ALCALDE SOTO PAGÓ MILLONES A JOVEN A QUIEN ACUSA DE EXTORSIONARLO
Fraude en corporación municipal de Rancagua involucra a alcalde Soto en trama de acoso sexual
05.07.2018
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ALCALDE SOTO PAGÓ MILLONES A JOVEN A QUIEN ACUSA DE EXTORSIONARLO
05.07.2018
A fines de 2016 se destapó un fraude en la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, presidida por el alcalde de esa comuna, Eduardo Soto. El edil figura como imputado y la Fiscalía investiga su nexo con una productora de su campaña electoral que es “proveedora favorita” de la corporación. A esa trama se agrega un delicado capítulo: un joven lo acusa de acoso sexual y de pagarle millones por su silencio. Soto reconoció que le entregó dineros, pero bajo “extorsión”. La PDI busca esclarecer si esos traspasos se conectan con el manejo irregular de los fondos de la entidad municipal. El rol del abogado Álvaro Lavín, consejero regional de Santiago y asesor del alcalde de Rancagua, cruza toda la trama.
“Es un sueño esperado por más de 100 años”. Con esas palabras el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto Romero (59 años), cortó en julio de 2013 la cinta de inauguración del flamante Teatro Regional de Rancagua. Desde que fue elegido en 2008, Soto tenía entre sus prioridades la construcción de ese teatro, un largo sueño que a cinco años de su inauguración se ha convertido en una pesadilla para el edil.
En diciembre de 2016 reventó un escándalo de malversación cuyo epicentro fue la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes, creada en 2012 para administrar el nuevo Teatro Regional de Rancagua. La corporación municipal es presidida por el propio alcalde Soto y se financia con fondos públicos: entre 2013 y 2016 recibió $4.739 millones, de los cuales $2.544 millones correspondieron a transferencias directas del municipio. El saldo restante a aportes del Gobierno Regional y de Codelco.
Eduardo Soto está siendo indagado en calidad de imputado por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones (PDI) por su eventual responsabilidad en el fraude, cuya cuantía aún no ha sido calculada. En noviembre pasado la PDI allanó distintas dependencias del municipio de Rancagua, las que incluyeron el despacho del alcalde Soto a quien también se le incautó su teléfono celular.
Siete meses después de esas diligencias, la causa tiene a un solo formalizado: el ex director del teatro y ex secretario de la Corporación de la Cultura y las Artes, Marcelo Vidal Díaz. Pero la indagatoria judicial podría dar un vuelco insospechado. Hace algunos meses se incorporaron a la investigación nuevos antecedentes que colocan al alcalde de Rancagua en una confusa y delicada trama respecto de los dineros defraudados: un joven de 24 años –al cual llamaremos “Javier”– lo acusa de presunto acoso sexual y de haberle pagado millones por su silencio.
Y es en este punto donde se cruzan dos investigaciones que desarrollaba CIPER en paralelo. Y ello, porque en febrero de 2017 CIPER recibió directamente el testimonio de “Javier”, quien relató los pormenores del acoso sexual del que habría sido víctima durante años. La indagación de CIPER respecto de los pagos que recibió “Javier” por su silencio arrojó algunas pruebas, incluso notariales. Estos pagos fueron corroborados tres meses más tarde, cuando en marzo de 2017 el alcalde Eduardo Soto presentó ante la Fiscalía de Rancagua una denuncia por extorsión contra el mismo joven. Su abogado en esa acción judicial fue Mario Zumelzu.
La versión de “Javier”, con quien CIPER conversó en dos oportunidades (febrero de 2017 y enero de 2018), indica que los pagos que recibió de Eduardo Soto habrían ascendido a más de $100 millones. “Javier” reconoció en ambas oportunidades que esos dineros se los pidió al alcalde de Rancagua como una forma de compensación por el “infierno” que dice haber vivido durante varios años, producto de los supuestos hostigamientos sexuales de Eduardo Soto.
