Menores que abandonan la escuela: fondos públicos para colegios de reinserción cayeron en $1.300 millones

¿Cuántos son los niños y adolescentes que abandonaron sus estudios para trabajar, porque viven en la calle o consumen drogas? No había registros. Nadie los quería contar. No existían. De allí el remezón que provocó el estudio del Hogar de Cristo que cifró en 360 mil los menores excluidos del sistema escolar. Provocó polémica, pero no se habló de los colegios de reinserción que sí acogen a esos niños que nadie quiere recibir. Son los más vulnerables, sus historias están marcadas por drogas, violencia y abandono. Y aun así,  los fondos que el Estado destina a estos colegios han disminuido en más de $1.300 millones en los últimos tres años. ¿A quién le importa?

Son las once de la mañana. Un joven de 18 años se pasea solo y con aire distraído por el patio de la Escuela San Francisco, en La Pintana. Pasa su mano por las paredes y mira el suelo. La directora, Jacqueline Muñoz, lo mira y dice: “Él es Carlos, el caso más complicado que tenemos. Nunca entra a clases, pero me conformo con que esté acá adentro y no afuera, drogándose o delinquiendo”.

Carlos llegó en 2015 a la Escuela San Francisco, de la Fundación Súmate. Antes de eso estudió en un colegio de la Población El Castillo, en la misma comuna, de donde lo expulsaron a los 13 años por su consumo de drogas y mala conducta. Estuvo tres años sin estudiar y su adicción fue aumentando cada vez más. Pastillas, pasta base y marihuana son algunas de las sustancias que habitualmente ingiere.

Carlos es uno de los más de mil jóvenes y niños en Chile que han abandonado la educación tradicional durante un largo período y que, actualmente, están intentando recuperar sus estudios de educación básica y media en una escuela de reingreso.

Las escuelas de reingreso -o de segunda oportunidad- tienen como objetivo la preparación, nivelación y acompañamiento pedagógico y psicosocial de los jóvenes y niños que buscan reinsertarse y continuar con su escolaridad. Estos establecimientos reciben a menores de entre 6 a 17 años que han abandonado la educación escolar por motivos sociales y económicos o han sido marginados del sistema tradicional debido a su conducta, mal rendimiento o baja asistencia. A veces, cuando cumplen la mayoría de edad dentro del establecimiento se les permite terminar su año académico.

La cifra total de cuántos niños y jóvenes hay en esa misma condición en Chile, se desconoce. El Ministerio de Educación (Mineduc) no cuenta con ese registro. Incluso el concepto de “escuelas de reingreso” hoy es tan solo un término que se autoasignan y utilizan los mismos establecimientos que comparten este objetivo.

Hasta 2018, 1.674 menores participaban en estos proyectos de reinserción y retención, de los cuales 529 pertenecen al Servicio Nacional de Menores (Sename) y 1.145 al Mineduc.

Según la Fundación Súmate -perteneciente al Hogar de Cristo-, cuyo objetivo es asegurar la continuidad de estudios de niños y jóvenes a través de programas de retención, en Chile existirían 13 establecimientos educacionales que tienen esta misión. Cinco de ellos pertenecen a la Fundación Súmate: cuatro en la Región Metropolitana (Maipú, La Pintana, La Granja y Renca), y uno en Lota (Biobío).

Los motivos que provocan que los jóvenes deserten de su escolaridad son variados. En 2016, el Estudio de Caracterización de los Programas de Reinserción Educativa del Sename y Mineduc –realizado por el Centro de Medición de la Universidad Católica- detectó los siguientes: desapego familiar, familia con prontuario delictual, entorno social, trabajo infantil o juvenil, maternidad o paternidad a temprana edad y la vulneración de algún tipo de derecho, entre otros.

Para Patricio Rodríguez, profesor asistente del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, llamar “desertores” a los menores de edad que están fuera de la etapa escolar, “es en el fondo culpabilizarlos del hecho de que abandonaron el sistema, cuando en realidad hay una serie de circunstancias que los obligan a hacerlo. No es porque ellos quieran”.

La deserción genera un grave problema social. Según el Estudio de Caracterización de los Programas de Reinserción, “contribuiría en muchos casos a la desigualdad social, lo que implica dificultades para el fortalecimiento de oportunidades laborales, calidad de vida, provocando altos riesgos de vivir en pobreza, y dejando a las personas en mayor riesgo de marginación, vulnerabilidad, exclusión social y económica”.

