Al menos $537 millones para seguridad pública se entregaron a ONG vinculadas a partidos

El Fondo Nacional de Seguridad Pública reparte anualmente $4 mil millones para financiar proyectos contra la delincuencia. De ese pozo, administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre 2015 y 2017 salieron $537 millones destinados a entidades relacionadas con partidos, con dirigentes políticos y con candidatos en campaña. Entre las beneficiadas hay ONG vinculadas con las ex ministras Catalina Parot (ex RN) y Soledad Barría (PS), con el ex senador Fulvio Rossi (ex PS) y el diputado evangélico Eduardo Durán (RN). Un instituto del PC y una fundación que preside un militante PPD que fue jefe de gabinete de la misma subsecretaría que repartía los recursos, también están en la nómina. 

La irrupción de la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política por parte de privados provocó una severa crisis de recursos para los candidatos de las elecciones municipales 2016 y parlamentarias 2017. Cerrado el camino para seguir con la farsa de las boletas pagadas por grandes empresas, la mira de los partidos se posó sobre los fondos públicos concursables. Varios candidatos –de todos los sectores– crearon fundaciones o corporaciones sin fines de lucro para contar con estos recursos estatales. Uno de esos pozos de dinero es el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). CIPER accedió a testimonios de funcionarios relacionados con ese fondo, quienes indicaron que bajo el gobierno anterior varias ONG vinculadas a partidos y candidatos recibieron parte de los recursos destinados a combatir la delincuencia.

El FNSP es un fondo de $4 mil millones anuales que reparte la Subsecretaría de Prevención del Delito desde 2010 y que financia programas que ayuden a reducir la delincuencia, ejecutados por municipios, universidades, juntas de vecinos, ONG, fundaciones y corporaciones.

CIPER revisó los dineros entregados por el FNSP entre 2015 y 2017. A lo menos ocho entidades vinculadas directamente a partidos políticos o a candidatos en campaña –de la DC, PPD, PS, PC y RN– recibieron una parte significativa de esos recursos: $537,8 millones en total. La cifra es una fracción menor de la totalidad del fondo, pero se trata solo de aquellos casos en que se puede demostrar de manera documentada que las entidades receptoras tienen una relación directa con un partido o candidato. Las fuentes consultadas por CIPER aseguran que hay muchos casos que permanecen en la penumbra, pues sus vínculos con el mundo político son informales, por lo que la cifra total de recursos entregados a partidos y candidatos puede ser mucho más alta.

En la mayoría de los casos revisados por CIPER, las ONG que recibieron estos fondos del FNSP exhibieron documentos que acreditan que los programas financiados con esos dineros efectivamente se realizaron. Lo cuestionable es que estas iniciativas –pagadas con dinero público– se presentaron ante los ciudadanos como actividades respaldadas por un candidato o partido, fortaleciendo el despliegue territorial de esa opción política en épocas de campaña. En síntesis, estos proyectos del FNSP se utilizan como una fórmula de financiamiento estatal de la política que corre por fuera de los márgenes establecidos por el Servicio Electoral.

En medio del rechazo público ante las investigaciones que desde 2014 revelaron miles de millones entregados a políticos por Penta, SQM, Grupo Angelini, Endesa, Aguas Andinas, las pesqueras de Asipes y Ripley, entre otras empresas, debió ejecutarse una nueva legislación que restringió la entrega de recursos. Las campañas debieron apelar a la creatividad. Lo sabía Joanna Pérez Olea (DC), quien en 2017 se convirtió en diputada por el Distrito 21, en la Región del Biobío. Su campaña la desplegó con el soporte de la Corporación de Desarrollo Social Integral (Codesi), formada por militantes DC. En 2016 esa ONG se adjudicó $30,6 millones del Fondo Nacional de Seguridad Pública, para ejecutar un proyecto de alarmas comunitarias.

