Las platas perdidas de la Copa América que la ANFP de Salah no ha querido investigar

Hace apenas una semana la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) saldó una deuda que arrastró durante gran parte del año: publicó su Memoria y sus Estados Financieros de 2015. Y aunque parezca increíble, nada hay en esos documentos que dé cuenta del descalabro que sacudió a la ANFP en el año más oscuro que ha vivido. En esos registros oficiales no se deja ni una constancia para la historia de los turbios manejos de su defenestrado máximo dirigente, Sergio Jadue, ni de las múltiples investigaciones –de la propia ANFP, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y de Impuestos Internos– que aún no consiguen aclarar el destino de al menos $1.850 millones que siguen perdidos en el desorden de las cuentas de la Copa América 2015.

Ambos documentos (Memoria y Estados Financieros) fueron solicitados por CIPER a inicios de este mes y el pasado jueves 15 la ANFP los entregó. En la noche de ese mismo día quedaron expuestos en la web de la asociación (vea aquí la Memoria y los Estados Financieros de 2015).

Solo algunos puntos consignados de manera sumaria en el último capítulo de la Memoria –donde se transcriben las tablas de las sesiones del Consejo de Presidentes– se relacionan con las graves anomalías descubiertas en 2015. Pero, carentes de contexto explicativo, resultan indescifrables para el lector. Así, el tema se asoma de manera críptica recién en la antepenúltima página de la Memoria: “Análisis de la comisión ad hoc creada para auditar la Copa América y sus contratos relacionados con la investigación que deriva del informe del FBI”, se lee en la transcripción de la tabla de la sesión del 17 de agosto de 2015. Respecto de por qué se debió auditar la Copa América y qué contiene el informe del FBI, ni una letra.

Arturo Salah

Luego, en la tabla de la sesión del 25 de septiembre, surge otra anotación similar: “Informe de la comisión ad hoc auditora de Copa América, en relación con la denuncia del Departamento de Justicia de Estados Unidos”. Y en la del 27 de noviembre, cuando Jadue ya se había entregado al FBI, otra mención igual de impenetrable: “Interpelación al director Nibaldo Jaque”. Nada se dice acerca de que Jaque era el lugarteniente de Jadue, y que está acusado de favorecer a su club Deportes Concepción con millonarios préstamos que no correspondían. El destino de esos fondos aún se desconoce y generaron la desafiliación del elenco penquista por insolvencia económica, además de una querella de la ANFP contra Jaque y el resto de los controladores del club.

Al cumplirse un año desde que la actual directiva, encabezada por Arturo Salah, se hizo cargo del timón del fútbol profesional, CIPER consultó a la ANFP y al Ministerio de Justicia –cartera que ha fiscalizado durante todo el año a la asociación–­ por las medidas adoptadas para aclarar las cuentas de la Copa América, establecer el destino del dinero desaparecido desde la arcas de la asociación, recuperar los préstamos irregulares otorgados a los clubes, pagar impuestos adeudados e identificar a todos los responsables de las pérdidas patrimoniales.

El resultado de la indagación de CIPER es que poco y nada se ha hecho para revelar la trama de los fraudes urdidos bajo la gestión de Jadue, salvo la presentación de cinco querellas. Sobre la revisión de las cuentas de la Copa América jugada en Chile en 2015, la fuente de la mayoría de las millonarias irregularidades, los avances son completamente nulos.

El Ministerio de Justicia no respondió las consultas de CIPER. A través de su encargado de comunicaciones, señaló que no tenía nada que informar sobre el tema. Esto, a pesar de que la asociación es una corporación sin fines de lucro y, por esa misma razón, está bajo la tutela del ministerio. De hecho, esa secretaría de Estado ha mantenido contacto permanente con la ANFP durante todo este año, monitoreando su gestión administrativa. Los directivos del fútbol profesional sabían que esa no era una mera indagatoria.