LOS QUE SOBRAN

El reggaetón “Ponte ahí” de Jowell y Randy se escucha desde la puerta de entrada del Colegio Alicura de Peñalolén. Dos alumnos hacen de DJ mientras el resto juega, baila, canta o duerme en el patio, mientras los funcionarios vigilan. La mayoría de los estudiantes tienen puesta su mochila.

Salimos a recreo con nuestras cosas, porque uno nunca sabe si te las pueden robar o no. Acá se han perdido celulares, billeteras, y nunca se sabe qué pasó con ellas -cuenta uno de sus alumnos.

Esta misma realidad se repite en todas las escuelas de reingreso. Los alumnos visten ropa casual y, a diferencia de los colegios tradicionales, el acceso al baño está restringido para evitar situaciones de riesgo, como peleas o consumo de drogas. Los estudiantes deben solicitar a un funcionario que les abra la puerta, y este debe esperar a que el joven salga para volver a cerrar. En algunas oportunidades la situación se ha descontrolado por rencillas y discusiones entre los alumnos, las cuales han terminado en golpes, amenazas de muerte y órdenes de alejamiento.

Estas escuelas cuentan con un completo equipo de funcionarios: asistentes y trabajadores sociales, educadores diferenciales, psicopedagogos, psicólogos, mediadores de convivencia, inspectores y profesores capacitados.

La diferencia más notoria con otros establecimientos es el perfil de sus alumnos. La mayoría de estos estudiantes pertenecen a familias de escasos recursos y con bajo nivel educacional. “Son jóvenes que ni sus padres creen en ellos. En su mayoría son consumidores de drogas e infractores de ley. Ese es el perfil de niño que ningún colegio acepta”, afirma Jacqueline Muñoz, directora de la Escuela San Francisco, de La Pintana.

Según el Estudio de Caracterización de los Programas de Reinserción Educativa, el 39% de los jóvenes que participan en estos programas ha tenido problemas con la justicia. Respecto al consumo de drogas, “aproximadamente 6 de cada 10 de los niños, niñas y adolescentes de ambos programas tienen antecedentes de consumo”.

La mayoría de ellos abandonó los estudios en octavo básico y en promedio se mantuvieron cuatro años fuera del sistema escolar. El 33% presenta alguna dificultad de aprendizaje y, a medida que aumenta la cantidad de cursos repetidos, es mayor el porcentaje que manifiesta desinterés en seguir con sus estudios.

Colegio Betania (Foto: www.hogardecristo.cl)

El mismo estudio detectó, además, que la mayoría de estos menores ha sufrido anteriormente vulneración de sus derechos en distintos ámbitos (66%), como maltrato físico y psicológico, violencia intrafamiliar, trabajo infantil y abusos sexuales.

Para Pablo Valencia, director del Colegio Alicura, estos estudiantes requieren el doble de atención y preocupación, ya que se les debe acompañar durante todo su proceso de reinserción escolar, con el propósito de poder retenerlos y evitar una posible deserción.

SU REFUGIO

Carlos se pasea por el patio de la Escuela San Francisco durante horas. No le gusta entrar a la sala de clases ni hacer tareas. Ha repetido por tres años consecutivos el tercer grado, que equivale a quinto y sexto básico. Lo que a Carlos le gusta es dejar su casa e ir a la escuela. Les tiene un gran aprecio a profesores y funcionarios. “No estudio, no hago nada, pero este es mi lugar y tengo que estar acá. Me gusta venir porque mato el tiempo de la mañana”, dice. Y luego cuenta que su madre, quien también es adicta al consumo de drogas, no le exige resultados académicos: solo le pide que asista al colegio y tenga buena conducta.

Jacqueline Muñoz, directora de la Escuela San Francisco, sabe que el colegio cumple un rol fundamental en la vida del joven. Dice que si no asistiera al establecimiento lo más probable es que Carlos estaría en la calle drogándose. A ella tampoco le importa si no entra a su sala, solo le interesa que vaya al colegio.

