“Papeles de Panamá”: la caída de Mossack Fonseca

Una nueva filtración de 1,2 millón de documentos de Mossack Fonseca revela el huracán que desató en el bufete panameño y en sus poderosos clientes la investigación global de los “Papeles de Panamá” en abril de 2016. Los nuevos registros muestran la desesperación inicial de sus clientes y los febriles movimientos que hizo el bufete para ocultar que ignoraba la identidad de miles de propietarios de sociedades de fachada que ellos mismos abrieron. Una prueba más de la falta de control para evitar que evasores de impuestos, narcotraficantes, políticos corruptos y estafadores usaran sus redes para ocultar dineros mal habidos. Mossack Fonseca cerró sus puertas en marzo pasado. Esta es la historia de su desplome.   

El 9 de marzo de 2016, los empleados de Mossack Fonseca, un bufete de abogados panameño que durante décadas guardó los secretos financieros de celebridades, oligarcas y criminales mundiales, hicieron un descubrimiento que los dejó fríos. Alguien había copiado grandes cantidades de datos desde sus computadoras.

Correos electrónicos, contratos y estados de cuenta bancarios habían sido capturados desde los archivos de Mossack Fonseca. En total, 11,5 millones de documentos (2,6 terabytes de información) de los clientes más delicados del bufete.

De un minuto a otro, la rutina de establecer empresas de fachada en paraísos fiscales dejó de ser prioridad para el bufete. En lugar de ello, según muestran nuevos documentos obtenidos de Mossack Fonseca, los empleados comenzaron a trabajar intensamente en una nueva misión: descubrir quiénes eran sus clientes.

Mossack Fonseca, un jugador clave en el mundo de las finanzas offshore, había desobedecido durante años las normas internacionales que exigen que los abogados y otros especialistas en paraísos fiscales identifiquen y verifiquen a sus clientes, requisitos diseñados para prevenir la actividad delictiva y la corrupción a gran escala.

Durante las siguientes semanas y meses, según los documentos recientemente filtrados, los empleados de Mossack Fonseca enviaron frenéticamente correos electrónicos a banqueros, contadores y abogados, con la intención de cerrar las brechas en su control de registros. Estos profesionales, que habían contratado al bufete para constituir compañías ficticias para clientes acaudalados que deseaban permanecer en el anonimato, respondieron con pánico y furia.

“¡EL CLIENTE DESAPARECIÓ! ¡YA NO LO PUEDO LOCALIZAR!”, escribió Nicole Didi, asesora suiza de gestión patrimonial, en marzo de 2017. La mujer, intermediaria desde hacía mucho tiempo de Mossack Fonseca, representaba a 80 empresas creadas por el bufete.

“Esto es ridículo”, escribió Eliezer Panell, un abogado de Florida que se exasperó por las múltiples peticiones de Mossack Fonseca ­–a veces con solo un día de diferencia– para que obtuviera y compartiera documentos de dos propietarios de compañías offshore para probar sus identidades. “NO PODEMOS VOLVER, un día después de pedir documentos, a pedir otra cosa. PARECEMOS UNOS MALDITOS AFICIONADOS. Una operación Mickey Mouse”, escribió Panell en un correo electrónico.

CLIENTES DESCONOCIDOS

Los nuevos documentos revelan que Mossack Fonseca no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de compañías que había registrado en jurisdicciones opacas, con bajos impuestos. Dos meses después de que el bufete se enteró de la filtración de registros, aún no podía identificar a los propietarios de más del 70% de las 28.500 compañías vigentes en las Islas Vírgenes Británicas, el centro offshore más activo del bufete, y al 75% de las 10.500 empresas ficticias activas en Panamá, según muestran los nuevos registros.

La ignorancia de la empresa sobre quién se beneficiaba de las sociedades de fachada que ayudó a establecer, representaba un riesgo importante. El incumplimiento de las reglas de “conocimiento del cliente” podía exponer a Mossack Fonseca a demandas judiciales e incluso a investigaciones penales, y obligar al bufete a cerrar las empresas ficticias, provocando el caos en sus propios negocios y los de sus clientes.

Los estándares de conocimiento del cliente se han ido volviendo más estrictos a medida que los gobiernos han intensificado sus esfuerzos para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. La descarada indiferencia de Mossack Fonseca ante una obligación legal tan fundamental, fue increíble, según los expertos.

