Diputado Miguel Mellado: de deudor a empresario de cobranzas a universitarios

Con una experiencia laboral de 14 años en el área de las cobranzas judiciales llega este domingo a la Cámara de Diputados el ingeniero comercial Miguel Mellado Suazo (RN, 59 años), para  iniciar su primer periodo por el Distrito 23 (La Araucanía).

Uno de los primeros proyectos de ley que deberá discutir el Congreso es el que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE), enviado esta semana por el actual gobierno. La discusión se anuncia candente pues el controvertido CAE mantiene endeudados a más de 600 mil estudiantes, reportándole ingentes utilidades a la banca.

Miguel Mellado conoce bien de cerca la realidad del endeudamiento universitario. Fue allí donde supo explotar una oportunidad de negocios. Junto a su esposa (Marcia Morales), Mellado Suazo creó en 1997 la sociedad Ferycec Servicios y Compañía Limitada, una empresa de cobranza judicial entre cuyos clientes más importantes está la Universidad Autónoma.

La indagación de CIPER arrojó que desde 2004 a la fecha, la empresa de Mellado ha iniciado cerca de siete mil acciones judiciales de cobranza por montos que van desde los $100 mil a los $5 millones.

Paralelo a su empresa de cobranza, Miguel Mellado ha sido gobernador de la Provincia de Cautín (2010-2013) y consejero regional (core) en La Araucanía (2014-2016). Tras su salida de la gobernación de Cautín, y simultáneamente a sus labores como core, Mellado asumió como director de Extensión y Comunicaciones de la Universidad Autónoma, la misma donde estudian los alumnos a los que su empresa Ferycec les cae encima por el retraso en el pago de sus mensualidades (ver aquí).

El vínculo de Mellado Suazo y la Universidad Autónoma –propiedad de la familia Ribera Neumann y cuyo rector es el ex ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera– es de larga data. Y no solo porque fue allí donde el hoy diputado obtuvo su título de ingeniero comercial (ver aquí).

Entre 2002 y 2010, Mellado se desempeñó como director ejecutivo del canal de televisión de la universidad, el que es controlado por la “Sociedad de Televisión y Radiodifusión S.A.”, constituida en diciembre de 1992 por el propio Mellado junto a Jaime Ribera Neumann y a la Inmobiliaria Teodoro Ribera y Compañía (rebautizada como Inmobiliaria Gaudí).

Televisión y Radiodifusión se ha adjudicado decenas de licitaciones con distintas reparticiones públicas por más de $280 millones. Al menos nueve de ellas corresponden a licitaciones adjudicadas por la Gobernación de Cautín a esa sociedad justo en el periodo en que Mellado se desempeñaba como máxima autoridad de esa gobernación.

Esa no ha sido la única vez en que el diputado ha estado en ambos lados de la vereda. Porque pese a ser propietario de una empresa de cobranza, distintas circunstancias lo han llevado a vivir en carne propia el endeudamiento.

Un artículo de Radio Bío Bío de marzo de 2010 reveló que en 1984 Mellado fue acusado en 15 querellas por giro doloso de cheques “avaluados en cientos de millones de pesos, dictando los juzgados de la época órdenes de detención”. La nota señala que para eludir la acción de la justicia, Mellado decidió emigrar a Argentina, permaneciendo “prófugo por varios años hasta que, según fuentes de tribunales, retornó al país en 1989 cuando sus causas ya estaban prescritas, no cancelando nunca dichos compromisos”.

Más tarde, en 1995, Mellado Suazo volvió a tener problemas con la justicia por deudas contraídas con la banca de Temuco.

FERYCEC SERVICIOS Y COMPAÑÍA

“Por el presente instrumento, las partes acuerdan que en conformidad al artículo 37 de la Ley N° 19.496, la Universidad Autónoma de Chile podrá en caso de mora, simple retardo o atraso en el pago de la obligación a que se refiere el presente documento, cobrar además, en forma directa o a través de la empresa de cobranza externa Ferycec Servicios y Compañía, los gastos de cobranza extrajudicial sobre las deudas morosas o atrasadas que permita la ley antes indicada”.

Así se lee en el “Contrato de prestación de servicios educacionales”, el documento que deben firmar cada año los apoderados de los alumnos de la Universidad Autónoma para su inscripción y regularización (ver aquí).

