Crisis de Financoop golpea a otras seis cooperativas y hace crujir al sector

Los 82 días de intervención que acumula Financoop evidenciaron los serios problemas del sector y su escasa fiscalización. A ello se sumó la caída en los créditos y depósitos, la disolución de una cooperativa, otras cinco con serios problemas financieros, una fuerte baja en la actividad y daño reputacional. Todo ello ha generado un terremoto que afecta a todo el sistema que atiende en Chile a 1,7 millón de ahorrantes, en su mayoría de ingresos medios y bajos.

El impacto en el sector es tal, según revelan ejecutivos de la industria, que este año apenas habrá utilidades para repartir y varias cooperativas han debido actualizar el valor de sus activos -especialmente propiedades repartidas por todo Chile- ante la eventualidad de tener que venderlas para responder por sus obligaciones.

En Viña del Mar, la Cooperativa Dorado pidió su liquidación, mientras el Departamento de Cooperativas (Decoop) del Ministerio de Economía ha reforzado su fiscalización sobre Cooperlacar (ligada a funcionarios de Carabineros), Somnaval (de Valparaíso) y otras tres más.

Protesta de afectados por Financoop

La primera, ubicada en la avenida Libertad de Viña del Mar, debió bajar la cortina debido a una fuerte reducción en la actividad que se arrastraba desde principios de año. Actualmente encara la última fase de su liquidación, cerrando todo tipo de contratos y convenios. El Decoop también profundizó su fiscalización sobre Somnaval, a la que incluso le pidió que especificara cómo piensa provisionar las líneas de créditos bancarias utilizadas para entregar préstamos a sus socios.

La crisis de Financoop hizo que los bancos -que le prestan dinero a las cooperativas para que éstas a su vez lo vuelvan a colocar entre sus asociados- se tornaran especialmente restrictivos en la entrega de créditos, endureciendo las condiciones para evitar mayores riesgos.

-Están pidiendo más medidas de control, nuevas inversiones en plataformas tecnológicas, fichas de clientes con cruces de información y chequeos contables, entre otras medidas -reclama el presidente de una cooperativa.

Las reiteradas falencias en el sistema de control a las inversiones  fue lo que llevó a Financoop a una situación de “deterioro patrimonial”, como informó el Ministerio de  Economía al anunciar la disolución de la cooperativa controlada por el empresario Vicente Caruz, junto a otros ex accionistas del Banco del Desarrollo y la ONG francesa SIDI. Financoop era la más grande del sistema y sería la cabeza de lanza del Banco del Desarrollo Social (BDS), el nuevo proyecto financiero de Caruz (ver reportaje de CIPER).

FISCALIZACIONES SORPRESA Y VENTA DE CARTERA

El gobierno también endureció las condiciones.  Desde la intervención de Financoop ya se han registrado dos fiscalizaciones sorpresa –septiembre y octubre- y hay otra que el sector espera para noviembre. Además, el Departamento de Cooperativas emitió el 4 de octubre una circular donde de manera inédita exigió a las 38 cooperativas que fiscaliza entregar información altamente detallada sobre las operaciones de créditos: desde el RUT del deudor, el destino de uso del préstamo, el número de cuotas, la tasa de interés cobrada, las medidas en caso de impago, etc. Son 21 exigencias que rigen con efecto retroactivo desde agosto de este año y que deben ser enviadas en formato Excel los primeros 10 días hábiles de cada mes.

En un clima de tensión e incertidumbre, algunas cooperativas han comenzado a vender sus carteras de créditos para mejorar los balances. En el mercado financiero se comenta que en los últimos meses hubo dos operaciones por más de US$3,2 millones en total, concretadas en dos cooperativas. Ante una consulta de CIPER, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía reconoció haber recibido una solicitud de autorización de enajenación de créditos, pero los detalles fueron mantenidos en reserva. “Por encontrarse en etapa de autorización, no es posible identificar públicamente a la entidad que ha solicitado este movimiento. No obstante, cabe señalar que, hasta el momento, esta operación ha cumplido con lo que establece la normativa en cuanto a cómo se deben realizar e informar a la autoridad supervisora los procesos de este tipo”, informó por escrito la autoridad.

Daniel Albarrán, presidente de Financoop

“Nos echaron a los perros”, grafican en el sector. Y reclaman por cambios de criterios que según ellos están elevando las exigencias regulatorias a nivel de los bancos. Antes de la intervención a Financoop, los 20 fiscalizadores con que cuenta el Decoop solían realizar auditorías menos complejas. Quizá por eso, es que ningún gobierno advirtió antes las irregularidades que desde 2010 se arrastraban en esa cooperativa: créditos vencidos reprogramadas como nuevos, préstamos que jamás pudieron ser cobrados, escasa información sobre los clientes, ninguna persecución de los impagos y la carencia de algo tan básico como un software capaz de registrar y alertar sobre las operaciones riesgosas. Eso, según un informe pagado por la propia Finacoop al experto Sergio Álvarez.

