MONJA AFIRMA QUE LO ALERTÓ EN 2006 SOBRE EL SACERDOTE
Nuevo testimonio acusa a Ezzati de encubrir a sacerdote penquista denunciado por violación
18.07.2018
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MONJA AFIRMA QUE LO ALERTÓ EN 2006 SOBRE EL SACERDOTE
18.07.2018
Apenas aterrizó en Concepción en 2006 como arzobispo, Ricardo Ezzati recibió a una monja, directora de un colegio, quien lo alertó sobre las relaciones de un grupo de sacerdotes homosexuales que tenían contacto con jóvenes. Uno de ellos era Hernán Enríquez. Le pidió que los apartara de los colegios. Nada sucedió. Tres años después, Ezzati recibió la denuncia de un padre que acusó a Enríquez de haber violado a su hijo en el Seminario Menor de esa ciudad. El arzobispo dijo haber investigado, pero Enríquez siguió de profesor y en 2012 Ezzati lo premió prologando un libro del sacerdote. La violación del menor y su encubrimiento recién se conocen en Concepción.
En la recta final de sus días como arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati no ha tenido tregua. Y, al parecer, no la tendrá. A las duras críticas que ha enfrentado por haber desoído y maltratado durante años a las víctimas de abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima, se suman ahora tres episodios que oscurecen aún más el escenario de su pronta sucesión.
El primero es la detención de su canciller, Óscar Muñoz, por abusos de menores que habría cometido aún después de que Ezzati supo de sus delitos, en enero pasado, y no lo denunció a la justicia penal. El segundo es la ofensiva del fiscal Emiliano Arias para procesar a Ezzati por encubrimiento u obstrucción en el mismo caso del canciller Muñoz. Y el tercero y más sorprendente, pues le abrió un inesperado flanco al prelado: los abusos que no investigó en Concepción, cuando encabezó esa arquidiócesis entre 2006 y 2011.
La capital penquista se conmovió el fin de semana pasado cuando el diario digital Sabes.cl publicó una carta (vea aquí el documento), cuyo autor denunció que el ex rector del Seminario Menor de Concepción, el presbítero Hernán Enríquez Rosas, violó a un estudiante de 14 años. La carta la escribió el padre de la víctima (cuya identidad se mantiene en reserva), quien indicó que los hechos ocurrieron en 2002, pero que él y su esposa solo se enteraron en 2009, cuando su hijo pudo al fin contarles lo que le había sucedido en el seminario. Por eso, recién ese año hicieron la denuncia ante el entonces arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, quien se comprometió a hacer una investigación. Nunca supieron de sus resultados.
Lo que los padres de la víctima no sabían, hasta ahora, es que Ezzati ya había sido alertado, tres años antes, de las conductas impropias del presbítero Enríquez, quien no solo ejercía como formador del seminario, sino que oficiaba como capellán en colegios católicos, por lo que estaba en permanente contacto con jóvenes. Pero el arzobispo, a pesar de contar con estos antecedentes, nada hizo. Es más, en 2012, seis años después de recibir la primera denuncia, colaboró con Enríquez al redactar la introducción de un libro escrito por el sacerdote acusado.
Apenas asumió como arzobispo de Concepción, en 2006, Ezzati recibió la visita de una monja. La religiosa –quien se contactó con CIPER y pidió la reserva de su identidad– era directora de un colegio católico. La reunión tuvo un objetivo preciso: comunicarle al nuevo arzobispo los nombres de tres sacerdotes, entre ellos el de Hernán Enríquez, que mantenían relaciones homosexuales dentro de un grupo en el que participaban consagrados y laicos, que se protegían entre ellos y que tenían acceso a espacios pastorales y educacionales frecuentados por jóvenes.
La religiosa señaló a CIPER que ella obtuvo y confirmó la información mientras buscaba un capellán para su colegio: “Hablé con testigos muy serios, entre ellos un sacerdote diocesano y otro jesuita, de las relaciones que había al interior de este grupo, de encuentros en los que también habrían participado muchachos”.
Tras recoger esos testimonios y chequear algunos de los datos que había recibido, dice la religiosa, se animó a entregarle los antecedentes a Ezzati, para que iniciara una investigación y, de manera preventiva, apartara a estos sacerdotes de cualquier trabajo con menores. Pero eso no sucedió. Por el contrario, el único efecto que tuvo su encuentro con el obispo fue que uno de los presbíteros denunciados se comunicó con la congregación de la religiosa para amenazar con acciones legales –por injurias– si ella seguía adelante con sus indagaciones.
