Ex alcaldesa Vicky Barahona es contratada en el Ministerio de Salud aunque arrastra varias denuncias

Con un honorario de $3,7 millones mensuales la ex alcaldesa de Renca, Vicky Barahona (UDI), fue contratada como asesora del gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Barahona accedió a este nuevo empleo público a pesar de que su gestión alcaldicia aún enfrenta acusaciones que se tramitan en el Tribunal Calificador de Elecciones, el Primer Tribunal Electoral, la Contraloría y la Fiscalía Centro Norte. Los cuestionamientos apuntan, entre otros hechos, a la contratación de 99 personas un día antes de dejar la alcaldía, gastos sin respaldo, la venta de un terreno destinado a viviendas sociales por falta de plan regulador y no haber abierto un sumario a un funcionario acusado de cohecho que fue condenado por la justicia.

Con un sueldo de $ 3.703.703 y numerosas denuncias de irregularidades durante su gestión,  aterrizó en la Subsecretaría de Redes Asistenciales la ex alcaldesa de Renca, Vicky Barahona (UDI). Lo hizo el 6 de abril pasado y, según los registros de Transparencia del Ministerio de Salud (Minsal), tendrá ese empleo al menos hasta diciembre próximo. La médico cirujana que durante 16 años gobernó esa comuna del sector poniente de la capital fue contratada para asesorar al gabinete de la subsecretaría “en el desarrollo de evidencia sobre metas e indicadores del sistema nacional de servicios de salud”, según indica la descripción de sus funciones en el sitio web de la cartera.

Barahona llega a este nuevo empleo público a pesar de que aún se tramitan denuncias en su contra en el Tribunal Calificador de Elecciones, el Primer Tribunal Electoral,  la Contraloría y la Fiscalía Centro Norte. Las acusaciones se refieren a eventuales irregularidades durante su gestión alcaldicia, que se extendió entre 2000 y 2016. Su contratación en el Minsal, a pesar de todas estas investigaciones pendientes, podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para el ministro Emilio Santelices, quien aún enfrenta críticas por las acciones de la empresa Sonda que tenía en su poder, a pesar de que esa empresa presta servicios a Fonasa (vea el reportaje de Mega que reveló esa información), y quien ya fue objeto de una acusación constitucional fallida.

Honorarios de Vicky Barahona como asesora del gabinete de Redes Asistenciales del Minsal (fuente: transparencia activa del Ministerio de Salud).

La ex edil de Renca, madre de la intendenta de Santiago, Karla Rubilar, fue denunciada por el actual alcalde de esa comuna, Claudio Castro (DC), por “notable abandono de deberes”. Castro interpuso esa acusación, apenas asumió en diciembre de 2016, ante el Primer Tribunal Electoral de Santiago y luego ante el Tribunal Calificador de Elecciones. A su vez, los concejales del mismo municipio llevaron el caso a la Contraloría General de la República (CGR).

En todas esas acciones las actuales autoridades comunales de Renca cuestionan la contratación de 99 personas un día antes de la asunción del nuevo alcalde; altos gastos en publicidad donde la ex alcaldesa resaltaba su nombre; diversos gastos sin respaldo; inexistencia de un plan regulador a pesar de que el municipio destinó $88 millones para su confección; la venta de un terreno destinado a viviendas sociales precisamente por la falta de plan regulador y la no realización de un sumario a un funcionario acusado de cohecho que posteriormente fue condenado por la justicia.

En diciembre de 2016, Vicky Barahona contratacó. Se querelló contra el alcalde Claudio Castro por el delito de injurias graves con publicidad ante el Segundo Juzgado de Garantía. Acompañada de su hija Karla Rubilar, aseguró a los medios que “seguimos estrictamente la ley y la ley dice cómo hay que rendir. Está todo firmado por el secretario municipal y por el director de control, como se establece”.

