Todos los obstáculos y presiones que impiden a las mujeres acceder al aborto por tres causales

El 23 de septiembre se cumple un año de la despenalización del aborto en tres causales. CIPER recogió información en todo el país que muestra las trabas para que las mujeres accedan a su derecho. A la falta de infraestructura e información, se suma la alta cifra de médicos objetores. De los 69 hospitales habilitados para practicar abortos, en 41 la mitad o más de los médicos es objetor en alguna de las tres causales. La situación es más compleja en casos de violación: de los 1.140 obstetras del sector público, 538 son objetores por esa causa. En tres regiones la precariedad se extrema: en Maule y O’Higgins más del 80% de los médicos son objetores por violación y en La Araucanía, más del 75%.

Hasta el 16 de julio de este año, 359 mujeres habían interrumpido sus embarazos acogiéndose a alguna de las tres causales que contempla la Ley 21.030 (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). Una de ellas terminó expulsando el feto en la sala de maternidad, sin asistencia médica, después de recibir diagnósticos contradictorios. Otra debió ser trasladada a más de 100 kilómetros para terminar con un embarazo por violación, porque en el hospital al que llegó todos los médicos eran objetores de conciencia en esa causal. Lo que es imposible de cuantificar es el total de mujeres que no pudieron acceder al aborto en las tres causales por falta de información y adecuada atención.

La polémica Ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales cumplirá un año de vigencia el 23 de septiembre. Para calibrar el acceso que hoy tienen las mujeres a los abortos que contempla la ley, CIPER buscó información en hospitales de todo el país, recogió testimonios de personal médico y de organizaciones sociales que trabajan en el área, y también se entrevistó con autoridades del Ministerio de Salud. De esa indagación, emerge una cadena de obstáculos para la plena aplicación de la ley.

Los orígenes de esas trabas son distintos. En algunos casos, los obstáculos emanan de las jefaturas de servicios de los establecimientos hospitalarios, que están en manos de objetores de conciencia. En otras, de las ambigüedades y vacíos que deja abiertos la propia ley, ya que el reglamento para la objeción de conciencia sigue en trámite en la Contraloría.

La alta tasa de objetores de conciencia en el sistema público también revela que el panorama más complejo se presenta fuera de la Región Metropolitana.

De los 69 establecimientos públicos habilitados para interrumpir un embarazo, hay 41 donde la mitad o más de la mitad de los médicos se ha declarado objetor en alguna de las tres causales. Datos obtenidos vía Ley de Transparencia por CIPER y por la Corporación Humanas, indican que, de esos 41, al menos cuatro hospitales deben obligatoriamente derivar a las pacientes que soliciten un aborto por violación (tercera causal), porque todos sus médicos son objetores: los hospitales de San Fernando, Pitrufquén, Nueva Imperial y de Osorno. En conjunto, todos ellos atienden a más de 500.000 personas.

Esa obligatoriedad de derivar también ocurre en el Hospital de Peñaflor, donde todos los médicos (7) se han declarado objetores de la primera y la segunda causal (riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal, respectivamente).

En entrevista con CIPER, autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) precisaron que la instrucción es que los hospitales ordenen los turnos para que en cada uno haya al menos un médico que no sea objetor de las tres causales. Un escenario utópico debido a la alta tasa de personal médico objetor de conciencia y a la baja cantidad de especialistas en distintas zonas del país.

-Lo que se ha pedido en los hospitales más pequeños es que se garantice un equipo que al menos de lunes a viernes esté estable. En casos de urgencia, se puede llamar a un médico durante el fin de semana o derivar al hospital más cercano –explicó a CIPER la matrona Daniela Vargas, encargada en el Minsal de la implementación de la ley en el sector público.

Las dificultades que tienen las menores de 15 años cuyos embarazos son fruto de una violación o representan un riesgo para su vida o para el feto que albergan en su vientre, hay que dimensionarlas junto a otras cifras oficiales. Entre 2005 y 2015 más de 10.000 menores de 15 años fueron madres en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos por La Tercera.

Como se sabe, la mayoría de las violaciones no son denunciadas, por lo que existe una alta probabilidad de que en las regiones donde se registran más embarazos adolescentes, un porcentaje importante de ellos sea fruto de una agresión sexual. CIPER accedió a las cifras de 2016: casi el 20% de las 732 menores de 15 años que quedaron embarazadas ese año, está repartido precisamente en las tres regiones que registran el mayor número de médicos objetores de conciencia en abortos por violación: La Araucanía, Maule y O’Higgins.