Cuando CIPER puso su lupa sobre las actividades de Codesi, se encontró con que los proyectos que ejecuta con recursos fiscales (también ha recibido dinero del Gobierno Regional del Biobío) los utiliza para impulsar campañas DC. En varios registros públicos aparece entregando alarmas comunitarias o implementando proyectos de seguridad en actos donde las figuras centrales son aspirantes a diputados, a consejeros regionales o a concejales DC. Joanna Pérez no solo fue uno de esos candidatos que participó en los eventos de Codesi. Describiendo un círculo perfecto, ella también fue la secretaria ejecutiva del Consejo Regional del Bíobío, entre 2004 y 2017, rol en el que le correspondió firmar los certificados para adjudicar los montos que el Gobierno Regional entregó a Codesi.

El rol de Codesi como plataforma de actividades de campaña, financiadas con recursos públicos, fue detectado por CIPER en medio de la revisión de todas las organizaciones beneficiadas con el Fondo Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2017. La metodología de esta investigación dejó fuera del escrutinio a municipios, universidades y juntas de vecinos, por la dificultad que conlleva indagar si los recursos adjudicados a esas entidades se usaron para fines políticos. La búsqueda se centró en las ONG con vínculos partidistas evidentes y, en esos casos, se rastreó la totalidad de los recursos públicos recibidos por ellas.

De hecho, aparecieron varias fundaciones o corporaciones recibiendo no solo recursos del FNSP, sino también millonarios fondos de otras reparticiones públicas. Son recursos fiscales que terminan solventando a organizaciones que se transforman en el brazo social y territorial de sus respectivos partidos.

FONDOS PÚBLICOS PARA LA DC

El 9 de julio de 2017, en plena campaña parlamentaria, la entonces candidata Joanna Pérez Olea visitó la junta de Vecinos de la población El Roble Alto, en Lota. Ese día, Codesi entregó alarmas comunitarias a los vecinos. El mensaje publicado en la página de Facebook de Codesi fue un espaldarazo para Olea: “Entregando alarmas comunitarias en la Población El Roble Alto en la comuna de Lota, junto al concejal Alejandro Cartes Riffo y nuestra querida amiga Joanna Pérez Olea. ¡Codesi sigue aportando a la seguridad de los vecinos!”. La foto del mensaje muestra a Joanna Pérez rodeada por vecinos, celebrando.

A pesar de que esas alarmas comunitarias fueron financiadas con dineros estatales (fondos del Gobierno Regional del Biobío), la actividad se transformó en un acto de campaña. Lo mismo ocurrió el 30 de julio en la población El Polvorín, también de Lota.

Joanna Pérez (DC) en actividad de Codesi lanzando programa de alarmas comunitarias

Con los $30,6 millones que Codesi recibió del Fondo Nacional de Seguridad Pública en 2016, se financió otro proyecto de alarmas comunitarias, esta vez en Coronel (Distrito 20 del Biobío). Por ese distrito competía por la relección en 2017 el entonces diputado Marcelo Chávez (DC), quien participó de las actividades de Codesi en esa comuna.

En agosto de 2016 Codesi informaba en su Facebook que el ahora ex diputado Marcelo Chávez apoyaba el proyecto en que “1.600 familias serán favorecidas con alarmas comunitarias”. Entre marzo y abril de 2017, Chávez asistió a reuniones con vecinos de Coronel donde se informaba del proyecto. El 22 de octubre del mismo año, a un mes de las elecciones, Codesi comunicó a los vecinos de Chiguayante que otro proyecto de seguridad (financiado por el Gobierno Regional), era “gestionado por el diputado Marcelo Chávez y el candidato a Core Bayron Martínez Ulloa”.

Bayron Martínez es el marido de Pía Blásquez, presidenta de Codesi. Ambos han hecho carrera en el aparato público del Biobío: ella trabajando en el Sernam, él como director de Senda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Los dos participaron del nacimiento de la ONG, cuando junto a estudiantes de la Universidad de Concepción integraban el grupo Comunitarios del Sur y realizaban actividades sociales ligadas a la DC. Pía Blásquez ha representado a la Región del Biobío en juntas nacionales de su partido.

