Colusión del papel: el secreto que cubre los $2.795 millones que recibieron Conadecus y Odecu

Después de que las dos asociaciones de consumidores que negociaron la compensación de $7 mil por la colusión del papel doméstico, recibieran $2.795 millones por costas, dos misterios subsisten: cuánto ganaron ilícitamente La Papelera y la empresa SCA gracias al cartel, y el detalle de los estudios y pericias que justifican los $2.275 millones que recibió Conadecus y los $520 millones que cobró Odecu por el proceso. Aunque ambas asociaciones se niegan a transparentar sus gastos, la indagación de CIPER arrojó que $1.800 millones se pagaron a tres estudios de abogados y que nadie tiene la facultad de fiscalizar sus gastos. El secreto hace ruido.

La colusión que le permitió a la CMPC –más conocida como La Papelera– y a la empresa sueca SCA (ex PISA) subir ilegalmente los precios del papel higiénico por más de 10 años, terminó sin cárcel para sus ejecutivos pero con un acuerdo inédito: el pago de una indemnización de US$150 millones ($97.647 millones) para 13,7 millones de personas. Eso permitió a los mayores de 18 años cobrar $7 mil, suma que solo pagó la empresa del Grupo Matte (CMPC). Un monto irrisorio para las abultadas ganancias ilícitas que obtuvieron ambas compañías.

Mientras la atención pública se centraba en agosto de este año en las vías por las que se pagarían los $7 mil, otra negociación tenía lugar. Porque el acuerdo incluyó un segundo pago: $2.795 millones (casi US$4 millones) para las dos asociaciones de consumidores que asumieron esa negociación que duró casi tres años, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), que recibió $2.275 millones y la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) otros $520 millones. Ambas asociaciones agrupan a 136 consumidores: Conadecus tiene 101 socios y Odecu, 35.

Los pagos para consumidores y asociaciones ya dejaron de ser noticia. Y ello, a pesar de que subsisten dos grandes interrogantes: el monto de las ganancias ilícitas que obtuvieron ambas empresas coludidas y qué estudios, qué pericias, qué acciones y en qué otros ítems se gastaron los $2.795 millones que las dos asociaciones de consumidores recibieron.

CIPER pidió a Conadecus y Odecu el detalle de los pagos que harán con los casi US$4 millones que recibieron de la empresa del Grupo Matte. La respuesta fue taxativa: no pueden entregar esa información. Los términos de la negociación con la CMPC, los estudios que muestran las ganancias que obtuvieron durante más de 10 años esas dos empresas coludidas, los nombres de los abogados y otros profesionales que intervinieron, los montos que cobraron, así como los informes, peritajes y asesorías que realizaron, no pueden ser conocidos por los ciudadanos.

Transcurridos 21 días desde que los $2.795 millones fueron depositados en las cuentas de ambas organizaciones de consumidores, el misterio se mantiene. Los responsables de ambas asociaciones declararon a CIPER que, además, no tienen claro el detalle, porque aún están sacando cuentas.

A pesar de la reserva, CIPER confirmó los dineros que cobraron tres estudios jurídicos que participaron en la negociación: el Estudio Bravo, que asesoró a Conadecus, cobró $900 millones; el Estudio Parra&Rivera, que también trabajó para Conadecus, $450 millones; la misma cifra recibió el Estudio Pérez Donoso, que asesoró a Odecu.

Lo único que esas organizaciones han dicho sobre el destino de estos fondos es que con el excedente que quede después de pagar a esos profesionales y los expertos que participaron en el proceso, financiarán el reforzamiento de las dos entidades. Instalar oficinas en regiones, costear estudios sobre nuevos conflictos que afecten a consumidores y pagar los costos de futuros litigios, están entre sus planes.

Entre los costos que dicen las asociaciones que deben asumir de inmediato, está el juicio que aún mantienen con la otra empresa coludida, la sueca SCA, que se negó a negociar una compensación por el delito. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) calculó en más de US$33 millones el daño que esa empresa causó a los consumidores.

