Los grandes donantes políticos estadounidenses en el juego offshore

En junio de 2013, The Wall Street Journal le preguntó al mega donante republicano Warren Stephens sobre la situación de las pequeñas empresas en todo el país. El magnate bancario de Arkansas dijo que estaban siendo exprimidas por una regulación federal excesiva, y destacó a una agencia en particular: la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).

«Las historias que escuchamos al respecto son bastante aterradoras», dijo el multimillonario.

Lo que no se mencionó: en ese momento, el mismo organismo de control federal al que Stephens le estaba dando una paliza, se hallaba investigando las prácticas de un payday lender (empresa especializada en hacer avances en efectivo con muy elevados intereses) que funcionaba por internet y que había sido parte de su imperio empresarial.

Warren Stephens (Fuente: theguardian.com)

Una filtración de registros financieros offshore reveló que Stephens usó silenciosamente un conjunto de fondos fiduciarios familiares para comprar una alta participación en la matriz de la compañía de préstamos Integrity Advance durante el tiempo en que, según la agencia federal, el prestamista estafó a decenas de miles de consumidores. La agencia dice que Integrity Advance violó la ley al engañar a sus clientes sobre los altos costos de sus préstamos y extraer dinero agresivamente de sus cuentas bancarias.

Los detalles de los vínculos de Stephens con el payday lender fueron descubiertos en un trabajo conjunto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y medios asociados de todo el mundo, entre ellos CIPER. Las revelaciones salieron de casi siete millones de archivos filtrados del bufete de abogados offshore Appleby Global y el proveedor de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaron juntos bajo el nombre Appleby hasta que Estera se independizó en 2016. Los registros fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

A través de un portavoz, Stephens rehusó hacer comentarios para esta historia.

REPUBLICANOS Y DEMÓCRATAS

Warren Stephens integra la constelación de grandes donantes políticos de Estados Unidos que aparecen conectados a compañías offshore en los archivos internos de la firma de abogados.

La lista incluye algunos de los principales donantes del presidente Donald Trump, que canalizaron en conjunto cerca de US$60 millones a organizaciones que apoyaron su campaña y el período de transición (entre la elección y la posesión). Entre esos donantes están el magnate de los casinos Sheldon Adelson, el propietario de resorts Steve Wynn, los administradores de fondos de cobertura Robert Mercer y Paul Singer, y los inversionistas de capital privado Tom Barrack, Stephen Schwarzman y Carl Icahn. (Haga clic aquí para ver el informe interactivo de ICIJ que muestra la red de propiedades offshore que se relacionan con donantes de Trump y algunos funcionarios de su gobierno).

Destacados donantes demócratas aparecen también en los archivos de la firma de abogados offshore.

Los documentos plantean interrogantes sobre si la donante demócrata Penny Pritzker, siguió correctamente las normas federales de ética que buscan limitar la participación de los políticos en asuntos gubernamentales que podrían afectar sus activos financieros. Pritzker se comprometió a desprenderse de más de 200 compañías después de ser confirmada como Secretaria de Comercio del presidente Barack Obama en 2013. Los archivos revisados por ICIJ muestran que, en dos casos, Pritzker transfirió activos a una compañía de propiedad del fondo fiduciario de sus hijos. Los documentos indican que la empresa tiene la misma dirección postal en Chicago que la empresa de gestión de inversiones de Pritzker.

Penny Pritzker (univision.com)

Es posible que estas transferencias no hayan eliminado los conflictos potenciales en cuestión y que hayan entrado en conflicto con las normas federales de ética, según Lawrence Noble, director de ética en el Campaign Legal Center, una organización no partidista y sin fines de lucro. Los registros públicos indican que uno de sus hijos tenía menos de 21 años cuando se transfirieron los activos, lo que significa que estos aún podían ser atribuibles a la propia Pritzker. «En circunstancias normales, si uno de los beneficiarios es menor de 21 años y aún es un hijo dependiente, no cumple con el estándar de desinversión de activos», dijo Noble.

Un vocero de Pritzker no respondió a numerosas llamadas y correos electrónicos pidiendo comentarios.

