La ola de arrestos, destituciones y reformas que dejaron las revelaciones de los “Panama Papers”

El 7 de abril pasado, 14 grandes letras azules desaparecieron desde la pared exterior de un edificio de oficinas ubicado en un exclusivo vecindario en el norte de San Salvador, capital de la República de El Salvador. Una tras otra las letras fueron extraídas del estuco beige que cubría la pared, dejando detrás las débiles trazas del nombre de la firma de abogados que había funcionado ahí hasta solo unos días antes:

M-O-S-S-A-C-K-F-O-N-S-E-C-A

Los empleados de la filial salvadoreña del bufete de abogados Mossack Fonseca, cuyo cuartel general está en Panamá y cuya filtración de documentos expuso a la industria de los paraísos tributarios a través de más de cuatro mil reportajes, aseguraron que se trataba sólo de una reubicación.

Las autoridades salvadoreñas, sin embargo, sospechaban que algo más estaba pasando. Sólo el día antes del retiro de las molduras con las letras de Mossack Fonseca, las autoridades de El Salvador anunciaron que investigarían a los ciudadanos que habían hecho negocios con ese bufete. Y temiendo que la evidencia pudiera ser destruida, la tarde antes de que el cartel desapareciera, la policía irrumpió en las oficinas de la filial del bufete panameño. Los oficiales estaban armados y algunos de ellos usaban pasamontañas negros.

Allanamiento oficina Mossack Fonseca en El Salvador (Crédito de fotos: El Faro, Víctor Peña)

La policía salvadoreña y el procurador general se llevaron 20 computadores. Las autoridades tuitearon sobre el procedimiento mientras éste se llevaba a cabo.

El allanamiento de las oficinas salvadoreñas de Mossack Fonseca fue una de las cientos de reacciones a la investigación de los “Panama Papers”, entre las que también se pueden mencionar distintos tipos de investigaciones, multas, renuncias de altos directivos públicos, arrestos, reformas legales nacionales y encuentros internacionales.

Funcionarios públicos y activistas esperan que reacciones similares continúen en los próximos años, impulsadas por la indignación que produjeron las revelaciones de los “Panamá Papers” que apuntan a políticos y ciudadanos, y por la necesidad de iluminar un oscuro sistema financiero que, por décadas, se ha resistido a ser reformado.

Desde que el escándalo estalló a comienzos de abril de este año, cientos de periodistas de docenas de países que colaboraron en la investigación han publicado más de 4.700 artículos basados en los archivos de Mossack Fonseca, la firma de abogados de dimensiones globales que creó empresas difíciles de rastrear –empresas offshore, de fachada o de papel–,  y las puso a disposición de corporaciones, políticos y estafadores.

Las reacciones ante las revelaciones de los “Panamá Papers” comenzaron inmediatamente después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y más de 100 medios aliados publicaran la primera historia a las 2 de la tarde de la costa Este de Estados Unidos, el 3 de abril. El hashtag #PanamaPapers se transformó en top de los trending topics de Twitter. Miles de manifestantes marcharon en cuatro continentes. Las multitudes lanzaron yogurt en Islandia y piedras en Pakistán.

Como resultado, más de un tercio de todas las naciones –76 hasta el momento– han anunciado cerca de 150 consultas, auditorías o investigaciones llevadas adelante por la policía, los servicios de aduanas, los fiscales especializados en mafia y crimen organizado, por jueces y cortes, por autoridades tributarias o por comisiones investigadoras parlamentarias. Miles de contribuyentes y compañías están bajo investigación. Legisladores desde Mongolia hasta Panamá han revisado las leyes para fortalecer las zonas débiles. Y los gobiernos ya han reportado la recuperación de decenas de millones de dólares en impuestos que no habían sido declarados.

A lo largo de los cuatro continentes, la policía ha allanado bodegas, oficinas y casas. Oficiales gubernamentales en tres continentes han renunciado, incluyendo un Primer Ministro y un ministro de Energía e Industria. Ejecutivos y abogados están tras los barrotes en el Medio Este, Europa y América Latina esperando investigaciones criminales. En El Salvador la investigación está en pleno desarrollo.