Además de los fondos del FNSP de 2016, Codesi también se ha financiado con recursos que reparte el Gobierno Regional (GORE) del Biobío. Entre 2015 y 2016 recibieron $14,9 millones por proyectos de seguridad participativa en juntas de vecinos de Lota, y en 2017 otros $6 millones para implementar el mismo programa en Chiguayante.

Sumado a los proyectos de seguridad pública que ejecuta en poblaciones de Lota, Coronel y Chiguayante, Codesi también ha organizado ciclos de formación para dirigentas sociales de la Democracia Cristiana en la Región del Biobío. A pesar de las evidencias que muestran a Marcelo Chávez haciendo campaña junto a Codesi en el Distrito 20 y a Joanna Pérez en el Distrito 21, la presidenta de la ONG, Pía Blásquez, negó que se le dé un uso político a los fondos públicos (vea las respuestas que envió a CIPER).

Otra ONG que se ganó un fondo de seguridad del Ministerio del Interior para ejecutarlo en la Región del Biobío es la Fundación Desarrollo Social y Cooperación Internacional (Fundesci), presidida por Francisco Rivas Gómez. En 2016 se adjudicó $39,5 millones del FNSP. En su directiva aparecen Adelaida Escalona Pino, ex candidata a alcaldesa y concejala por San Felipe; Luis Riquelme Navarro, presidente de la sala electoral de las elecciones internas de la DC en 2018, y Enzo Pistacchio Sassarini, quien en 2008 fue destituido del Registro Civil en medio del escándalo por una licitación corrupta revelada por CIPER. Todos han sido militantes de la DC.

Según dice el presidente de la fundación, Francisco Rivas Gómez, con el dinero del FNSP se ejecutó un proyecto en Lota que capacitó a profesores para que entregaran una mejor educación emocional a sus alumnos y así prevenir la violencia escolar. Cuando CIPER le solicitó documentos que acreditaran la ejecución del proyecto y le preguntó por los vínculos de la ONG con la DC, Francisco Rivas se limitó a señalar que está alejado del partido y se excusó de seguir respondiendo por “estar ocupado”. No volvió a responder los llamados de CIPER.

LAS FUNDACIONES DEL PPD

El segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvo dos subsecretarios de Prevención del Delito: Antonio Frey y Óscar Carrasco, ambos militantes del PPD. Quien se mantuvo como jefe de gabinete de esa subsecretaría durante los cuatro años de ese gobierno fue Freddy Seguel, también PPD. Seguel aparece hoy como director ejecutivo de la Fundación Participa, la que se adjudicó $20 millones del FNSP en 2017, cuando él aún ejercía como jefe de gabinete de la subsecretaría que reparte esos fondos.

Quien preside la Fundación Participa es Daniel Ibáñez, quien fuera jefe de gabinete del diputado Daniel Farcas (PPD) entre 2014 y 2018. En 2016, Ibáñez intentó ser concejal por Renca, pero no fue electo. Consultado por CIPER, Daniel Ibáñez, quien definió a Participa como “un centro de pensamiento y acción”, afirmó: “Lo que hacemos en la fundación es desarrollar debates y discusión en materia de política pública”. Sobre los $20 millones que recibieron de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, aseguró que sirvieron para desarrollar planes comunales de seguridad pública en los municipios de Padre Hurtado, Santa María y Peumo. Ibáñez envió a CIPER documentos que acreditan que esos trabajos efectivamente se realizaron.

Durante la elección presidencial de 2017, la Fundación Participa organizó un seminario con los candidatos que representaban al progresismo: Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y Marco Enríquez Ominami. Daniel Ibáñez dijo que también organizaron, junto al PPD, un conversatorio con una senadora del PSOE español.