-Le dije al arzobispo Ezzati que el padre Hernán Enríquez tenía una pareja dentro de este grupo y que todos estos sacerdotes trabajaban en educación. A Enríquez lo pusieron en el seminario los obispos anteriores, Antonio Moreno y Felipe Bacarreza. La idea de tener un seminario con adolescentes fue de Bacarreza, quien había sido formado por Fernando Karadima. Pero Ezzati, sabiendo estos antecedentes, confirmó a Enríquez en el seminario. La única que sufrió consecuencias fui yo, que fui amenazada –relató a CIPER la religiosa.
“En la época del obispo Moreno, de los tres formadores que se pusieron en el seminario, al menos dos eran homosexuales. Nosotros supimos de un joven que se encerraba con llave en su pieza. Pero toda esa gente fue confirmada después por Ezzati”, agregó.
Hernán Enríquez, dice la monja, además de su rol en el seminario, era capellán en el colegio Instituto de Humanidades. Otro de los sacerdotes cuyo nombre entregó a Ezzati era capellán en el colegio Madre Paulina y en el externado del Inmaculada Concepción. “Nunca supe que el arzobispo hiciera algo con mi denuncia. Todo siguió igual”.
Un día después de haber publicado la carta con la denuncia de violación, Sabes.cl difundió una nota en la que informó la existencia de un grupo que al interior de la iglesia católica penquista es conocido como la “mafia rosa”. Según esa publicación, se trata de sacerdotes homosexuales, entre los que se cuenta Enríquez, que hacen lobby para promoverse a puestos de poder y encubrir abusos.
Los testimonios que avalan la denuncia contra Enríquez indican que Ricardo Ezzati hizo la vista gorda con este grupo mientras fue arzobispo de Concepción. De esta forma, su nombre entra al grupo de obispos que han sido cuestionados desde el Vaticano por encubrir a grupos homosexuales activos dentro del clero, normalizando la aceptación de esas conductas e, incluso, tolerando relaciones abusivas con jóvenes.
Los obispos que han sido acusados hasta ahora por encubrir a grupos de este tipo son: Cristián Caro (Puerto Montt), Gonzalo Duarte (Valparaíso) y Alejandro Goic (Rancagua). El Papa Francisco ya cursó las renuncias de todos ellos y han sido reemplazados por administradores apostólicos (vea el reportaje de CIPER “La trastienda de las ‘renuncias’ de los obispos Cristián Caro y Gonzalo Duarte”).
La atención preferente que el Vaticano está prestando a este tipo de conductas permisivas de obispos chilenos que ampararon abusos, particularmente después de las visitas de los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, explican la premura con que el actual arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, ha abordado la denuncia contra Hernán Enríquez que sacó a la luz Sabes.cl.
Mencionado como el principal candidato a suceder a Ezzati en la arquidiócesis de Santiago, Chomalí no ha salido indemne de la crisis. El padre que denuncia la violación de su hijo señala en su carta que en 2011, apenas Chomalí asumió como arzobispo de Concepción –en reemplazo de Ezzati-, tomó contacto con el prelado para ponerlo al tanto de la denuncia.
En respuesta a esa carta, y por el escándalo que ella provocó en Concepción, el arzobispado penquista difundió un comunicado en el que admitió que en 2009 y 2011 se realizaron investigaciones eclesiales a partir de la denuncia que involucra a Enríquez. Y se afirma que ellas no arrojaron resultados concluyentes. De hecho, el presbítero Enríquez continuó hasta ahora en contacto con jóvenes como profesor de Teología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la cual Fernando Chomalí es gran canciller.
Este miércoles 18 de julio el arzobispo Chomalí se reunió de urgencia con el clero de su arquidiócesis para tratar la denuncia contra Enríquez. Y en una intervención que puede interpretarse como una separación de aguas con Ezzati, dijo a radio Bío Bío que no recordaba haber recibido de este último, cuando le traspasó la arquidiócesis penquista en 2011, antecedentes sobre éste u otros casos de abusos.
Ricardo Ezzati y su antecesor en Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, han sido apuntados por las víctimas del sacerdote Fernando Karadima como los principales responsables de haber ahogado las investigaciones iniciales contra el ex párroco de la influyente comunidad católica de la iglesia de El Bosque, sancionado por el Vaticano por abusos sexuales y de conciencia.
Ezzati y Errázuriz no solo torpedearon las indagatorias contra Karadima, sino que operaron en las sombras para desacreditar a sus víctimas. Así quedó en evidencia en correos electrónicos que ambos intercambiaron y que fueron publicados por El Mostrador en septiembre de 2015.