Todas las irregularidades descritas recuerdan a los créditos incobrables de La Polar, uno de los mayores escándalos financieros que han remecido al país.

“SOBREPASADOS”

“Creemos que, a diferencia de otros organismos fiscalizadores, la estructura de fiscalización del Departamento de Cooperativas es más débil que otros. No tenemos una estructura tan robusta como quisiéramos. Nuestro rol no es solo fiscalización sino también fomento. Y a partir de algunos hechos suscitados con cooperativas, justamente por fiscalización, es que algunas pasaron a control de la SBIF. Tenemos clara conciencia de que las 38 cooperativas que fiscalizamos, sobrepasan por más la capacidad institucional que tenemos para fiscalizar”,  dijo la subsecretaria del ramo, Natalia Piergentili, el 11 de octubre en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Allí, la autoridad admitió también que solo se enteraron de los problemas reales de Financoop cuando dos de sus directores –Daniel Albarrán (ex gerente general del Banco de Desarrollo y ex subsecretario de Pesca) y Ernesto Livacic (ex superintendente de Bancos)- llegaron hasta sus oficinas a exponer la situación y proponer un plan de salvataje que consideraba la creación de una fundación que recibiría los créditos malos, además de un plan de capitalización por US$2 millones.

Natalia Piergentili y Zoran Ostoic

“Efectivamente el 7 de abril (2017) llegaron a decirnos que tenían un problema y que se habían dado cuenta de que la provisión de cartera estaba, por decir lo menos, defectuosa. A partir de eso, tuvimos muchas reuniones con ellos y abogados, a objeto de hacer una acción afirmativa con el fiscalizado que no hacemos con las otras cooperativas, entendiendo la magnitud del problema”, reveló la subsecretaria. “Creemos que podríamos haber sido más enfáticos en la fiscalización, sin duda, porque en 2013 y 2014 se le recomendó modificar cómo clasificaba la cartera riesgosa”, añadió ante los parlamentarios.

Sobre el mapa de los peligros del sector y las nuevas fiscalizaciones les querían preguntar los ejecutivos del sector a la jefa de la Dirección de Asociatividad y Economía  Social del Ministerio de Economía (DAES) Natalia León y al fiscalizador de esa repartición, Zoran Ostoic. Ambos eran los invitados estrella a una reunión que la industria programó para el miércoles 18 de octubre, especialmente destinada a analizar la situación del sector. La cita se realizaría en la cooperativa Capual, en plena Alameda, a sólo metros del Ministerio de Economía. Pero las autoridades no llegaron.

Los dirigentes de  cooperativas de todo el país, que viajaron especialmente a Santiago para exponer sus casos, salieron de allí más preocupados que antes por el impacto que la crisis de Financoop ha tenido en regiones y las nuevas exigencias regulatorias. Además de oficinas en cinco ciudades, Financoop tenía una presencia muy marcada, ya que contaba con una red de acuerdos con otras cooperativas que le permitía distribuir en otros 13 puntos –desde Arica a Osorno- productos financieros, como créditos con aval del Estado o préstamos para pequeños empresarios.

Tras la intervención de Financoop y la serie de medidas prejudiciales precautorias que decretó el 23 Juzgado Civil de Santiago, 2.174 clientes que tenían depósitos a plazos por diferentes montos en esta institución, vieron cómo sus ahorros por $43.206 millones quedaban retenidos en un corralito financiero.

VERSIONES OPUESTAS

“Afectados por Financoop” se llama un grupo de Facebook que tiene 356 miembros y es administrado desde Valparaíso por el ingeniero civil Juan Alberto Rivera, quien mantiene cerca de  $30 millones retenidos en la cooperativa. Las historias que cuentan en esta red son dramáticas. Del mismo tono son los mensajes que circulan en grupos de whatsap de Talca, Concepción, La Serena y Santiago. Personas enfermas que ahorraban para dejarle algo de dinero a su familia, una inmigrante peruana que juntaba plata para pagar el pie de una casa, gente que usaría esos recursos para salir de sus deudas, otros que han recibido amenazas de embargo o pasar a Dicom por mora, etc. Todos tienen una trayectoria común: llegaron a la cooperativa a pedir un crédito, se hicieron socios, pagaron su deuda y en la medida que pudieron fueron ahorrando, aprovechando las altas tasas de interés -40% superiores a los bancos en promedio- y la amplia oferta de beneficios adicionales, como descuentos en salud o convenios con diversos prestadores que promocionaba Financoop.

