“Operación Desierto”: El viaje clandestino a Chile de una madre y su hijo desde República Dominicana

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota desbarató una importante red de tráfico de migrantes que logró ingresar clandestinamente a Chile a más de 200 extranjeros previo pago en dólares y una suma adicional por viajar con menores. La investigación “Operación Desierto” reveló la extrema precariedad que acompaña esta travesía ilegal de más de cuatro mil kilómetros, lo que se hace más duro aun cuando el periplo se realiza con un hijo de 3 años. Este reportaje es parte del proyecto “Infancia migrante en Chile”, del sitio Vergara 240 de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

Fotos: Agencia Uno

En agosto de 2015, Rosalina Ramírez Rosario pasaba por una mala situación económica y con un hijo de 3 años, se convenció que había llegado la hora de dejar República Dominicana, su país natal.

Lo que obtenía de su trabajo como peluquera no era suficiente y una serie de otros problemas personales gatillaron la conversación con una de sus mejores amigas. De boca de Yulissa, Rosalina escuchó por primera vez una posibilidad cierta para salir de los problemas que la aquejaban: los hermanos de su amiga viajarían a Chile con la intención de radicarse en Santiago. Para acompañarlos, necesitaba comprar un pasaje a Bogotá, Colombia, donde comenzaría el periplo.

Finalmente la idea no se concretó. Aconsejada por su hermana Rossana que ya vivía en nuestro país hace casi un año, Rosalina decidió emprender rumbo hacia Chile recorriendo más de 4 mil 200 kilómetros por tierra junto a su pequeño hijo.

El viaje y el sueño de rehacer su vida en el extranjero se transformó en un infierno. Rosalina fue engañada por una banda de tráfico de personas migrantes y cuando la policía chilena la descubrió indocumentada en un control de rutina en Iquique, su pequeño hijo fue internado en un centro dependiente del Sename.

El visado legal y la seguridad de la ruta que le habían prometido para llegar a nuestro país fue solo el libreto de un discurso para reclutarla a ella y otros dominicanos en lo que sería la mayor red de tráfico de personas migrantes en Chile de los últimos años, con más de 200 extranjeros ingresados ilegalmente desde 2014.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, fue conocida como “La Operación Desierto”.

INSTRUCCIONES POR WHATSAPP

El hijo de 3 años de la joven dominicana no sería el primer niño que pasaría ilegal por la frontera chilena en manos de los ciudadanos peruanos Soledad Marquera y su brazo derecho Kliver Zárate, ambos líderes de la organización criminal que desbarató el Ministerio Público en 2016.

Según pudo establecer la exhaustiva investigación de la Fiscalía, que se extendió por dos años, Marquera y su organización captaban a personas por medio de contactos telefónicos, redes sociales o colaboradores para cruzarlos desde su país de origen, casi en su mayoría de República Dominicana, a territorio chileno. A cambio, pedían una suma que variaba entre US$700 y US$3.000.

Pero había otro factor, que en el caso de Rosalina encareció la operación: Marquera cobraba un adicional de US$500 si el “cliente” viajaba con un menor.

Las instrucciones que impartían los miembros de la banda se hacían a través de WhatsApp o mensajería de texto para que las víctimas llegaran a las ciudades de paso y se alojaran en hoteles o residencias que ellos les indicaban. Todo era parte de una gran cadena que terminaba en el norte de Chile.

Marquera trasladaba a sus víctimas en buses, en motos o a pie, ingresando en varias ocasiones por pasos no habilitados. A Chile, por ejemplo, podían entrar por las siguientes rutas: cruzando desde Perú por Tacna, siguiendo a Pisiga (Bolivia), hasta la zona de Colchane, en Arica. Este viaje incluía condiciones climáticas y atmosféricas extremas, con temperaturas de una mínima de hasta -5,7°.