En esos mensajes se coordinaron para impedir que una de las víctimas de Karadima, Juan Carlos Cruz, fuese nombrado en la Comisión Pontificia de Prevención de Abusos Sexuales y para que no entregara su testimonio ante la Conferencia Episcopal Anglófona que se reuniría en Roma. Sobre la necesidad de abortar esta última invitación a Cruz, Ezzati escribió a Errázuriz:
Pido su consejo para ver con quién intervenir en Roma para evitar que ello ocurra. Sabemos cuál es la intención del señor Cruz hacia usted y hacia la iglesia de Santiago. Espero que podamos evitar que las mentiras encuentren espacio entre quienes formamos la misma iglesia.
En los mismos correos, Errázuriz y Ezzati se coordinaron para impedir que el segundo gobierno de Michelle Bachelet nombrara al jesuita Felipe Berrios como capellán de La Moneda. Para poner en marcha esa operación, según escribió Errázuriz, fue contactado el lobista Enrique Correa (Felipe Berríos es miembro del directorio de CIPER).
El cardenal Ezzati también ha sido apuntado como uno de los encubridores del abusador sexual de menores Rismky Rojas, religioso salesiano que se suicidó en 2011 y de quien se sospecha estuvo involucrado en la desaparición del estudiante Ricardo Harex en 2001. Una de las víctimas de Rojas, el abogado Marcelo Vargas, entregó en febrero pasado antecedentes al enviado papal Charles Scicluna sobre los nexos de Ezzati con el ocultamiento de los delitos del sacerdote salesiano.
El abogado Vargas ha declarado que el ahora cardenal y arzobispo Ezzati era director de la congregación salesiana en 1985, cuando dispuso la salida de Rimsky Rojas de Chile y su posterior traslado a Punta Arenas, para acallar las denuncias de abuso que pesaban sobre el sacerdote en Valdivia. En Punta Arenas, a pesar de sus antecedentes, los salesianos permitieron que Rojas llegara a ser director del Liceo San José, cargo que ocupó hasta 2002, un año después de la desaparición del joven Ricardo Harex (de 17 años).
Las críticas por la forma en que Ricardo Ezzati ha actuado en los casos de abusos cometidos por clérigos y por el maltrato que ha brindado a las víctimas, alcanzaron su punto más álgido en mayo de este año, cuando un grupo de diputados comenzó a analizar la idea de solicitar que se le retire la nacionalidad chilena que se le concedió por gracia.
“Ezzati le hace daño a la Iglesia chilena y a la sana convivencia republicana. Ya antes apareció vinculado a un lobista para detener la nominación de Felipe Berríos como capellán de La Moneda, luego insultando a las personas trans y ahora desconociendo los encubrimientos que el propio Papa Francisco llama a reconocer (…). Ezzati es un símbolo de la iglesia elitista que el cardenal Bergoglio está combatiendo”, dijo entonces el diputado Renato Garín (RD).
Los esfuerzos de Ezzati y Errázuriz para acallar a las víctimas de Karadima e impedir que fuesen recibidas en Roma, resultaron infructuosos. Los magros resultados de la visita papal a Chile en enero de este año, teñida por las críticas al obispo Juan Barros –acusado de encubrir a Karadima–, y la posterior misión de Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, dieron pie al escenario que los dos cardenales chilenos más temían: el Papa Francisco invitó y escuchó directamente a fines de abril pasado a las víctimas del ex párroco de El Bosque.
Esa cita en Roma comenzó a horadar el muro de secretismo y opacidad que construyeron obispos como Ezzati y Errázuriz, convertidos a estas alturas en figuras emblemáticas de la iglesia de “elites” que el Papa Bergoglio denunció en su carta a los feligreses chilenos.
Tres semanas después, el 18 de mayo, los obispos chilenos en pleno presentaron su renuncia ante el pontífice. Uno de los que está ad portas de abandonar su cargo, se dirá que por razones de edad, pero principalmente por la forma en que encaró los casos de abusos y el maltrato que brindó a las víctimas, es Ricardo Ezzati. Es muy probable que, como un signo de los tiempos y tal como ya ha ocurrido con los obispos Caro, Duarte y Goic, su despedida sea sencilla, sin alardes comunicacionales ni ceremonias pomposas. Escándalos como el que acaba de estallar en Concepción, así lo aconsejan. El arzobispo juega los descuentos. Y ya perdió el partido.