CIPER tuvo en sus manos un escrito notarial –protocolizado en una notaría de Viña del Mar–, en el que queda constancia de que “Javier” recibió de manos del alcalde de Rancagua $18 millones en julio de 2016. El dinero, según consta en ese documento legal, fue entregado en efectivo. En el escrito se especifica que el joven “prestó servicios para Eduardo Soto Romero”, aunque no se detalla qué tipo de servicios. Lo que sí quedó registrado en ese documento es que, a cambio de ese dinero, el joven se compromete a no presionar al alcalde a través de redes sociales. La indagatoria de CIPER indica que, a esa entrega de dinero en efectivo, se sumarían otras.
En conversación con CIPER, el alcalde Soto reconoció que efectivamente le entregó dinero al joven, suma que cifró entre $20 millones y $30 millones en total, ya que dijo no recordar la cantidad exacta. Y también aseguró que lo hizo “bajo presión y por susto”. En esa misma reunión con CIPER, que se hizo en Santiago, en las oficinas del abogado Luis Hermosilla, Eduardo Soto mostró cuatro correos electrónicos en los que el joven le exige nuevas entregas de dinero, a través de depósitos en una cuenta corriente, bajo la amenaza de concretar entrevistas con medios de comunicación –entre ellos CIPER– donde revelará detalles del supuesto acoso. Todos ellos están fechados en días previos y posteriores a la elección municipal de octubre de 2016, en la que Soto resultó reelecto con un 77,9% de los votos. Respecto de su vínculo con “Javier”, el alcalde dijo haber cultivado una “relación” con él, pero que “jamás tuvo un acercamiento de tipo físico”.
Será la Fiscalía de Rancagua la que deberá determinar el volumen de los dineros entregados por el alcalde Eduardo Soto al joven que lo acusa, y también si hubo o no extorsión de por medio. Pero al centro de las pesquisas que el Ministerio Público ya ordenó a la policía existe un elemento angular por dilucidar: si esos dineros tienen alguna relación con los millones de la corporación municipal que están desaparecidos y cuyo destino hoy se investiga.
La calificación de imputado que recae en el alcalde Soto en la investigación por el fraude de dineros públicos en la Corporación de la Cultura y las Artes, es la que hoy está más avanzada en la Fiscalía de Rancagua. Una de las aristas más complejas para el alcalde es la que prueba sus estrechos vínculos con Marco Catalán Mendoza, dueño de la productora Luna Negra, la principal receptora de los fondos de la Corporación de la Cultura.
La productora Luna Negra fue una de las piezas clave en la campaña con que Soto logró su tercer periodo como alcalde en 2016, apoyado por la UDI pero ya como independiente, pues renunció a ese partido en octubre de 2015. Luna Negra también le prestó servicios en 2013 a la campaña de diputado de Issa Kort (Distrito 15), hoy secretario general de la UDI.
Dos peritajes a la contabilidad de Luna Negra indicarían inconsistencias por cerca de $300 millones entre lo que la corporación cultural registró en su contabilidad como pagos a esa productora y lo que esa sociedad declaró como ingresos provenientes de la entidad municipal.
Ex funcionarios del Teatro Regional de Rancagua aseguraron a CIPER que los contratos de la corporación municipal con la productora de Marco Catalán eran adjudicados año a año sin mediar licitación, por orden del alcalde Eduardo Soto. Esos mismos testigos relataron a CIPER que la fórmula empleada para “no levantar sospechas” sobre la legalidad de esos contratos era muy simple: se le ordenaba al entonces director del teatro municipal, Marcelo Vidal, que redactara a posteriori actas de adjudicación, incluyendo cotizaciones de otras productoras con precios más elevados que los de Luna Negra. La Fiscalía de Rancagua ya cuenta con una confirmación de Vidal de la fórmula utilizada.
Y es aquí donde nuevamente surgen vasos comunicantes entre los nexos que utilizó el alcalde Soto para los contratos con la productora Luna Negra y los que se relacionan con las entregas de dinero que le hizo al joven que lo acusa de acoso. En ambas gestiones aparece el nombre de un abogado: el consejero regional por Santiago Centro, Álvaro Lavín Aliaga, operador político de varios ediles UDI.
Asesor personal de Eduardo Soto, las redes políticas de Lavín Aliaga en Rancagua le han resultado más que rentables: una consultora de su propiedad se ha adjudicado contratos por más de $240 millones con el municipio de la Sexta Región.
