Appleby: el historial de oscuras operaciones del bufete top de abogados offshore

Cuando Robert Woods, un ex policía de Liverpool, asumió a principios de 2006 el cargo de gerente de Cumplimiento de Normas Corporativas de Appleby, el bufete global de abogados offshore, Woods se unió a una organización que tenía varios problemas.

La oficina de Appleby en las Islas Caimán, donde Woods trabajó, tenía más de 600 clientes en sus libros cuyos registros fueron etiquetados como «non-compliant». En el argot del sector, eso significa que el bufete offshore no tenía identificaciones vigentes, información de contacto y otros detalles que ayudaran a asegurarse de que el cliente no estuviera creando empresas de fachada u otras estructuras que pudieran ser usadas por delincuentes o políticos corruptos.

Cinco años más tarde, Woods había ascendido en el bufete, asumiendo como director de Cumplimiento. Pero las cosas no habían mejorado mucho como se aprecia en una presentación de PowerPoint que él parece haber preparado en algún momento a fines de 2011.

La presentación de 44 páginas -que incluía imágenes de “Los Sopranos”, el famoso drama de HBO sobre la mafia- recordaba momentos oscuros de la historia reciente de Appleby. Bajo una diapositiva titulada «Delitos de financiación de terrorismo», las notas decían: «En la actualidad tenemos un caso en el que estamos sentados en unos 400K que está definitivamente contaminado y con el que no resulta fácil lidiar».

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

En otro caso, según indican las notas de Woods, Appleby estableció un fideicomiso para que un cliente comprara propiedades en Londres y aceptó dinero en su nombre «sin hacer preguntas». Appleby se enteró más tarde, como se admite en la presentación, que el fideicomiso era propiedad de un ex funcionario paquistaní que había sido acusado de malversación de fondos públicos y había «infiltrado ilegalmente fondos corruptos en nuestro negocio».

«Algunas de las porquerías que aceptamos son totalmente asombrosas», se lee en las notas de la presentación, bajo una diapositiva que enumera la información que los empleados de Appleby necesitaban conocer sobre sus clientes.

Una filtración de 6,8 millones de registros confidenciales revela que Appleby no siempre ha podido mantenerse alejada de clientes cuestionables, ni antes de la presentación de Woods en 2011 ni desde entonces. Los documentos exponen las vidas secretas en jurisdicciones offshore de algunos políticos y defraudadores, y las elaboradas estrategias de evasión fiscal utilizadas por Apple, Nike y otros gigantes corporativos.

El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los correos electrónicos, historiales de clientes, solicitudes bancarias, documentos judiciales y otros archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus medios asociados, CIPER entre ellos. Los documentos muestran el funcionamiento interno de Appleby desde la década de 1950 hasta 2016. Los archivos incluyen documentos de la división de Servicios Corporativos de Appleby, que se independizó en 2016 con el nombre de Estera.

Appleby no le dio a ICIJ respuestas a preguntas detalladas. En cambio, publicó un comunicado de prensa en su página web que dice que la firma está comprometida con el cumplimiento de las normas más rigurosas. Después de una exhaustiva y vigorosa investigación, afirman en el comunicado, Appleby rechaza cualquier acusación de irregularidades por parte de la compañía y de sus clientes.

Según Appleby: «Somos un bufete de abogados offshore que asesora a los clientes sobre formas legítimas y completamente legales para administrar sus negocios. No toleramos comportamientos ilegales. Es cierto que no somos infalibles. Donde descubrimos que se han cometido errores actuamos rápidamente para solucionarlos y notificamos a las autoridades pertinentes».

Appleby, con sede en Bermudas, es uno de los bufetes de abogados offshore más prestigiosos del mundo. Aunque no presta asesoría en temas fiscales, el bufete fundado hace 119 años, es uno de los principales miembros de la red global de abogados, contadores, banqueros y otros agentes, que establecen y administran compañías y cuentas bancarias offshore para clientes que desean evitar impuestos o mantener en secreto sus finanzas.