Los fondos de capital privado controlados por el mega donante demócrata George Soros, usaron Appleby para ayudar a administrar una red de entidades offshore. Un documento detalla la compleja estructura de propiedad de una compañía llamada S Re Ltd. que estuvo involucrada en reaseguros, o seguros para aseguradoras. La estructura, según se puede ver en un gráfico existente en los archivos, incluye entidades basadas en los paraísos fiscales de Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas.

Un portavoz de Soros, quien ha donado dinero a ICIJ, a otros medios periodísticos y también a CIPER, a través de su organización benéfica Open Society Foundations, no quiso hacer comentarios para esta historia.

Las revelaciones de los documentos filtrados sobre las actividades offshore de los principales donantes políticos estadounidenses, subrayan las preocupaciones acerca de la forma en que el sistema global de paraísos fiscales ayuda a los ricos y poderosos a realizar operaciones que, a pesar de ser legales, les brindan ventajas a las que no puede acceder el ciudadano promedio.

En los últimos años, Warren Stephens ha sido un donante político cada vez más generoso. Durante el último ciclo de elecciones federales, Stephens dio más de US$13 millones a grupos y candidatos conservadores, lo que lo convirtió en el octavo benefactor republicano más grande durante la campaña. Stephens se opuso a Trump en la campaña presidencial, y donó millones de dólares a grupos anti-Trump.

George Soros (Fuente: eldiario.es)

Warren Stephens también dio dinero a los grupos que han luchado para debilitar la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), creada a instancias de la administración Obama después de la crisis financiera de 2008. Durante la campaña presidencial del año pasado, Stephens contribuyó con más de US$3 millones al Club for Growth, un comité conservador de acción política que ha presionado para que el Congreso elimine los poderes de reglamentación y aplicación de la CFPB. El año pasado, Stephens fue nombrado presidente de finanzas de la campaña de French Hill, un congresista republicano de Arkansas que ha sido un feroz opositor de la CFPB.

Junto con la financiación de batallas partidistas en Washington, Stephens ha utilizado su banco de inversión, Stephens Inc., para lanzar una serie de videos en línea que buscan mejorar la opinión de los millennials sobre la economía de libre mercado. La serie pretende inspirar a los espectadores a «celebrar el capitalismo, su contrato social inherente y lo bueno que puede hacer por nuestra sociedad», según Stephens. Él dice que su objetivo es revertir la noción creciente de que el mercado libre es «un sistema que enriquece a unos pocos a expensas de muchos».

BATALLAS DE PAYDAY

La batalla por los préstamos payday comenzó mucho antes de que la participación de Stephens en este sector de la industria estuviera bajo el radar.

Los payday lenders hacen préstamos pequeños, a menudo de US$500 o menos, a personas que necesitan dinero rápido. Los reguladores estatales han acusado a muchos operadores de payday de atrapar clientes en ciclos de deudas sobrevaluadas. Algunos prestamistas de payday han intentado eludir el escrutinio de las autoridades estatales usando bancos comerciales e incluso tribus nativas de Estados Unidos como organizaciones de fachada.

A fines de 2011, los representantes de Stephens y su socio comercial, James Carnes, se pusieron en contacto con Appleby para incorporar dos entidades offshore a una nueva empresa relacionada con préstamos de pequeña cuantía. La correspondencia incluyó una serie de documentos que detallan la copropiedad de ambos en Hayfield Investment Partners, la compañía matriz de Integrity Advance. Los documentos indican que Stephens había realizado una «inversión significativa» en la compañía en el 2008, lo que lo llevó a poseer más de un tercio de Hayfield en 2012. Otro documento dice que los «dos controladores principales [de Hayfield] son Warren Stephens y James Carnes».

Phil Mickelson (Fuente: cbc.ca)

El conjunto de documentos filtrados muestra que Stephens invirtió en la operación de préstamo principalmente a través de tres fideicomisos familiares, los que aportaron más de US$13 millones a Hayfield. Dos fondos de inversión con direcciones registradas en la sede central de Stephens Inc., contribuyeron con US$1,7 millón adicionales, según los registros.

