Sename: las terribles cifras que demuestran que nada ha cambiado

Cuando en la noche del 11 de abril de 2016 Lissette Villa tuvo su última crisis, ninguna de sus cuidadoras supo qué hacer. Y lo que hicieron, la mató. Conne Fritz, asistente de contador, nunca había trabajado como educadora de trato directo; y Thiare Oyarce, sin título y sin contrato, llevaba cinco meses como educadora y nadie nunca le enseñó protocolos ni criterios para atender a menores y contener sus crisis. Ambas hicieron lo que habían visto que se hacía en el hogar Galvarino –administrado por el Sename– en esos casos: la acostaron boca abajo, la inmovilizaron de brazos y piernas, y Fritz se puso sobre Lissette. Después de 15 minutos de forcejeo, Fritz vio que la niña sangraba.

“Cuando vi sangre, le dije ‘¿te pegaste?’, y dejó de moverse instantáneamente; su cuerpo era blando, lacio, la di vuelta, la vi morada, estaba blanca, pero con ojeras y labios oscuros, como morados; la zamarreé, le dije ‘Lissette’ y no me respondió”, declaró Conne Fritz ante el fiscal Marcos Emilfork, quien investiga las muertes de los niños del Sename, según publicó La Tercera.

Este miércoles 21 de junio, un año y dos meses después de esa noche, la comisión del Sename II de la Cámara de Diputados aprobó el informe que investigó la respuesta del Estado a las recomendaciones hechas por la primera comisión, en 2014. Esta segunda investigación se inició precisamente  a raíz de la muerte de Lissette, que conmocionó al país e hizo que los focos se pusieran sobre el Sename.

Las  conclusiones de los parlamentarios son poco alentadoras precisamente en dos puntos clave para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Lissette y para asegurar el bienestar de los menores. El primero es una drástica baja en el presupuesto que el Sename ha destinado a capacitación y formación, justamente lo que le faltó a Conne Fritz y Thiare Oyarce. El segundo, la evidencia de la falta de fiscalización sobre el buen uso de los recursos asignados a los organismos colaboradores en el cuidado de los niños.

Aunque el informe final aún no se ha hecho público, CIPER tuvo acceso a su borrador. Si bien el documento definitivo puede sufrir cambios, en este informe preliminar los parlamentarios indicaron que el presupuesto destinado a la capacitación y perfeccionamiento de los funcionarios ha disminuido en un 399%. Aunque el borrador no lo explicita, fuentes de la Cámara indicaron a CIPER que esta sensible baja se produjo en los últimos cuatro años (2014-2017).

Otro dato ensombrece aún más el panorama: según la información entregada por el Sename a la comisión, hay 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado e intervención de los menores, cuyas cuentas no han sido revisadas por la administración central en los últimos tres años. Otros 224 programas han sido auditados solo una vez en el mismo lapso y 189, dos veces.

Para poder cuantificar el volumen de los dineros que se deben fiscalizar, el Sename destinó en su presupuesto de 2017 $146 mil millones para 1.204 programas de atención a menores prestada por privados. Para esta tarea, según el informe conocido por CIPER, a junio del año pasado solo había 102 supervisores técnicos y 74 supervisores financieros.

El foco del debate público sobre las conclusiones de esta segunda comisión ha estado puesto sobre las responsabilidades políticas que le cabrían a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco; a los ex directores del servicio, Marcela Labraña y Hugo Herrera; y a la actual jefa del Sename, Solange Huerta. Y si bien es importante establecer las responsabilidades políticas, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron a CIPER que el verdadero problema no está ahí, sino en cómo el Sename fija sus prioridades para el destino de sus dineros. En ese sentido, la rebaja que han experimentado los fondos para capacitación y la falta de fiscalización, son reveladoras de las fallas en la administración de su presupuesto.