La Fundación Participa sostiene el sitio web laopinion.cl, difusor de columnas de opinión del progresismo (desde el PPD hasta el Frente Amplio). Fuentes del PPD señalaron a CIPER que la Fundación Participa es una plataforma para levantar las figuras de Daniel Ibáñez y Freddy Seguel. Ambos han concedido entrevistas a diversos medios como analistas de temas políticos en representación de la ONG.

Sobre el posible conflicto de interés de Freddy Seguel, debido a que en 2017 era jefe de gabinete de la subsecretaría de Prevención del Delito, cuando se otorgaron a la fundación $20 millones del FNSP, Daniel Ibáñez lo descartó, señalando que Seguel no se involucraba en la entrega de esos recursos.

Freddy Seguel (PPD) director ejecutivo de la Fundación Participa y ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito

El tesorero de la fundación Participa es Orlando Orellana, quien cumple el mismo rol en la Fundación Educación Deporte Salud (FEDS), la que se adjudicó recursos del FNSP en 2015, 2016 y 2017. En total, recibió $125,6 millones. En 2016, cuando FEDS ya recibía dinero del FNSP, Orellana fue candidato a concejal del PPD por El Quisco, aunque no resultó electo.

FEDS también está formada exclusivamente por militantes del PPD. De hecho, Orlando Orellana fue electo en 2016 en la directiva nacional de ese partido. Antes, trabajó en la Municipalidad de Lo Prado y como asesor de diputados PPD. Durante el segundo gobierno de Bachelet fue asesor en la gobernación de Chacabuco, incluyendo la coordinación de programas estatales. Actualmente, es asesor del diputado René Alinco.

El representante legal de FEDS es Guillermo Villacorta, quien también forma parte de la directiva nacional del PPD desde 2016. Contactado por CIPER, Villacorta señaló que en 2015, 2016 y 2017 desarrollaron un proyecto en tres colegios (dos en La Florida y uno en Quilicura) para frenar el bullyng escolar. Quedó de mandar más antecedentes por correo electrónico, pero nunca lo hizo. Tampoco volvió a responder los mensajes de CIPER.

Guillermo Villacorta participa de la Secretaría de Migrantes del PPD y en 2015 formaba parte del movimiento Acción País, espacio levantado por el senador Felipe Harboe (PPD) para desplegar la fuerza de su sector al interior del partido.

CAMPAÑA DEL PS EN PUENTE ALTO

Para los partidos de la ex Nueva Mayoría no es fácil hacer política en Puente Alto, la comuna que es feudo electoral del senador Manuel José Ossandón (RN), quien fue su alcalde entre 2000 y 2012. Su sucesor y delfín, Germán Codina, fue reelecto en 2016 con el 81,3% de los votos. Al frente tenía a Soledad Barría, militante PS y ex ministra de Salud del primer gobierno de Bachelet, la que alcanzó apenas un 14,8% de la votación. En 2012 Barría también había sido la candidata derrotada.

Después de ese primer revés electoral, Barría creó una fundación para permanecer visible en Puente Alto. A fines de 2012 estrenó Puente Alto Puede Más, que le sirvió en 2016 como plataforma para su segunda apuesta electoral. Esa ONG obtuvo recursos del FNSP en 2015, 2016 y 2017, recibiendo en total $118,4 millones.

El 2 de enero de 2016, año de elecciones municipales, en el Facebook de Puente Alto Puede Más se publicó un afiche con la foto de la candidata junto a la frase: “Este 2016 te invitamos a formar parte de la aventura de hacer crecer en conjunto nuestra comuna. Soñamos con un Puente Alto inclusivo, democrático, que permita un desarrollo amigable de todas y todos sus habitantes”.

Dos meses después, para la conmemoración del Día de la Mujer, la candidata Barría repartió claveles en el centro de Puente Alto, los que iban con un panfleto con su cara y el logo de su ONG. “En este día te invito a reflexionar sobre lo importante que eres como mujer y puentealtina  para nuestra sociedad. Sin ti ningún cambio será posible, te saludo cordialmente”, se leía en esa propaganda.