ARCHIVOS PERDIDOS EN LA NOCHE

En la acción ante el Primer Tribunal Electoral, Castro detalló que el 6 de diciembre de 2016 a las 8:30, cuando se realizaba el acto de instalación de las nuevas autoridades, éstas no recibieron las actas que correspondía, ya que el propio secretario Municipal, Alejandro Niño, les informó que los 14 archivadores donde se encontraba toda esa información habían desaparecido durante la noche. El director de Control del municipio, Luis Jorquera, tampoco sabía dónde estaban. Esa misma denuncia fue hecha ante la Contraloría, entidad que actualmente desarrolla una auditoría a las cuentas de la comuna.

La misma Contraloría emitió a fines de 2016 su informe 887 donde concluye que en el Municipio de Renca se registraron gastos improcedentes por $34,8 millones, uso de la imagen de la alcaldesa en afiches y publicidad, con un costo de $8,82 millones, donde se destaca su nombre por sobre el de la comuna con frases como: “Vicky Barahona tu alcaldesa”; “Recibe este regalo de tu alcaldesa”. El informe de la entidad que dirige Jorge Bermúdez sostiene que Renca gastó entre 2014 y 2016 una suma total de $568,1 millones en publicidad de todo tipo, cuestionando especialmente el excesivo uso de la imagen de la alcaldesa  y la no acreditación de algunos de esos gastos.

Emilio Santelices, ministro de Salud

El 13 de marzo de 2017, la Contraloría remitió al municipio el oficio 2.842 donde indicó que las situaciones denunciadas traían aparejada la posible aplicación de la causal de “notable abandono de deberes”, lo que debía ser solicitado por al menos un tercio de los concejales ante el Tribunal     Electoral Regional. El 5 de junio de 2017 cinco concejales (Cristián Sandoval, Jorge Lozano, Teresa Cordero, Virginia Fuentalba e Ishkra Calderón) lo hicieron, planteando ocho cuestionamientos: desde no haber hecho entrega formal del municipio hasta “malversación de fondos”.

En el escrito de los concejales se detalla que el 27 de marzo de 2017 el concejo realizó una denuncia en contra de la alcaldesa, en su rol de presidente del directorio de la Corporación Municipal de Renca, y de Sergio Barrera Vega, secretario general de la misma entidad. Ello, debido a que en ese mismo mes las autoridades comunales conocieron los resultados de una auditoría financiera que arrojó la inexistencia de documentos para justificar gastos por $583,5 millones  y la imposibilidad de poder acreditar otros desembolsos por $219 millones. Ello generó una denuncia penal por destrucción y alteración del sistema informático y malversación de fondos públicos contra quienes resulten responsables.

CONTRATOS DE MADRUGADA

Entre el 19 y el 23 de octubre de 2016, la Municipalidad de Renca llamó a concurso público para llenar 99 cargos de planta, que según la denuncia de los concejales tenían por objeto dejar amarrada la contratación de personal cercano a la ex edil. Esto se conoció luego de que dos funcionarias –Jéssica Cabrera y Viviana Verdejo­– quienes trabajan hace 16 años en el municipio reclamaran ante la Contraloría su derecho a ser incorporadas a la planta, en virtud del tiempo que llevaban en el municipio y la necesaria aplicación del mecanismo de ascenso establecido en la ley Orgánica Municipal. Además, reclamaron por la presunta ilegalidad de los concursos.

El 13 de diciembre de 2016, mediante el oficio N° 89.392, la Contraloría ordenó al municipio informar respecto de estos concursos y comenzó un sumario que reveló que no había evidencia de que se siguió un proceso siquiera básico de contratación: no había constancia de revisión de antecedentes de quienes postularon a las vacantes, como tampoco de entrevistas. Lo más inquietante, fue la declaración del secretario municipal, Alejandro Niño, ante los funcionarios de la Contraloría. Niño sostuvo que se amaneció firmando contratos días antes del cambio de mando, luego de que funcionarios municipales llegaran hasta su propia casa a rogarle que suscribiera los documentos.