Además de ayudar a establecer compañías ficticias, fideicomisos y otras entidades offshore, la firma tiene varias subsidiarias, filiales y unidades comerciales que redactan testamentos, litigan para clientes involucrados en accidentes laborales y asesoran corporaciones. Los estadounidenses representan la mayor carga de trabajo de Appleby; la firma ha trabajado para residentes de los 50 estados de Estados Unidos.

Appleby se ve a sí misma como un líder de la industria, y como una prueba de que el sector offshore puede operar limpia y profesionalmente. «Damos asesoría innovadora, oportuna y ética», anuncia la firma en su folleto de ocho páginas.

En las Islas Caimán, la mitad de los 20 mejores clientes de Appleby en 2014 eran grandes bancos y empresas de inversión, incluyendo Citigroup, Bank of America, HSBC, Credit Suisse y Wells Fargo. La firma se reúne con sus clientes –muchos de los cuales son importantes bancos y firmas contables como KPMG, Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers– en cócteles, cenas y salas de conferencias.

Oficinas de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Cuando ICIJ y sus medios asociados comenzaron a publicar la investigación de los Papeles de Panamá, en abril de 2016, los promotores offshore le restaron importancia. Dijeron que Mossack Fonseca, el bufete de abogados radicado en Panamá y centro del escándalo, era un caso atípico.

«Mossack Fonseca representa uno de los últimos bastiones de un turbio sistema financiero internacional que se está extinguiendo rápidamente», reportó la revista comercial Wealth Management.

Los archivos internos de Appleby muestran, sin embargo, que incluso cuando los bufetes de abogados offshore invierten grandes cantidades de dinero y esfuerzo para mantener su reputación, el secretismo y los atractivos beneficios financieros que se generan en la economía subterránea, dificultan a los operadores offshore evitar hacer negocios con criminales, políticos corruptos y otros clientes cuestionables.

«EL LAVADO DE DINERO ES UN DELITO SUCIO», se lee en las notas -en mayúsculas en el original, para darle mayor énfasis- contenidas en la presentación de Woods en 2011. «HAY SIEMPRE UNA VÍCTIMA EN EL FONDO Y UNA PERSONA RICA EN LA CIMA».

Robert Woods, quien todavía es director de Cumplimiento de Appleby, se negó a hacer comentarios cuando ICIJ le preguntó si, en su opinión, el bufete había mejorado sus prácticas de selección de clientes desde 2011.

La presentación mencionada es solo uno de al menos cuatro PowerPoint realizados por el equipo de Cumplimiento de Appleby entre 2007 y 2015, que planteaban preguntas sobre el rigor del proceso de selección de clientes. No está claro si estas presentaciones se las mostraron finalmente a los empleados de Appleby. Pero en cada una de ellas, las notas para el orador que aparecen bajo cada diapositiva proporcionan opiniones espontáneas de personas informadas de los errores de cumplimiento de Appleby.

«El 80% de la batalla se gana o pierde en la puerta», decía una diapositiva que se usó en repetidas ocasiones en las presentaciones de cumplimiento de Appleby. «Si dejamos entrar a los clientes incorrectos, nos arriesgamos a sufrir un fracaso”.

“EL CÍRCULO MÁGICO”

Appleby nació en 1898 en la colonia británica de Bermudas, como actividad privada del comandante Reginald Woodfield Appleby, un magistrado que disfrutaba de tomar el té, jugar críquet y disparar sus rifles, y que se convirtió en miembro del parlamento de la isla y fue ordenado caballero «por sus servicios públicos en Bermudas». Era tal su reputación, que cuando Appleby se fue de vacaciones a Inglaterra en 1924, The Royal Gazette & Colonist Daily predijo un aumento de la criminalidad durante su ausencia.

Cuando la asamblea legislativa de Bermudas se reunió en julio de 1940 para debatir el primer impuesto sobre la renta de la isla, el comandante Appleby se alineó con «aquéllos que consideran el impuesto sobre la renta como el último refinamiento de la tortura del hombre, al cual hay que resistir a toda costa», reportó The Royal Gazette. Bermudas nunca volvió a considerar la cuestión; continúa atrayendo a locales y extranjeros con una tasa de impuesto cero.