Dado el cúmulo de irregularidades que la administración de Jadue fue sumando –amplificadas por la dimensión internacional del escándalo que llevó finalmente al ex timonel a entregarse al FBI-, a fines de 2015 ese ministerio barajó la posibilidad cierta de cancelar la personalidad jurídica de la ANFP. La razón: los graves incumplimientos en el manejo de sus finanzas y la falta de transparencia de sus cuentas (vea el reportaje de CIPER “Ultimátum de Justicia: La ANFP cuadra la caja o se querella por las platas perdidas”).

Lo anterior fue confirmado a CIPER por el director de la ANFP, Juan Carlos Silva, quien señaló que tras enterarse de que el Ministerio de Justicia pretendía clausurarles la personalidad jurídica, a él se le encomendó actuar como enlace con esa secretaría de Estado. Por esa razón, se reúne periódicamente con el jefe del Departamento de Personalidad Jurídica del ministerio, Carlos Aguilar.

Según señaló Silva a CIPER, a lo largo de este año la ANFP contestó 20 requerimientos de información del Ministerio de Justicia. A su juicio, esa cartera se ha mostrado satisfecha con los avances en la normalización de sus finanzas y contabilidad. La afirmación de Silva no pudo ser corroborada por CIPER en dicho ministerio. Si así fuera, algo falta en las cuentas, en la Memoria y Estados Financieros de 2015 que acaba de entregar la ANFP. Porque del análisis de esos documentos y de las respuestas que entregaron sus directivos a los requerimientos de CIPER, queda claro que las mejorías se refieren exclusivamente a cambios en el manejo de las cuentas de la ANFP (ver recuadro).

Juan Carlos Silva (Foto: ANFP)

Lo que quedó fuera del monitoreo de la secretaría de Estado, es el esclarecimiento de la mayoría de las irregularidades cometidas bajo la administración de Sergio Jadue y particularmente la revisión de las cuentas de la Copa América 2015. Dado que el 90% de los cuestionamientos al manejo del dinero del fútbol se originó en la administración de los fondos del torneo continental, resulta al menos sorprendente que precisamente esas cuentas quedaran fuera del radar de las autoridades de Justicia.

El ministerio acordó con la ANFP que la Copa América no será revisada mientras el Servicio de Impuestos Internos (SII) no determine quién es el sucesor legal del Comité Organizador Local (COL) del torneo. Juan Carlos Silva explica que, si bien el COL fue conformado por los miembros del directorio de la ANFP que presidía Sergio Jadue, la entidad no necesariamente dependía de la asociación y puede que el SII estime que fue mandatada directamente por la Confederación Sudamericana (Conmebol). En ese caso, las deudas tributarias que arrastra el COL y la responsabilidad por sus oscuros manejos contables, debiesen correr por cuenta de la Conmebol y los directivos de la ANFP se lavarían las manos.

Adjudicarle a la Conmebol la responsabilidad de los dineros que desaparecieron, sería una solución meramente administrativa, porque al culpar a una entidad que no tiene sede en Chile es altamente probable que se entrabe la pesquisa. En consecuencia, se dificultaría identificar a los responsables de las irregularidades en las cuentas del certamen, las que fueron detectadas primero por una comisión encabezada por el ex contralor Ramiro Mendoza y luego por una auditoría forense realizada por Deloitte. Ambas fueron solicitadas por la ANFP.

La opción de endosarle las culpas a la Conmebol significa en los hechos dejar fuera de las pesquisas a la ANFP, e impediría que el Ministerio Público, en este caso el fiscal Carlos Gajardo, investigue a fondo la trama interna de la asociación que le permitió a Jadue dejar un forado en las platas de la Copa América. Frente a la posibilidad de que el fiscal Gajardo se introduzca en la madeja del poder que controla la asociación, la respuesta en la ANFP ha sido dejar todo en manos del SII sin apurar el tranco. Por lo mismo, no hay urgencia por resolver quién es el sucesor legal del COL y, de esa forma,abrirle la cancha al fiscal Gajardo para que establezca cuánto se recaudó realmente en la Copa América, dónde está el dinero perdido y quiénes son los responsables de esa afectación patrimonial.