En la declaración de Patrimonio e Intereses -a la que por ley está obligado- que presentó para inscribir su candidatura a diputado (agosto de 2017), Mellado Suazo declaró poseer el 50% de la propiedad de Ferycec (ver aquí). El resto está en manos de su cónyuge quien, además, es la “secretaria ejecutiva” de la empresa de cobranza que tiene como clientes a la Universidad Autónoma, la Universidad Santo Tomás, a dos colegios y a un instituto (ver aquí).

Consultado por CIPER, el diputado afirmó que si bien Ferycec sigue siendo una sociedad familiar, él se salió de la administración de la empresa en 2010, antes de asumir como gobernador, y de su propiedad en diciembre del año pasado.

Entre las cerca de siete mil acciones judiciales emprendidas por Ferycec desde 2004 a la fecha, hay varios cientos que corresponden a cobros por aranceles atrasados de alumnos de la Universidad Autónoma, la misma en la que él se desempeñaba como director de Extensión y Comunicaciones hasta mayo de 2017.

Quien figura patrocinando gran parte de las demandas de Ferycec es el abogado Carlos Llancaqueo Mellado,ex subsecretario de Bienes Nacionales (2010-2011) del gobierno de Sebastián Piñera y socio del estudio Zúñiga, Llancaqueo, Colil, Abogados.

En una entrevista al diario El Austral de Temuco de abril de 2010,poco después de que asumió su cargo de subsecretario, Llancaqueo indicó que mientras se mantuviera en el cargo se restaría de emprender acciones judiciales. Quien lo relevó durante ese periodo en el patrocinio de las demandas de la empresa de Mellado Suazo, fue la hermana del abogado Llancaqueo. Las causas revisadas por CIPER en la base de datos del Poder Judicial indican que Carlos Llancaqueo retomó la representación de Ferycec en noviembre de 2015.

La última demanda patrocinada por Carlos Llancaqueo en representación de Ferycec data del 27 de febrero pasado. En ella –al igual que en centenares de otras revisadas por CIPER– se le solicita al tribunal que se “despache mandamiento de ejecución y embargo” en contra del deudor (la deuda asciende a $1,4 millón).

EN LA VEREDA DE LOS DEUDORES

En 1984, Miguel Mellado supo por primera vez y en primera persona lo que implica ser deudor de un banco y enfrentar las consecuencias.

La información entregada por Radio Bío Bío indica que ese año el diputado electo arrastraba cerca de 15 demandas por giro doloso de cheques, avaluados, según la nota, “en cientos de millones de pesos”. La información de la radio agregó que Mellado habría pasado una larga temporada en Argentina, a la espera de que sus deudas prescribieran, regresando recién en 1989.

–No me escapé. Fui a Argentina a trabajar para poder pagar las deudas. Ese es un tema ya arreglado, están las deudas pagadas. Si no, no podría haber postulado a ningún cargo público –indicó Miguel Mellado a CIPER.

El diputado explicó que en todos los años que lleva como funcionario público “nadie ha venido a tocarme la puerta por algún tipo de deuda. Eso quedó en el pasado”, dijo, junto con insistir en que cualquier persona tiene el derecho a “caerse y a levantarse”.

Demanda del Banco Sudamericano

La indagación de CIPER arrojó que en junio de 1995 Mellado supo por segunda vez lo que era ser perseguido judicialmente como deudor de un banco. En esa fecha, fue demandado por el Banco Sudamericano ante el Segundo Juzgado Civil de Temuco. Casi tres años antes, en septiembre de 1992, Mellado había solicitado un crédito hipotecario con esa casa financiera por UF 1.456 (casi $13 millones de la época), para la compra de un bien raíz de 650 hectáreas en Loncoche. El valor del inmueble ascendía a $30 millones y Mellado, además de solicitar el préstamo, asumió la deuda por $20 millones que el vendedor del predio tenía con el mismo banco.

“El deudor Miguel Alejandro Mellado Suazo no ha cumplido con las obligaciones emanadas de las escrituras de mutuo hipotecario, adeudando los últimos 15 dividendos, incluido el correspondiente al mes de junio de 1995 (…) La deuda asciende a la cantidad de 261 UF por concepto de 15 dividendos en mora y 1.221 UF que, al 10 de junio de 1995, equivalen a $17.583.565”.

El banco exigió el pago inmediato de la deuda, otorgándole a Mellado un plazo de diez días para saldarla. De lo contrario, señala la demanda, “se decretará el remate judicial del inmueble hipotecado a favor del Banco Sudamericano”.

En varias oportunidades y en distintas horas, receptores judiciales visitaron a Mellado en la dirección que consignó como su domicilio. Fue imposible notificarlo, ya sea porque informaban que ya no vivía allí o porque simplemente no estaba. Finalmente, como se lee en la carpeta judicial del caso, el 6 de septiembre de 1995 se decretó el remate del bien raíz.