ABORTO POR VIOLACIÓN: UN PERIPLO

De los 1.140 médicos obstetras actualmente contratados en el sector público, 538 se han declarado objetores de conciencia en casos de violación. La cifra fue entregada por el Minsal en junio y ya indica la precariedad con que el sistema público enfrenta el aborto en la tercera causal.

A ello se agrega un nuevo problema. No todos los centros hospitalarios tienen una unidad de alto riesgo obstétrico, un requisito para aplicar la ley según la norma técnica publicada por el Minsal en febrero de este año. Ello significa que, ya sea por carencia de médicos que no sean objetores o por no contar con la infraestructura necesaria, las mujeres que soliciten el aborto después de una violación deben ser trasladadas.

En la Región de La Araucanía, más del 75% de los médicos contratados en hospitales habilitados se ha declarado objetor en la tercera causal. Mientras que en las regiones del Maule y de O’Higgins ese porcentaje supera el 80%. Durante 2017, el Ministerio Público registró 807 causas con mujeres víctimas de violación en estas tres regiones. De ellas, 342 involucraron a niñas menores de 14 años.

En entrevista con CIPER, la encargada técnica de la implementación de la ley en el sector público, Daniela Vargas, explicó que el Ministerio de Salud ha ordenado que los casos de violación sean priorizados. Así, ante la eventualidad de tener que derivar, eso no podrá tomar más de 48 horas. Vargas precisó que, en los casos extremos, cuando el embarazo de la mujer está por cumplir el número de semanas límite que permite la ley, la orden es que la derivación sea inmediata. Para acceder al aborto por la tercera causal el embarazo no puede tener más de 12 semanas, aunque en el caso de las menores de 14 años este límite se fijó en 14 semanas.

CIPER cuantificó el impacto de las cifras de objetores por cada hospital (información obtenida por CIPER y la Corporación Humanas vía Ley de Transparencia). El desglose de los datos muestra que, fuera de la Región Metropolitana, la distancia entre los hospitales agrava el problema. Vea el mapa interactivo con información por cada hospital:

En la Región de O’Higgins, de los cuatros hospitales habilitados el que está en mejores condiciones para atender los casos por la tercera causal es el de Rancagua, donde el 73% de los médicos se ha declarado objetor de aborto por violación. En los hospitales de San Fernando y Santa Cruz más del 75% de sus doctores se ha acogido a la objeción de conciencia en todas las causales. Mientras que en el de Rengo, el único médico no objetor ha tenido que trasladarse para suplir la falta de especialistas en el resto de la región.

En la Región del Maule hay cinco hospitales habilitados y el que cuenta con más profesionales para casos de aborto por violación es el de Curicó, con cinco médicos no objetores. Este recinto de mediana capacidad cuenta con más profesionales habilitados que el Hospital de Talca, que es el de mayor complejidad de la región, donde solo 4 de 40 médicos acceden a practicar abortos por la tercera causal. En el Hospital de Cauquenes, en cambio, a pesar de contar con un médico habilitado, no se puede atender ningún caso de aborto ya que todos los anestesistas y técnicos paramédicos se han declarado objetores en las tres causales.

En la Región de La Araucanía, acceder a un aborto por violación es más difícil todavía. Esta región es la que tiene más hospitales con todos sus médicos objetores de conciencia en casos de violación (hospitales de Pitrufquén y Nueva Imperial), o con solo un médico habilitado (hospitales de Lautaro y Angol). De los tres hospitales restantes, el de Villarrica es el único que tiene minoría objetora: 2 de 6 profesionales. En el Hospital de Temuco, donde reciben todos los casos derivados del sur de la región, el 76% de los médicos se ha declarado objetor en casos de violación (13 de 17).

En el Hospital Base San José de Osorno (Región de Los Lagos), el 100% de los médicos se declaró objetor en casos de violación. De allí que, una mujer embarazada después de una violación que llegue hasta ese establecimiento hospitalario, deba ser derivada al Hospital de Puerto Montt, a poco más de 100 kilómetros de distancia.

El traslado aumenta el desgaste físico y psicológico para las mujeres y los costos para el sistema público, que debe correr con los gastos de ambulancia y personal. Ante este cúmulo de problemas que enfrentan las mujeres de esa zona del país, la respuesta del Minsal fue:

-Es una solución que contempla la ley. Aquí el ministerio tiene las manos atadas, porque la ley te permite hacer derivaciones y no podemos negarle a las instituciones cumplir con su deber de esa forma –afirmó a CIPER Jorge Hübner, jefe de la División Jurídica del Minsal.