La ola de reacciones no ha menguado desde abril. Los “Panama Papers” han generado al menos un efecto regulatorio o normativo al día, seguidos por nuevos artículos y peticiones de políticos y activistas que piden más investigaciones y la adopción de más medidas.

En los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos propusieron una serie de nuevas leyes y reglas para hacer más fácil el trabajo para las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley tributaria. Y también para facilitar que los reguladores de los mercados financieros puedan seguir el rastro del dinero sucio dentro y fuera de Estados Unidos.

Los oficiales del tesoro, por ejemplo, propusieron crear un Registro Nacional de Propiedad Corporativa, que despoje del velo de secreto que se tiende en estados como Delaware, Nevada y otros, y que permite esconder la identidad de los propietarios de las compañías que allí se crean. La propuesta incluye medidas que pueden hacer más fácil para los fiscales forzar a los bancos a revelar los registros de sus cuentacorrentistas y usar esa información en investigaciones de corrupción que involucren a altos oficiales extranjeros.

En un documento informativo de la Casa Blanca se dice que los “Panama Papers” “han puesto bajo los reflectores el problema de las actividades financieras ilegales y la evasión tributaria. Los ‘Panama Papers’ resaltaron la importancia de los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos tanto a nivel interno, como con nuestros aliados para enfrentar estos desafíos compartidos”.

En octubre, Ron Wyden, senador demócrata por el estado de Oregón y miembro del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, escribió al Departamento del Tesoro y a la autoridad tributaria demandando saber qué información habían obtenido esas agencias de las bases de datos difundidas por el ICIJ y sus medios aliados.

“La noticias a partir de las revelaciones de los “Panama Papers” destacan los tratos opacos que hacen compañías protegidas por el anonimato alrededor del mundo”, escribió Wyden, remarcando su preocupación sobre el uso de las firmas offshore “como vehículos usados para la evasión tributaria o posiblemente para el lavado de dinero”.

En noviembre, la Oficina Europea de Policía (Europol), reveló que al cruzar la base de datos de los “Panama Papers” con sus propios archivos, había encontrado 3.469 probables vínculos con el crimen organizado, el fraude tributario y otros delitos. Además encontraron 116 coincidencias con los archivos del proyecto Hydra, enfocado en el terrorismo islámico.

“El principal asunto aquí es que podemos vincular las compañías de la filtración de los ‘Panama Papers’ no solo con crímenes económicos como lavado de dinero, sino también con terrorismo, organizaciones criminales rusas, tráfico de droga, tráfico de personas, inmigración ilegal y cybercrimen”, declaró el jefe de la unidad de inteligencia financiera de Europol, Simon Riondet.

Dos líderes mundiales, en Argentina y Pakistán, quedaron atrapados en escándalos públicos a partir de evidencias relacionadas con los “Panama Papers”. En Argentina, el fiscal federal está investigando una empresa que el Presidente Mauricio Macri creó en Las Bahamas y que no incluyó en la información pública que debía entregar cuando fue alcalde de Buenos Aires. En Pakistán, entre tanto, la Corte Suprema está analizando una petición levantada por la oposición contra el Primer Ministro Nawaz Sharif, cuyo hijo es dueño de una empresa inmobiliaria en Londres a través de compañías creadas por Mossack Fonseca. La oposición acusó a Sharif de ocultar las conexiones de su familia con empresas offshore y de lavar dinero en el extranjero para pagar por las propiedades. Sharif y su familia han negado cualquier acto ilícito.

“Los ‘Panama Papers’ realmente sacudieron el mundo de la transparencia”, dice Porter McConnell, directora de la Financial Transparency Coalition, con sede en Washington. “El tamaño de la investigación, sumado al elevado número de personajes de alta relevancia implicados, ayudaron a mantener el tema de las compañías opacas en la agenda. Ningún gobierno quiere ser el siguiente Panamá”.

GOLPE FINANCIERO: “ENORME” IMPACTO

Durante los últimos ocho meses, muchos gobiernos han informado estar usando los datos de los “Panama Papers” para recuperar decenas de millones de dólares en impuestos no pagados y otros bienes, incluyendo mas de US$ 80 millones en Colombia, US$ 1 millón en Eslovenia y 375 lingotes de plata en Australia. Miles de millones de dólares más están siendo rastreados en investigaciones relacionadas con potenciales evasiones tributarias.