“No debería ser aceptable que un bufete como éste no conozca al dueño de una empresa ficticia, y mucho menos a miles de ellos”, dijo Jack Blum, un abogado estadounidense especializado en fraude fiscal y lavado de dinero. El hecho de que no había registro de quién poseía qué, dijo Blum, “te dice cuán lejos ha ido el negocio de las empresas ficticias. No podría ser más loco”.

Este recuento de los últimos meses de Mossack Fonseca es el resultado de una segunda filtración importante del bufete. La primera filtración condujo a la investigación de los “Papeles de Panamá” y a la ruina del bufete panameño.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y más de 100 medios de comunicación asociados –CIPER entre ellos– publicaron cientos de historias basadas en la filtración de millones de documentos internos que expusieron el funcionamiento interno del bufete desde fines de 1970 hasta 2015.

La investigación de los “Papeles de Panamá” convulsionó los mundos de la política, las finanzas y la ley. La lista de personas reacias a la publicidad que utilizaron los servicios de Mossack Fonseca, incluyó a miembros del círculo íntimo del Presidente de Rusia, Vladimir Putin; al entonces Primer Ministro de Islandia y a una compañía sospechosa de obtener ganancias de un célebre robo de oro en Londres en 1983.

El Primer Ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, tuvo que renunciar luego de que la investigación reveló su participación en una compañía offshore que él y su esposa usaron en secreto para mantener casi US$4 millones en bonos en bancos islandeses, aun cuando su gobierno estaba negociando con los acreedores de esos bancos.

Los paquistaníes salieron a las calles a protestar cuando se reveló que los hijos del entonces Primer Ministro Nawaz Sharif habían establecido empresas ficticias para ayudar discretamente a mantener multimillonarias propiedades inmobiliarias en Londres. Sharif renunció en julio de 2017 luego de que el Tribunal Supremo de Pakistán lo inhabilitara para su cargo.

La policía allanó las oficinas de Mossack Fonseca en El Salvador, Perú y Ciudad de Panamá. A fines de 2016, los gobiernos y las empresas de 79 países habían abierto 150 indagaciones, auditorías o investigaciones relacionadas con el bufete de abogados, sus intermediarios o clientes.

Esta nueva filtración de 1,2 millón de archivos, ofrece una visión interna de Mossack Fonseca y el círculo de intermediarios con los que hizo negocios en las semanas previas al comienzo de la investigación de los “Papeles de Panamá”, y luego, cuando el bufete se apresuró a identificar a sus clientes y estos comenzaron a distanciarse. Los documentos, que incluyen correos electrónicos, copias de pasaportes y archivos de casos criminales, datan de principios de 2016 hasta fines de 2017, unos meses antes de que el bufete colapsara.

La información fue obtenida por el mismo periódico alemán que recibió la primera filtración, Süddeutsche Zeitung. Los registros se compartieron con el ICIJ y sus medios asociados.

DÉCADAS DE SECRETO

En 1986, Jürgen Mossack, un inmigrante alemán cuyo padre llevó a su familia a Panamá después de servir en las Waffen-SS de Hitler, y Ramón Fonseca, un destacado novelista y abogado panameño, fusionaron sus prácticas legales.

El bufete Mossack Fonseca desarrolló entonces un nicho que ayudaba a los ricos a ocultar su riqueza en el extranjero. Desde su base en Ciudad de Panamá, el bufete expandió sus operaciones a más de 30 países, trabajando estrechamente con bancos globales, incluyendo el HSBC, el UBS y el Credit Suisse, y bufetes de abogados en Holanda, México, Estados Unidos y Suiza.

Mossack Fonseca rara vez se comunicaba directamente con los beneficiarios finales de las sociedades offshore que administraba. En su lugar, el contacto se hacía con los intermediarios que se interponían entre el bufete y los individuos adinerados que buscaban proteger casas de lujo, yates y aviones, cuentas bancarias y valiosas colecciones de arte, entre otros secretos. Algunos beneficiarios de los discretos servicios de Mossack Fonseca utilizaron empresas ficticias para sobornar a funcionarios de gobierno y esconder montañas de dinero en efectivo.

Mossack Fonseca operó en la oscuridad durante décadas. Luego, alguien se hizo de un enorme tesoro que incluía sus registros más confidenciales, los cuales llegaron a los periodistas, quienes los desmenuzaron e investigaron.