Desde que se expandió más allá de Bermudas en 1979, Appleby se ha transformado en una institución global con más de 700 empleados y oficinas en casi todos los principales paraísos fiscales, desde las Islas Caimán en el Caribe hasta la Isla de Man en Europa, pasando por Mauricio en África y Hong Kong en Asia. «Parecen un monstruo -¡lo cual es muy bueno!-«, respondió un cliente de Appleby en una encuesta de satisfacción de 2013.

A Appleby se le ha otorgado el premio de «Bufete de Abogados Offshore del Año» y se le menciona como parte de lo que las personas enteradas llaman el «Círculo Mágico Offshore», un grupo informal de los mayores bufetes de abogados especialistas en paraísos fiscales que se codean en el mismo negocio. Algunos ex empleados fungen como miembros del parlamento, jueces y funcionarios del gobierno, y al menos una jurisdicción con bajos impuestos, las Islas Cook, utilizó la experiencia de Appleby para elaborar sus propias leyes offshore.

Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Públicamente, la firma ha pulido su imagen al patrocinar la Copa América (la competición más importante en el mundo de la navegación a vela), las carreras familiares de 5 kilómetros y las ventas de pasteles. En su material publicitario, Appleby exalta sus iniciativas benéficas, incluido el trabajo para ayudar a miles de personas a recuperar dinero de la familia del ex dictador nigeriano Sani Abacha y la administración de un fondo multimillonario para apoyar a las enfermeras que tratan el virus del Ébola en África Occidental.

Sus clientes incluyen princesas, primeros ministros y estrellas de Hollywood. Appleby ha trabajado con algunos de los oligarcas más ricos de Rusia, el Medio Oriente y África. En la oficina del bufete en Bermudas, más de una de cada diez empresas tenía vínculos con clientes con conexiones con la política, incluyendo políticos, sus familias o asociados cercanos, según un memorándum interno. La mayoría de los clientes de alto perfil han sido manejados por equipos independientes de especialistas en fideicomisos de Appleby.

En abril de 2016, Appleby anunció la venta de la rentable rama que administraba las compañías y los fideicomisos, los aviones y otros activos de la élite global. Appleby y la nueva compañía, Estera, permanecen en contacto cercano; algunos ex empleados de Appleby ahora trabajan para Estera desde el mismo domicilio profesional que utilizaban antes.

La receta para el éxito de Appleby ha funcionado financieramente y con sus clientes. Appleby registra más de US$100 millones en ingresos cada año. Sus clientes piensan que el bufete es «muy trabajador» y «amigable». Un cliente feliz le dijo a Appleby que contar con su «marca es como estar varado en el medio de África y ver aterrizar un avión de BA [British Airways]: sabes que vas a salir de allí».

Appleby comparte la confianza de sus clientes. El año pasado, días después de la publicación de los Papeles de Panamá, Appleby rechazó una oferta de un curso de actualización sobre lavado de dinero que le hizo una consultora de riesgos. El bufete lo rechazó alegando que ha implementado controles «extremadamente robustos». «No necesitamos sus clases esta vez».

“LA PAPA CALIENTE”

El 29 de junio de 1993, con los combates en Kuwait aún frescos, un subcomité de la Cámara de Representantes estadounidense se reunió para discutir el programa de armas nucleares de Irak. Ese país había incumplido un acuerdo que les permitía a los inspectores de Naciones Unidas examinar sus reservas de armas nucleares y las preocupaciones a nivel internacional eran altas.

«Irak continúa haciendo alarde de su poderío militar, masacrando a sus propios ciudadanos en el norte, y a los chiitas iraquíes en el sur», dijo el congresista demócrata Tom Lantos de California, en su discurso de apertura, justo después de las 10 de la mañana de ese día.