Compañías muy conocidas han sufrido las consecuencias de aparecer involucradas en la investigación de los “Panamá Papers”. Una reciente investigación académica ha mostrado que los “Panama Papers” hicieron desaparecer US$135 mil millones en el valor de cerca de 400 compañías cuyas acciones se transan públicamente y que quedaron directamente expuestas en las revelaciones. “El impacto ha sido enorme” dice Hannes Wagner, profesor asociado de Finanzas en la universidad milanesa de Bocconi y uno de los autores del estudio.

Para Wagner, el golpe financiero ocasionado a las compañías es la pérdida más grande de la historia originada en una filtración de datos o en un escándalo corporativo; más grande aún que la combinación de pérdidas producidas por el escándalo que golpeó a Enron y a Volkswagen.

Aunque la investigación no identifica empresas, una revisión del ICIJ de los precios de las acciones de un grupo de corporaciones ligadas a las revelaciones de los “Panamá Papers” y seleccionadas al azar, mostró que el gigante de los comodities Glencore y el holding británico HSBC Plc experimentaron caídas en los precios de las acciones tras el estallido del escándalo. Glencore Interational AG apareció como cliente de Mossack Fonseca. La filial del HSBC, entre tanto, estaba entre los bancos que eran más activos en solicitar empresas de fachada para sus clientes al bufete panameño.

De acuerdo a los académicos, la caída en el valor sugiere que los inversionistas creen que a esas compañías se les va a hacer difícil seguir evadiendo impuestos, y tal vez sean multadas por la evasión que cometieron.

Nordea, el mayor banco escandinavo, admitió en una auditoría interna empujada por el escándalo, que cayó “claramente bajo” sus propios estándares en muchas instancias donde debió identificar clientes riesgosos y potenciales crímenes, como lavado de dinero. El banco bloqueó 68 cuentas sospechosas pero afirmó no haber encontrado evidencia de que sus acciones hayan ayudado activamente a la evasión tributaria.

Algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo han formado equipos de respuesta para enfrentar las consecuencias de los “Panama Papers”, según una encuesta de la consultora KPMG. Varias empresas han establecido grupos de trabajo de tiempo completo con diez empleados o más, puntualiza la encuesta.

RESPUESTA NACIONAL: LEGISLACIÓN E INVESTIGACIÓN

Desde las naciones más pequeñas, como las Islas Cook, hasta India, el segundo país más poblado del mundo, muchos gobiernos están respondiendo activamente a los “Panama Papers”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oficina del procurador para el Distrito Sur de Nueva York, iniciaron investigaciones criminales relacionadas con los “Panama Papers”. El periódico The Wall Street Journal informó que los fiscales estaban investigando si los empleados de Mossack Fonseca “conscientemente ayudaron a sus clientes a lavar dinero o a evadir impuestos”. Basándose en fuentes familiarizadas con la investigación, el diario informó que la fiscalía estaba considerando cargos criminales que podían incluir conspiración para lavar dinero, evadir impuestos y enmascarar el pago de coimas a autoridades extranjeras.

Los dueños de Mossack Fonseca han rechazado haber cometido algún delito y dijeron que la firma “nunca ha sido acusada o relacionada con comportamientos criminales”.

El Secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, escribió al Congreso en mayo: “debemos asegurarnos de que Estados Unidos va a estar a la altura de las circunstancias en la lucha global contra le evasión”. Su agencia anunció nuevas reglas entre las que figuran un aumento de los requisitos a bancos y empresas de valores, para reforzar la obligación que tienen estas instituciones de identificar a los dueños reales de las cuentas que manejan.