A principios de marzo de 2016, las llamadas de los periodistas de ICIJ comenzaron a llegar a Mossack Fonseca y a profesionales intermediarios. Con el descubrimiento de la violación de su sistema informático, el bufete entró en crisis.

El día después de que se confirmara la filtración, el abogado de Mossack Fonseca le pidió al fiscal general de Panamá iniciar una investigación criminal e «interrogar urgentemente» a periodistas de Francia, Dinamarca, Australia, Estados Unidos y Alemania, que estaban en Panamá filmando documentales para lo que se convertiría en la investigación de los “Papeles de Panamá”. No se les debe permitir a los periodistas abandonar Panamá o su Hotel Hilton hasta que revelen cómo obtuvieron los documentos de Mossack Fonseca, exigió el abogado, sin éxito.

Oficinas centrales de Mossack Fonseca en Panamá (fuente: ICIJ)

Nicole Didi, la consejera suiza, fue de las primeras en preguntar con urgencia al bufete qué hacer frente a las indagaciones de los periodistas. “¡Este periodista francés quiere publicar un artículo en el periódico Le Monde que no es aceptable para mí!”, escribió Didi en un correo electrónico que incluía texto resaltado en amarillo. El coordinador de atención al cliente de Mossack Fonseca, Jorge Cerrud, trató de calmar a Didi por teléfono, según muestran los registros.

“Voy a hablar con nuestro departamento de relaciones públicas para ver cómo podemos ayudar a prepararte en caso de que los periodistas te contacten nuevamente”, le respondió Cerrud por correo electrónico.

Después de que se publicó la investigación de los “Papeles de Panamá”, el 3 de abril de 2016, los correos electrónicos y las llamadas telefónicas al bufete de abogados se dispararon. Los empleados del bufete aumentaron el uso de la dirección de correo electrónico CrisisCommitte@mossfon, según muestran los registros.

Muchos correos electrónicos hicieron eco de uno enviado por Charles Hotton, director gerente de una filial de Jersey del Banco de Singapur, la cual ayuda a los ricos a proteger sus activos. “URGENTE… qué documentos/que información de BO se sacó de los archivos y cuándo”, escribió Hotton, refiriéndose a los llamados “beneficiarios finales” (BO) de compañías offshore.

Cerrud, el coordinador de relaciones públicas, intentó animosamente calmar a Hotton: “Hemos evitado que los hackers saquen información de nuestro sistema de correo electrónico a partir de marzo”, respondió. En ocasiones, los clientes de alto perfil se apresuraron a demostrarle a Mossack Fonseca quiénes eran en realidad.

Eso es precisamente lo que hizo el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, cuyos ayudantes enviaron al asediado bufete una factura de electricidad para demostrar su identidad, luego de que las autoridades anti-lavado de dinero de las Islas Vírgenes Británicas exigieran la confirmación de la propiedad de la compañía offshore de Poroshenko.

Los abogados del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, enviaron una carta protegida con contraseña a Mossack Fonseca con su pasaporte y el de los miembros de su familia. Esa prueba le permitiría al monarca seguir siendo propietario y administrador de propiedades en el Reino Unido a través de compañías offshore.

Entre la correspondencia filtrada se encuentran 17 correos electrónicos de representantes de la estrella de Hollywood Jackie Chan, un cliente de Mossack Fonseca que proporcionó su pasaporte escaneado y una declaración de American Express en un intento por mantener abiertas sus compañías de producción y de películas, y de ayudar a Mossack Fonseca a evitar multas por trámites incompletos.

El bufete panameño también se comunicó con abogados que ayudaron a administrar la compañía panameña de la superestrella del fútbol argentino Lionel Messi, quien recientemente había sido declarado culpable de fraude fiscal en España en un caso no relacionado con los “Papeles de Panamá” (ver reportaje).

Otros reaccionaron con incredulidad y enojo a las noticias de la filtración de los archivos confidenciales. Según los correos internos de Mossack Fonseca, un contador uruguayo rechazó la sugerencia de la firma de abogados de que escribiera y antedatara un documento para que pareciera que la compañía tenía información precisa sobre la propiedad de una sociedad controlada por la familia del Presidente argentino Mauricio Macri. La idea fue descartada luego de que el contador le dijera presuntamente a Mossack Fonseca que el documento sería “refutado fácilmente por un calígrafo experto”.

