 millones de consumidores habitacionales, no parece ser un error de diseño si no mas bien parte de un plan de negocios bien calculado y aprovechado por los mismos de siempre.
Jose Hernandez | 08.05.2019
Los autores proponen un modelo basado en ñuñoa y da una rentabilidad muy alta. Ahora, algo que no se menciona en el articulo es que además del endeudamiento, ¿quién puede pagar un pie de una vivienda de 5000 uf hoy en día? ni la elite puede. Estamos hablando de 27 millones de pesos que se deben pagar sin otro credito (o con tarjeta de credito :-/ ). No hay libre mercado que resista estos precios de locos.
EDO | 07.05.2019
Esta claro que los precios de viviendas estan inflados. La falta de terrenos es mentira pq tierras hay por todo santiago disponible en comunas centrales: ej: san miguel, pac, san joaquin, la florida, recoleta, etc.
En santiago hace mucho se debio haber cortado el queque si crecer hacia arriba o hacia los lados. En mi opinion lo mejor es crecer hacia arriba y usar todos los terrenos centrales a su maxima capacidad. Obvio que con mayor oferta de viviendas los precios de estas bajarian. Santiago va derechito para megaciudad y muchos no lo ven.
Manuel | 07.05.2019
Una vez más este pasquín marxista proponiendo soluciones que destruyen las economías
Mario Neira | 07.05.2019
Las 2.300.000 viviendas indicadas son período 2000 - 2017?
Jorge | 07.05.2019
Me parece increíble que el comentario anterior se centre en cómo invertir mejor y no empaparse del concepto social y político que se expone en todo su ancho, realmente me impresionó mucho su comentario.
Sebastian | 06.05.2019
Edo, son 20 millones de utilidad liquida
Alfredo Soto Rojas | 06.05.2019
El estudio , bien articulado y fundamentado, no me deja dudas sobre la necesidad de incorporar a la "agenda" política de quién se interese, por el crucial problema del acceso a la vivienda. Con una mezcla de indignación y vergüenza veo que el problema tiene solución o soluciones combinadas, ya en práctica por décadas en los países desarrollados, y en las que el componente de la intervención estatal es imprescindible ...
EDO | 04.05.2019
No me queda claro que si la inversion inicial es de 18 millones y las ganancias son de 20 millones o sea utilidad del proyecto 2 millones de dolares. Creo que si es asi hay mejores alternativas de inversion que ponerse a construir edificios.
Socio/a 5 años y 3 meses