Ponerle una barrera a esa investigación es lo que le conviene a muchos de los actuales directores y miembros del Consejo de Presidentes de la ANFP, los que le dieron carta blanca a Sergio Jadue mientras recibían de su mano los préstamos irregulares que ahora son investigados, entre otros ilícitos, por el fiscal Carlos Gajardo.

Este jueves 22 de diciembre el fiscal Gajardo solicitó al 13º Juzgado de Garantía que fije fecha para la audiencia en la que formalizará en ausencia a Sergio Jadue por apropiación indebida y delitos tributarios. Esa petición es el primer paso para solicitar formalmente la extradición del ex dirigente, quien se encuentra en Estados Unidos a la espera de la sentencia por los sobornos que recibió en la Conmebol y que suman US$2,2 millones.

LAS PLATAS PERDIDAS

A un año y dos meses de la caída de Sergio Jadue, nada se ha aclarado sobre los dineros de la Copa América. Eso, a pesar de que las cuentas de ese torneo constituyen la principal veta de las irregularidades detectadas hasta este momento: $1.850 millones aportados por la Conmebol cuyo paradero se desconoce. A eso se agrega el burdo intento de esconder cerca de $11 mil millones de utilidades que dejó el torneo para evadir el pago de impuestos. Ese es parte del arsenal de anomalías que la actual directiva de la ANFP mantiene en el olvido.

En los Estados Financieros de 2015 publicados la semana pasada por la ANFP este “olvido” se hizo explícito. Dentro del informe que incorporó la empresa auditora RSM al inicio del documento, se aclara que los Estados Financieros no incluyeron los efectos que puede tener para las cuentas de la ANFP la situación del COL: “Los asesores legales de la ANFP están en proceso de análisis jurídico respecto de quién es (debiera ser) la entidad continuadora legal de la Asociación para la Organización de la Copa América 2015 y consecuentemente el titular del resultado que dicha entidad arrojó”.

Sostener que el COL no tiene relación de dependencia con la ANFP no es más que una figura retórica. Fue la asociación la que recibió los US$7,5 millones enviados por la Conmebol para organizar el campeonato y la ANFP se los traspasó al COL. Los miembros del directorio de la ANFP, entonces encabezado por Jadue, integraron el comité ejecutivo del COL. Cerca de $4.400 millones obtenidos por la venta de entradas fueron depositados directamente en las cuentas de la ANFP y no en las del COL.

La prueba más contundente de la relación entre el COL y la ANFP es que, una vez que el torneo terminó y se cerraron las cuentas, las utilidades –que sumaron cerca de $11 mil millones– fueron disfrazadas como “cuentas por cobrar”, para no pagar impuestos, y se traspasaron a la asociación. Si el SII busca ahora al responsable que debe cancelar esos tributos impagos, al menos ya sabe que fue la ANFP la que se benefició con esa jugada evasiva.

Fiscal Carlos Gajardo

Por lo demás, fue la propia ANFP la que le encargó al ex contralor Ramiro Mendoza que indagara las irregularidades detectadas en las cuentas del COL. Y antes, el Consejo de Presidentes le había encomendado a una comisión encabezada por Jaime Estévez, entonces representante de la UC, que revisara la contabilidad de la gestión de Jadue. Mientras Estévez concluyó que todo estaba en orden, el ex contralor detectó las millonarias sumas sin destino claro y un desorden mayúsculo en los registros. Si el COL no tenía relación de dependencia con la ANFP, ¿por qué razón la asociación le encargó a Mendoza que analizara las cuentas?

Probablemente la actividad de la ANFP que concitó mayor interés de la prensa este año –al margen de los partidos de la Roja– fue la conferencia de prensa encabezada por Salah a fines de mayo en la que se entregaron las conclusiones preliminares de la auditoría forense de Deloitte. Gran parte de las anomalías detectadas por esa auditoría están relacionadas con las cuentas de la Copa América. Pero, sorpresivamente, esas cuentas quedaron fuera de las rendiciones que la ANFP debe dar al Ministerio de Justicia mientras los abogados discuten si el COL dependía o no de la asociación.