El problema: casi nadie se percató de que estas instituciones no cuentan con la garantía estatal a los depósitos, por lo que el riesgo de perderlo todo es altísimo. Precisamente por eso, este grupo ha sido especialmente activo en la búsqueda de una solución.

Durante septiembre, se reunieron con el abogado asesor del Ministerio de Economía, José Manuel Henríquez y luego con el consejo directivo de la propia Financoop, donde según Rivera, Ernesto Livacic les dijo que la entidad “estaba dispuesta a buscar una salida”.

José Tomás Fabres, abogado de afectados por Financoop (Fuente: youtube.com)

Recién en octubre, el Jefe de la DAES, Zoran Ostoic, los recibió y se comprometió a estudiar la posibilidad de liberar algunos recursos en vista de los graves casos que le fueron presentados.  Entre medio, se reunieron con los parlamentarios Jaime Bellolio (UDI), Cristián Campos (PPD), Germán Verdugo (RN), Alejandro Navarro (MAS), Francisco Chahuan (RN), Lily Pérez (Amplitud); quienes lideraron la constitución de una comisión investigadora que el 24 de octubre se dio un plazo de 90 días para analizar el rol fiscalizador del Ministerio de Economía respecto de Financoop. El nudo de la investigación será: “si (el Ministerio de Economía) ha tomado los resguardos suficientes para velar por su correcto funcionamiento y la protección de los recursos de las personas que han confiado sus ahorros en dicha institución”, según se lee en la petición que contó con 52 firmas de parlamentarios.

“Hay versiones opuestas entre el Ministerio de Economía y Financoop que nos han llamado profundamente la atención, particularmente la manera en que el Ministerio de Economía se hace cargo de esta situación”, dijo ese día el diputado Campos. La instancia será constituida la próxima semana, confirmó a CIPER el diputado Bellolio.

Un segundo grupo de afectados lo constituyen 23 ahorrantes que demandaron al Estado. Se hicieron parte de la querella que Financoop interpuso contra el Fisco en el 23 Juzgado Civil de Santiago. El abogado José Tomás Fabres representa a 10 personas “afectadas nada menos que en su derecho de propiedad sobre sus depósitos, pues la cautelar les impide cobrarlos a su vencimiento”, se lee en la querella. La demanda argumenta que nada de esto habría pasado, si el gobierno no hubiera decretado la liquidación de Financoop.

El 23 Juzgado Civil de Santiago decretó la paralización de la cooperativa, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hiciera parte del proceso debido a que la entidad acumulaba créditos impagos por $13.645 millones y que mantuvo por años “una irregular práctica contable respecto de su cartera crediticia”.

Jorge Rodríguez, ministro de Economía

Un tercer grupo de afectados lo constituyen las otras cinco cooperativas que mantenían parte de sus ahorros en la entidad: Andescoop (Los Andes), Bansur (Osorno), Islacoop (Isla de Maipo),  Mujercoop  (Santiago) y Santa Inés (Viña del Mar). En total, registran depósitos a plazo también inmovilizados por unos $1.770 millones. Ellas han estado reuniéndose periódicamente con la Federación de Cooperativas para analizar la situación, descartando por ahora iniciar alguna acción legal. Mantienen sus lazos con la cooperativa de Caruz, reconocen estar confiados en que habrá una solución e incluso están dispuestas a apoyar un plan de reorganización. Para el próximo 6 de noviembre tenían agendada una reunión con la subsecretaria Piergentili, pero se les informó que el encuentro sería suspendido por un viaje de la funcionaria a la Isla de Pascua.

Fuentes de dos de las cooperativas acreedoras de Financoop aseguran que, hasta ahora, han podido seguir operando. Reconocen una caída en la actividad y reiteran que -en promedio- el patrimonio comprometido no supera el 10%. Afirman que  incluso en el peor de los casos  -pérdida total de esos dineros- cuentan con activos para responder a sus socios.

LAS PLATAS DE CORFO EN FINANCOOP

El deterioro de Financoop no fue rápido ni casual. Según ha ido revelando la misma cooperativa durante el juicio, ella arrastraba enormes complicaciones debido a controles ineficaces y anticuados. Para corroborarlo, basta con mirar sus balances: $13.645 millones de créditos con problemas, que equivalen al 30,9% de todos los préstamos otorgados.

Pero la decisión del Ministerio de Economía de acudir a Tribunales ha resultado más perjudicial que beneficiosa para el gobierno. Este mismo martes 30 de octubre, el 23° Juzgado Civil de Santiago acogió una serie de solicitudes destinadas a normalizar la operación de la cooperativa y a abrir el corralito, permitiendo la devolución de hasta $2 millones por persona.