Ciudad de Panamá

Un abogado que representaba al presidente del Senado de Nigeria, Bukola Saraki, y su esposa, tomó un vuelo nocturno de Londres a Panamá. Y uno de los abogados de más alto perfil de Suiza fustigó a la firma en nombre de la familia de Beny Steinmetz, un ejecutivo minero ahora bajo investigación en Israel por presunto soborno y corrupción en África. “La filtración de información de la cual Mossack Fonseca & Co era el guardián, ha causado daños a nuestros clientes, quienes se equivocaron al confiar en ustedes y en sus habilidades y rigor profesional”, escribió el abogado Marc Bonnant.

Un portavoz de Steinmetz le dijo al ICIJ que las acusaciones de corrupción y soborno son infundadas. Un profesional de las finanzas le dijo a Mossack Fonseca que nunca había dado permiso para que su nombre se escribiera en documentos de compañías offshore, y mucho menos que se hiciera público. “Es increíble, y exijo que ELIMINEN mi nombre de todos sus archivos”, escribió Jean-Yves de Louvigny en un correo electrónico enviado a la oficina de Mossack Fonseca en Luxemburgo.

“¡Me asombra el hecho de que otra persona pueda proporcionar mi nombre sin mi consentimiento!”, escribió de Louvigny. El banquero había visto su nombre publicado como parte de los “Papeles de Panamá”, pero afirmó que nunca había tenido relación alguna con una compañía offshore. Comparó ese error con el haber inscrito en esos registros los nombres del entonces presidente francés François Hollande y del entonces presidente estadounidense Barack Obama. “¿¿¿¿¿Habrían ustedes hecho eso?????”.

ICIJ pidió comentarios a Louvigny y a otros intermediarios cuyos nombres aparecen en esta historia, pero ninguno respondió.

CONTROL DE DAÑOS

En paralelo a esa desesperada campaña para identificar a sus clientes, Mossack Fonseca intentaba también limitar las consecuencias de la filtración. Y para ello le informó a clientes e intermediarios que había instalado un cortafuego para rechazar los ataques informáticos, y que había implementado un sistema para encriptar correos electrónicos y documentos en la parte más sensible de la industria offshore: quiénes son los beneficiarios finales de sus sociedades de fachada.

El bufete contrató a consultores de relaciones públicas para “dar nuestra versión de los hechos”. También contactó a lo que llamaron “embajadores de la industria” para pedirles apoyo público, según muestran los correos electrónicos.

El bufete de abogados envió a sus clientes un artículo de opinión de Daniel Mitchell, cofundador del libertario Centro para la Libertad y la Prosperidad, publicado en Caribbean News Now. Acorde con la línea de defensa del bufete panameño, Mitchell escribió que “bufetes como Mossack Fonseca son los más recientes sustitutos y representantes de una campaña mucho más amplia que realizan los gobiernos de izquierda y sus diversos aliados y grupos de interés”.

Mitchell le dijo a ICIJ que un empleado de Mossack Fonseca lo contactó después de la filtración, pero que él “ya estaba al tanto del asunto”. El cierre de Mossack Fonseca es “desafortunado”, afirmó Mitchell.

“La protección y seguridad de la información es nuestra prioridad más importante”, dijo Mossack Fonseca a sus clientes, en un anuncio en mayo de 2016 después de la publicación de los “Papeles de Panamá”. “Una vez más, les pedimos disculpas por la difícil situación que ha creado esta violación ilegal”.

Allanamiento oficina Mossack Fonseca en El Salvador (Crédito de fotos: El Faro, Víctor Peña)

Los registros muestran que los intentos de control de daños que hizo el bufete no lograron tranquilizar a sus clientes. Un intermediario suizo quedó totalmente harto: “Con muchos mensajes, ustedes, MOSSACK, están intentando convencer a los clientes de que tienen esta increíble situación bajo control”, escribió Félix Chille. El mensaje concluía: “Probablemente este correo electrónico será interceptado como otros 11.600.000 documentos. No me importa”.

Un abogado se impacientó al escuchar la música de espera de un teléfono y se quejó en un correo electrónico en julio de 2016 a Josette Roquebert, directora senior de Mossack Fonseca en Panamá. Otro intermediario se frustró cada vez más a medida que pasaban los días sin una respuesta a un correo electrónico. “Nuestros clientes no son veletas que giran según los deseos de ustedes”, escribió.