La asamblea legislativa de Taiwán usó los “Panama Papers” para adoptar nuevas reglas contra la evasión tributaria. En julio el Congreso de ese país introdujo restricciones a los beneficios que disfrutaban las compañías taiwanesas para mantener sus utilidades en empresas offshore. El gobierno de Nueva Zelanda inició una investigación sobre sus normas para el tratamiento de empresas de fideicomiso después de que las revelaciones de los “Panama Papers” mostraron que la buena reputación del país estaba siendo usada como cobertura para vender instrumentos que permitían evadir impuestos. En julio, el gobierno aceptó las recomendaciones del equipo investigador y anunció una nueva legislación.

Ciudad de Panamá

En octubre, siguiendo las revelaciones de los “Panama Papers» de que algunos ex y actuales oficiales del gobierno mantenían empresas offshore, el Congreso de Mongolia debatió un proyecto de ley para penalizar a los políticos y servidores públicos que no declararan los intereses financieros que tenían en el exterior.

“El problema que ustedes revelaron se ha instalado en la agenda pública y oficialmente se ha transformado en una ley. ¡Felicitaciones!”, dijo Enkhbayar Battumur, el ministro de Justicia de Mongolia a la televisora MongolTV, uno de los aliados del ICIJ en la difusión de los “Panama Papers”.

El mismo mes, el parlamento panameño aprobó leyes tanto para endurecer los requisitos a las compañías extranjeras que operan en ese país, como para permitir a Panamá compartir información tributaria con otras naciones. Esto último es un triunfo para los países que durante años han presionado a esta nación para que revele cuáles de sus ciudadanos tienen compañías offshore. En el Líbano, otro centro financiero offshore, también se aprobó en octubre una legislación que facilita el intercambio de información tributaria con otros países, en un esfuerzo claro por evitar quedar en la  lista negra tributaria en el mundo post-“Panama Papers”.

También en octubre, el ministro de Finanzas de Irlanda citó a los “Panama Papers” en su propuesta de una nueva ley criminal para lidiar con la evasión tributaria. En noviembre, el ministro de Finanzas de Alemania introdujo una nueva legislación, bautizada como “la Ley Panamá”, que incrementará los castigos por la evasión y reforzará investigaciones sobre la relación de los negocios alemanes y compañías de fachada.

SONDAJES FISCALES: MILES BAJO ESCRUTINIO

Las autoridades de muchos países están tomando acciones directas contra ciudadanos sospechosos de haber usado empresas de fachada para reducir sus impuestos.

Actualmente se están investigando a más de 6.500 contribuyentes y compañías, de acuerdo al ICIJ y sus medios asociados, los que han reunido sistemáticamente la respuesta que han tenido las agencias públicas de todo el mundo ante las revelaciones.

Sólo en noviembre, los gobiernos de Islandia, Reino Unido, Canadá, Francia, India y Pakistán anunciaron estar examinando a cerca de 1.300 contribuyentes por potencial evasión tributaria.

En Islandia, más de 100 casos están bajo revisión y otros 46 vinculados con potencial evasión han sido remitidos a la fiscalía, de acuerdo a los reportes de los medios.

Más de una docena de allanamientos se han llevado adelante según el recuento de los medios desde abril. Las autoridades británicas revelaron que 22 personas están bajo investigación civil y criminal por evasión tributaria; y las negociaciones de otros 43 millonarios británicos con empresas offshore están bajo revisión. Compañías y propietarios en el Reino Unido también han comenzado a ser escrutados como parte de una investigación financiera al azar, según anunció el gobierno. La autoridad recaudadora canadiense, anunció que 85 ciudadanos de ese país relacionados con los “Panamá Papers” quedaron bajo investigación por evasión tributaria.

El ministro de Finanzas de Francia anunció que fueron auditados 560 contribuyentes. En India, se formó una fuerza de tarea especial para examinar las empresas offshore de 415 ciudadanos indios, haciendo que ese país sea el que tiene la investigación más extensa, según informó el diario The Indian Express.

En el vecino Pakistán, el diario The News reportó que 20 pakistaníes han sido identificados por la autoridad tributaria por no presentar declaraciones de impuestos durante el mismo periodo en que aparecen relacionados con compañías creadas por Mossack Fonseca.

RENUNCIAS: FUNCIONARIOS Y EJECUTIVOS

Las reacciones de los altos funcionarios relacionados con empresas offshore propias o de familiares y cercanos, han sido diversas. El vocero del Presidente ruso, Vladimir Putin, negó las revelaciones sobre las maniobras offshore de personas de su círculo y las calificó como un “ataque de información distorsionada” contra Rusia.

El Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tuvo la mala suerte de que su primera reacción fuera captada por un equipo de televisión: “Me estoy comenzando a sentir un poco extraño sobre este tema, pues es como si usted me estuviera acusando de algo”, dijo antes de levantarse y dejar la entrevista.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

El video con sus vagas respuestas sobre una compañía offshore que él y su esposa controlaban, fue reproducido millones de veces en todo el mundo. Antes de 48 horas, furiosas protestas y la presión política forzaron a Gunnlaugsson a renunciar a su cargo.

Otros gobiernos y funcionarios corporativos también siguieron ese camino.

Mihran Poghosyan, alto funcionario de justicia de Armenia, renunció luego de haber negado inicialmente las revelaciones de que él tenía participación en tres compañías constituidas por Mossack Fonseca. Hay una investigación criminal abierta en su contra.

En España, José Manuel Soria, el ministro de la Industria, Energía y Turismo, resistió cinco días antes de tener que dejar su puesto. Soria inicialmente negó cualquier conexión con empresas offshore, pero luego reconoció el rol de su familia en una compañía en el Reino Unido. En su renuncia, Soria negó haber actuado ilegalmente. Atribuyó su salida a una “sucesión de errores” en sus respuestas ante este asunto.

La máxima autoridad del banco estatal austriaco, Hypo Landesbank Voralberg, renunció luego de que el banco fuera citado en reportajes de los “Panama Papers”. En Holanda, un miembro del consejo de supervisión del Banco ABN Amro, el tercero más grande del país, renunció luego de que periodistas alemanes informaran sobre sus vínculos con una compañía offshore en la Islas Vírgenes Británicas.

En octubre, el jefe del organismo regulador de los bancos en Taiwán, Ding Kung-wha, renunció luego de que las autoridades norteamericanas multaran a los bancos de ese país en US$180 millones por su “flagrante indiferencia” ante las leyes contra lavado de dinero.  El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, identificó “transacciones sospechosas” entre la filial del banco taiwanés en Nueva York y sus brazos en Panamá, destacando la relación del banco con Mossack Fonseca.

Juan Pedro Damiani, abogado uruguayo y miembro del comité de ética de la FIFA, renunció a raíz de informes que mostraban que tenía negocios con tres acusados de escándalos de corrupción en el mundo del fútbol. Una compañía finlandesa despidió a su gerente de ventas en respuesta a las revelaciones de que él podía haber ayudado a lavadores de dinero ruso a través de una compañía panameña de fachada.

EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES

El 5 de octubre, el abogado Ramón Fonseca, uno de los fundadores de la firma que está en el corazón de las revelaciones de los “Panama Papers”, visitó Momi, una conocida panadería en ciudad de Panama, famosa por sus empanadas y cupcakes. Fonseca, quien es además un premiado novelista y era asesor del presidente de su país, Juan Carlos Varela, hasta poco antes de estallar el escándalo, quería remarcar con esa visita un hecho especial.

“Comprando una torta para celebrar seis meses desde el hackeo de mi empresa, sin que en ninguna parte del mundo se haya entablado un juicio contra nosotros”, escribió Fonseca en su Twitter.

A pesar de su buen ánimo, la firma que fundó hace 40 años, no ha salido sin daños del escrutinio de sus clientes y de sus prácticas.

El presidente Varela defendió a su país desviando la atención hacia la firma de Fonseca, recordando a los reporteros que los “‘Panama Papers’ no se refieren al país, se refieren a la firma legal Mossack Fonseca”.

En octubre, hablando ante reporteros del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, Varela dijo que Fonseca, su ex asesor, “tendrá que hacerse responsable por sus acciones y en última instancia, enfrentar a la justicia”.