A Marcelo Vidal, quien fuera director del Teatro Regional de Rancagua y secretario y gerente general de la corporación municipal entre 2013 y 2016, se le acusa de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Una de las principales pruebas en su contra son los sucesivos pagos que le hizo a una productora de su propiedad (Antumbra Producciones), con cargo a la corporación. También se le acusa de utilizar dineros de la misma entidad para solventar deudas y gastos personales.
Una auditoría contable realizada por orden de la Fiscalía y financiada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), también querellante en la causa, concluye:
“El señor Marcelo Vidal en su rol de gerente general, concentrando las atribuciones en sus manos, abusó de ellas procediendo a autorizar el pago a personas y sociedades relacionadas. En total, por un monto ascendente a $73 millones”.
El análisis financiero también encendió las alertas sobre “la concentración” de contratos que beneficia a Luna Negra. Y cita los “elevados montos pagados” al dueño de esa productora “Marco Antonio Catalán EIRL (Luna Negra Producciones) por un total de $599 millones”.
Otro informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) arrojó que la productora solo contabilizó ingresos provenientes de la Corporación de la Cultura y las Artes por aproximadamente la mitad del monto consignado en la auditoría financiada por el CDE. El SII calculó en cerca de $300 millones los dineros sin respaldo, cuyo destino se desconoce.
Y es allí donde irrumpe la figura de Eduardo Soto. En su declaración judicial el ex director del Teatro Regional, Marcelo Vidal, señaló que se contrataba a Luna Negra por instrucción expresa del alcalde de Rancagua. Y afirmó que la productora “no era lo mejor del mercado” y que sus costos venían con sobreprecio:
“Álvaro Lavín me pidió que hablara con otras productoras para que nos enviaran presupuestos para hacer un acta de adjudicación. Esta acta la realizó en mi oficina, en el teatro. Con esto se respaldaba la decisión de entregar esos recursos. Los presupuestos que yo entregué eran incluso de eventos anteriores, no para estos eventos específicamente, pero Álvaro Lavín me dijo que me tratara de conseguir esos presupuestos, pero era solo para la formalidad, para ‘que se viera legal’, porque la adjudicación estaba hecha desde un primer momento a Luna Negra, no importaba el costo que tuviera, ellos harían el espectáculo sí o sí”.
Dos ex funcionarios del Teatro Regional de Rancagua que conversaron con CIPER bajo reserva de su identidad, refrendaron los dichos del ex director de la entidad. Uno de ellos afirmó: “Se hacían licitaciones falsas para ‘blanquear’ las adjudicaciones a Luna Negra. La relación con la productora la llevaba el alcalde y sus asesores”.
Un correo electrónico enviado el 30 de agosto de 2016 a Marcelo Vidal por el jefe de gabinete del alcalde Soto, Rodrigo Maldonado, evidencia que la contratación de Luna Negra, y las negociaciones con su dueño, Marco Catalán, se canalizaban directamente a través de la alcaldía. Luego de que Catalán enviara el presupuesto ($157 millones) para las fiestas rancagüinas de 2016 al email personal de Rodrigo Maldonado, el jefe de gabinete del alcalde escribió a Vidal:
De: Rodrigo Maldonado
Para: Marcelo Vidal
Estimado Marcelo, se adjunta información respecto de los contratos para el desarrollo de las fiestas rancagüinas. Agradecería por instrucciones del alcalde, trabajar en los respectivos contratos siguiendo el mismo procedimiento del año 2015.
Y así era, porque efectivamente un año antes, para las fiestas rancagüinas de 2015, Marco Catalán también envió su presupuesto directamente a los correos electrónicos personales del alcalde y de su jefe de gabinete:
De: Marco Catalán
Para: Eduardo Soto, Rodrigo Maldonado
Hola, por medio de archivos adjuntos enviamos costo final de nueva versión de fiestas rancagüinas 2015. También informamos que todos estos artistas ya están bloqueados y con contratos firmados para partir campaña de publicidad cuando ustedes estimen conveniente.
Cuando el alcalde Eduardo Soto recorre los sitios públicos de Rancagua, no pasa inadvertido. Todo el mundo lo conoce. De allí su alta aprobación en la última elección (77,9%). También se conoce su fama: maneja con mano férrea la gestión de su comuna y también las de la corporación municipal y el Teatro Regional. Lo que hasta hace poco era una virtud, hoy le pasa la cuenta. Porque su control personal y directo deja huellas.