Fuente: renca.cl

El relato de Niño indicó que el viernes 2 de diciembre de 2016 le anunció a la comisión de selección del concurso de personal que no firmaría nada, porque no existía ningún antecedente del proceso. Se fue a su casa a las 18:30 y cerca de las 20:30 llegaron a su domicilio 12 funcionarios y directores del municipio a decirle que debía volver a su oficina para firmar los nuevos contratos. Aseguró que el asesor jurídico Sergio Barrera, cercano a Barahona, lo amenazó y fue verbalmente  “muy violento”. Varios trabajadores le rogaron que no los dejara sin empleo. “Ellos estaban en un tono suplicante”, se lee en sus declaraciones. Niño volvió a su oficina a las 22:00 del viernes 2 y se retiró pasadas las 10 de la mañana del día siguiente tras firmar los nuevos contratos.

En este episodio de los contratos exprés hubo varias irregularidades más, como que las actas que firmó Niño quedaron fechadas el 29 de noviembre de 2016, pese a que todos los funcionarios que declararon ante la Contraloría coincidieron en que todo pasó en la madrugada del 3 de diciembre; la jefa de personal –Ingrith Vásquez–, quien también formaba parte del comité de selección, estaba propuesta para tres cargos diferentes; también se encontraron currículums de postulantes a los empleos abultados con datos académicos falsos. Los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Centro Norte.

EL PLAN REGULADOR PERDIDO

En 2005, la Municipalidad de Renca pagó $88 millones a la empresa  Arcadia por la realización de un plan regulador comunal. El anterior era de 1985, cuando la comuna fue creada. Pero, según denunció la nueva administración, este nuevo ordenamiento territorial nunca fue dado a conocer al Concejo Municipal y el estudio que supuestamente hizo Arcadia tampoco fue encontrado. Actualmente, Renca tramita el cambio del uso de suelos en varios puntos de la comuna.

Uno de los sectores del municipio donde de hecho se produjo una situación al menos controvertida, producto de la falta de plan regulador, fue el barrio de Apóstol Santiago. Son 9.080 metros cuadrados que pertenecían al Serviu y que originalmente se destinaron a la construcción de una población de 12 edificios de vivienda económica, además de colegios e instalaciones comunales. Pero ese proyecto jamás se concretó y en 2017 el paño fue vendido a la inmobiliaria Maestra, para la construcción de un condominio privado.

Los concejales también cuestionaron la inacción de las autoridades comunales –dirigidas por Vicky Barahona– que permitió que Chilectra (hoy Enel Distribución) iniciara una demanda por $555,4 millones en contra del municipio. Los hechos se remontan a 2014, cuando Renca adjudicó a la coreana LG  el proyecto para renovar con tecnología LED el 95% de su alumbrado público. En ese proceso quedó fuera de competencia Chilectra, porque supuestamente obtuvo menos puntaje que LG (ver reportaje de CIPER).

Según un fallo del Tribunal de Compras Públicas, LG fue elegida a pesar de estar fuera de bases y por la tanto la adjudicación de ese contrato fue ilegal.

Siete meses después, cuando faltaba apenas una semana para que acabara el plazo de entrega de las obras, el contrato fue modificado para entregar a LG un pago extra de $89,7 millones y un aumento en los plazos para ejecutar el trabajo.

Entre las denuncias vertidas por los concejales contra Vicky Barahona, también se cuenta que no abrió un sumario ni entregó antecedentes al CDE sobre el juez (s) de policía local de Renca, Gerardo Thomas Cuevas. Esto, a pesar de que Cuevas estaba acusado por cohecho y lavado de dinero en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago. En abril de este año Thomas fue condenado a cinco años y un día de inhabilitación para cargos u oficios públicos y profesiones titulares, debido a que exigió dinero a 54 infractores de tránsito a cambio de devolverles sus licencias de conducir. También se le impuso una multa de $6 millones. El abogado era parte del círculo cercano de la ex alcaldesa, según señalan funcionarios de la Municipalidad de Renca que hablaron con CIPER.