Ramón Fonseca (Fuente: portadapanama.com)

La comisión panameña que regula la banca y a las aseguradoras está actualmente conduciendo una auditoría y la fiscal general Kenia Porcell está investigando si Mossack Fonseca facilitó o promovió actividades ilegales. La fiscal allanó el cuartel general de Mossack Fonseca dos veces en abril. En una de esas ocasiones, se llevaron bolsas de basura llenas de papel triturado. En septiembre, un juez panameño rechazó la petición de Mossack Fonseca de que los allanamientos dirigidos por el fiscal especial contra el crimen organizado, Javier Caraballo, eran ilegales.

La oficina de la fiscal Porcell ha informado que se han hecho 16 visitas y se han emitido más de 500 solicitudes a instituciones financieras y firmas legales como parte de esta investigación.

Desde abril, Panamá ha hecho 21 peticiones de ayuda y asistencia legal relacionada con los “Panama Papers” a más de una docena de países, incluyendo México, Guatemala, Suiza, Ucrania, Senegal y Alemania. Oficiales públicos panameños se han reunido con fiscales y diplomáticos de nueve países desde abril, incluyendo reuniones con autoridades estadounidenses en septiembre.

A medida que la presión ha crecido, las oficinas de  Mossack Fonseca alrededor del mundo han comenzado a estar bajo fuego. Nueve de ellas fueron cerradas según reportes de prensa y registros corporativos: en Jersey, Isla de Man, Gibraltar, Perú, Sao Paulo, Holanda, Nueva Zelanda, Lugano, Suiza y Nevada.

En este último estado, la autoridad multó a la filial de Mossack Fonseca en Las Vegas por no mantener sus papeles actualizados y en orden. En Wyoming, las autoridades estatales cursaron una multa de US$ 9.600 a la filial instalada en Cheyenne acusándola de mostrar un “evidente desprecio por la ley” y “fallar en cumplir debidamente” su deber de identificar en sus archivos a las personas detrás de cualquier empresa de Wyoming que ellos representen.

Las autoridades en las Islas Vírgenes Británicas multaron a Mossack Fonseca con US$31.500 en abril y luego con otros US$ 440.000 en noviembre, por 14 violaciones a las normas que debilitaron el control de las actividades de lavado de dinero y de financiamiento terrorista. Es la multa más alta que se ha cursado jamás en las Islas Vírgenes Británicas contra un agente comercial registrado.

ARRESTOS: DESDE VENEZUELA A ISRAEL

Un ex representante de Mossack Fonseca, la abogada venezolana Jeannette Almeida, se encuentra actualmente detenida en una prisión militar en Caracas, a la espera de juicio por violación de leyes bancarias.

Su familia alega que está siendo usada como chivo expiatorio, afirmando a la web de noticias La Patilla, que ella solo creó empresas offshore para clientes, pero no es la propietaria de esas empresas. Su abogado acusó en una entrevista que ella está detenida mientras “las personas realmente involucradas en este caso”, han salido sin castigo.

La policía venezolana también arrestó a la madre y al hermano de Adrián Velásquez, un ex guardaespaldas de Hugo Chávez. Velásquez se transformó en director de una compañía offshore creada por Mossack Fonseca cuatro días después de la elección del actual Presidente Nicolás Maduro.

El Ministerio Público de Venezuela anunció que los familiares de Velásquez fueron arrestados en un aeropuerto y que se  incautaron autos, motocicletas y cajas de joyas vacías. Velásquez y su esposa –una enfermera que asistió a Hugo Chávez por el cáncer que lo llevó a la muerte en marzo de 2013 y que también fue jefa de la Oficina del Tesoro venezolano–, viven en República Dominicana. La madre de Velásquez y su hermano han sido liberados.

En Uruguay, autoridades arrestaron a 11 personas en abril a raíz de los reportes que las ligaban al hermano de uno de los máximos jefes de la droga de México, a través de empresas de fachada creadas por Mossack Fonseca. En Israel, dos ejecutivos de empresas de inversiones fueron arrestados bajo la sospecha de que no habían declarado cientos de miles de dólares que mantenían en sociedades offshore. Estos arrestos fueron los primeros desde que las autoridades comenzaron a investigar los “Panama Papers”.