“En un archivador coloqué documentos que daban cuenta de todas las peticiones de eventos, de préstamos para realización de eventos en el teatro, de pagar viajes de algunos chicos fuera de Chile (…) Todas esas peticiones del alcalde Eduardo Soto debían ser realizadas a través del Teatro Regional y rendidas por el Teatro Regional”.
La declaración corresponde a la que entregó a la Fiscalía Victoria Díaz, quien trabajó en la administración del teatro entre marzo de 2014 y diciembre de 2016.
Victoria Díaz también relató cómo desde la alcaldía se instruyó comprar –con dineros de la corporación cultural municipal– regalos para algunas juntas de vecinos, como televisores de última generación, bicicletas y mesas de ping-pong, entre otros. Todos esos obsequios fueron entregados durante la campaña electoral de Soto Romero en 2016. Un dato adicional proporcionado por Díaz refuerza el rol que cumplía el abogado Álvaro Lavín en la trama que tiene hoy al alcalde como imputado del fraude: para ese tipo de compras y peticiones del alcalde, se le consultaba a Álvaro Lavín “la forma cómo se podía hacer para no tener problemas”.
Varios relatos de trabajadores del teatro recogidos por CIPER corroboran que el alcalde maneja el recinto como “un feudo”. Así, por ejemplo, el 26 de febrero de 2015, Marcelo Vidal le escribió un email a varios funcionarios del teatro y corporación municipal indicándoles que debían atenderse “algunos encargos” del alcalde. Entre ellos, el pago de $3,5 millones a una “iglesia evangélica”. “Mi encargo es que debemos ver la forma de que esto sea transferido a través de la corporación. Veamos la forma mañana”, dice Vidal en su correo electrónico.
Uno de los primeros en responder a ese correo fue Álvaro Lavín:
De: Álvaro Lavín
Para: Marcelo Vidal
¿Cuál es la organización evangélica organizadora? Sugiero que suscribamos el convenio rápido de difusión cultural propia de ese culto para justificar este apoyo. Para eso necesito saber quiénes son y tener una copia de sus estatutos. Si me los consigues preparo algo.
El 7 de febrero de 2017, CIPER recogió el testimonio de “Javier”, quien aseguró haber “vivido un infierno” por la persecución de la que habría sido objeto por parte de Eduardo Soto. En su extenso testimonio –refrendado en enero de este año– el joven señaló que todo comenzó cuando, siendo menor de edad, ingresó al Ballet Folclórico Municipal de Rancagua. Tiempo después, Soto habría comenzado a buscar contacto con él de manera “insistente”. Esos contactos se habrían extendido más tarde a sus comunicaciones por Facebook y celular.
En la indagatoria que hizo CIPER sobre los hechos que relató “Javier”, se pudo constatar que hace aproximadamente cuatro años el joven se mudó a Viña del Mar, donde consiguió un trabajo. Y desde allí habría establecido una relación con el alcalde Soto con pedidos de dinero para arriendo y mantención, que sobrepasaban el millón mensual. Una situación que se habría prolongado por más de dos años.
“Javier” dice que, con los dineros que le daba Eduardo Soto, viajó por un breve tiempo a Estados Unidos y a su regreso arrendó una casa con piscina en Quilpué por un año. De allí, nuevamente con el apoyo financiero del alcalde, se habría mudado a un departamento en el barrio Bellas Artes de Santiago. “Javier” no ocultó en su testimonio que el dinero se le iba fácil de las manos entre fiestas, viajes, ropa, joyas, arriendo de inmuebles y hasta la compra de perros de raza.
Algo pasó en un momento que apareció en escena el abogado Álvaro Lavín. “Javier” dice que le habría ofrecido $20 millones por su silencio. Pero la entrega del dinero solo se haría efectiva cuando él firmara un documento en el que se comprometía a no seguir pidiéndole más dinero al alcalde de Rancagua. Es allí donde nuevamente los hechos calzan. El documento notarial que tuvo en sus manos CIPER está fechado en julio de 2016, tres meses antes de las elecciones municipales de ese año. Y en él se dice expresamente que “Javier” recibe $18 millones a cambio de no “presionar” más al alcalde Soto.
