“Esto sería perforar el sistema de patentes en Chile de la A a la Z y tiene consecuencias”

-¿Cuál es la posición de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF) frente a la Resolución N° 399 del Ministerio de Salud?

La licencia no voluntaria es una herramienta que no objetamos. Y aunque sovaldi, el producto afectado, no es de un laboratorio que sea socio nuestro, los que sí cuestionamos es que se solicite su uso por razones económicas para este producto para la Hepatitis C. Eso es lo que cuestionamos. Ahí tenemos una contradicción, porque en el mundo -y también en la ley chilena- están establecidas tres situaciones bien claras para activar la licencia no voluntaria. Creemos que aquí se está distorsionando la ley, y la resolución del Minsal no corresponde a ninguna de las causales de la ley chilena.

-¿Cuáles son esas causales que estipula la ley chilena según usted?

La ley dice que la licencia no voluntaria se activará cuando haya razones de salud pública relacionadas con emergencias sanitarias, una epidemia, un brote o una situación de discontinuidad de un producto crítico de programas ministeriales (problema de stock) y que ponga en riesgo la salud de las personas. En esas condiciones es legítimo que la autoridad suspenda una patente. Eso no se discute. La segunda causal es por falta a la libre competencia, y ahí el organismo encargado es el Tribunal de la Libre Competencia. Y la tercera es de seguridad interior.

En este caso, nosotros decimos que el fundamento de la solicitud que hizo la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud y que derivó en la Resolución 399, donde declara que existen razones de salud pública, no tiene que ver con el fondo del asunto, sino que se dan razones económicas. Hablan del alto precio del producto patentado, y eso nos parece irregular. El Minsal no es el llamado a pronunciarse por un problema de precios altos.

-El Minsal dice que no tiene presupuesto para atender a más de 350 personas por Hepatitis C, un tratamiento que además requieren bastante más pacientes…

La preocupación del Minsal es muy válida, pero que el ministro de Hacienda reconozca entonces que el gobierno tiene otras prioridades. No pongamos a los pacientes de rehenes de esta situación. Esto no debe afectar a los pacientes, ya que estos deben recibir sus tratamientos del Estado. Alguien habrá hecho bien los estudios para decidir incluir este tratamiento en el GES. No se puede a la hora 25 tomar otro tipo de decisiones. Este no es un tema humanitario: está cubierto y el Estado tiene que responder. Si no revisaron bien la plata, tendrán que hacer las revisiones del caso. Aquí se quiere sacar las castañas con la mano del gato.

-Los laboratorios Gilead y Gador no son miembros de la CIF, ¿de dónde nace vuestra preocupación por esta medida del Minsal?

Efectivamente, no lo son. Pero nos preocupa que el Estado tome decisiones que terminen invalidando esta herramienta. Nos preocupa el precedente. La decisión se tomó de forma bien liviana, bien superficial. Bajo esta misma lógica, tú podrías aplicar esta situación a cualquier producto protegido por patentes. Y eso sería perforar el sistema de patentes en Chile de la A a la Z. Eso puede ser una opción país, pero tiene consecuencias.

– ¿Cuáles?

Que con ello se va a vulnerar reglas básicas sustentadas en compromisos internacionales que ha asumido Chile, y que le han permitido insertarse en el concierto internacional. Puede que le digan a Chile que va a tener que renegociar múltiples tratados, como los TLC. Ahora está de moda Trump, que se le ocurre echar abajo todos los acuerdos y empezamos una escalada… Con la diferencia de que Chile es un país pequeño que ha sustentado todo su avance con su inserción internacional. Si empezamos a soltarnos las trenzas…

– Si esta resolución se hace efectiva, ¿puede haber sanciones para Chile?

Se genera un precedente, que significa vulnerar reglas fundamentales a las que Chile se ha comprometido.

– ¿Qué acciones ha tomado la CIF frente a la Resolución N° 399?