-Valoramos como un paso muy positivo el nuevo levantamiento de precautorias y creemos que van en la dirección correcta. Tanto las propuestas del interventor, como las resoluciones del tribunal, muestran a las claras que ninguno de ellos cree que la cooperativa sea inviable, sino todo lo contrario -dijo a CIPER el representante de los ahorristas, Juan Alberto Rivera.

Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo

Además, el tribunal decidió suspender el juicio de disolución en contra de Financoop a la espera de pronunciarse por una serie de vicios que denuncia la cooperativa. Con ello, la justicia asestó un golpe probablemente mortal a la estrategia de Economía.

El jueves 2 de noviembre, la cooperativa profundizó su estrategia de cuestionamiento al gobierno, pidiendo al juez que oficie al Decoop con el fin que informe si Zoran Ostoic presentó su renuncia, debido a que está compitiendo por un cargo en el Consejo Regional (CORE) por la circunscripción provincial Santiago II (Centro) bajo el paraguas del sub-pacto PPD-independientes.

Un comentario generalizado –alentado también desde la misma Financoop – es que en el origen de la intervención hay una suerte de vendetta política contra la Democracia Cristiana, debido a que los principales socios de la cooperativa creada en 2005 provienen o son cercanos a la Falange, mientras que  las jefaturas del Decoop están en su mayoría ligadas al ala giradista del PPD.

En todo caso, la sensación de que el gobierno no calibró bien su estrategia es fuerte. En el mismo CDE creen que fue un error. Tanto, que recién a mediados de octubre, dos meses después de la intervención, le preguntaron a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) si tal como se rumoreaba con fuerza en el mercado había platas fiscales comprometidas.

Saber si había o no recursos públicos comprometidos era clave para que el CDE iniciara acciones penales y eso marcó el primer encontrón entre Economía y Financoop. Argumentando la existencia del “secreto bancario”, la cooperativa se negó a entregar lo solicitado, acudiendo al 29 Juzgado Civil de Santiago. Finalmente, el tribunal le ordenó entregar la información.

Durante sus años de gloria, Financoop, que se jactaba de ser la cooperativa más grande y la más profesional del sector, se convirtió en intermediador de diferentes programas de financiamiento y apoyo estatal. CIPER consultó a CORFO, que dirige Eduardo Bitran (PPD), y la respuesta fue que la cooperativa ligada a Vicente Caruz le debe a esta institución $6,1 millones, producto de una deuda contraída en 2014 cuando la institución de ahorro y crédito tenía convenios para el pago de los fondos de fomento.

También se decía que había recursos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Pero desde la entidad respondieron a CIPER que desde el 1 de septiembre de 2014 no mantienen vínculos ni líneas de crédito de apoyo a los pequeños agricultores con esa cooperativa.

SE BUSCA SALIDA HONROSA

La llegada de Jorge Rodríguez Grossi (DC) a la cabeza del Ministerio de Economía, el 31 de agosto, fue vista como una oportunidad para conseguir un acuerdo entre Economía y Financoop, debido a sus lazos con algunos de los accionistas y directivos de la entidad, ligados a la Democracia Cristiana. «Si se puede llegar a una solución que signifique que la empresa sigue funcionando y se reintegran capitales que están faltando, felices nosotros de que ello ocurra», dijo el ministro a El Mercurio el 22 de octubre.

Vicente Caruz

No obstante, la decisión del 23 Juzgado Civil de Santiago de empezar a levantar las restricciones a Financoop ha alejado cada vez más las posibilidades de un acuerdo extrajudicial. Para este lunes 30 de octubre estaba fijado un comparendo y eventual avenimiento entre las partes, que fue suspendido, debido a las nuevas acciones legales presentadas por Financoop.

Según indicaron en la cooperativa intervenida, existe el convencimiento de que la reorganización es hoy el mejor y único camino para solucionar el problema. Reconocen que ha habido múltiples acercamientos con el gobierno y que estuvieron a punto de lograrlo. Sin embargo, cada día que pasa se hace menos viable un arreglo de este tipo: la cooperativa lleva más de 80 días paralizada y tiene la mitad de todos los depósitos del corralito ya  vencidos ($ 20 mil millones).

En el Ministerio de Economía se esperaba que Financooop reconociera como propia la pérdida  patrimonial que arrastra, lo que implicaría abrir la puerta a un posterior juicio penal. Si lo admitieran, sería aceptar que fueron parte del falseo de los estados financieros que nadie advirtió en los últimos años.

Por eso, la apuesta de la cooperativa es que una vez aceptada la reorganización, abra otra vez sus puertas e inicie la devolución del dinero a sus clientes. La oferta en que trabajan consiste en evitar una quita del monto depositado por sus ahorrantes, a cambio de más plazo para reintegrar los recursos. Para eso se requiere la autorización de dos tercios de los 2.174 acreedores. Para ellos, la incertidumbre se mantiene.