En entrevista con CIPER, el director del Hospital de Osorno, Daniel Núñez, afirmó que están funcionando tal como la ley se los permite: “Contamos con personal suficiente para atender en la primera y la segunda causal. Para la tercera causal tenemos el Plan B, que es derivar al Hospital de Puerto Montt y hasta el momento hemos tenido un solo caso”.

El doctor Núñez precisó que el hospital no tiene contemplado contratar más médicos para suplir la falencia de profesionales que no sean objetores de conciencia. Aunque aclaró que el Servicio de Salud sí lo ha intentado. “Ya hemos llamado a concurso en dos oportunidades y las dos veces se ha declarado desierto“, indicó a CIPER la matrona Daniela Vargas, desde el Minsal.

PROBLEMAS EN LAS OTRAS CAUSALES

En la madrugada del viernes 6 de abril, Fernanda Sandoval llegó a la urgencia del Hospital de Quilpué (V Región), con casi 15 semanas de un embarazo de alto riesgo. Se había cuidado para que la T de cobre instalada en su útero no afectara al futuro bebé, pero algo iba mal. Los exámenes dibujaron un panorama poco alentador: la placenta se estaba desprendiendo y tenía una infección. Con el pasar de las horas empeoró: se rompió la membrana y una nueva ecografía arrojó que ya no tenía líquido amniótico. “Me dijeron que no había ninguna posibilidad de que mi guagüita viviera”, relata Fernanda en un video que ella misma subió a sus redes sociales semanas después.

La joven de 25 años sabía que la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales ya había entrado en vigencia. Por eso, frente a la idea de que el bebé no podría sobrevivir, ese mismo viernes en la noche solicitó hablar con el doctor de turno para pedir el aborto por inviabilidad fetal.

En el Hospital de Quilpué, 13 de los 21 médicos obstetras son objetores de conciencia en alguna causal, pero solo cinco se niegan a practicar abortos por inviabilidad fetal. Uno de ellos fue el que atendió a Fernanda en el turno de esa noche del 6 de abril. “Me dice que no va a acceder a practicarme el aborto, porque existe un 18% de probabilidades de que la guagüita nazca”, relata Fernanda mirando a la cámara.

Al día siguiente, una matrona examina su ficha clínica y concluye: la causal de inviabilidad fetal sí corresponde. Como Fernanda tiene ante sí dos opiniones médicas contrapuestas, le hacen otra ecografía. Esta vez, la doctora de turno le dice que los latidos del feto son muy bajos y que ha comenzado a envenenarse con la infección que la afecta. “Era mi hijo el que estaba sufriendo, era yo la que estaba sufriendo, y también tengo otra hija que me estaba esperando en mi casa”, dijo luego Fernanda en una entrevista con 24 Horas.

La doctora le explicó los aspectos legales y técnicos del aborto y Fernanda selló con una firma su decisión. Esa tarde le dieron una mifepristona, la primera pastilla del tratamiento, y le dijeron que en 24 horas debían darle la de misoprostol. Pero al día siguiente, la doctora de turno se negó alegando objeción de conciencia. La ginecóloga se justificó explicándole que el tratamiento permitía una ventana de 48 horas entre ambas pastillas, y que debería esperar al siguiente turno para que le suministraran misoprostol.

Fernanda empezó a sentir contracciones esa misma tarde. Mientras esperaba en una camilla en la sala de maternidad junto a su pareja, sentía que el dolor iba aumentando cada vez más. Pidió ayuda. Nadie apareció. Ante sus quejidos, otra de las pacientes apretó la alarma una y otra vez para que Fernanda fuera atendida. Al rato, la joven se enteró de que la respuesta de las enfermeras del Hospital de Quilpué fue que la doctora de turno no estaba y que no habían dejado nada recetado para ella.

“Tuve ahí a mi guagüita, en la pieza del hospital. Nació y quedó dentro de mi ropa interior”, relata Fernanda en el video.

Solo después de que, en esas condiciones, el cuerpo de Fernanda expulsara el feto, apareció personal médico. Decidieron llevarla a pabellón para hacerle un “legrado” y retirar los restos desde su útero. Pero una vez allí -cuenta Fernanda- el equipo médico comenzó a debatir si correspondía o no hacerlo, ya que algunos no estaban de acuerdo por ser objetores de conciencia. Una discusión que se prolongó hasta el post-operatorio.