Otros clientes fueron más comprensivos, pero dejaron en claro que Mossack Fonseca había violado el código de secreto sagrado, aunque no escrito, de la industria offshore. “Sentimos mucho lo que sucedió… y les deseo lo mejor, pero se ha roto el objetivo principal de este tipo de estructuras: la confidencialidad”, escribió el planificador financiero uruguayo Ignacio Frechou.

“DEFICIENCIAS IMPORTANTES”

El bufete recibió preguntas directas de los reguladores y las autoridades en las semanas y meses posteriores a la publicación de las historias en distintos países. Los gobiernos abrieron investigaciones sobre las sociedades establecidas por algunas de las oficinas más concurridas de Mossack Fonseca, incluyendo Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Samoa, Seychelles y Anguila.

En abril de 2016, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles, que regula a operadores como Mossack Fonseca para garantizar que los vehículos offshore no sean mal utilizados, le solicitó al bufete revelar quiénes eran los dueños de algunas de las 5.379 empresas activas que había registrado en el archipiélago. Una de las formas con que Mossack Fonseca eludió las estrictas reglas de conocimiento del cliente, fue confiar en abogados externos para que avalaran la reputación y la identidad de los propietarios reales de las empresas.

Correos electrónicos muestran que algunos empleados reconocieron en comunicaciones internas entre ellos, que no podrían cumplir con las solicitudes, y discutieron el posible riesgo de perder el derecho a operar en el país.

“Ésta es un área gris que se presta a la interpretación”, escribió Josette Roquebert sobre el hecho de que el bufete dependiera de terceros para garantizar la reputación y la identidad de los clientes. La práctica “podría considerarse una violación” de la ley de Seychelles, escribió Roquebert.

Una auditoría realizada meses después por la agencia de delitos financieros de Seychelles, concluyó que la oficina de Mossack Fonseca no monitoreaba regularmente a los clientes políticamente conectados de alto riesgo y había violado seis leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, según muestran los nuevos archivos.

“En general, los examinadores encontraron deficiencias importantes en las operaciones de Mossack Fonseca en Seychelles”, escribió Phillip Moustache, director de la Unidad de Inteligencia Financiera del país, en una carta al bufete.

Edificio Mossack Fonseca (Crédito: Mathieu Tourliere, Revista Proceso).

Lo más grave fue que, muy pronto, tras la publicación de los “Papeles de Panamá”, los clientes del bufete tomaron conciencia de que también estaban siendo investigados. Las autoridades en India, España, Suecia y Argentina exigieron a Mossack Fonseca información sobre los contribuyentes que poseían compañías offshore a través del bufete, según muestran los nuevos registros filtrados. La policía local examinó la oficina de Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes Británicas en busca de registros como parte de una investigación sobre sobornos que involucró al magnate petrolero de Nigeria, Kolawole Aluko.

Dos meses después de la publicación de los “Papeles de Panamá”, las autoridades británicas obligaron a Mossack Fonseca a entregar documentos sobre una empresa ficticia administrada por una filial de Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), en aquel momento una empresa minera y de energía que cotizaba en bolsa. En 2013, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido anunció una investigación a ENRC por presuntos sobornos en Kazajstán y África. La compañía se retiró de la bolsa de Londres ese mismo año.

Cofiparinter Ltd., la empresa ficticia de ENRC, estaba siendo investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por corrupción, soborno y lavado de dinero y otros presuntos delitos, según una copia de la orden de registro. La investigación de la compañía no había sido reportada previamente.

“El acuerdo que involucra a Cofiparinter plantea una serie de preguntas sobre quién se beneficiaba de la riqueza natural del Congo”, dijo Anneke van Woudenberg, experta en minería del Congo quien trabaja con la organización sin fines de lucro del Reino Unido, Rights and Accountability in Development (RAID). “Una respuesta está clara: no fueron los ciudadanos pobres del Congo”, concluyó.

Las autoridades británicas se negaron a comentar sobre lo que provocó la investigación de Cofiparinter o a decir si está en curso actualmente.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Al principio, Mossack Fonseca trató de alentar a sus clientes a permanecer leales, a pesar de la furiosa tormenta que se le vino encima. El bufete redujo las tarifas y ofreció a algunos clientes la opción de cambiar el nombre de sus empresas ficticias para que las operaciones comerciales pudieran continuar en secreto.