-Lo invitamos a que tome desayuno y se alimente. Lo único que le pido es que almuerce antes de irse. Así, si está consumiendo, el daño sea menor… Además, antes Carlos consumía pitos en horario de clases, pero ya dejó de hacerlo. Eso es un gran avance –afirma Jacqueline Muñoz.

Carlos está consciente de su progreso y él mismo explica que ha mejorado mucho desde que ingresó a este establecimiento: “Cuando llegué era consumidor de droga. Acá me han ayudado harto, antes consumía de todo lo malo, ahora solo fumo marihuana”. El joven destaca el apoyo de los profesores, inspectores y psicopedagogos.

Su avance adquiere más mérito al saber que, al igual que la madre de Carlos, su padrastro también tiene problemas con las drogas. Según la directora, “en esa casa todo gira en la dinámica del consumo y por eso nunca falta”.

Pero no siempre el comportamiento de Carlos ha sido calmo. En 2016 sufrió una crisis de abstinencia, y como no tenía dinero para comprar droga, por primera vez decidió robarle el celular a un profesor. Todos sus compañeros lo vieron y le dijeron al docente lo que había hecho. Jacqueline Muñoz recuerda que Carlos gritó y pateó las puertas, golpeó las ventanas y con un vidrio empezó a cortarse los brazos. No paraba de agredirse. Fue imposible para los funcionarios calmarlo. La directora llamó a una ambulancia para que lo trasladara.

Andrea Alvarado, profesora de multinivel del colegio, relata que en ese momento lo que más llamó su atención fue que Carlos bajó a su madre de la ambulancia y le pidió al inspector que lo acompañara. “Muchas veces los alumnos se sienten mejor con nosotros que con su propia familia”, afirma la profesora. Carlos estuvo dos meses internado en el Hospital Padre Hurtado.

Eran las cinco de la tarde de un miércoles y la jornada escolar había terminado cuando Carlos regresó a la escuela. No le habían dado el alta, pero decidió escaparse del hospital e ir nuevamente al colegio. “Me vine para acá y estaban todos los tíos”, dice. Después de saludar a los funcionarios, volvió a su población. Horas más tarde lo encontró la camioneta del hospital en la calle:

-Estaba volao en pastillas… No me acuerdo mucho. Me llevaron de vuelta al hospital, pero allá ni me pescaron y me dieron el alta porque no me vieron interesado. Ahí me recogieron de nuevo en el colegio -cuenta Carlos.

Show de bandas con alumnos y egresados de Escuelas Súmate en 2016 (Foto: www.hogardecristo.cl)

Este es el último año (2018) que el joven puede estar en la Escuela San Francisco. Ya cumplió los 18 años y esa es la edad límite de admisión. Quieren acomodarlo en otro colegio, pero saben que no es lo mismo. Su situación preocupa mucho a la directora:

-Perfectamente podría haber dicho no a Carlos, porque académicamente no me conviene, porque no tengo un objetivo pedagógico grande con él. Nosotros lo aceptamos, porque este es el único lugar protegido que él tiene. Todos nos cuestionamos dónde va a ir y qué va a hacer cuando ya no pueda venir más a esta escuela –reflexiona Jacqueline Muñoz.

MÁS QUE UN COLEGIO, UNA FAMILIA

Un porcentaje del presupuesto de los colegios de la Fundación Súmate se deriva para ayuda económica directa a sus alumnos y sus familias, explica Luis Valenzuela, ex director del Colegio Betania, en La Granja, uno de los cuatro que tiene esa fundación en la Región Metropolitana. Sus funcionarios están alertas a lo que pasa con los alumnos. Y por ejemplo, cuando un alumno falta dos días seguidos, los trabajadores sociales van a su casa para indagar las razones de su inasistencia. Además, dos veces a la semana el equipo psicosocial hace visitas domiciliarias para saber la situación familiar de los estudiantes.

La directora Muñoz cuenta que en la Escuela San Francisco hay dos alumnas con una historia muy difícil de enfrentar. Cuando las niñas entraron a estudiar a su colegio, se encontraban en situación de calle. De hecho, vivían en una casa de cartón, por lo que se turnaban para poder asistir al colegio y no dejar solo el lugar. Cuando los funcionarios se enteraron de las razones por las que las hermanas faltaban constantemente, averiguaron su situación familiar y decidieron asesorar a la madre para que postulara a un subsidio habitacional. Fue así como luego de un tiempo el Estado les brindó el beneficio y hoy viven en un departamento en La Pintana.