Javiera Blanco, ex ministra de Justicia

Los testimonios recogidos por CIPER indican que las capacitaciones que se hacen, además de ser muy escasas, poco aportan al trabajo real que desarrollan los funcionarios en contacto con menores. Y las fiscalizaciones son laxas. El diputado Ramón Farías (PPD), presidente de la comisión, indicó a CIPER que solo consistían en  “una lista de puntos por completar, pero nada que permitiera evaluar realmente y en profundidad el estado de los niños ni las cuentas de los organismos”.

La jueza de familia Mónica Jeldres dirigió una comisión que investigó el estado en que viven los niños en los hogares, cuyo informe, en 2012, fue la primera gran alerta sobre los graves abusos que sufrían los menores (vea el reportaje de CIPER “Niños protegidos por el Estado: los estremecedores informes que el Poder Judicial mantiene ocultos”). Tras conocer los antecedentes contenidos en el borrador de la segunda comisión investigadora de la Cámara, señaló a CIPER:

–Es sabido y así ha sido advertido por la Contraloría al Ministerio de Justicia y Sename de una serie de falencias institucionales, de infraestructura, de supervisión, administración financiera, entre otras, sin que haya existido una respuesta inmediata para dar solución ni establecer responsables. Si todo lo anterior no fuera suficiente, continúan las denuncias por violaciones, maltratos, abusos, explotación sexual. Tan solo en octubre de 2016 se entregó la cifra de 1.313 niños fallecidos, 210 de ellos en el sistema de residencias y otros 406 en programas ambulatorios.

CIPER solicitó entrevistas con autoridades del Sename para que explicaran por qué se redujeron los recursos para capacitaciones y a qué se debe la falta de fiscalización en los hogares y programas que atienden a los niños. La respuesta del Departamento de Comunicaciones fue que el servicio no se referiría a un informe  que aún no se publica y al que no ha tenido acceso.

CAPACITACIONES, DE MAL EN PEOR

Christopher Simpson, dirigente de la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename, es educador de trato directo (ETD) en el turno nocturno del Centro Metropolitano Norte del Sename, en Til Til. Ahí trabaja con menores infractores de ley. Cada noche, Simpson teme que alguno de los jóvenes necesite atención especializada por una crisis de salud, una descompensación o una agresión. Lo teme porque no sabría qué hacer. En los casi cinco años que lleva en el servicio, ha recibido solo una capacitación, el año pasado. Según cuenta, ese curso fue insuficiente. Además,  como trabaja de noche, no podía dejar desatendidos a los jóvenes durante las visitas de los instructores, por lo que no pudo asistir a una parte de las clases.

Simpson cree que la situación ya es tan mala en materia de capacitación, que la sostenida reducción del financiamiento en esta área ha cambiado poco y nada el estado de las cosas:

–No sé si disminuir los recursos en capacitación va a hacer que la situación sea mucho peor de lo que ya es. La falta de capacitaciones atenta contra nuestra formación y desarrollo profesional. Aunque efectivamente es un elemento que puede mermar las condiciones de trabajo y la cifra (del recorte) suena escandalizadora, creo que en general nunca se han usado los recursos necesarios ni ha sido un tema fundamental en Sename.

Christopher Simpson

El director del Hogar Aldea Mis Amigos (Peñaflor), Luis Ortúzar, indicó a CIPER que en su centro no han recibido una capacitación desde la administración central en –por lo menos– los últimos cinco años. Esto, dijo, “afecta directamente las competencias de los educadores y las organizaciones tenemos que hacer capacitaciones internas, lo que nos quita tiempo de trabajo con los niños. Esto es especialmente preocupante porque hay temas, como la inclusión, que son muy relevantes. Si llega un chico o una chica trans, ¿qué hacemos? Ese tipo de cosas no pueden quedar a criterio”.

Ortúzar cree que se debe poner el foco en que los que sufren las consecuencias de la falta de entrenamiento de los funcionarios son, finalmente, los niños:

– Son atendidos y cuidados por personas que no están recibiendo información clave, que mejoraría directamente la calidad de vida de los chicos, como para desarrollar el apego o habilidades que los ayuden a desenvolverse una vez que estén fuera de los centros.