Ahora, la pelota está en los pies de Impuestos Internos. Si el organismo tributario determina que la ANFP debe hacerse cargo de las cuentas del COL, el Ministerio de Justicia debería reflotar las mismas preguntas que hace un año tuvieron a la asociación al borde de perder su personalidad jurídica: dónde está el dinero perdido, quiénes son los responsables y cómo se recuperará ese patrimonio.

De ser ese el escenario, la ANFP debería acreditar que los $19 mil millones declarados como ingresos por venta de entradas es el monto que efectivamente se recaudó. La sospecha de que esa suma está subvalorada la dejó instalada el ex contralor Mendoza en su informe, a raíz del desprolijo registro de esos ingresos. También deberá aclarar el paradero hasta ahora desconocido de a lo menos $1.850 millones entregados por la Conmebol. Esa suma está compuesta por US$491 mil dólares (equivalentes a unos $350 millones) que se agregaron al premio que recibió el campeón y por otros $1.500 millones provenientes de los primeros aportes enviados por la confederación para organizar el torneo y cuyo destino se desconoce por el desorden contable.

Una vez que todo esté despejado, es altamente probable que la ANFP deba pagar los impuestos que se evadieron cuando recibió las utilidades del COL. Y si no quiere perder su personalidad jurídica, tendría que querellarse contra los responsables de esa triquiñuela. De lo contrario, la directiva de Salah puede ser acusada por el Ministerio de Justicia de no cumplir con su deber de proteger el patrimonio de la corporación. Junto con Jadue, los miembros del antiguo directorio que pueden ser blanco de estas acciones judiciales son Cristián Varela (socio de ChileFilms, empresa que alquila equipos al Canal del Fútbol y a quien Jadue elevó a la Comisión de Finanzas de la Conmebol), Jaime Baeza, Antonio Martínez, Alex Kiblisky y Jorge Fistonic.

Hasta el momento los esfuerzos de la actual directiva por dilucidar estas interrogantes solo se han traducido en identificar las irregularidades –a través del trabajo de Ramiro Mendoza y Deloitte– y querellarse contra presuntos responsables. De las cinco querellas que ha interpuesto la directiva de Salah, dos tienen relación con dineros de la Copa América.

La primera, del 5 de octubre de este año, acusa a Jadue y a algunos miembros de su equipo –Nibaldo Jaque, Mauricio Etcheverry y Rodrigo Grumberg– por el delito de apropiación indebida. Esto a raíz de $140 millones que salieron del COL como préstamo para Deportes La Serena, el club de Etcheverry. CIPER consultó a la ANFP si otros clubes recibieron dinero proveniente del COL, pero no tuvo respuesta.

La segunda querella, interpuesta el 4 de noviembre de este año, apunta a Jadue y a Nicolás Abusada, un empresario cercano al ex presidente de la ANFP que recibió más de $300 millones por merchandising de la Copa América. La asociación acusa que la oferta de Abusada era la más cara de las cotizadas y que más del 50% de los artículos se encuentran todavía embalados dentro de un contenedor en los patios de la ANFP.

LA CAJA PAGADORA

Fuera de las interrogantes por resolver respecto a las cuentas del COL, la ANFP también debe hacerse cargo de otros movimientos irregulares de dinero que perjudicaron a la asociación: los préstamos y pagos a diversos clubes aprobados por la directiva de Jadue.

Entre 2011 y 2015, Jadue repartió entre las sociedades anónimas propietarias de los clubes más de $42 mil millones, como préstamos o ingresos originados por contratos de la Roja. En ese contexto, nadie levantó la voz para fiscalizar los manejos del calerano (vea el reportaje de CIPER “Las pruebas de que los dirigentes del fútbol fueron cómplices del hoyo financiero que dejó Jadue”).