Este martes 9 de octubre José Roa abrió los fuegos de una controversia que los expertos en derecho del consumidor ya veían venir. El ex director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dijo a Pulso que con los US$4 millones que les entregó el Grupo Matte a Conadecus y Odecu, solo se pueden pagar costas. Como la norma prohíbe que las asociaciones de consumidores reciban aportes de empresas,  ocupar “excedentes” en otras iniciativas vulneraría la ley.

Uno de los artículos de la nueva ley del consumidor establece que estas entidades no pueden “percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que suministren bienes o servicios a los consumidores”.

En la misma nota de Pulso, la abogada especializada en el área, Érika Isler, sostuvo que “es esperable que las asociaciones de consumidores receptoras asuman una adecuada transparencia”. Y recalcó: “Se debe recordar que se trata de instituciones sin fines de lucro”.

$1.800 MILLONES EN ABOGADOS

Aunque las organizaciones de consumidores no han entregado la información de a quiénes y por qué se les pagará el desglose de esos $2.795 millones, sí reconocieron que la mayor parte será destinada a cancelar a los profesionales (abogados, economistas, periodistas y personal de apoyo) que colaboraron en el caso durante los tres años que duró el proceso.

A pesar de la negativa de ambas organizaciones de consumidores de transparentar el detalle de sus gastos, la investigación de CIPER pudo determinar que ya existe un acuerdo de Conadecus y Odecu con sus abogados de pagarles $1.800 millones -en total- a los tres bufetes que participaron en el proceso: Bravo ($900 millones) y Parra&Rivera ($450 millones), por Conadecus; y Pérez Donoso ($450 millones), por Odecu. Ese total consideraría más de dos mil horas de asesoría telefónica, más de 150 minutas legales y al menos 10 informes económicos y legales de diversa complejidad.

Los $900 millones que recibió el Estudio Bravo, liderado por los abogados y ex funcionarios de la FNE, Mario Bravo y Cristián Reyes, considera el diseño de la estrategia legal que se llevó a cabo, su ejecución y los alegatos ante los tribunales. La oficina de Bravo y Reyes aportó también los estudios y análisis económicos que le permitieron a Conadecus sentarse en la mesa a negociar con La Papelera.

Uno de los estudios que emanó de la oficina de Bravo y Reyes, y que fue realizado por la economista y ex funcionaria de la FNE, Andrea Alvarado, estableció el daño a los consumidores al subir ilegalmente los precios del papel higiénico entre 2000 y 2011: US$510 millones, con un cálculo de un sobreprecio promedio de 20%. El otro informe, del economista y también ex FNE Gonzalo Escobar, estableció en US$465 millones el sobreprecio que pagaron las familias que compraron papel higiénico de la CMPC y la SCA en esa década.

En la cuenta de pagos de Conadecus también figuran los estudios realizados por la abogada Karina Cárcamo, quien forma parte de su equipo y que gestionó ante los bancos la fórmula a través de la cual se pagarían los $7 mil de la compensación.

El Estudio Parra es liderado por el abogado Andrés Parra, quien es experto en libre competencia y consumo y ha participado en otros litigios en el rubro asesorando a Conadecus.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus.

Directivos de ambas asociaciones afirmaron a CIPER que el monto de las costas que ellos recibieron de La Papelera, y que se acordó en enero de este año, se calculó en base a cifras estimadas. Y ello, porque todos los profesionales que trabajaron en la mediación lo hicieron “a resultas”: solo se les pagaría en caso de ganar la negociación.

El presidente de Conadecus, el constructor civil Hernán Calderón, respondió a CIPER que aproximadamente el 60% del reembolso de la CMPC ($1.365 millones), será destinado al pago de los abogados que iniciaron las acciones legales en noviembre de 2015, cuando presentaron la querella contra las empresas coludidas. Su trabajo, agregó, no ha terminado ya que la demanda contra SCA se mantiene en tribunales. Calderón precisó también que el resto del dinero será utilizado en  pagar a los demás profesionales que participaron en el proceso y otro monto se utilizará en  fortalecer su organización y abrir oficinas en regiones.