– En la discusión de la ley lo que más se dijo fue que teníamos que tener equipos de contención y resulta que eso no está todavía. La ley contempla como derecho que la mujer esté acompañada, que le expliquen, que si grita no esté sola y que al momento de la expulsión sea asistida. Las duplas psicosociales están en horario hábil, pero en los hospitales las cosas pasan a cualquier hora. Por eso, esas capacidades hay que instalarlas en los equipos -reflexiona la doctora Elena Sepúlveda Parada, profesora de posgrado de Sexología Médica de la Universidad de Santiago y miembro titular de la Academia Internacional de Sexología Médica.

Una vez que Fernanda fue dada de alta, presentó un reclamo. En su respuesta, el director del Hospital de Quilpué le pidió disculpas por no haber aplicado correctamente el procedimiento: lo que correspondía era haberle asignado otro médico que no fuera objetor de conciencia, en lugar del que la atendió la noche del viernes 6 de abril y que se negó a practicarle el aborto. Si en ese turno no hubiera habido ninguno de ellos, lo correcto era haberla derivado a otro hospital.

Manifestación en el Congreso durante la tramitación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

El hospital también instruyó una auditoría clínica. No fue posible obtener más detalles de lo que ocurrió con Fernanda Sandoval ni sobre la auditoría. En respuesta a la solicitud de CIPER, la dirección del hospital argumentó que el Consejo de Defensa del Estado está mediando “un proceso en el cual el Hospital de Quilpué y también la reclamante, por normativa legal, deben guardar reserva absoluta y confidencialidad”.

En terreno, lo que se recoge en distintos ámbitos es el desconocimiento de la normativa por parte de los equipos médicos y la poca información de que disponen las mujeres para que puedan exigir su derecho y, al mismo tiempo, saber a qué hospital pueden recurrir. Estos son los principales problemas que han identificado las organizaciones de la sociedad civil que están sirviendo de puente en este año en que la confusión ha primado respecto de cómo se aplica la ley de aborto. Entre éstas destacan la Corporación Humanas, Miles Chile y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa).

La Ley 21.030 le exige a los obstetras tres pasos claros una vez constituida la causal: informar a la mujer sobre todas las opciones que tiene, respetar y no influir en su decisión, e independiente de cuál sea ésta, ofrecer el programa de acompañamiento.

Frente a los problemas observados, la falta de reacción de las autoridades del Minsal también ha quedado expuesta. En mayo de este año, el Ministerio de la Mujer envió un oficio consultando al Minsal por la cantidad de muertes maternas que han ocurrido desde que se implementó la ley en septiembre del año pasado, y cuántos de esos casos aplicaban para un aborto en la primera causal (riesgo de vida de la madre).

Fuentes internas del Minsal informaron a CIPER que en ese ministerio se revisaron las fichas clínicas de las 25 muertes maternas notificadas hasta ese momento. Se lograron identificar cinco casos en que los diagnósticos aplicaban para la primera causal. “Lo que correspondería ahí es que el ministerio estudie la historia clínica y averigüe si alguien le informó a esa mujer que podía interrumpir su embarazo. Pero eso no se está haciendo. No hay ningún feedback con los recintos hospitalarios que atendieron a esas mujeres para saber qué pasó”, relató a CIPER un funcionario del Minsal que pidió reserva de su identidad.

En el sector privado la implementación ha sido más lenta y la falta de un reglamento que regule la objeción de conciencia institucional deja vacíos que obstaculizan la aplicación de la ley. Es lo que ocurre en algunos hospitales confesionales, como el de la Universidad Católica y el Parroquial de San Bernardo.

LA NEBULOSA DEL SECTOR PRIVADO

Tras la polémica que se desató en mayo de este año, cuando la Contraloría objetó el protocolo elaborado por el Minsal para regular la objeción de conciencia, ese ministerio prohibió a los servicios de salud y a los hospitales referirse públicamente al tema. Con el mismo celo, la cartera dirigida por el doctor Emilio Santelices, ha resguardado el número de médicos objetores por cada hospital, argumentando que esa cifra podría dejar al descubierto la identidad de los médicos, exponiéndolos a presiones y funas.