En noviembre, las agencias contra el crimen en el Reino Unido arrestaron a tres empleados de importantes bancos, en lo que los medios británicos calificaron como “el más grande escándalo de información privilegiada en el país”. Las autoridades no hicieron comentarios sobre estas detenciones, a pesar de que ocurrieron días después de que el gobierno revelara que los “Panama Papers” habían sido usados para investigar “una gran operación de información privilegiada”.

“MANOS A LA OBRA”

Dos días después de los primeros artículos de los “Panama Papers”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad intergubernamental que lidera el debate global sobre impuestos, llamó a una reunión de emergencia en París. Mark Konza, comisionado adjunto de impuestos de Australia, presidió la reunión que congregó a autoridades gubernamentales de servicios tributarios de 35 países.

Konza dijo que después de que los “Panama Papers” irrumpieran en escena, su jefe le dijo: “Mark, tienes que encargarte de esto. La noche siguiente estaba en un avión rumbo a Paris por 24 horas y entré directo a la sala de conferencias”. Allí había 80 personas. Uno a uno, los representantes entregaron noticias respecto de qué sabían y no sabían acerca de los “Panama Papers”. “Mi principal impresión fue que cada uno estaba recibiendo mucha presión política para que se hiciera algo y para dar la señal a sus países de que este problema iba a ser enfrentado”.

Desde entonces, muchos gobiernos en el mundo tomaron acción. El parlamento europeo acordó en junio establecer un comité de 65 miembros para investigar posible lavado de dinero y evasión tributaria.

“Las revelaciones de los ‘Panama Papers’ mostraron que es muy fácil esconderse detrás de esas complejas estructuras”, señaló el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, quien propuso lanzar una lista negra de paraísos fiscales europeos para 2017.

También en junio, el Reino Unido revivió una propuesta de 2013 para crear un registro público de los beneficiarios de sociedades de fachada. En la Cumbre Global Anticorrupción celebrada el mes anterior (mayo) en Londres y en la que los “Panama Papers” fueron protagonistas, Nigeria, Gana, Kenia y Afganistán se comprometieron a hacer lo mismo y unirse a una lista creciente de países, de acuerdo a la Coalición por la Transparencia Financiera.

EL CAMINO HACIA ADELANTE: “DISPOSICIÓN A ACTUAR”

Aunque los efectos de los “Panama Papers” continúan, funcionarios públicos y asesores advierten que el progreso en esta materia no está garantizado y que introducir cambios duraderos implicará una larga batalla.

De hecho, algunos gobiernos han obviado totalmente algún tipo de reforma. Siete de los 10 países en los que actuales o antiguas altas autoridades (presidentes o ministros) aparecieron vinculadas a los “Panama Papers” han permanecido en silencio o han rechazado abrir investigaciones, incluyendo Arabia Saudita, Qatar y Ucrania. En este último país, el parlamento rechazó la propuesta de crear una comisión investigadora.

“Algunos gobiernos han impulsado nuevos compromisos sobre transparencia, mientras otros se han limitado a encogerse de hombros. Hasta que medidas básicas de transparencia financiera no lleguen a ser una norma en todo el mundo, me temo que estaremos en un círculo perpetuo de hacer política a través de filtraciones”, dijo la directora de la Coalición por la Transparencia Financiera, Porter McConnell.

Aún así, los defensores de la transparencia financiera esperan que la presión pública, detonada por los “Panama Papers”, empuje a los gobiernos a pelear por una solución global frente a los problemas que plantea el secreto de los territorios offshore.

“Por décadas hemos sabido de la existencia de los paraísos fiscales y nuestras autoridades electas lo han tolerado”, dijo Alfred de Zayas, experto en derechos humanos de Naciones Unidas, quien recientemente publicó un reporte sobre el impacto de la evasión tributaria y el secreto financiero en los derechos humanos. Ahora, con los “Panama Papers”, los gobiernos y organizaciones internacionales están tomando el asunto más seriamente, cree de Zayas: “Soy optimista. Por primera vez, presiento que hay cierta disposición a actuar”.

Colaboraron en esta historia: Jimmy Alvarado, Kristof Clerix, Lkhagva Erdene, Michael Hudson, Sol Lauria, Joseph Poliszuk y Ewald Scharfenberg.

Traducción: CIPER CHILE