Matías Marchant, psicólogo y director de la Corporación Centro de Salud Mental Casa del Cerro, ha concentrado su trabajo principalmente en la infancia vulnerada. Consultado por CIPER, fue enfático en decir que el problema es más profundo aún. Marchant sostiene que la falta de capacitaciones es un detalle frente a la calidad y capacidad del personal que atiende a los menores: “Son tan mal remunerados, que es imposible acceder a profesionales o recursos humanos con las capacidades y herramientas necesarias”.

Agregó que los sueldos “hacen que las personas que trabajan en este sistema sigan siendo pobres a pesar de trabajar. Los sistemas de turnos son irracionales y terminan reventando literalmente a las educadoras. El sistema muestra una falta de valorización, sistemática, permanente y con sesgo de género a un estamento de la más alta relevancia y con la más importante responsabilidad”.

Según datos entregados por el Sename a CIPER, a septiembre del año pasado había 1.275 educadores de trato directo (ETD) contratados para trabajar en centros del servicio en todo el país. De éstos, más de la mitad (51,7%) solo completó la educación media y recibe un sueldo promedio de $727.681, por cumplir turnos de 44 horas semanales.

Matías Marchant indica que la precariedad laboral es un problema profundo en la institución: “Los convenios de colaboración dejan claro que la situación del personal contratado por los organismos colaboradores no es responsabilidad del Sename, lo que hace que los ETD estén en una situación laboral muy frágil”.

Diputado Ramón Farías

El diputado Ramón Farías afirma que la falta de capacitación y perfeccionamiento para los funcionarios del Sename incide directamente en otro punto crítico: la fiscalización. Consultado por CIPER, Farías explicó que al no existir presupuesto suficiente para el Sename, las fiscalizaciones disminuyen. Ese es el inicio de un círculo vicioso: “Al no haber fiscalización pueden no hacerse las capacitaciones y nadie sabe si se hicieron o no”.

Farías indicó además que la forma de fiscalizar, a su juicio, deja mucho que desear: “La fiscalización debe ampliarse, porque hoy lo único que hacen es ir y revisar en el lugar con un checklist. ¿Cuántos niños hay?, ¿cuántos extintores?, ¿cuántos camarotes? Pero no hay un trabajo de fiscalización más profundo, en torno a los programas de desarrollo, de ver cómo evolucionan los chicos, de ver en detalle cómo se gastan las platas”.

SIN FISCALIZACIÓN

Todos los entrevistados por CIPER coinciden en que la fiscalización técnica y financiera de las instituciones privadas que colaboran con el Sename (OCAS) es, por lo menos, insuficiente. El dato de que 751 programas fueron examinados entre dos y ninguna vez en los últimos tres años puede empeorar. Esto, por la eliminación del Programa de Fiscalización a Centros de Menores en el presupuesto para este año, según los datos contenidos en el borrador del informe de la segunda comisión investigadora al que accedió CIPER. Ese plan debía cumplir un rol clave para asegurar el bienestar de los menores: “Levantar y sistematizar información relevante de las residencias del Sistema de Protección de Menores y para el seguimiento a los Centros de Justicia Juvenil”.

Un antecedente expuesto por el diputado René Saffirio (independiente, ex DC) en el informe que hizo en contraposición al elaborado por el resto de la comisión, grafica la falta de control sobre el uso de los recursos: solo entre julio de 2015 y julio de 2016 había más de $20 mil millones de fondos “empozados”, sin ejecutar, en las arcas de los OCAS.

Según explicó a la comisión la directora del Sename, Solange Huerta, esto sucede por dos razones: “Son fondos que se mantienen en las cuentas corrientes de los proyectos ya que o no tienen un destino comprometido, porque los proyectos no han informado en qué se van a utilizar, o tienen un destino comprometido que todavía no se ejecuta”.