Rematada la propiedad, apareció en escena el abogado Carlos Llancaqueo, el mismo que ahora patrocina las demandas de la empresa de cobranza de Mellado Suazo: Ferycec.

El 25 de octubre de 1996 Llancaqueo solicitó al tribunal la devolución del saldo restante de la venta del inmueble (vendido en $72,3 millones) por considerar que “dado el monto de los créditos cobrados y el valor de la adjudicación pareciera que ha quedado un saldo favorable para mi representado”.

La intervención de Llancaqueo fue inútil. El banco respondió al tribunal que la venta del bien raíz no logró cubrir la deuda. No había saldo a favor.

El ’95 no fue un buen año para Mellado Suazo. El 14 de diciembre de ese año, el Primer Juzgado Civil de Temuco lo notificó por un cheque protestado que giró a nombre de la sociedad Salfa (Salinas y Fabres) por $133.295.

Durante la preparación de la demanda por giro doloso de cheques, nuevamente entró en acción el abogado Carlos Llancaqueo. El 10 de enero de 1996 notificó al tribunal del pago de la deuda con el comprobante del depósito.

CIPER le preguntó al diputado Miguel Mellado cómo había transitado en el transcurso de una década de deudor a cobrador, a través de su empresa familiar de cobranza Ferycec. Mellado señaló que ese era un emprendimiento que cumplía con toda la normativa legal y que no veía ningún tipo de contradicción. “No hay que buscar cosas donde no las hay”, acotó.

CONFLICTO DE INTERÉS

La Sociedad de Televisión y Radiodifusión, creada en 1992 y en cuya constitución participó Miguel Mellado Suazo -junto a los hermanos Jaime y Teodoro Ribera (a través de una inmobiliaria de su propiedad)- figura con más de 60 licitaciones adjudicadas por distintas reparticiones públicas de La Araucanía: municipios, Serviu, Sernam, Conaf, Fonasa y Conadi, entre otras. Desde 2006 a la fecha, el monto total de las licitaciones adjudicadas a esta sociedad asciende a más de $280 millones.

Entre las licitaciones que beneficiaron a la Sociedad de Televisión y Radiodifusión figuran once por un total de $10 millones otorgadas por la Gobernación Provincial de Cautín. Ynueve de ellas justo en el periodo en que Mellado Suazo se desempeñó como gobernador de esa provincia (desde marzo de 2010 al 15 de agosto de 2013).

Miguel Mellado indicó a CIPER que mantuvo hasta el 2010 una porción minoritaria en la propiedad de esa sociedad (un 1% o 2%, dijo) y que se desprendió de ella -así como de su administración- antes de asumir como gobernador en marzo de ese año.

Para refrendar sus dichos, Mellado envió un extracto de la asamblea general de socios de esa empresa (5 de abril de 2010) donde quedó registrada la venta de sus acciones y su renuncia como director de ella (18 de marzo de 2010) (ver documentos).

Sin embargo, CIPER identificó cuatro órdenes de compra de la Gobernación de Cautín – octubre y diciembre de 2010, y junio de 2011-, en las que el gobernador Miguel Mellado aparece en ambos lados del mesón: como el destinatario de las órdenes de compra para Televisión y Radiodifusión  y como gobernador (ver órdenes de compra). Las resoluciones administrativas que dan luz verde a esas licitaciones también llevan la firma de Mellado Suazo (ver aquí).

El diputado aseguró a CIPER que esa dualidad de roles es “un error” ya que en esas fechas quien estaba a cargo de la administración de Televisión y Radiodifusión era Sergio Zúñiga Ibáñez. Y afirmó que lo más probable es que la gobernación no actualizó esa información.

Mellado descartó que hubiera incompatibilidad para adjudicarle licitaciones como gobernador de Cautín a una empresa de la que él era poco antes socio y administrador, y a la que se reincorporó en ese mismo rol en 2014, meses después de dejar la gobernación.

-La sociedad de Televisión y Radiodifusión controla uno de los medios de comunicación (el Canal 2 de la Universidad Autónoma) más importantes de La Araucanía, por lo que cualquier política de comunicaciones no puede dejarla afuera. Se emite por señal abierta y por cable llegando desde Talca a Cochrane –fue la explicación de Mellado.

Esta investigación contó con la participación de las estudiantes en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile) y Constanza Pastor (Universidad Diego Portales).