Lantos leyó, para que constara en el acta, un informe de su staff del subcomité. Entre sus conclusiones estaba que Crescent Petroleum, una importante compañía petrolera privada, estaba siendo investigada por las autoridades estadounidenses para determinar si era una «empresa de fachada» del presidente iraquí Saddam Hussein. Quizás la propia Crescent no estaba fabricando armas, decía el informe, pero «definitivamente estaba vinculada a la principal organización iraquí que las estaba fabricando». Crescent, en aquel momento y ahora, ha negado haber incurrido en irregularidades.

La audiencia del 29 de junio fue transmitida en vivo en Estados Unidos. Pero parece que la oficina de Appleby en Bermudas no la vio.

Crescent Petroleum, propiedad de Abdul Hameed Dhia Jafar, había sido cliente de Appleby desde 1984. Durante casi 30 años la relación de Appleby con Crescent se desarrolló sin problemas, según los archivos del bufete de abogados. Fue solo en 2013, cuando Crescent Petroleum buscó ayuda legal de Appleby para reestructurar la compañía, que el bufete pareció darse cuenta de sus antecedentes, incluyendo el hecho de que un hermano de Abdul Hameed era el jefe del programa de armas nucleares de Irak bajo el mandato de Saddam Hussein.

«Hemos tenido esta relación desde hace tiempo, ¿cómo no nos enteramos antes?», escribió un abogado de Appleby.

(Fuente: crescent.ae)

Aunque las normas y regulaciones varían, en muchas de las oficinas más concurridas de Appleby una buena parte del trabajo se rige por normas que exigen que los proveedores offshore obtengan y mantengan registros precisos de quién usa sus servicios, para qué propósitos y de dónde viene ese dinero.

Otro cliente que pareció pasar inadvertido para Appleby fue Ayre Laniado, director y copropietario de Omega Diamonds, una compañía belga que opera en la bolsa de diamantes de Amberes. En mayo de 2013, los medios noticiosos de Bélgica informaron que Omega Diamonds había acordado pagar cerca de US$200 millones para que fiscales y autoridades de impuestos le retiraran acusaciones de que la compañía había comerciado ilegalmente con diamantes africanos. Omega no admitió responsabilidad alguna y el caso no involucró personalmente a Laniado. Meses más tarde, Appleby reconoció dos pagos de Laniado por US$5.000 en una de sus cuentas bancarias a nombre de un fideicomiso offshore.

Más tarde, cuando Laniado quiso crear un nuevo fideicomiso, un empleado de Appleby vio los reportes sobre los problemas legales de su compañía, pero aun así autorizó al bufete a hacer negocios con él. Appleby creó un nuevo fideicomiso para Laniado en abril de 2014.

Robert Woods, director de Cumplimiento de Appleby, se enojó cuando se enteró tres meses más tarde. «Ésta es una estructura de confianza y las acusaciones son extremadamente graves y se relacionan con diamantes de sangre. ¿Por qué no se me informó esto cuando se hizo la verificación de posibles conflictos?», le escribió Woods a un colega en julio de 2014. A pesar de las preocupaciones de Woods, Appleby mantuvo a Laniado como cliente.

Woods estuvo de acuerdo en que si bien Laniado significaba «un alto riesgo (dada su participación en la industria de los diamantes), tenemos suficientes factores mitigantes e información para estar cómodos con el negocio; de hecho, debería ser un buen negocio en general».

Pero Woods les dijo a sus colegas que el episodio representaba un «fracaso de nuestros procesos». Y advirtió que las unidades comerciales del bufete, como Appleby Trust (Caimán) Limited, no debían permitir que la búsqueda de beneficios a corto plazo eclipsara la necesidad de seguir las reglas que exigían que Appleby evaluara los riesgos que representaba Laniado y supiera quién era él y qué quería hacer en el sector offshore.

«Lo que está hecho está hecho, pero en el futuro, aunque no olvidemos nuestro propósito comercial, por favor, tratemos de no dejarnos llevar por el potencial pago de comisiones», escribió Woods. «El bufete de abogados debe estar consciente del hecho de que, si bien puede estar recaudando honorarios, la compañía fiduciaria conlleva el alto riesgo de administrar la estructura posterior. ¡La compañía fiduciaria debe saber que, al final del día, si todo sale mal, ellos serán los que tengan ‘la papa caliente’ en las manos! «(¡Es viernes, y ‘pagar los platos rotos’ no sonaba lo suficientemente fuerte!)», acotó.