La otra ruta comenzaba en Tacna y llevaba a Arica, donde los “clientes” eran llevados por un “guía” hacia los hitos 1 al 14. Según la información de la Fiscalía, el trayecto podía variar por el sector costero o siguiendo la línea férrea, cruzando a Chile por la Quebrada Escritos, en Arica. Esa zona se hizo conocida en 1978 cuando en tiempos de dictadura el régimen de Augusto Pinochet decidió sembrar más de 180 mil minas antipersonales y antitanques en las fronteras chilenas, debido a la tensión que existía con los gobiernos de Argentina, Bolivia y Perú.

A través de ambas rutas, la red de tráfico de personas conducía a los migrantes por lugares aislados y desérticos, donde muchas veces los privaron de alimentos y abrigo adecuado. En algunos casos, las víctimas fueron incluso atacadas sexualmente, cuando los integrantes de la banda les exigía más dinero para continuar.

Delgado, de pelo liso y estatura media, Kliver Zárate bordeaba los 30 años al momento de cometer los delitos. Él era uno de los miembros de la organización criminal que entablaba contacto con los migrantes para iniciar el proceso. Fue el primero en hablar con Rosalina para venir a Chile.

Cuando la joven conversó por primera vez con Zárate, él le recalcó que no había ningún problema en viajar con su niño, porque “todo este trayecto sería legal”. Le cobró US$1.720 (unos $1.147.000). Pese a que no incluía el costo de los pasajes, esa suma le permitiría recibir las instrucciones, la guía y el visado a Chile, que supuestamente era legal.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=pBY9tkteTPE

Una de las pruebas presentadas por la Fiscalía en la investigación fue un audio de WhatsApp, donde Marquera entregaba las tarifas de la banda de tráfico de personas:

“Por niño cobro 500 dólares, por la mamá 500 más”.

En esos audios también se la escucha diciendo que todo era 100% seguro. Así les informaba a los futuros “clientes” que viajaban junto a sus hijos. De hecho, en ocasiones, aclaró que los niños cruzaban la frontera en vehículos, aunque Rosalina tuvo que caminar con su pequeño por la ruta Tacna – Arica, tal como lo hizo el resto de los migrantes.

Una vez que Rosalina realizó el acuerdo con Kliver, comenzó el viaje más largo que haya vivido: primero a Cali e Ipiales (Colombia); Tulcán, Quito, Guayaquil y Huaquillas (Ecuador); Tumbes, Chiclayo y Tacna (Perú); y finalmente desde Arica, en un bus que supuestamente la llevaría a Santiago, en Chile.

EL INFIERNO EN LA RUTA A CHILE

La investigación de la Fiscalía concluyó que los trayectos de los migrantes clandestinos podían durar un mes aproximadamente. Siguiendo las órdenes de Kliver en cada mensaje que le enviaba a su teléfono móvil, Rosalina viajó en bus con su hijo de Bogotá a Cali. Cuando llegó al terminal de buses de Cali, Kliver le indicó que debía tomar otro autobús, pero esta vez en dirección a Ipiales, localidad ubicada en la frontera entre Colombia y Ecuador. Allí tuvo que alojar una noche porque su hijo no se sentía bien tras su partida desde República Dominicana.

Al otro día, la madre y el niño cruzaron el paso fronterizo ubicado en el Puente Internacional de Rumichaca, en Ipiales. Luego viajaron en taxi -el transporte común para trasladarse- hasta el terminal de buses de dicha ciudad y así cumplir con el recorrido por tres ciudades: Quito, Guayaquil y Huaquillas.

Cuando Rosalina y su hijo bajaron del vehículo en Huaquillas, divisó a un hombre que, según las indicaciones de Kliver, la hospedaría en un hotel. Su nombre era Kharlo Zárate, hermano de Kliver, el encargado de los aspectos logísticos del traslado de los extranjeros en la organización criminal.

Luego de hospedarse en Huaquillas (Ecuador), Kharlo le dijo que se preparara, pues el viaje continuaba a Tumbes (Perú). Rosalina tuvo que subirse con su hijo a una moto conducida por un hombre de unos 30 años, de cabello oscuro y piel blanca, quien los llevó a Tumbes. Allí se encontraría con Kliver en un hotel y con otros extranjeros en la misma condición de Rosalina.