Solange Huerta, directora del Sename

Un funcionario que trabaja en el área de licitaciones de la administración central del Sename, y que pidió la reserva de su nombre, explicó por qué este gigantesco monto destinado a la atención y protección de los niños permanece sin ejecutar. Por ejemplo, dijo, los OCAS “guardan” esos fondos por si se cierra el programa y se ven obligados a pagar finiquitos. Pero eso, dice, rara vez pasa, por lo que los recursos sencillamente se desaprovechan. Frente a situaciones de este tipo, asegura, los supervisores que revisan las cuentas de los OCAS tienen poco espacio para asegurar la ejecución de los fondos o su devolución:

–El inspector puede decir “esto funciona muy mal” o “este programa no rinde” y, en último caso, solicitar el reintegro de los fondos. Pero nunca se devuelven, porque le dan tanto plazo al colaborador para que genere el reintegro, que al final esto nunca ocurre.

Christopher Simpson también es crítico respecto de este punto:

-Hemos planteado que el 70% de los fondos va para los colaboradores y el 30% a los centros que administra directamente el Sename. Si van a fiscalizar menos a las organizaciones que se llevan el pedazo más grande, nos parece crítico. De todas formas, responde a la dinámica del modelo: el privado se siente hostigado cuando el Estado quiere supervisar.

Simpson cuenta que las inspecciones de los fiscalizadores son, por decir lo menos, someras: el registro sobre la situación de los niños es principalmente cuantitativo (“va al colegio”, “no va al colegio”). Esto, dice, hace difícil establecer si realmente hay avances en la intervención. Con las inspecciones financieras, sostiene, el panorama es más gris: “Básicamente, revisan las boletas, ven que cuadren, pero no se sientan con calculadora a revisar una por una, sino que solo calce. Eso muestra la importancia que tiene para el Estado la inserción de los privados”.

El psicólogo Matías Marchant cree que la forma en que se hace la supervisión de los recursos profundiza las deficiencias del sistema: “Ayuda más a ocultar las falencias que a encontrarlas. Como cambian a los supervisores muy seguido, es imposible hilar más fino, hacer un seguimiento, porque no hay continuidad”.

Un funcionario que trabaja en el núcleo de la administración central del Sename señaló a CIPER que la ley es extremadamente laxa respecto de la forma en que los OCAS deben rendir sus gastos:

– La Ley 20.032 establece los mecanismos para subvencionar ciertos gastos asociados a la intervención. Se licita por un monto máximo y luego se debe dar cuenta de los gastos. Pero en el convenio no se especifica la “glosa”, que en la administración pública es una planilla que establece cuánto vas a gastar de tu presupuesto en un determinado ítem. La supervisión financiera del servicio, históricamente, nunca ha tenido control sobre eso. Los OCAS reciben la plata y la gastan en lo que quieren.

La misma fuente explica que, en el caso de los OCAS que trabajan en protección de derechos, muchos tienen convenios con una modalidad de pago denominada “por plaza convenida a todo evento”:

–Eso significa que si licitaste un programa que va a atender teóricamente a cien niños, pero en la práctica atendiste solo a 20, igual te pagan por los cien. Y ahí no tienes cómo rendir.

Luis Ortúzar, director de un hogar en Peñaflor, defiende el rol de los OCAS. Explica que, en el caso de su institución, con la subvención que reciben –$180 mil mensuales por niño, para 90 menores– es poco lo que pueden hacer, en especial si quieren garantizar un buen cuidado. Su hogar tiene 35 funcionarios, entre los que se cuentan educadores de trato directo, un siquiatra, un nutricionista, tres asistentes sociales y dos sicólogos: “No puedo embargar los sueldos de mis funcionarios. Necesito mantener a mi equipo, que sea estable, porque eso es fundamental para el cuidado de los chicos. Pero, para lograrlo, llevo un déficit mensual de $6 millones”.

Christopher Simpson no tiene muchas esperanzas de que la situación mejore:

– Ha pasado más de un año desde que Lissette murió y, siendo sincero, creo que ni en el hogar Galvarino, que es donde falleció, ni el Sename, que debía asegurarse de que ella estuviera bien, han tenido mejoras. Hay todo un entramado que está cómodo con esta situación, que es parte de un sistema viciado que finalmente pone en evidencia la poca preocupación que tenemos con la infancia vulnerable.