Mossack Fonseca ayudó a algunos clientes a cambiar su propio nombre comercial para eliminar cualquier referencia a los fundadores panameños en los correos, los paquetes y las facturas. En Samoa, Mossack Fonseca se convirtió en Central Corporate Services. En Panamá, Mossack Fonseca transfirió los clientes a Orbis Legal Services, la cual contrató a algunos empleados del bufete para mantener el “mismo nivel de servicio”.

Otros clientes simplemente trasladaron su negocio a otros proveedores de servicios offshore en paraísos como Guernsey en las Islas del Canal, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre.

“SU BUFETE NO ES CONFIABLE NI CREÍBLE ———- ADIÓS”, escribió el intermediario con sede en Luxemburgo, Jeffrey Davies.

Los clientes comenzaron a informar que los bancos se rehusaban a aceptar o procesar pagos a Mossack Fonseca. En mayo de 2016, el bufete les anunció a los clientes que cerraría su oficina en la Isla de Man, la dependencia de la Corona británica en el Mar de Irlanda. A ello se sucedieron los cierres de oficinas en Jersey y Hong Kong.

Ese mismo año, Fonseca y Mossack anunciaron que se retirarían del bufete que habían fundado. Solo un reducido Mossack Fonseca permanecería abierto por unos años para cumplir con las obligaciones existentes, pero “se marchitaría eventualmente”, decía un correo electrónico a los clientes.

En febrero de 2017, la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, acusó que las sociedades que registró Mossack Fonseca habían sido utilizadas para enviar y recibir sobornos en América Latina en una madeja relacionada con el escándalo Lava Jato. La investigación, aún en curso, tiene como epicentro las acusaciones de que docenas de políticos de al menos 12 países latinoamericanos, además de ejecutivos de Petrobras (la petrolera estatal brasileña), recibieron miles de millones de dólares en sobornos de contratistas a quienes se les otorgaron generosos contratos.

La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, llamó a Mossack Fonseca “una organización criminal que se dedica a ocultar activos monetarios de orígenes sospechosos”. Y ordenó que los abogados Mossack y Fonseca fueran arrestados por lavado de dinero. Los dueños del bufete, quienes negaron haber cometido delito, pasaron varios meses en la cárcel antes de que los autorizaran a pagar una fianza.

“Los fiscales están tratando de obtener evidencia de un crimen que no existe. Si esto fuera España en los Años Oscuros, nos estarían quemando en la hoguera”, escribió Mossack en un cuaderno desde su celda.

Mossack y Fonseca fueron liberados en abril de 2017. Aproximadamente un año más tarde, el importante bufete de abogados que llevaba inscritos sus nombres cerró para siempre.

En mayo de 2018, los fiscales panameños acusaron a otros diez empleados de Mossack Fonseca de lavado de dinero, como parte de las investigaciones sobre el escándalo Lava Jato de Brasil. Mossack sigue siendo investigado por fiscales de Colonia (Alemania), como cómplice de evasión de impuestos, según un comunicado entregado al diario Süddeutsche Zeitung.

La procuradora general de Panamá no respondió a las preguntas de ICIJ. Las investigaciones en ese país continúan, según los informes de los medios.

Mossack y Fonseca no respondieron preguntas específicas de ICIJ o sus socios. En junio, los abogados emitieron un comunicado de prensa que decía que el bufete, sus empleados y sus fundadores “nunca estuvieron involucrados en actos ilegales”.

UNA ÚLTIMA AYUDA

Los mensajes de la asesora suiza Nicole Didi no se interrumpieron. Ella fue una de las primeras intermediarias de Mossack Fonseca en enviar un correo electrónico pidiendo instrucciones al ser interrogada por periodistas. Con creciente frustración, Didi continuó escribiéndole al bufete durante los siguientes 19 meses.

Acusó al bufete de extraviar documentos, de identificar erróneamente al dueño de una compañía offshore y de hacerle preguntas que Didi sentía que no podía responder. “¡No puedo creer lo que hacen en su bufete!”, escribió Didi en mayo de 2017. Finalmente, Mayka Villarreal, gerenta de la oficina de Mossack Fonseca en Seychelles, le dijo a Didi que ya era hora de que se llevara su negocio a otro lado: “No responderemos a ningún mensaje que envíe, y debe resolver cualquier problema con el nuevo agente con el que elija trabajar”.

La gerenta de Mossack Fonseca ofreció una última ayuda. Villarreal le señaló a Didi una lista de otros 67 especialistas en compañías offshore con sede en las Seychelles que ofrecían los mismos servicios que Mossack Fonseca.

Traducción: Univisión