Empresario formalizado por “Milicogate” es proveedor estrella de Carabineros

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El fraude que remece a Carabineros y que ya escala a los $16.500 millones, ha puesto el foco en una unidad clave de la policía uniformada: la Dirección de Intendencia. La investigación en curso está desnudando la existencia de una cofradía –que podría llegar a 60 uniformados y civiles– concertada para delinquir. La cifra de este mega fraude supera tres veces los ilícitos cometidos por miembros del Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre (“Milicogate”), convirtiéndose así en uno de los mayores desfalcos a una institución pública en la historia reciente de Chile.

Si se contrasta la cuantiosa cifra del desfalco con los millonarios fondos que recibe anualmente Carabineros vía Ley de Presupuestos, el ilícito adquiere otra dimensión. Porque esos $16.500 millones representan menos del 1,6% del total de los dineros aprobados por Hacienda para la institución en 2017 (más de un billón de pesos). En la última década las platas que el Fisco entrega a Carabineros se triplicaron y fue en ese océano de dineros que el robo de los hasta ahora $16.500 millones se licuó sin que nadie le pusiera freno.

Lo grave es que, en paralelo al aumento explosivo del presupuesto de Carabineros, también crecieron las evidencias de la falta de controles y del desorden administrativo en el manejo de los fondos institucionales. De ello dan cuenta las más de 40 alertas, principalmente de la Contraloría General de la República, que advirtieron de múltiples irregularidades en distintas unidades de la policía uniformada (ver reportaje de CIPER).

Protagonista de esos informes de Contraloría ha sido la Dirección Nacional de Logística y, en particular el L3, como se conoce al Departamento de Transportes de Carabineros, unidad que maneja un presupuesto anual superior a los $7.600 millones para la reparación y mantención de los casi 10 mil vehículos –patrullas, furgones, carros blindados, lanza agua y buses, entre otros– de la institución.

En varios de esos informes aparece de manera recurrente la sociedad Inversiones y Comercio Capellán, constituida en agosto de 2009 y vinculada a Raúl Fuentes Quintanilla, dueño de un pequeño feudo de talleres mecánicos en Conchalí, cuyo principal cliente es precisamente el L3. Otro de los históricos contratistas de Fuentes Quintanilla ha sido el Ejército. Pero el negocio se vino abajo el 16 de enero de 2016: el empresario fue formalizado por el Ministerio Público por los ilícitos del “Milicogate”, al facilitar 128 facturas falsas a la institución castrense por más de $2 mil millones, las que simulaban reparaciones y ventas de repuestos para vehículos militares que nunca se materializaron.

Fuentes Quintanilla es el acusado en dos querellas del Servicio de Impuestos Internos (SII): una por su rol en el fraude del Ejército, y otra por la venta de facturas falsas a un empresario transportista. Fueron 488 los documentos sin respaldo transados por Fuentes. La operación, que se llevó a cabo entre 2007 y 2010, causó un perjuicio fiscal que el SII estima en más de $1.800 millones. “Las facturas me las entregó Raúl Fuentes Quintanilla, no recuerdo cuánto le pagué por ellas, pero sí que yo iba personalmente a retirarlas en su local en Vivaceta”, confesó el empresario transportista (ver querella del SII).

Pese a que está involucrado en dos fraudes que suman casi $4 mil millones en pérdidas para el Fisco, y que está formalizado hace más de un año por la Fiscalía Centro Norte, Fuentes Quintanilla ha seguido siendo uno de los proveedores predilectos del Departamento de Transportes de Carabineros. De hecho, los montos con los que lo ha beneficiado la policía uniformada entre 2010 y 2014 casi duplican a los del Ejército.

–La ley no nos permite colocar barreras de entrada a los proveedores. Si está habilitado en Mercado Público, no podemos marginarlo –señaló a CIPER un policía del Departamento de Compras Públicas de la institución.