Pero la pesadilla de las niñas no acabó. Jacqueline Muñoz cuenta que las hermanas siguen turnándose para faltar a la escuela. Esta vez se debe a que su padre, un hombre alcohólico y violento, suele aparecerse por su casa y golpear a la madre, a pesar de tener una orden de alejamiento debido a sus constantes maltratos. La directora Muñoz se siente de manos atadas y se está asesorando por un abogado para saber qué medidas tomar para ayudar a la familia.

Daniela es una adolescente de 16 años que a su corta edad ha vivido momentos muy difíciles de superar. Hoy asiste a una escuela Súmate de la Región Metropolitana. Llegó ahí como la mayoría de los otros niños de esas escuelas: después de haber abandonado su antiguo colegio. Pero hay una diferencia que hace más compleja la historia de Daniela: no abandonó sus estudios por mala conducta, consumo de drogas, mal rendimiento o desinterés por estudiar.

Cuando Daniela tenía 14 años, una pandilla rival mató a su padre y amenazó de muerte a toda su familia. Sin la figura paterna, junto a su madre y hermanos Daniela debió escapar del barrio y de la comuna para no ser encontrados. Vivieron escondidos más de un año, meses en los cuales la menor no pudo estudiar. Cuando la tormenta había pasado, comenzaron a buscar una escuela que la pudiera recibir. Así fue como a principios de 2018 llegó a una escuela Súmate.

Daniela sueña con terminar su escolaridad y entrar a un instituto a estudiar producción de eventos.

Colegio Padre Álvaro Lavín (Foto: www.hogardecristo)

El experto en reinserción educativa de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Cristián Currumilla, asegura que estas escuelas cumplen un rol fundamental en la sociedad, puesto que se hacen cargo de los alumnos desertores, quienes no encuentran un espacio en la educación tradicional. Y ello, porque esos colegios no tienen ni los profesionales adecuados ni los proyectos necesarios.

MUCHAS GANAS Y POCOS RECURSOS

A pesar de su importante labor, este sistema educativo nunca ha contado con los recursos suficientes para combatir óptimamente la deserción escolar. Y menos para poder recibir a todos los jóvenes que esperan encontrar allí un lugar de acogida y una matrícula. Lo más grave es que, además, en los últimos años han debido enfrentar  un recorte de más del 50% de los fondos concursables que aseguraban su subsistencia.

Un total de $2.805, 2 millones fue el monto otorgado a las escuelas de reingreso en 2014, cifra que en 2015 bajó a $2.783,6 millones. Al año siguiente se ejecutaría el gran recorte presupuestario ya que el monto entregado en 2016 fue de $1.057, 4 millones, cifra que no experimentó gran cambio en los años siguientes. En 2017 se otorgaron $1.044,7 millones y $1.412 millones en 2018. Esa es la realidad que arrojan las actas de adjudicación de los fondos concursables de los Proyectos de Reinserción Educativa y Escuelas de Reingreso, entregadas por el Mineduc vía Ley de Transparencia. Allí está la evidencia de que en los últimos tres años se ha ejecutado un recorte de más de 50% de los fondos concursables a los que pueden optar las escuelas de reingreso.

Otro punto a destacar es que en los cinco años analizados (2014 a 2018) existe una diferencia que va de los $3 millones a $10 millones entre el monto del presupuesto destinado a los proyectos de reinserción y los recursos  efectivamente entregados a los establecimientos.

No solo hubo disminución constante de recursos. También se decidió hacer una drástica reducción de las instituciones beneficiadas. Esas mismas actas de adjudicación de los fondos concursables indican que de las 100 instituciones que recibieron esos recursos en 2014, la cifra cayó a 30 en 2016. En 2017 los proyectos se asignaron solo a 15 organizaciones, cifra que en 2018 subió a 20.