La investigación de CIPER ha identificado esas presiones, pero en sentido inverso. Gonzalo Rubio, el primer médico que realizó un aborto legal tras la implementación de la ley, fue víctima de una funa por parte del grupo «Cruzada Nacional contra el Aborto». La organización difundió una imagen del doctor cubierto de sangre, luego de que la revista “Sábado” (de El Mercurio) lo entrevistara sobre el aborto que le realizó a una menor de 12 años que quedó embarazada tras una violación en Chiloé.

La indagación de CIPER también recogió testimonios que dan cuenta de los problemas que enfrenta una minoría de profesionales de la salud no objetora, la que es presionada en algunos establecimientos hospitalarios por el resto, principalmente desde las jefaturas de los servicios, para impedir que se realicen abortos en sus dependencias.

Esa situación es un antecedente que sirve para entender lo que está pasando con las clínicas que buscan acogerse a la objeción de conciencia institucional, donde podría estar siendo presionado el personal médico para que se declare objetor de conciencia. El reglamento que envió el Ministerio de Salud a Contraloría, que sigue en trámite, impide que las clínicas que mantengan convenios para prestaciones gineco-obstétricas con el Estado puedan ser objetoras de conciencia institucional. Pero la regla tiene una alternativa mañosa que serviría para evitar la obligación de practicar abortos sin perder los convenios: que todo el plantel médico se declare objetor de conciencia individual.

Hay que precisar que esos convenios, que eventualmente deberían ser anulados si un establecimiento hospitalario se acoge a la objeción de conciencia institucional, involucran varios millones de fondos que le traspasa el Estado

“Lo que está claro es que en el Hospital Parroquial nunca haremos abortos y, en última instancia, aplicaremos la objeción individual, que ya existe en el recinto, pero no dejaremos los convenios”, advirtió en mayo el obispo Juan Ignacio González, patrono del Hospital Parroquial de San Bernardo. La institución atiende a más de 290 mil pacientes del sector público y acoge los partos de una red de seis consultorios de la zona sur de Santiago.

En el Minsal están conscientes del problema que se les viene encima:

-Lo que no puede hacer la clínica es establecer incentivos discriminatorios a aquellos médicos que no son objetores. Si una clínica no contratase a un médico por no ser objetor o bien si despidiese a un médico que no es objetor, habría una discriminación arbitraria que es sancionada por la ley -explicó a CIPER el director jurídico del Minsal, Jorge Hübner.

Hasta el momento en la página web del Ministerio de Salud aparecen solo dos clínicas reconocidas como objetoras institucionales: la Clínica Indisa para la tercera causal, y los centros médicos de la Universidad de Los Andes para las tres causales.

En la escueta lista sorprende la ausencia de la Red de Salud UC-Christus, dependiente de la Universidad Católica. El rector de esa institución, Ignacio Sánchez, ha sido una de las voces opositoras más fuertes a la ley y en reiteradas ocasiones ha dicho que en las clínicas de la UC no se practicarán abortos.

En ese contexto, el jefe jurídico del Minsal, Jorge Hübner, aclaró en entrevista con CIPER que la Red de Salud de la UC no ha sido aceptada dentro de los objetores institucionales. Por ende, agregó, mientras cuente con médicos que no sean objetores individuales, está obligada a atender las solicitudes de interrupción de embarazo en sus clínicas.

A pesar de la categórica respuesta del Minsal, la Red de Salud de la UC insistió en su condición de objetora institucional en un comunicado enviado a CIPER. Lo que no aclaró es si existen médicos que no sean objetores en sus filas y tampoco especificó a qué recinto se derivarán los casos de aborto que reciba la red.

La Universidad Católica tiene un convenio vigente con el Estado para atenciones en la red de Centros de Salud Familiar Áncora, que tiene tres establecimientos repartidos entre La Pintana y Puente Alto y llega a una población de aproximadamente 68.000 usuarios. Este convenio incluye prestaciones gineco-obstétricas, lo que la inhabilitaría para ejercer la objeción de conciencia institucional. CIPER pidió información del monto que implica este convenio respecto de fondos que le traspasa el Estado. Esta fue la respuesta de la Red Salud UC:

“La labor que se realiza en los centros de salud Áncora en el marco del DFL 36 son actividades que generan a la Facultad de Medicina UC un déficit anual cercano a los 500 millones de pesos, por lo tanto es una actividad que se realiza por el compromiso y vocación de servicio que tiene esta Facultad con la zona sur oriente y no como un negocio”.