-Fuimos nosotros quienes iniciamos este caso en tribunales demandando a las empresas. Litigamos más de un año y medio solos. Después se hicieron parte el Sernac y Odecu. Estuvimos litigando en todos los frentes, en la conciliación y finalmente en la Corte Suprema –explicó a CIPER Hernán Calderón.

El cientista político Stefan Larenas, presidente de Odecu, precisó a CIPER que más de la mitad de los $520 millones que les entregó la CMPC se destinarán al pago de los profesionales que participaron en la negociación:

-Ahora estamos sacando la cuenta, porque hay que empezar a pagar. Trabajamos doce personas, entre abogados y comunicadores. Más de la mitad de nuestro equipo era externo -detalló.

En Odecu esperan que los “excedentes” que les queden sean aproximadamente un 20% del dinero recibido de La Papelera. Larenas afirmó que la idea es usar esos ingresos en litigios y estudios futuros en el rubro. De hecho, el acuerdo con el estudio que los asesoró (Pérez Donoso) contempla la creación de un fondo para financiar nuevos casos y estudios y así asegurar el funcionamiento de la asociación.

Stefan Larenas, presidente de Odecu.

Según se desprende de las afirmaciones de los directivos de ambas asociaciones de consumidores, los gastos que les permitieron funcionar durante los casi tres años de litigio con La Papelera y SCA, fueron principalmente cubiertos con recursos propios o de sus socios.

CIPER revisó los últimos balances de ambas organizaciones. Solo en gastos operacionales (desde sueldos hasta cuentas de servicios básicos) Conadecus gastó $57,3 millones en 2017. A esos mismos ítems, Odecu destinó $133,3 millones en 2016 (último dato disponible). En 2017, Conadecus incluyó en su balance una deuda por cobrar por costas judiciales de $105,6 millones y gastos judiciales por pagar ascendentes a $2,92 millones.

La otra parte de los ingresos que reciben estas organizaciones proviene de fondos públicos. En las dos últimas décadas Conadecus y Odecu han recibido del Estado US$1,3 millón, monto que proviene principalmente del Fondo Concursable para el Financiamiento de Asociaciones de Consumidores que entrega el Sernac. Entre 2008 y 2018, Conadecus recibió $463 millones: 99 aportes fueron de ese fondo y los otros tres de la Municipalidad de Santiago, del Gobierno Regional Metropolitano y del Fondo De Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Odecu registra entre 2004 y 2018 aportes fiscales por $457,2 millones, también provenientes en su mayoría del fondo concursable del Sernac; además de una contribución de la Municipalidad de Rancagua y otra del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la fiscalización de cómo se gastan esos recursos, hay que decir que esta es bien laxa: al finalizar cada proyecto, las organizaciones solo están obligadas a entregar un balance simple y registros gráficos de la realización de las actividades comprometidas.

UNA PIEZA OSCURA

Fue en enero de 2017, cuando la CMPC, Conadecus y Odecu decidieron que el monto de las costas y reembolso que ambas asociaciones de consumidores recibirían, se fijaría después de que los tribunales de justicia aprobaran la compensación de $7 mil para los perjudicados por la colusión. Así, cuando en mayo de este año la Corte Suprema aprobó el acuerdo, se iluminó la luz verde para discutir las costas.

El primer piso del acuerdo fue que el reembolso a las organizaciones estaría entre el 1% y el 2,5% del total con que se compensaría a los usuarios perjudicados: la cifra fluctuaba entre US$1,5 millones y US$3,75 millones.

-Se fijó ese piso entre 1% y 2,5% del total compensatorio, porque es la cifra que recomienda la práctica internacional. Aunque no ha habido otro litigio de esta magnitud, en otros casos de colusión los defensores de los consumidores han recibido reembolsos en ese rango -explicó a CIPER un abogado que participó en las negociaciones.