Los préstamos, que sobrepasaron lo permitido por el reglamento de la asociación, dejaron un hoyo financiero que fue conocido por el Consejo de Presidentes a fines de 2014, aunque los clubes y el nuevo directorio manifestaron sorpresa cuando la auditoría de Deloitte hizo públicas estas cuentas.

El balance de 2014, realizado por la empresa RSM, calculó la deuda de los clubes con la ANFP en $3.428 millones. Pero los Estados Financieros presentados este año por la misma empresa recalcularon y sinceraron la deuda que tenían los clubes al 31 de diciembre del mismo 2014: aumentó de manera exorbitante a $11.100 millones.

Esto, sumado a las ganancias del Canal del Fútbol (CDF) que solo en 2015 se tradujeron en $32.800 millones repartidos entre los clubes, transformó a la ANFP de Jadue en una caja pagadora a cambio del silencio de los dirigentes.

­­–­­¿De qué servía a la administración anterior ser rescatista de los clubes? Que nosotros aprobábamos todo… cómo te vas a ir en contra de alguien que te permitió, sin seguir ningún tipo de procedimiento o reglamento, prestar plata por sobre cualquier cosa normal –señaló a CIPER el actual miembro del directorio de la ANFP, Juan Carlos Silva, vicepresidente de Deportes Iquique entre 2013 y 2015.

Las deudas reales de los clubes incluso podrían aumentar. Y ello porque la empresa auditora RSM, en su informe incorporado a los Estados Financieros de 2015, deja constancia de que no pudo confirmar los saldos mantenidos por los clubes con la ANFP. Esto, porque recibió solo cuatro respuestas de las 32 consultas que dirigió a los clubes que integran la asociación. Para recuperar el dinero y ordenar las finanzas, actualmente la ANFP descuenta mensualmente un porcentaje del dinero que le corresponde a cada club por las ganancias del CDF.

En el caso de Deportes Concepción, desafiliado en abril de este año por insolvencia económica, la ANFP interpuso una querella el pasado 22 de junio contra Nibaldo Jaque, Pedro Sabando Pizarro, Adolfo Sabando Muñoz, Pablo Tallarico García y Luis Polnoroff, todos ex controladores de la sociedad propietaria del club. En la acción judicial se les acusa por estafa y apropiación indebida de recursos que recibieron entre enero de 2011 y noviembre de 2015, mientras Jaque se desempeñaba como secretario general de la ANFP en el directorio de Jadue.

Otro perjuicio para el patrimonio de la asociación que debe ser aclarado por la actual directiva, es el pago de US$200 mil al ex entrenador de la selección nacional, Jorge Sampaoli, por una “asesoría verbal” al Instituto Nacional del Fútbol (INAF). El directorio actual aún no tiene claro por qué se solicitó ese servicio, cómo se definió la suma a pagar y cuál era el producto esperado.

La recuperación de ese dinero pagado a Sampaoli motivó la primera de las querellas interpuestas por la ANFP durante este año, el 3 de febrero. En esa acción legal se incluyó también la restitución de los sueldos pagados de manera ilegal al directorio (concepto por el que Sergio Jadue aún debe $34 millones) y de los honorarios cancelados a los abogados que defienden al ex presidente de la ANFP en Estados Unidos (vea el reportaje de CIPER “La asesoría jurídica que contrató Jadue con platas de la ANFP para su defensa”).

La querella restante también tiene como protagonista al ex presidente, ya que se le acusa de haber contratado en la ANFP al arquitecto Leonidas Laoutari, cercano a su familia. La asociación denuncia que entre 2011 y 2015 Laoutari recibió más de $218 millones por servicios que no están respaldados, además de realizar trabajos en el domicilio particular de Sergio Jadue mientras era pagado por la ANFP. El conflicto de interés por la relación entre Laoutari y Jadue era completamente conocido por los miembros del Consejo de Presidentes y por los funcionarios de la ANFP, pero hasta la caída del calerano nadie levantó la mano para cuestionarlo.