A principios de 2016, Appleby aún fungía como agente para el fideicomiso de Laniado, según muestran los registros internos del bufete.

Woods y Appleby no respondieron a las solicitudes específicas de ICIJ. Y Ayre Laniado tampoco respondió a nuestras reiteradas solicitudes. Laniado ha dicho previamente que nunca se ha involucrado con los diamantes de sangre.

“ESTAMOS EXPUESTOS”

En sus operaciones cotidianas, Appleby utiliza un software diseñado para reducir los errores humanos e identificar a clientes peligrosos. El manual de la firma exige que los empleados verifiquen a los clientes potenciales mediante una exhaustiva búsqueda en línea y actualicen los registros de cualquier persona involucrada en la política al menos una vez al año. El bufete y sus subsidiarias han realizado auditorías internas, han abierto hojas de cálculo sobre las que consideraron compañías «problemáticas», y han sacado «tarjetas amarillas» para garantizar que la información de las compañías fuera correcta.

Los controles funcionaron, por ejemplo, cuando la oficina de Appleby en las Islas Vírgenes Británicas rechazó negocios relacionados con el magnate ruso de los bienes raíces Boris Shemyakin, después de que las verificaciones mostraron que había sido acusado en Rusia de cargos relacionados con un fraude de varios millones de dólares. Shemyakin niega haber cometido delito alguno.

El bufete también rechazó trabajar con la empresa de contabilidad Ernst & Young cuando esta contactó a Appleby para pedir ayuda con la compra de dos aviones Gulfstream de US$20 millones para los dos hijos de un ex ministro del gobierno de Azerbaiyán y un hombre llamado Manouchehr Khangah. Al revisar la base de datos que mantiene WikiLeaks de cables diplomáticos de Estados Unidos, Appleby se enteró de que uno de los contactos de la embajada estadounidense se había referido a Khangah como el «representante» de un ex político que dirigía lo que llamaron «una de las operaciones más corruptas en Azerbaiyán». Appleby rechazó el trabajo.

Edificio de Appleby en Bermudas (Foto: Hidefumi Nogami, del Asahi Shimbun, Japón)

Khangah no pudo ser contactado para tener sus comentarios. Ernst & Young dijo que no podía comentar sobre asuntos individuales, pero que está «comprometida con el cumplimiento financiero, legal y regulatorio en todo su trabajo».

Appleby conocía los riesgos. En medio de una diapositiva de PowerPoint preparada en 2012 para una sesión de capacitación en Bermudas, había una lámina gris con el nombre «Arthur Andersen», en referencia a la empresa auditora declarada culpable de haber destruido documentos relacionados con una investigación del colapso del gigante de energía Enron.

La presentación sugería que, si el bufete no mejoraba el monitoreo de los clientes, sus empleados podrían sufrir la suerte de otros involucrados en escándalos financieros de alto perfil: David Duncan, ex auditor de Andersen que se declaró culpable de obstrucción a la justicia, y Raj Rajaratnam, gerente de Fondos de Cobertura de la auditora, fotografiado esposado mientras los agentes del FBI lo arrestaban por fraude con títulos y valores de varios millones de dólares.

«Estamos expuestos. Esto no es lo mejor que podemos hacer», continuaba la presentación.

Entre 2005 y 2015, más de una docena de inspecciones internas y regulatorias de las oficinas de Appleby en la Isla de Man, las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas y en Londres, encontraron fallas que podrían haber involucrado a Appleby en litigios y causado «graves consecuencias financieras y de reputación».