Esa institución de salud privada, según fuentes internas del Minsal, no está informando al ministerio los casos de diagnóstico en que se constituye una posibilidad de aborto por cualquiera de las tres causales. Una información que está obligada a entregar independiente de la decisión final de la mujer. Tampoco ha proporcionado hasta ahora el nombre del encargado que requirió el Minsal para coordinar la implementación de la ley. En el comunicado a CIPER la Red de Salud UC-Christus solo dice que ninguna de sus pacientes ha solicitado la interrupción de su embarazo.

FALTA DE RECURSOS Y ACOMPAÑAMIENTO

Desde la implementación de la ley, el Hospital de Osorno ha atendido cuatro casos por la segunda causal (inviabilidad fetal). La información la entregó a CIPER su director, Daniel Núñez, quien advirtió que los equipos necesarios para un diagnóstico certero no están en buenas condiciones:

-Los tres ecógrafos que tiene el hospital están malos. Todos tienen alguna falla, ya superaron su vida útil y ninguno ha recibido mantención al menos en los últimos cuatro años.

A pesar de que la ley de aborto en tres causales contempla la asignación de $230 millones en 2018 para este tipo de equipamiento, en el Ministerio de Salud reconocen que la cifra es insuficiente. El monto destinado a comprar equipamiento a nivel nacional alcanza solo para el 30% de las necesidades identificadas para la implementación de la ley. En el Minsal, la matrona Daniela Vargas le baja el perfil a este problema, porque esa partida “no contempla los dineros asignados por otras leyes con el mismo fin”.

Lo que también sigue pendiente es la lista de organizaciones de la sociedad civil que serán acreditadas por el Minsal para ofrecer acompañamiento. En cada establecimiento hospitalario deberá haber una lista de las organizaciones que podrán acompañar a las mujeres que sean diagnosticadas con un embarazo en las tres causales. Un acompañamiento que debe estar disponible desde el momento en que se constituye la causal hasta después del aborto o el parto, según lo que decida la mujer. Hasta el momento, el Minsal no ha acreditado a ninguna organización y las que están en la lista de espera solo cubren la Región Metropolitana.

En el Minsal le restan dramatismo a esta carencia. Para ejercer ese acompañamiento -expresaron- por ahora basta con la dupla de psicólogo y asistente social que tienen todos los hospitales habilitados a nivel nacional. Además de responsabilizar a las organizaciones por la tardanza en la presentación de la información necesaria, indican que están en coordinación con varias de las entidades que participaron en la discusión de la ley en el Congreso a través de una mesa de trabajo.

Desde el campo de las organizaciones civiles, acusan: “No es una mesa de trabajo, sino que un consejo consultivo que existe hace años y el Minsal recién convocó a la primera reunión para el 10 de agosto recién pasado”, precisó Claudia Dides, directora ejecutiva de Miles.

Hasta el 16 de julio de este año, el Ministerio de Salud registró 394 mujeres cuyos embarazos aplicaban para un aborto en alguna de las tres causales. En casi la mitad de los casos fue por riesgo de vida de la madre (194), un 35% por inviabilidad fetal (164) y un 13% por violación (64). De ese total, solo 35 mujeres decidieron continuar con su embarazo.

CIPER solicitó el desglose de esas cifras por región, para contrastarlas con las de zonas con mayor tasa de médicos objetores. No fue posible. Y ello, porque ese detalle solo existe respecto a 359 casos, ya que el formulario estandarizado para reportar esa información estuvo disponible recién el 1 de febrero, cuatro meses después de que la ley entrara en vigencia. La segunda razón de no poder hacer esos cruces, fue porque el Ministerio de Salud solo accedió a entregar cifras generales, sin especificar la causal que se constituyó. Sus autoridades argumentaron que entregar ese nivel de detalle podía exponer la identidad de las mujeres, ya que en algunas zonas hay muy pocos casos.

De los 29 servicios de salud que administran los hospitales a nivel nacional, el que presenta más casos de embarazos en los que se ha constituido una causal de aborto es el de Viña del Mar-Quillota (42), seguido por el de Talcahuano (33) y el de Valparaíso-San Antonio (29). Al final de la lista, se ubica La Araucanía Norte. Allí solo una mujer ha accedido al aborto desde que se implementó la ley. Una zona donde 16 de sus 19 médicos son objetores en alguna causal (vea las cifras por servicio de salud).