Las subvenciones entregadas por el Mineduc son otro problema que permite visibilizar las deficiencias del sistema. Según los presupuestos elaborados por la Fundación Súmate, para este modelo educativo se deberían invertir al menos $250 mil pesos mensuales por alumno, monto que está muy lejos de lo que reciben estas escuelas por subvención. Liliana Cortés, directora de Súmate, explica que el Estado otorga un promedio de $170 mil de subvención por alumno en los colegios tradicionales. Sin embargo, como el subsidio se entrega en base a la cantidad de matrículas y asistencia, por las características de sus estudiantes y su precaria situación, no cumplen con todas las exigencias del ministerio, y solo reciben entre $70 mil y $90 mil.

-No logramos siquiera llegar al ingreso mínimo y es la municipalidad la que cubre la diferencia para que el colegio se sostenga. Un colegio como el Alicura necesita el apoyo comunal. Cuando se ve el presupuesto anual este colegio aparece en el debate y siempre nos asignan fondos, porque a pesar de ser un gasto, es mucho el apoyo que se le da a los niños de la comuna y se decide valorar eso (…) El Estado no se hace cargo como debiese de esta realidad –afirma Pablo Valencia, director del Colegio Alicura, de Peñalolén.

LA DOBLE BATALLA DE ALONSO

“Cuando grande quiero ser profesional. No quiero terminar como muchos de mis compañeros: en la droga o robando”, afirma con convicción Alonso, quien acaba de cumplir 16 años. Es otro de los estudiantes de una escuela de reingreso y ocupa el primer lugar de su curso. Es conocido por su carácter alegre y preocupado por sus compañeros, pero detrás de esa atractiva personalidad se esconde una difícil realidad.

Clases en el Colegio Nuevo Futuro, de Lota (Foto: www.hogardecristo.cl)

Alonso estuvo tres años fuera del sistema escolar luego de ser expulsado de su antiguo colegio por mal comportamiento. “Allá no me tenían paciencia, sí sé que me portaba mal pero no era pa’ tanto. Un día me echaron y no quise ir más al colegio”, recuerda Alonso, mientras camina hacia su casa por avenida Grecia en dirección al poniente. Al observarlo se puede apreciar una cicatriz por quemadura que afecta parte de su rostro, cuello, hombro y brazo, y que también ha dejado huellas en su autoestima y personalidad.

Cada cierto tiempo Alonso tiene crisis de ira, que surgen cuando sufre alguna frustración escolar o personal. Según sus amigos, las crisis lo llevan a patear mesas, puertas, insultar a sus compañeros, tirar objetos e incitar peleas, entre otras actitudes violentas.

Para evitar los arranques de ira, Alonso debe medicarse con ravotril, lo que asume con humor: “Es una pastillita chiquitita con una cruz al medio. Cuando me la tomo me pongo tranqui, me vuelo”.

Al graduarse de octavo básico, Carlos dice que postulará al Liceo Lastarria: “Quiero volver a un colegio normal, ya me aburrí de este sistema”, cuenta. Además, ya tiene claro lo que desea estudiar:

-Me gusta cocinar, y qué mejor que estudiar gastronomía. Y si me va mal, seré cantante. No, broma ja, ja. Pero de verdad quiero estudiar en la universidad, quiero ser alguien en la vida.

Carlos, Daniela y Alonso ya no integran la escalofriante cifra de casi 360 mil niños y adolescentes (entre 6 y 21 años) que por distintas situaciones, todas extremas, han debido abandonar sus estudios. La cifra la proporcionó un estudio del Hogar de Cristo (hecho por el Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile) y provocó un gran debate. El gobierno la cuestionó: se contrapone con los 138 mil que arroja la estadística oficial de la encuesta CASEN. Más allá de esa polémica, la mayor parte de los chilenos se estremeció, porque no hay registro público oficial y nadie se ha preocupado por ellos. Han permanecido tan invisibles como los niños a cargo del Sename.

Pero el Hogar de Cristo sí sabe de esa realidad a través de los cinco colegios que mantiene para estos niños su Fundación Súmate. De allí el valor que adquiere la advertencia que acompañó ese estudio: “Se estima que otros 14 mil niños y jóvenes están en riesgo de abandonar la educación”.

(Las autoras de este reportaje, Josefa Barraza y Eva Luna Chekh, son egresadas de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Este trabajo fue la tesina que hicieron en quinto año, 2018, guiada por el profesor Patricio Contreras. Los últimos párrafos fueron actualizados con información reciente).

NOTA DE LA REDACCIÓN