Tras una revisión en 2005, la Autoridad Monetaria de Bermudas exigió que la compañía fiduciaria de Appleby corrigiera 21 deficiencias en su desempeño y que obtuviera registros nuevos y precisos de los pasaportes, direcciones y fuentes de riqueza de sus clientes. Posteriormente, a pesar de las mejoras, el entonces director de Cumplimiento de Appleby, Ian Patrick, escribió: «Aún pienso que se requerirá un enorme esfuerzo para que seamos considerados un bufete offshore líder desde el punto de vista del cumplimiento».

Al año siguiente, una auditoría interna realizada por Patrick en la oficina de las Islas Vírgenes Británicas, revisó 45 registros de clientes y descubrió que solo uno de ellos cumplía los estándares de Appleby. De las cinco oficinas examinadas en aquel momento, Patrick reportó que solo la oficina de Hong Kong mantenía sus documentos «en buen estado».

Una auditoría interna en la oficina fiduciaria de las Islas Caimán en 2008, reveló que los riesgos de violar las leyes y los propios protocolos de Appleby eran «altos» en más de la mitad de los parámetros revisados. La auditoría notó cierto riesgo de actividades fraudulentas y dijo que Appleby «podría no estar cumpliendo» con la ley.

Una revisión realizada en 2012 por reguladores de las Islas Vírgenes Británicas encontró fallas en los procedimientos de Appleby para lidiar con políticos y asociados de alto riesgo. Un control interno al azar realizado en 2015 en la oficina de la Isla de Man reveló otros problemas, incluyendo una empresa offshore copropiedad de un funcionario palestino, sobre la cual Appleby no tenía información detallada, y con un préstamo de US$11,2 millones.

Autoridad Monetaria de Bermudas

Cuando en octubre de 2014, la Autoridad Monetaria de Bermudas auditó una subsidiaria de Appleby, encontró debilidades «claves o muy significativas» en nueve áreas. Casi la mitad –el 46%– de los archivos revisados por el organismo carecían de información sobre el origen del dinero que Appleby administraba para sus clientes. No había «evidencia» de que Appleby identificara riesgos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, dijo el organismo, y el bufete no había adoptado las recomendaciones de auditorías previas.

«Estas omisiones han aumentado la preocupación de la Autoridad sobre el cumplimiento regulatorio y el sistema de control del bufete”, dijo el organismo. En octubre de 2015, un director de Appleby reveló en un documento confidencial enviado a los reguladores del gobierno, que la oficina de Bermudas había «resuelto» una multa impuesta por los reguladores de ese territorio, después de que la oficina admitió que no había seguido muchas de las recomendaciones del organismo para corregir las debilidades de su red contra el lavado de dinero. Los registros internos de Appleby muestran que el bufete destinó US$500.000 para el pago de la multa, pero su existencia y magnitud nunca se hicieron públicas. No hubo ninguna «censura pública», escribió el director, añadiendo que los reguladores de Bermudas «acordaron mantener el asunto totalmente privado».

Un portavoz de la Autoridad Monetaria de Bermudas (AMB) le respondió a ICIJ diciendo que no confirmaría ni negaría decisiones relacionadas con la aplicación de la legislación. En 2016, dijo el portavoz, la AMB cambió sus políticas y ahora publica detalles de las multas y otras sanciones en su página web.

«Estamos sujetos a controles regulatorios frecuentes y estamos comprometidos a alcanzar los altos estándares establecidos por nuestros reguladores», declaró Appleby en un comunicado de prensa publicado un mes después de recibir las preguntas de ICIJ. En él se lee: «Después de haber investigado las imputaciones de ICIJ, creemos que son infundadas y se basan en una falta de entendimiento de las estructuras legítimas y legales que se utilizan en el sector offshore».

INCONDICIONAL

Durante 33 años, Michael Cannon vigiló las calles de Toronto. Fuera de su trabajo, Cannon perfeccionaba sus habilidades financieras y destinaba dinero a inversiones con las que esperaba reducir su factura tributaria canadiense.

A mitad de la década del ‘2000, Cannon colocó cerca de US$20.000 en un esquema offshore que se presentaba como una entidad de beneficencia que obtenía deducciones fiscales. Era una defraudación fiscal, como admitieron posteriormente las autoridades canadienses, que atraía a inversionistas como Cannon, con promesas de que podían ganar US$10.000 en créditos con una «donación» de US$2.500, todo en moneda canadiense.