El monto se zanjó en $2.795 millones, equivalentes a un 2,3% de los US$150 millones de la compensación a los consumidores: $2.275 millones para Conadecus y $520 millones para Odecu. La diferencia se explica porque la primera litigó y lideró las acciones judiciales, mientras que la segunda llegó con sus estudios después.

Desde el mismo momento en que Conadecus presentó su acción judicial contra CMPC y SCA en noviembre de 2015, se supo que, de llegar a puerto su demanda, esa organización de consumidores recibiría un pago. Y se entiende, dados los costos en que se incurrió durante los tres años que alimentaron en los tribunales un litigio que causó escándalo en la opinión pública.

Mesa de negociación.

El problema surgió cuando se conoció el monto que recibirían las asociaciones de consumidores: US$4 millones. Abogados y profesionales que participaron de las negociaciones entre esas organizaciones y La Papelera, relataron a CIPER que el entonces director del Sernac, Ernesto Muñoz, les insistió tanto a directivos de Conadecus como de Odecu que era necesario transparentar en qué se usarían esos recursos. La recomendación que desde el Sernac se repitió varias veces tanto a las organizaciones de consumidores como a la CMPC fue que, siendo este un juicio tan emblemático y que marca un hito en la defensa de los consumidores, era imperativo que todos los pagos involucrados estuvieran justificados. Para ello, se insistió en que se fiscalizaran boletas, recibos y comprobantes. Nadie refutó esa recomendación.

El problema es que CIPER pudo acreditar que nada de eso ocurrió. El pago de la CMPC a las asociaciones de consumidores se hizo sin tener a la vista ni un solo recibo ni comprobante. Hubo solo una factura por cada una de ellas. Un segundo problema: el Sernac está con las manos amarradas. No tiene facultad alguna para fiscalizar en qué y cómo gastan los dineros por costas que reciben las organizaciones de consumidores.

“Lamentablemente el acuerdo no explicita ningún mecanismo de transparencia o algún procedimiento público de vigilancia a los gastos entregados a las asociaciones de consumidores. La cláusula indica que solo se reembolsarán los gastos incurridos pero nada indica del procedimiento para ello. El Sernac no tiene atribuciones legales para fiscalizar estos montos”, puntualizó el Sernac por escrito a una consulta de CIPER.

Funcionarios del Sernac incluso consultaron con abogados de la plaza si correspondía que las asociaciones de consumidores recibieran un monto tan elevado. Y la respuesta fue una sola: es alto, pero no es descabellado si se compara con un juicio del mismo tenor donde el condenado debe pagar las costas.

Ante la insistencia de CIPER, desde Conadecus y Odecu afirmaron que entregarán el detalle de los pagos a fin de año, cuando informen a sus socios y envíen sus balances al Ministerio de Economía.

CÓMO FINANCIARSE

Con la nueva ley del consumidor, que empezó a regir en septiembre de este año, el aporte público para los fondos concursables que entrega el Sernac  prácticamente se duplicará. La cifra podría crecer cada año gracias a los montos compensatorios de otras negociaciones que no han sido cobrados por los afectados: más de $800 millones según directivos de las organizaciones de consumidores. Solo por las compensaciones de los cobros irregulares en que incurrió el BancoEstado, quedaron sin cobrar unos $510 millones de los $2.038 millones que estableció el acuerdo conciliatorio al que llegó esa institución financiera con Conadecus y el Sernac.

Al tiempo que los fondos públicos para las asociaciones de consumidores se incrementan, también disminuyen las limitaciones a su generación de ingresos. La nueva norma levantó la prohibición para que estas organizaciones desarrollen actividades lucrativas, como cursos de formación, venta de materiales de estudios, informes y hasta la venta de asesorías jurídicas.

Frente a este nuevo escenario que se abre para las asociaciones de consumidores, la falencia en mecanismos de efectiva fiscalización a sus ingresos y gastos se hace evidente.

“Lo importante es que se avance en un mayor estándar para que todos los actores que participan de un proceso colectivo tengan exigencias de transparencia de la recepción y uso de los recursos provenientes de acuerdos en procesos de este tipo”, precisó por escrito el Sernac ante una consulta de CIPER.