Fue allí donde Kliver les cobró el dinero a cada uno de los migrantes para luego instarlos a subirse a un jeep. Después de múltiples vueltas, el vehículo los dejó en la casa de la socia de Kliver: Soledad Marquera.

Debieron permanecer un día y medio en esa casa, sin poder salir y con muy poca comida, según relató Rosalina a la Fiscalía. Tras horas de espera, Marquera los llevó –según el mismo relato- al terminal de buses donde viajaron desde Tumbes hasta Chiclayo durante siete horas. Finalmente, tomaron un taxi para ir a Tacna y continuar con un “guía” de acento colombiano que los acompañaría a Chile. El precio por este tramo fue de US$500.

Ya en Tacna, la instrucción fue que se subieran a un taxi que los dejó cerca de la playa de la provincia y desde allí caminaron mientras sentían cómo el frío aire marino les recorría todo el cuerpo.

El “coyote” tomó al niño de Rosalina y se lo acomodó como mochila en su espalda, mientras ella se movía con dificultad con su maleta por la arena junto al resto de los dominicanos que iban con ella.

La ruta que el “guía” había definido hacia Chile se distanciaba del sector costero, hasta cruzar la desértica Quebrada Escritos, en Arica. Allí, el colombiano les advirtió los peligros del lugar debido a que se trataba de una zona sembrada de minas antipersonales y antitanques.

Cerca del Aeropuerto Internacional de Chacalluta, la Quebrada Escritos y la línea férrea fueron los lugares por donde llegó Rosalina a Chile.

Cuando por fin llegaron a Chile, Rosalina junto al resto de los migrantes caminaron un largo trayecto por el desierto hasta altas horas de la noche, según pudo establecer el Ministerio Público. En su relato, entregado a la abogada  del Instituto de Derechos Humanos y querellante por los delitos de la “Operación Desierto”, Consuelo Gil, Rosalía contó que la caminata provocó que se sintiera sofocada y con un fuerte dolor en sus pies.

“OPERACIÓN DESIERTO”

La “Operación Desierto” detectó al menos 200 víctimas que ingresaron clandestinamente al país desde 2014. Según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), solo en el primer semestre del 2018 hubo 3.182 denuncias por este tipo de ingresos ilegales, superando en un 19% a las denuncias que se realizaron durante todo 2016.

Luego de horas caminando, cuando Rosalina y su hijo se aproximaban por tierra al aeropuerto Internacional de Chacalluta, escucharon el ruido del motor de una camioneta negra de cuatro puertas que se acercaba. El vehículo la llevaría a la casa de “La Morena” en Arica: una mujer de baja estatura, pelo oscuro y con sobrepeso. Allí tuvo que pagar US$20 por el hospedaje.

En esa casa Rosalina relató que debió dormir en la misma cama con su niño y tres dominicanos que habían llegado con ella. Al otro día, cuando Rosalina pensaba que todo había terminado, llegó lo peor: en uno de los últimos traslados desde Arica a Iquique, el bus fue controlado por Carabineros. Los policías le pidieron los documentos de ella y de su hijo. Al observar que los sellos estaban adulterados, fue detenida como infractora a la Ley de Extranjería.

El Decreto Ley 1.094, instalado por la dictadura, establece que ingresar clandestinamente a Chile tiene una pena de presidio menor en su grado máximo: desde 3 a 5 años. Si lo hicieran por lugares no habilitados, la pena es de presidio menor en sus grados mínimo a máximo: hasta 5 años y un día. Una vez cumplida la pena impuesta en ambos casos, las personas que cometieron este delito son expulsados del territorio nacional.

Pero la situación de Rosalía es más compleja. Al haber puesto en riesgo la vida de su hijo al cruzar la frontera, los funcionarios de la PDI que finalmente se hicieron cargo del procedimiento, llamaron al juez del Tribunal de Familia para que ordenara abrir una causa con la medida de protección temporal provisoria. La decisión judicial significó enviar al menor a un centro dependiente del Sename. Como los documentos de Rosalía eran falsos, también se dudaba de que realmente fuera su hijo.