Inversiones y Comercio Capellán, Vivaceta 3214 (Conchalí).

Desde que fuera formalizado en enero de 2016 por fraude reiterado al Fisco, empresas vinculadas a Fuentes Quintanilla han obtenido licitaciones del L3 por más de $460 millones. La última, adjudicada hace menos de dos semanas. Pero sus lazos con la unidad de Transportes de Carabineros son mucho más profundos: de acuerdo a la indagación de CIPER, Fuentes Quintanilla y sus hijos se han vinculado al L3 desde enero de 2006 a través de cuatro sociedades: Raúl Fuentes Quintanilla; Repuestos Automotrices; Inversiones y Comercio Capellán; y Maquinarias y Repuestos Automotores.

En total, desde 2006 a la fecha, Carabineros le ha adjudicado al clan Fuentes –que en varias ocasiones concurre con dos e incluso tres de sus empresas– 651 licitaciones por más de $3.100 millones. En promedio una licitación por semana, llegando a adjudicarse hasta media docena de contratos en un mismo día por más de $100 millones. La cifra no considera otros montos obtenidos vía trato directo por el empresario. Más del 90% de esos dineros provienen precisamente del L3, ubicado en Vivaceta 2700 (Independencia), a solo cuadras de los talleres mecánicos de la familia Fuentes.

CIPER revisó más de 600 licitaciones en las que el L3 y Carabineros favorecieron a Fuentes Quintanilla. En una treintena de casos, el L3 le validó y aprobó ofertas económicas que superaban en hasta 10 veces el valor original de la licitación. El rastreo de CIPER también detectó que en más de una decena de adjudicaciones, jugó un activo rol el capitán Francisco Estrada Castro, hoy en prisión preventiva y pieza clave de la llamada “mafia de Intendencia”, protagonista del desfalco que hoy tiene a Carabineros en una de sus peores crisis institucionales (ver recuadro).

«LAS VAY A PAGAR SAPO C…»

Al cúmulo de irregularidades detectadas en el L3 por la Contraloría y también por dos completos informes de prensa (The Clinic en diciembre de 2015 y Contacto en noviembre de 2016), se suma una querella por cohecho presentada hace algunos meses por el dueño de una de las empresas proveedoras de repuestos para el L3, Manuel Ayala Almarza.

Ayala conoce bien el L3. Fue carabinero durante 27 años y trabajó en esa misma unidad. En 2010, ya en retiro y a través de la sociedad Sumicar (de la que es socio), se convirtió en uno de sus proveedores.

Hoy Ayala evita trasladarse solo. Hace unos días –y poco después de que estallara el escándalo en Carabineros– dejó constancia en el Ministerio Público de una serie de amenazas que acusa haber recibido vía WhatsApp y que estarían vinculadas a la querella que presentó el 5 de diciembre pasado. En el escrito judicial, Ayala identificó a un puñado de funcionarios del L3 como parte de una red ilícita que se habría beneficiado en complicidad con algunos talleres mecánicos. Capellán, de Fuentes Quintanilla, sería uno de ellos.

Los mensajes anónimos enviados al teléfono de Manuel Ayala, a los que tuvo acceso CIPER, son de grueso calibre.  En uno, fechado el 15 de abril, se lee: “Maldito traidor (…) las vay (sic) a pagar todas sapo c…”.

Departamento de Transportes de Carabineros, Vivaceta 2700 (Independencia).

En la querella, Ayala acusa al cabo Luis Candia, encargado de coordinar el trabajo del L3 con los talleres mecánicos, de ofrecerle abultar el monto de las facturas y repartirse el excedente. En su declaración ante el Ministerio Público, Ayala señaló: “El 13 de noviembre de 2013, se acercó el cabo Luis Candia y (me dijo) si quería aumentar mi facturación y mis ganancias, lo que hacían con los otros talleres lo podían hacer conmigo. (Para eso) tenía que pasarle la ‘Solicitud de Taller Externo’ de Carabineros, más la hoja de cobro de la empresa, que se entregaba a Carabineros con cada vehículo reparado los días jueves. Ellos modificarían la solicitud de taller externo, donde se indican los servicios requeridos, agregando nuevos servicios que nunca se iban a prestar, sino que solo tenían como objeto inflar la facturación”.