Los documentos también muestran que varios ejecutivos de Stephens Inc. -y otros conocidos de Warren Stephens- invirtieron también en Hayfield a través de una compañía asociada con Stephens. Entre ellos estaba la estrella de golf Phil Mickelson, quien aportó US$12.000, según los documentos.

En su acción legal contra Integrity Advance, la CFPB puso énfasis en el 52% que tenía Carnes en Hayfield –empresa que obtuvo la mayor parte de sus ganancias de Integrity Advance–, así como en el hecho de que él fuera el administrador de la entidad prestamista. Al parecer, ni los reguladores financieros ni los medios de comunicación han mencionado alguna vez la importante participación de Stephens en Hayfield.

Argumentando un litigio pendiente, un vocero de James Carnes se negó a proporcionar comentarios para esta investigación.

RECLAMOS DE CLIENTES

A medida que el negocio de Integrity Advance creció, también lo hicieron los reclamos presentados a los reguladores estatales por sus clientes en todo el país. Para noviembre de 2012, Integrity Advance había recibido cartas de ‘cese y desista’ (un documento enviado a personas o empresas para que suspendan sus actividades) de los reguladores estatales en Connecticut, Kentucky, Illinois, Mississippi y Carolina del Sur, según un documento federal. En mayo de 2013, un tribunal del distrito de Minnesota ordenó a la compañía pagar casi US$8 millones en multas civiles y restitución a víctimas, afirmando que la empresa había elegido como blanco “a algunos de los ciudadanos más financieramente vulnerables del Estado» con tasas de interés hasta de 1.369%.

Al fallar contra Integrity Advance, el tribunal de Minnesota describió un proceso que se volvería familiar en los documentos regulatorios que involucraban al prestamista: los clientes encontraron Integrity Advance en internet, solicitaron pequeños préstamos y luego sufrieron grandes retiros de sus cuentas bancarias por concepto de intereses y tarifas de servicios. Después de varios meses, tales costos por sí solos podían exceder la cantidad que habían pedido prestada originalmente.

Uno de esos clientes, Nils Paul Warren, técnico de audio que trabajaba para Nascar, en Orlando, Florida, se quejó ante los reguladores financieros de que se había visto obligado a desembolsar más de US$1.300 para pagar un préstamo en línea a corto plazo de US$500 que obtuvo de Integrity Advance en 2009, una suma mucho más alta de lo que esperaba o creía legal. «Creo que la mayor parte de sus clientes son personas que están a un sueldo de distancia de quedarse sin techo», le dijo Warren a ICIJ en una entrevista reciente.

Paul Warren recordó haberle dicho a un representante de Integrity Advance: «Le estás haciendo esto a personas en mala situación, a personas que sabes que no pueden pagar, ¿y te estás aprovechando de ellas aún más?».

El Estado nunca respondió a su queja.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Warren no fue el único cliente que se puso en contacto con los funcionarios del Estado sobre el prestamista. Una solicitud de registros públicos que presentó ICIJ a reguladores estatales en todo el país, arrojó decenas de reclamos de consumidores sobre las prácticas de préstamos y cobranzas de la compañía.

«Me he sentido devastado con esta situación y al borde del desalojo debido a las tarifas ilegales», afirmó en un reclamo un cliente de Michigan, quien alegó que se había sentido acosado por los cobradores del préstamo de Integrity Advance.

«Ellos siguen llamándome al trabajo», escribió una mujer de Ohio en un reclamo en el que alegaba que ya había pagado un total de US$956 por un préstamo de US$400. Según ella, al principio los cobradores del préstamo «le dijeron que eran del FBI».

Los registros públicos muestran que Integrity Advance respondió a los reclamos de Michigan y Ohio con cartas casi idénticas, en las que niegan categóricamente las acusaciones y declaran que actuaron “en todo momento de manera adecuada y de conformidad con nuestros compromisos contractuales y la ley vigente».

En las cartas señalaban que «sin la obligación de hacerlo», Integrity había «marcado su cuenta como ‘pagada en su totalidad'» en el «entendimiento de que no podrán obtener crédito de Integrity en el futuro».