Si se suman todos los dineros que “Javier” dice haber recibido de Eduardo Soto – incluyendo los $18 millones en efectivo que le habría entregado el abogado Álvaro Lavín Aliaga– la cifra sobrepasa los $100 millones.
Como el testimonio que “Javier” le entregó a CIPER coincide con la época de los correos que el mismo joven le envió al alcalde, amenazándolo con revelar el supuesto acoso y pidiéndole varios millones a cambio de su silencio, CIPER se reserva el resto de su relato, en especial, el que habla de los detalles del acoso sexual. Será la Fiscalía la que determinará si hubo acoso y extorsión.
En el curso de la investigación, CIPER descubrió que antes de recoger su testimonio, “Javier” le hizo llegar una acusación similar contra Eduardo Soto –y por escrito– a una autoridad edilicia de Rancagua. “(Soto) me dio mucho dinero por mi silencio”, escribió el joven en esa denuncia que hoy está en poder de la Fiscalía en el expediente por malversación de fondos públicos en el Teatro Regional.
Durante el desarrollo de esta investigación, CIPER recogió en Rancagua varios testimonios de trabajadores del municipio y del Teatro Regional que dan cuenta de la relación que “Javier” dice haber tenido con el alcalde, no sería excepcional. Al menos otros dos jóvenes que trabajaron con el alcalde en Rancagua también habrían recibido dinero. La situación es comentario de pasillo en la Municipalidad de Rancagua y también estaría en conocimiento de otras autoridades políticas de la región.
En marzo de 2017, el abogado Mario Zumelzu –en representación de Eduardo Soto– presentó una denuncia por extorsión en la Fiscalía de Rancagua contra “Javier”. Hace varios meses, Zumelzu dejó la defensa del alcalde Soto. En esa denuncia y también en la causa por fraude en la corporación en la que el edil aparece como imputado, la representación legal de Soto fue asumida por el estudio del penalista Luis Hermosilla.
En el escrito judicial se acusa al joven de exigirle al alcalde un pago de $20 millones. La querella por extorsión se fundamenta en una serie de correos electrónicos en los que aparece el joven exigiéndole a Soto que le deposite varios millones en su cuenta. En uno de los emails que CIPER tuvo a la vista, se lee:
De: "Javier"
Para: Eduardo Soto
La única manera que yo me quede callado y no diga y entregue nada, es que mañana me deposite en mi cuenta vista del banco Santander $4 millones y luego la primera semana de febrero otros $4 millones… y así yo me quedo en silencio como siempre, pero si no esta vez yo me iré con todo.
La denuncia fue interpuesta al poco tiempo de que el problema explotara y se hiciera conocido en el círculo familiar del alcalde y también del joven. Según el relato de “Javier”, los últimos $20 millones habían sido comprometidos por Soto a modo de “reparación” para que pudiera iniciar un tratamiento en una clínica especializada de Viña del Mar.
La cuantía de los dineros entregados por Eduardo Soto al joven a quien acusa de extorsión, es un punto clave de la indagatoria de la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI, en la causa por el fraude en la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes. De allí que uno de los puntos centrales sea dilucidar el origen del patrimonio del edil, cuya renta mensual alcanza a $5,7 millones. Determinar cuánto dinero le entregó Soto a “Javier” en los últimos cuatro años y si esos dineros están conectados con el fraude decidirán la situación judicial del alcalde.
Las dudas en este punto se acrecientan al revisar su última Declaración de Patrimonio e Intereses del 27 de marzo. Allí figura sin ninguna deuda. Situación muy distinta a la que declaró en marzo de 2017, cuando registró pasivos por $54 millones –dos créditos de consumo y uno hipotecario solicitado por su esposa–, que ahora aparecen saldados (ver documento).
Llama la atención en sus últimas declaraciones los $141 millones que el alcalde mantiene en una cuenta de Ahorro Previsional Voluntaria de AFP Cuprum, institución en la que su cónyuge se desempeña como jefa de sucursal en Rancagua.
Cuando los fiscales le consultaron al alcalde Eduardo Soto sobre el rol que cumplía Álvaro Lavín Aliaga en la Municipalidad de Rancagua, el edil señaló que el abogado era su amigo y que no le pagaba por las asesorías que le prestaba: “Me asesora en el plano de la amistad”, dijo.