Junto con describir cómo operaba el presunto fraude en complicidad con los talleres mecánicos, Ayala consignó en su declaración que el cabo Candia le mencionó que venía de parte del suboficial Mario Ortega y del sargento Alejandro Yáñez, del Departamento de Transportes, y que el 50% del dinero obtenido por la falsa facturación se repartiría entre los tres.

En la declaración de Ayala, también surgió el nombre del coronel Luis Torres, quien se ha desempeñado como jefe subrogante del L3. El propietario de Sumicar reprodujo un diálogo que tuvo con un suboficial de Carabineros a quien el coronel Torres le habría ordenado ingresar repuestos por más de $84 millones al sistema computacional con el que se gestiona el stock de bodega del departamento, y luego simular, en el mismo sistema, el egreso de esos repuestos asociándolos a un vehículo policial que nunca los recibió.

En la querella se solicita que la Fiscalía tome declaración a los policías Candia, Ortega, Yáñez y también a quien hasta el año pasado se desempeñó como jefe del L3: el coronel Patricio Carrasco Gesche.

CIPER consultó a Carabineros si la salida del coronel Carrasco del Departamento de Transportes tuvo relación con su gestión al mando de esa unidad. La institución solo se limitó a informar que Carrasco cumplió los 29 años y seis meses válidos para su retiro. Respecto de si los otros funcionarios mencionados por Ayala continuaban en servicio, no hubo respuesta.

Lo que sí es efectivo es que Carabineros ha presentado en los últimos meses tres denuncias ante el Ministerio Público vinculadas a irregularidades que involucran a funcionarios del L3.

EL FEUDO FUENTES QUINTANILLA

La revisión de CIPER de las adjudicaciones del L3 de Carabineros a las empresas vinculadas a Raúl Fuentes Quintanilla, da cuenta que en prácticamente la totalidad de esos procesos licitatorios la unidad de transportes operó al margen de instancias superiores de control. En su mayoría son licitaciones de hasta 500 UTM (poco más de $23 millones), monto máximo establecido por la Dirección de Logística de la institución para que esa unidad licite sin que intervenga la Dirección de Compras Públicas de Carabineros. Al ser licitaciones por montos menores a las 1.000 UTM, no requieren además de toma de razón de Contraloría.

El límite de las 500 UTM no siempre se respetó. El 7 de diciembre de 2012, por ejemplo, el L3 le adjudicó a Inversiones y Comercio Capellán una licitación por $32,6 millones. La Dirección de Compras Públicas debió haber administrado ese proceso, pero no lo hizo (ver adjudicación).

Repuestos Automotrices, Independencia 4257 (Conchalí).

Cuatro sociedades ligadas al clan Fuentes han operado históricamente con el L3 de Carabineros. Inversiones y Comercio Capellán se ha adjudicado 233 licitaciones por $2.300 millones entre abril de 2011 y abril de 2017. Fue constituida en agosto de 2009 por Katherine Fuentes Campusano y Nicole Fuentes Chávez (hijas de Raúl Fuentes). Una segunda sociedad es Repuestos Automotrices (A y A), creada en abril de 2004 por Raúl Fuentes Quintanilla y su hijo César Fuentes Campusano, también formalizado por el Ministerio Público en el “Milicogate”. Entre enero de 2006 y febrero de 2017, A y A ha obtenido 82 licitaciones de Carabineros por más de $244 millones. Otra de las sociedades de la familia Fuentes detectadas por CIPER es Maquinarias y Repuestos Automotores. Constituida en enero de 2012 por Katherine y Nicole Fuentes, registra 16 ventas a Carabineros, la mayoría en 2017, por $71 millones. Hasta mayo de 2011, Raúl Fuentes Quintanilla, como persona natural, también figura como proveedor del L3 de Carabineros con 321 licitaciones por más de $580 millones.