LA CFPB INTERVIENE

Finalmente, Integrity Advance sería perseguido a nivel nacional por sus prácticas crediticias. En enero de 2013, solo semanas después de que Warren Stephens y James Carnes vendieran grandes porciones de los activos de Hayfield al especialista en préstamos de empeño Ezcorp, Inc., el organismo de control le envió una carta a Integrity Advance solicitando información sobre sus prácticas.

La carta habría alarmado a cualquier compañía de negocios. No se trataba de un solitario y ya superado regulador estatal. Al contrario, la CFPB representa a una nueva y poderosa fuerza en Washington: una agencia con jurisdicción nacional y con abogados dedicados exclusivamente a erradicar las prácticas abusivas de las firmas financieras que operan a través de las líneas estatales. La CFPB fue creada, en parte, debido a las preocupaciones sobre las dificultades encontradas por las autoridades estatales que buscaban tomar medidas enérgicas contra los prestamistas de payday.

NO TODOS CELEBRARON

A mediados de 2013, Stephens le dijo a un medio de negocios y política de Arkansas que la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor era «la cosa más mal llamada de todos los tiempos». Y agregó: «Es casi como si le negáramos crédito a la gente en lugar de protegerla. Vamos a protegerlos al no darles ningún crédito».

Los grupos financieros reclutaron a sus aliados republicanos para convertir al nuevo “perro guardián” en un objetivo clave en la campaña para desmantelar el legado regulador de la administración Obama.

Donald Trump

La CFPB ha tenido que defenderse contra sucesivos desafíos legales basados en la afirmación de que no tiene derecho constitucional a existir. Las batallas judiciales se han combinado con intentos de volver a la opinión pública en su contra. Un grupo lanzó el año pasado varios anuncios criticando a la agencia y alentando a la gente a escribir a sus representantes en el Congreso para poner fin a sus «prácticas abusivas».

Durante la campaña presidencial, Donald Trump se comprometió a deshacer las normas promulgadas por la ley de reforma financiera Dodd-Frank de 2010, que estableció la CFPB. Con el ascenso de Trump a la presidencia, el futuro de la agencia es más incierto que nunca. En octubre de 2017 los republicanos del Senado votaron para bloquear una regla de la CFPB que habría facilitado a los clientes organizarse para demandar a sus bancos. La votación fue considerada la mayor victoria hasta el momento para los intereses bancarios durante la administración Trump.

HAYFIELD Y APPLEBY

La condición de multimillonario líder de negocios de Stephens no solo fue útil para organizar ataques contra el nuevo regulador financiero federal. Su estatus también fue útil para presentar a Hayfield como cliente de Appleby. En un plan de negocios confidencial -que al parecer Hayfield envió a Appleby en noviembre de 2011- se jacta de que Stephens Inc. es «reconocida como una de las máximas autoridades» en la industria de financiamiento al consumidor en Estados Unidos.

Un memo interno de Appleby que evalúa a Hayfield, se basa en los éxitos empresariales de Stephens y apunta a su fortuna personal estimada en US$2.800 millones, afirmando que Stephens es el número «490 en la lista de los hombres más ricos del mundo».

Appleby optó por aceptar los negocios de Stephens. En 2012, con el fin de verificar su identidad al registrar una nueva filial offshore de Hayfield, Stephens proporcionó a Appleby una copia escaneada de su pasaporte, una referencia personal e incluso su factura de electricidad. (Appleby ayudó a incorporar empresas offshore que figuraban como filiales separadas de Hayfield, pero no jugó ningún papel con Integrity Advance).

La evidencia pública disponible del vínculo de Stephens con Hayfield e Integrity Advance es escasa. Una pista fue la firma de un representante de Stephens Inc. que apareció en la parte inferior de una presentación a la SEC (comisión de valores de Estados Unidos) de diciembre de 2012, y que detalla la venta de los activos de Hayfield a Ezcorp.

Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, reportero del Asahi Shimbun, Japón)

En los archivos de Appleby el nombre de Stephens aparece repetidamente retratado en su condición de inversionista, como una figura importante en los negocios de Hayfield: un detalle ausente en la narrativa pública de Integrity Advance.

El único lugar en que se hace referencia a su firma en el expediente público de la CFPB es en una declaración de James Carnes, en la que se menciona un fondo de capital privado llamado «Stephens» del que dijo tenía una alta participación en la empresa desde 2008.

A principios de 2013, la CFPB exigió formalmente que Integrity Advance entregara los nombres de cualquier persona que poseyera más del 5% de la empresa. En respuesta, la agencia recibió un cuadro que detallaba los nombres de varios de los principales propietarios de Hayfield. Hubo una excepción notable: Warren Stephens.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Una revisión de los documentos financieros y las declaraciones juradas de James Carnes con respecto a sus propias ganancias, indica que es probable que Warren Stephens se haya beneficiado generosamente de su inversión en Hayfield.

En los meses anteriores a su venta, Hayfield estaba estudiando hacer un giro hacia una nueva y controvertida tendencia en la industria de payday, según los documentos de la firma Appleby.

En 2011 y 2012, según los registros, Hayfield Investment Partners habló con Appleby acerca de la incorporación de empresas offshore destinadas a proporcionar servicios de consultoría a tribus indígenas estadounidenses interesadas en convertirse en prestamistas en línea. Una nota de Appleby establece que el cliente inicial sería la Turtle Mountain Band de los indios Chippewa, que ocupa una reserva en Dakota del Norte.

Para solicitar secretamente a terceros proveedores de TI (tecnología de información) para los clientes, sin revelar los detalles sobre la propiedad del grupo consultor, según un memorando de Appleby, Carnes y Stephens establecerían una empresa de fachada –Black Oak Consulting– la que se registrarían en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso offshore conocido por su discreción en asuntos bancarios.

Posteriormente, Carnes y Stephens incorporarían Rustic Hill Advisors en la Isla de Man, un pequeño paraíso fiscal ubicado entre Inglaterra e Irlanda del Norte. Rustic Hill proporcionaría la consultoría real a los clientes, con proveedores de servicios canalizados bajo un velo de confidencialidad por parte de Black Oak, indicaba la nota.

No está claro en los registros si los planes de Hayfield de trabajar con la Turtle Mountain Band u otros grupos de nativos estadounidenses se convirtieron en realidad. En respuesta a las preguntas sobre las consultorías offshore, un portavoz de la Turtle Mountain Band de los indios Chippewa dijo que no pudo encontrar ningún registro de haber hecho negocios con esas entidades.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Hayfield y su filial, Integrity Advance, tuvieron pronto otros problemas. En noviembre de 2015, la CFPB formuló cargos contra Integrity Advance y Carnes, acusándolos de un esfuerzo continuo y sistemático para engañar a los clientes, desde su fundación en 2008 hasta que dejó de emitir préstamos, en diciembre de 2012.

En 2016, un juez de derecho administrativo emitió un fallo recomendando un pago de US$50 millones en multas civiles y restitución a sus víctimas por parte de Carnes e Integrity Advance (la recomendación precede a una determinación final sobre sanciones por parte del director de la CFPB).

Carnes e Integrity Advance están apelando la decisión, argumentando que «los hallazgos de hecho, las conclusiones de la ley y el alivio propuesto son arbitrarios, caprichosos, un abuso de discreción». También han contraatacando a la agencia, alegando que el organismo de control federal excedió su autoridad en la persecución de Integrity Advance, porque el prestamista de payday no está cubierto por el mandato del regulador.

La Oficina, afirma la contrademanda, está buscando “una aplicación retroactiva e inconstitucional de la ley”. La contrademanda, haciendo eco de los ataques más amplios de la industria financiera contra la CFPB, alega que el nombramiento en 2012 del director de supervisión financiera, Richard Cordray, por parte del presidente Obama, fue inconstitucional.

Citando el litigio pendiente, la CFPB se negó a proporcionar comentarios para este informe.

Traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de medios asociados de ICIJ.