Soledad Barría en actividad en el centro de Puente Alto junto a la ONG Puente Alto Puede Más

Soledad Barría también concedió entrevistas a radios locales resaltando su pertenencia a la ONG. En conversación con CIPER, la presidenta de Puente Alto Puede Más, María Angélica Hernández, señaló que con los dineros del FNSP desarrollaron talleres de circo en varios sectores de Puente Alto, además de dar charlas de seguridad junto a Carabineros y Prodemu (fundación de la Presidencia). CIPER pudo revisar registros gráficos y rendiciones públicas que acreditan que esos talleres se realizaron.

Hernández descartó que los recursos recibidos se hayan utilizado para apuntalar la campaña de Soledad Barría, pero reconoció que los vecinos de Puente Alto saben que la ONG trabaja con la ex ministra:

“Soledad Barría es la encargada de proyectos de la fundación. Después de su primera candidatura, en 2012, ella se quedó en Puente Alto. Es una buena dirigenta, una buena médica, pero también es una buena política. Entonces, la gente la va a reconocer como una persona que creó una fundación para esta comuna (…). Cuando hacemos los talleres, no hablamos de política. En ese sentido somos rigurosos, más allá de que la gente en terreno sabe de dónde venimos”.

La ONG Puente Alto Puede Más también ha recibido financiamiento de otras instituciones estatales. Entre junio de 2017 y mayo de 2018 recibió tres partidas por un total de $41,6 millones del Gobierno Metropolitano. A fines de 2017 sumó otros $20 millones de la Subsecretaría de Evaluación Social. En su página web se enumeran otros proyectos que se han financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional) en los años 2013, 2014, 2015 y 2017, además de otras iniciativas financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social en 2014 y 2015. No se especifican los montos.

Otra ONG ligada a figuras del PS beneficiada con recursos del FNSP es la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, fundada por el ex senador socialista Fulvio Rossi. La entidad recibió $43,7 millones del FNSP en 2014. De acuerdo con la respuesta que entregó a CIPER la Subsecretaría de Prevención del Delito, la corporación vinculada con Rossi es la única ONG que enfrenta un sumario por posible mal uso de los recursos entregados por este fondo. La investigación se inició por una denuncia del diputado Hugo Gutiérrez (PC) y busca aclarar la “inexistencia de bienes adquiridos con recursos del proyecto” por $1,7 millón, además de rendiciones de cuentas sin respaldo.

EL THINK TANK DEL PC

En el costado izquierdo de la ex Nueva Mayoría también hay una ONG que ha recibido fondos destinados a la prevención del delito: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el principal think tank del PC. El organismo asesora a los diputados comunistas, elabora informes de coyuntura económica y política, además de realizar talleres de formación sindical y municipal.

En 2015 y 2017 el ICAL se adjudicó un total de $89,9 millones del FNSP. Según comentó a CIPER el director de su área social, Mario Domínguez, con esos recursos ejecutaron dos proyectos: uno para capacitar a dirigentes sociales del Barrio Yungay en prevención de la delincuencia y otro para prevenir la violencia de género en tres liceos de Lo Espejo. El ICAL envió a CIPER documentos que respaldan la realización de ambos programas.

El instituto comunista tiene una sede en Atacama, la que en 2016 recibió un aporte del FNSP de $38,3 millones. En el ICAL de Santiago dijeron que ellos no conocían en qué se usaron esos dineros, porque las administraciones de ambas sedes son autónomas. CIPER intentó comunicarse con el responsable de ICAL Atacama registrado en el Ministerio del Interior, quien dijo que ya no tenía relación con la entidad.