Todos los talleres de la familia Fuentes orbitan en torno al L3, ubicado en Vivaceta 2700 (Independencia). Capellán funciona en Vivaceta 3214 (Conchalí), en el mismo garaje donde se ubica Maquinarias y Repuestos Automotores, cuya numeración corresponde al 3230. El taller de A y A está a pocas cuadras de allí, en Independencia 4257 (Conchalí).

En decenas de licitaciones del Departamento de Transportes, el clan Fuentes apostó fuerte. CIPER identificó numerosos procesos en los que Fuentes Quintanilla ofertó a través de dos e incluso tres de sus empresas al mismo tiempo, construyendo una competencia artificial con la que se habría asegurado contratos. Un ejemplo: el 6 de diciembre del año pasado, Carabineros le adjudicó por trato directo un contrato a Repuestos Automotrices (A y A) para reparar un vehículo fiscal.  Además de A y A, la institución consideró la oferta de otras dos sociedades de Fuentes Quintanilla: Capellán y Maquinarias y Repuestos Automotores. A y A presentó un oferta levemente más baja y se quedó con el contrato (ver documento).

CIPER consultó a Carabineros por qué validó con puntaje máximo en al menos 30 licitaciones las ofertas de las sociedades de Fuentes, a pesar de que fueron hasta 10 veces por sobre el monto original de la licitación. El 13 de diciembre pasado, por ejemplo, Capellán concurrió a la licitación “Suministro, mantención, reparación y repuestos para la flota de autos comando de cargo de Carabineros”. El monto fijado era de $18 millones (sin IVA). Sin embargo, en el acta de evaluación Capellán aparece ofertando $248 millones y obteniendo puntaje máximo en el ítem “evaluación económica” (ver documento).

Desde la institución respondieron a través de un comunicado: “Respecto de lo que usted menciona como ‘incongruencia’ sobre la validación de la oferta, versus la adjudicación, es preciso señalar que la ley no establece que la recepción de ofertas necesariamente deba ser por el monto final de la adjudicación (500 UTM)” (ver respuesta completa de Carabineros).

Maquinarias y Repuestos Automotrices, Vivaceta 3230 (Conchalí).

En los más de 30 casos donde las ofertas de Capellán superan ampliamente el monto de la licitación, siempre la empresa de Fuentes Quintanilla obtuvo puntaje máximo. Lo extraño es que el 5 de abril pasado, en una de las últimas licitaciones que ganó Capellán, uno de los proveedores en competencia ofertó un monto por sobre el tope estipulado, tal como lo ha hecho Fuentes en decenas de oportunidades. La oferta económica de ese proveedor fue declarada inadmisible. La razón: “(la) oferta sobrepasa monto disponible $2.900.000 IVA incluido” (ver acta de evaluación).

En la declaración de Manuel Ayala ante el Ministerio Público, el ex carabinero y dueño de Sumicar apuntó a Capellán como una de las empresas cuyos empleados concurrían al L3 para evaluar los vehículos policiales y realizar diagnósticos  “a la medida”. Con esa información, el Departamento de Transportes armaba las licitaciones. “Se ganaban las licitaciones de autos que ellos mismos evaluaban”, dijo Ayala.

Quizá eso pueda explicar por qué a veces los talleres de Fuentes Quintanilla ofrecían plazos de entrega mucho más convenientes que los de su competencia. En abril del 2012, por ejemplo, Capellán ofertó tres días de entrega versus los 40 que ofrecía su competidor (ver documento).

Pese a las sirenas que suenan en el L3 desde hace varios años por distintas irregularidades, en 2016 Carabineros decidió profundizar la autonomía con la que opera ese departamento: ahora está autorizado para licitar por montos ya no de 500 sino de hasta 1.000 UTM.