Hicimos acercamientos con las autoridades anteriores del Minsal para expresarles estas mismas cosas. Por eso nos sorprendimos cuando esto salió a la hora 25, cuando estaban haciendo las cajitas para irse (marzo de 2018). Es bien poco serio hacerlo cuando se está apagando la luz. Una vez que conocimos la resolución, hicimos una presentación ante la Contraloría para que se pronunciara frente a la legalidad de esta situación. Porque si el Minsal decide que esto es muy importante, debe hacerlo con un decreto con toma de razón.

– Conversaron también con las embajadas de Bélgica, Francia y la Unión Europea, entre otras.

Si, por supuesto, las embajadas son soberanas. Lo que hemos hecho es compartir nuestra preocupación como cámara respecto de esta situación, poniéndolas en conocimiento para que, en la medida que ellos consideren que es importante, se pongan en contacto con la autoridad. La cámara (CIF) reúne a empresas internacionales que se preocupan por esta situación.

– ¿Carl Meachum es asesor permanente de la cámara o solo en este tema?

No, él es vicepresidente para América Latina de Pharma, la agrupación que representa a la industria farmacéutica norteamericana. Estas reuniones se pidieron para compartir nuestra preocupación.

-¿Se reunieron también con el Ministerio de Hacienda?

No, estuvimos con representantes de la Direcon y del Ministerio de Economía, pero en distintos momentos. Siempre a través de la Ley de Lobby.

-¿Cuál es el rol del abogado Francisco Zúñiga en esta historia?

Zúñiga es uno de los asesores externos de la Cámara de Innovación Farmacéutica. Tenemos un equipo de asesores legales externos, entre los cuales está Francisco Zúñiga, quien es asesor de la cámara hace muchos años.

-¿Cuál es el precio de venta al Estado de Chile de los medicamentos para la Hepatitis C, patentados por el Laboratorio Gilead? ¿Han negociado con el gobierno respecto de esos precios?  

La única información que tengo es la que usted tiene, que es la que aparece en la presentación de la Cámara de Diputados al Ministerio de Salud. Ese laboratorio no es socio nuestro y nosotros no podemos intervenir en ese tema. No tenemos contacto ni acercamientos con esta empresa. La información que tiene el Minsal con la presentación que hizo la Cámara de Diputados, hacía referencia a precios de los tratamientos del sofosbuvir, donde dice que ha bajado el precio del tratamiento en más de 10 veces desde que este medicamento ingresó a Chile. Una reducción bien sustantiva.

-¿Han tenido señales del nuevo gobierno sobre qué decisión van a tomar?

Como parte de las reuniones que usted mencionó, hemos planteado a las nuevas autoridades nuestra preocupación y nuestro argumento, pero no sabemos qué decisión van a tomar. Sí estamos esperando la decisión de la Contraloría. Entendemos que eso todavía está en curso, y también nos gustaría que esto se despejara relativamente pronto. No es bueno dejar estas cosas en suspenso, porque genera incertidumbre.

– En el fondo, lo que ustedes cuestionan es que esta decisión se adopte como respuesta al alto costo de los medicamentos…

Viendo el costo que tiene el tratamiento y considerando el precio al que se llegó en las últimas vueltas -y eso se podría volver a negociar-, actualmente el tratamiento cuesta unos US$5.700. Si alguien tiene la Hepatitis C, es muy probable que requiera un trasplante. Si lo paga el sistema público, es mucho más caro que financiar el tratamiento innovador. Eso, solo para comparar cuáles son las alternativas que tienen los pacientes en Chile, si es que el Estado no pusiera los recursos para acceder al tratamiento innovador.

La operación por trasplante debe estar en el orden de los $30 millones o más. Además, ese trasplante no te cura, a eso agréguele tratamiento de por vida para ese paciente, y eso adiciona varias decenas de millones de pesos en términos de costo. Y sin curarse. Por tanto, si hablamos de costos para el sistema público, usted tiene que el sistema hoy día gasta más que lo que gastaría con el tratamiento innovador.

Todo eso, que debiera ser parte de un análisis serio, no lo fue. Nos parece una cuestión mal hecha: tratar de distorsionar una herramienta legítima, en una situación que no corresponde a la esencia de ese instrumento, ni en la propia ley chilena ni a los acuerdos internacionales suscritos por Chile.