Además de los fondos recibidos desde el Ministerio del Interior, el ICAL se ha financiado con dineros de la Subsecretaría del Trabajo ($187,7 millones entre 2005 y 2009, y luego entre 2014 y 2017); de la Subsecretaría de Hacienda ($52,2 millones en el primer gobierno de Bachelet); del Ministerio Secretaría General de Gobierno ($8,4 millones entre 2006 y 2012); del Gobierno Regional Metropolitano ($280,4 millones entre 2009 y 2018); del Gobierno Regional de Valparaíso ($22,4 millones en 2013); del Consejo de la Cultura y las Artes ($39,9 millones en 2016); de la Subsecretaría de Previsión Social ($48,7 millones en 2017) y otros montos menores desde el Injuv, el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Santiago. En total, el ICAL ha recibido fondos públicos por al menos $768 millones entre 2005 y 2018.

A LA DERECHA DEL CUADRO

Eduardo Durán Salinas (RN) se convirtió en diputado en 2017. Dos años antes, la Fundación Causa Común, que él constituyó junto a su madre y su hermana, recibió $40 millones del FNSP. Pero el parlamentario prefiere no hablar sobre ese tema. Así quedó en evidencia en el siguiente diálogo:

-Alo, ¿con la Fundación Causa Común?

Sí…

-Buenos días, soy periodista de CIPER y los llamó por una investigación que estamos desarrollando…

… Ah no, yo ya no tengo nada que ver con eso.

-Recién usted me dijo que este sí era el teléfono de la fundación…

No, ya no. Tiene que hablar con Marjorie Vásquez.

-¿Me puede dar su número de teléfono?

No lo tengo…

-¿Cuál es su nombre?

Prefiero no decírselo… y no voy a seguir con esta conversación.

Ante la negativa de la persona que ocupaba el teléfono oficial de la Fundación Causa Común (registrado en el Ministerio del Interior), CIPER se comunicó con quien aparece como su presidente: el diputado evangélico Eduardo Durán Salinas. La sorpresa fue descubrir que el número telefónico del parlamentario es el mismo de la fundación. Y aumentó cuando al marcar el número nuevamente respondió la misma voz que minutos antes nos colgó el teléfono: el diputado Eduardo Durán.

-Diputado… ¿por qué nos cortó?

Yo ya no tengo nada que ver con la fundación. Antes fui presidente, fui su fundador, pero desde marzo de este año, cuando asumí como diputado, abandoné ese cargo…

-¿Qué se hizo con los $40 millones que la fundación recibió en 2015 de la Subsecretaria de Prevención del Delito?

Se habrá ejecutado el proyecto que se tenía contemplado, creo que era un diagnóstico de las personas privadas de libertad.

La Fundación Causa Común fue creada por el diputado Durán en 2014, justo cuando abandonaba su cargo de gobernador de la Provincia de Ñuble durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Es hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, quien  actualmente es investigado por lavado de activos (ver reportaje de CIPER).

Diputado Eduardo Durán (RN)

El diputado Durán no entregó más detalles sobre el proyecto ejecutado con dineros de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vía Whatsapp envió el contacto de la persona a cargo de los temas de su fundación: Patricio Koronios.

Koronios aseguró a CIPER que en 2015 se adjudicaron el proyecto, lo ejecutaron en 2016 y lo rindieron a inicios de 2017: “Es un proyecto súper interesante, muy profundo, sobre el tema de los internos que están en las iglesias evangélicas dentro de la cárcel. Fue un proyecto de estudio, maravilloso”. A través de un correo electrónico la fundación envió el certificado de cierre financiero del proyecto, lo que significa que fue visado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Otra fundación beneficiada con recursos del FNSP es la ONG Fecunda (ex Chile Avanza), de la ex militante de RN y ex ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot (Evópoli), actual presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Esta organización recibió $35,5 millones en 2016.

A cargo del fondo confiado a la ONG Fecunda estuvo la hermana de Catalina Parot, Bernardita, quien envió a CIPER un informe de cierre técnico que indica que el dinero fue utilizado para restaurar una antigua casa de la ex estación ferroviaria de Talca. Catalina Parot intentó en 2009 y 2013 ser diputada por el ex Distrito 38 de la Región del Maule, pero no tuvo éxito.