En el transcurso de esta investigación, fueron varias las instancias en las que el nombre del abogado Álvaro Lavín saltó al ruedo. Aparece recurrentemente en los testimonios de funcionarios del teatro que aseguran que Lavín era el encargado de “arreglar” temas legales de la corporación. También aparece en el relato de “Javier” como el intermediario del alcalde para evitar que la acusación del supuesto acoso sexual se hiciera pública.
Todos los testimonios recogidos por CIPER indican que el vínculo de Lavín con el alcalde Eduardo Soto no es solo el de un asesor jurídico sin renta oficial. La investigación de CIPER arroja que a través de Conectate Global, sociedad de su propiedad, el abogado obtuvo en 2015 al menos cinco contratos con la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) por un total de $241 millones.
Constituida el 31 de agosto de 2010 por Álvaro Lavín y el ex edil de Recoleta, Gonzalo Cornejo Chávez (UDI), Conéctate Global tiene como objetivo “realizar servicios de asistencia técnica educacional dirigida a establecimientos e instituciones de educación, sostenedoras y comunidades escolares en general”.
Cornejo y Lavín son viejos conocidos. Lavín fue administrador municipal de la Municipalidad de Recoleta en el período en que Cornejo fue alcalde de esa comuna. Desde entonces, Lavín Aliaga se ha visto envuelto en situaciones al límite de lo legal. En 2008, por ejemplo, la entonces secretaria del alcalde Gonzalo Cornejo, Lily Cabello, declaró que Cornejo le pasó sobres con más de un millón de pesos con la instrucción de entregárselos a Lavín Aliaga y dos socios de la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA): Jaime Jullian e Iñaki Busto. Estos últimos eran, al mismo tiempo, asesores de Cornejo y administraban GMA, empresa investigada por irregularidades en convenios que había suscrito con Recoleta y varios otros municipios liderados por alcaldes UDI (Huechuraba y Renca, entre otros).
Lavín Aliaga y Gonzalo Cornejo también participan de la propiedad del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), sociedad que recibió $17 millones de Corpesca (en dos pagos), la pesquera bajo investigación judicial por haber financiado ilegalmente la política. Ambas facturas fueron rectificadas por la pesquera del grupo Angelini al no existir evidencia de un trabajo realizado por CESC para Corpesca. La primera factura fue emitida en enero de 2012, cuando Cornejo se desempeñaba como asesor del entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, el principal impulsor de la cuestionada Ley de Pesca.
Desde 2017, Cornejo y Lavín han vuelto a trabajar juntos: son asesores de la Municipalidad de Providencia, liderada por Evelyn Matthei. Gonzalo Cornejo tiene una remuneración de $3,4 millones y entre sus funciones está la de “apoyar a la dirección de comunicaciones en el desarrollo de sus objetivos estratégicos”. Álvaro Lavín, en tanto, recibe una remuneración de $3,3 millones y entre sus tareas está realizar “asesoría estratégica a la administración municipal”.
Además de asesor de las municipalidades de Rancagua y Providencia, Álvaro Lavín es consejero regional (CORE) por Santiago. Electo en 2016, recibe una remuneración bruta de $1,5 millón.
Al culminar la investigación, CIPER le pidió una entrevista al alcalde Eduardo Soto para recoger su versión sobre todos estos hechos. A su solicitud, la entrevista se hizo en las oficinas del penalista Luis Hermosilla, en Santiago. A Soto lo acompañó uno de los abogados del estudio.
En esa instancia, y tal como se señaló, Eduardo Soto reconoció haberle traspasado dineros a “Javier” por un monto que aseguró no recordar con exactitud, pero que estimó entre $20 millones y $30 millones. Agregó que el abogado Álvaro Lavín se encargó de llevar adelante las tratativas con “Javier” para la entrega de esos dineros. El alcalde insistió en que las asesorías que le prestó Lavín Aliaga –a él y a la corporación– fueron “ad honorem”.
CIPER también le consultó a Eduardo Soto sobre el origen de los dineros que le entregó al joven al que acusa de extorsión. El alcalde respondió de manera enfática que esos dineros no tienen relación alguna con los fondos presuntamente malversados de la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, entidad que él preside.