En los días posteriores, la joven recibió mensajes amenazantes de Kharlo Zárate. El peruano de la organización de tráfico de personas, la culpaba por la detención de su hermano Kliver.

El hijo de Rosalina estuvo durante 20 días en la Corporación para la Nutrición Infantil (Conin), dependiente del Sename, en Arica. Mientras, la madre conseguía los documentos necesarios para acreditar que era su hijo, pues en ningún momento dio cuenta de un permiso notarial o judicial para salir con el menor de República Dominicana. La joven lo visitó según el régimen que le establecieron en el lugar y tres semanas después, cuando pudo acreditar que era su madre, el tribunal alzó la medida de protección.

Algunos de los imputados en la investigación de la Fiscalía Regional de Arica en el caso conocido como la “Operación Desierto”. (Foto: Fiscalía Regional de Arica y Parinacota).

Cuando se realizan denuncias por infracción a la Ley de Extranjería, las personas migrantes no son detenidas, sino que solo quedan citadas a un control de firmas, generalmente cada siete o 15 días en un cuartel de la PDI. En ese contexto, la intendencia de la región pasa un parte por infracción, quedando en manos de la Fiscalía.

La abogada Consuelo Gil, lo explica: “La intendencia se desiste de la persecución penal y el Ministerio Público la archiva, porque no le da la capacidad para llevar la infracción a cabo, porque son miles y miles de casos”.

La abogada del Servicio Jesuita Migrante (SJM), también querellante en el caso, Daniella Brondi, explica por qué quedan sin pena quienes cometen esta infracción:

-Al ser demasiado numerosos los ingresos por pasos inhabilitados, continuar causas judiciales, penales o de investigación que pueden durar al menos dos años, ello provocaría que el sistema de la Fiscalía y de la intendencia se atoche al seguir estos casos.

Esta situación es utilizada por SJM a favor de los migrantes para revocar la orden de expulsión y presentar los recursos judiciales necesarios en la Corte de Apelaciones.

-Si bien se dictó un acto administrativo, no existe esta bilateralidad con la persona para que sea escuchada. Es decir, solamente este proceso administrativo comienza y termina con la expulsión. Si la persona fue víctima de tráfico de personas, jamás es escuchada -señala Daniela Brondi.

Además, según palabras de la abogada, si “el órgano de la administración se desiste, no tiene intención de que el supuesto delito sea investigado, mostrando poco interés en la persecución penal del ilícito”.

Si los extranjeros que ingresan al país ilegalmente no son encontrados por la PDI o Carabineros, la abogada Brondi aconseja lo siguiente:

-Es necesario que las personas se autodenuncien, ya que al hacerlo da cuenta que ingresó al país, que pasó por un paso inhabilitado, pero que se encuentra en Chile. Con ese antecedente se puede revocar una orden de expulsión y regularizar su situación migratoria.

Tras dos años de investigación, y tres desde que Rosalina llegó con su hijo a Chile, el 29 de noviembre de 2018 el Tribunal Oral en Lo Penal de Arica condenó a Soledad Maquera a cinco años de presidio menor en su grado máximo por su participación como autora del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de migrantes, y 12 años de reclusión mayor en su grado medio por el delito de tráfico de migrantes. En tanto, el hombre que la ayudó a cruzar, Kliver Zárate, fue condenado a 10 años y  un día de reclusión mayor en su grado medio por su participación en calidad de autor del delito consumado de tráfico de migrantes, y a 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su participación en calidad de autor del delito consumado de asociación ilícita para el tráfico de migrantes. Su hermano Kharlo fue condenado a 11 años de reclusión mayor en su grado medio, y a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo.

*Vergara240 intentó contactar a Rosalina Ramírez para este reportaje, pero no fue posible.

Vea la publicación original de este reportaje. 

Vea el especial “Infancia migrante en Chile” de Vergara 240