«Él pensó que era demasiado bueno para ser cierto. Y lo era», escribió un juez canadiense.

En 2009, Cannon se convirtió en el protagonista principal de una demanda judicial colectiva en Canadá a nombre de casi 10 mil inversionistas, incluyendo enfermeras, profesores y abogados que habían pagado más de US$100 millones al programa. Habían perdido millones en el momento en que la oficina tributaria canadiense declaró que el esquema era inválido.

Las acciones legales de Cannon buscaban compensación por parte de los promotores, los abogados y los asesores involucrados. Uno de los acusados fue Edward Furtak, el llamado cerebro del programa de beneficencia. La oficina de Appleby en Bermudas también fue acusada.

Los abogados de Cannon y otros inversionistas alegaron que Appleby ayudó a transferir cientos de millones de dólares en un «flujo circular de fondos» que le dio a Furtak y su familia una ganancia de US$20 millones. Los abogados de Cannon afirmaron que «un mono con ojos y oídos tapados quizás no habría previsto» los riesgos que corrían los inversionistas canadienses, pero que Appleby no tenía excusas.

En 2010, un juez dictaminó que existían evidencias de que Appleby había perjudicado a muchas personas en Canadá «al utilizar conscientemente» el dinero del fideicomiso de Furtak y permitir que ese dinero fomentara el fraude. El juez Strathy escribió que Appleby «simplemente hizo lo que Furtak» quería que hiciera a pesar de tener la obligación de saber de dónde venía el dinero y cómo se utilizaba.

Edward Furtak era un antiguo cliente de Appleby. La firma le había prestado US$2,6 millones para la compra de propiedades en una frondosa península en Costa Rica y le administraba al menos tres fideicomisos offshore y un yate -Takapuna- de 34 metros de eslora y bandera jamaicana, cuyo valor era de al menos US$5 millones.

La demanda judicial colectiva contra Furtak se resolvió en sus primeras etapas y Furtak negó haber cometido delito alguno. El programa tributario fue diseñado de acuerdo con la ley y Furtak sigue convencido de su decencia, según dijeron sus abogados a ICIJ.

El caso judicial contra Appleby continuó por más tiempo que el juicio contra Furtak. En 2013, los abogados externos de Appleby le dijeron a la junta de directores que el papel del bufete en el asunto había sido «bastante limitado, pero relativamente importante».

«Hay cierta preocupación», dicen las actas confidenciales de la junta, porque la oficina de Bermudas «parece haber efectuado las diversas transferencias de una manera que se ha descrito como incondicional». Los abogados advirtieron que Appleby podía ser hallada culpable de enriquecerse a costa de los inversionistas.

En los tribunales, Appleby defendió su comportamiento y prometió llevar cualquier sentencia en su contra a los tribunales superiores. En privado, temía una multa de hasta US$28,5 millones, según muestran los documentos.

En una etapa del proceso, un empleado de Appleby dijo que una estrategia era «alargar el asunto con la esperanza de que se les acabara la gasolina a los demandantes». Cannon no se rindió, y Appleby resolvió el caso en mayo de 2017 por US$12,7 millones, sin admitir haber cometido delito alguno.

Pero los costos pueden ser más que financieros.

Tras bambalinas, a algunos en Appleby les preocupaba el tiempo que le tomaría al bufete absorber el costo financiero y reputacional provocado por el juicio.

Cualquier empleado que hubiera tenido una copia de las presentaciones de PowerPoint que el equipo de Cumplimiento de Appleby había preparado años atrás, podría haber visto que era un buen momento para volver a echarle un vistazo a esta advertencia: «Cada nueva investigación que revele que un fideicomisario offshore es un títere controlado por un delincuente» será otro «clavo en el ataúd del sector».

Contribuyeron a este artículo: Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Emilia Diaz-Struck y Rigoberto Carvajal.

Traducción al español realizada por Univision Noticias para el resto de socios de ICIJ.