DEL “MILICOGATE” AL “PACOGATE”

La recurrencia de patrones en la relación de Fuentes Quintanilla con el Ejército y Carabineros, está desde hace varios meses bajo la lupa del Ministerio Público y la Contraloría.

Contralor Jorge Bermúdez.

A mediados de 2016, el contralor Jorge Bermúdez encendió las alarmas en su intervención en la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el fraude en el Ejército, episodio en el que Raúl Fuentes y su hijo César están formalizados por fraude al Fisco: “Existen análogas observaciones (irregularidades en la rendición de cuentas) a propósito de gastos que no derivan de la Ley Reservada del Cobre, sino que de la Ley de Presupuestos, situación que también sucede en Carabineros de Chile”.

El contralor citó a Capellán como una de las empresas bajo investigación que más había vendido bienes y servicios a ambas instituciones entre 2010 y 2014, con adjudicaciones por más de $3 mil millones. En ese periodo, las compras de Carabineros a Capellán casi duplican a las del Ejército (ver informe).

En la investigación por el fraude en la institución castrense, la Fiscalía ya ha logrado acreditar que ni Capellán, ni el resto de empresas ligadas a Fuentes Quintanilla, contaban con stock de productos para atender la demanda del Ejército. Idéntica es la situación en el caso de Carabineros. Ninguna de las empresas registra, además, importaciones de repuestos.

También se ha establecido otro patrón que Fuentes replicó con calco en su relación de negocios con los militares y la policía uniformada. Sus movimientos bancarios indican que cada vez que recibía depósitos de la cuentas del Banco Estado de cualquiera de las dos instituciones, el empresario retiraba el dinero en efectivo y en montos fraccionados. En el caso del Ejército esas platas fueron a dar en cuotas a los bolsillos de al menos tres suboficiales del Ejército.

En el caso de Carabineros, la ruta final de esos dineros aún permanece en una nebulosa.

LAS LICITACIONES DEL CAPITÁN ESTRADA

Capitán Francisco Estrada Castro (Fuente: Poder Judicial)

Entre los funcionarios de Carabineros que aprobaron contratos para las empresas de Raúl Fuentes Quintanilla, se asoma el nombre de un policía que lleva varias semanas en los medios de prensa: el capitán Francisco Estrada Castro.

Estrada fue uno de los ocho ex uniformados que quedaron en prisión preventiva a mediados de marzo por su participación en el millonario fraude al interior de Carabineros. La Fiscalía lo identificó como uno de los principales integrantes de la “mafia de Intendencia”, el grupo que operaba en el Departamento de Finanzas de la institución.

El rol del capitán Francisco Estrada era clave. Una de sus tareas era recolectar el dinero defraudado, lo que, según la Fiscalía, lo ubica en la cúspide de la pirámide de la asociación ilícita junto al general Flavio Echeverría, el coronel Jaime Paz Meneses y el comandante Héctor Nail, todos en prisión preventiva hace más de un mes (ver reportaje de CIPER).

La indagación de CIPER indica que Estrada participó en al menos 10 licitaciones por más de $40 millones en total, adjudicadas a Inversiones Capellán, Repuestos Automotrices y Maquinarias y Repuestos (2015-2016). Su  firma quedó estampada en las actas de evaluación, el documento que califica a cada oferente según los requerimientos establecidos y entrega las pautas para seleccionar al proveedor más conveniente. En esos registros se le identifica como capitán de Intendencia y jefe de sección, aunque no se especifica de cuál.

El objeto de dichas licitaciones era reparar vehículos dependientes de la Prefectura de Fuerzas Especiales de la Zona Metropolitana. La última firma del ahora ex capitán data de noviembre de 2016, fecha en que ya había comenzado la investigación del Ministerio Público por el millonario fraude en Carabineros.