FIRMÓ CONTRATO DE LEASING POR 5 OFICINAS A TRAVÉS DE SU SOCIEDAD PERSONAL: SAN LUCAS
Studio Office Tobalaba: la otra operación inmobiliaria fallida de Natalia Compagnon
17.11.2016
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FIRMÓ CONTRATO DE LEASING POR 5 OFICINAS A TRAVÉS DE SU SOCIEDAD PERSONAL: SAN LUCAS
17.11.2016
El 30 de diciembre de 2014, Natalia Compagnon acudió a la Séptima Notaría de Santiago a firmar un contrato con la empresa de servicios financieros Tanner Leasing. Ese día materializó su decisión de arrendar -con opción de compra- cinco oficinas y seis estacionamientos en un recién inaugurado proyecto inmobiliario ubicado en la intersección de Tobalaba con Eliodoro Yáñez (Providencia).
Eran días auspiciosos para CAVAL. Sus socios, Natalia Compagnon y el relacionador público Mauricio Valero, estaban a punto de recibir los $9.500 millones que les debía reportar la jugosa operación de venta de tres terrenos ubicados en una estratégica zona de Machalí (Sexta Región). CAVAL había adquirido los predios solo un año antes en $6.500 millones gracias a un préstamo del Banco de Chile y luego de que Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, se reunieran por casi una hora con el controlador de la entidad financiera, Andrónico Luksic.
Los negocios de CAVAL iban en alza. También el patrimonio inmobiliario de su socia Natalia Compagnon. Cuando la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet acudió a la notaría el penúltimo día de 2014 a firmar el contrato por las cinco oficinas de Tobalaba, no solo tenía a su haber los tres predios en Machalí. También un departamento en el quinto piso del Edificio Crucero de San Alfonso del Mar (Algarrobo, Quinta Región), avaluado en $150 millones, y 12 terrenos en la localidad de Los Choros, Cuarta Región, avaluados en $78 millones (ver reportaje de CIPER).
Natalia Compagnon no fue la única de su círculo que puso los ojos en ese nuevo y moderno edificio de Providencia. Los documentos del Conservador de Bienes Raíces que revisó CIPER indican que otros ejecutivos de CAVAL siguieron sus pasos: el gerente de Finanzas, la encargada de proyectos tecnológicos e innovación y la asesora inmobiliaria de la empresa compraron oficinas y estacionamientos en ese mismo inmueble con solo meses de diferencia.
“Una imagen impecable para proyectar tu empresa”, señala la página web del proyecto inmobiliario. A poco más de un mes de firmado el contrato entre Compagnon y Tanner Leasing a fines de 2014, CAVAL se desplomó. El 6 de febrero de 2015, revista Qué Pasa reveló los términos del millonario negocio especulativo de tierras de CAVAL en Machalí. La onda expansiva del escándalo pegó de lleno en La Moneda y en los niveles de aprobación del gobierno de Michelle Bachelet.
La operación inmobiliaria dio pie a una investigación de la Fiscalía de Rancagua que ya tiene a más de una decena de formalizados. Entre ellos figura Natalia Compagnon, por delitos tributarios, y su socio Mauricio Valero, por el mismo delito y por cohecho.
El contrato de arriendo con opción de compra que Compagnon firmó al cierre de 2014 por las oficinas de Tobalaba, le abrió hace pocos días un nuevo flanco judicial. El 4 de noviembre, Tanner Leasing la demandó por el no pago de rentas. La empresa de servicios financieros reclama el pago de más de $265 millones por concepto de atrasos y multas. La acción judicial también va dirigida contra CAVAL, como fiadora y codeudora solidaria de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, que es la sociedad que aparece como titular en el contrato y de la que Natalia Compagnon y su madre son las únicas accionistas.
Es precisamente la sociedad San Lucas la que ha estado en los últimos meses al centro de las diligencias del fiscal Sergio Moya. Una de las hebras que ha tomado peso en la investigación del persecutor de Rancagua apunta a esclarecer el destino de los dineros obtenidos por la esposa de Sebastián Dávalos en su calidad de socia de CAVAL.
Tal como reveló CIPER, a solo once meses de haber sido creada en febrero de 2012, CAVAL obtuvo ingresos por sobre los $1.500 millones (ver reportaje). Casi el 90% de esos montos provinieron de diversas asesorías que tienen una fuente: el empresario rancagüino Gonzalo Vial Concha, quien se querelló en junio de 2016 por presunta estafa. La querella no individualizó responsables, pero se presentó luego de que Vial Concha declarara antes los fiscales haberse sentido engañado por CAVAL y sus asesores.
San Lucas estaba en el mapa del fiscal de Rancagua luego de que se detectara un traspaso de $25 millones desde CAVAL a esta sociedad. Se investiga si ese trasvasije de dineros realizado en 2012 fue parte de una maniobra de ocultamiento de fondos, debido a que la sociedad inmobiliaria y de inversiones de Compagnon nunca habría tenido movimiento.
De acuerdo a los registros del Servicios de Impuestos Internos (SII), San Lucas inició actividades el 6 de septiembre de 2012. A la fecha, y según la información del SII, no registra timbraje de documentos, procedimiento que permite legalizar facturas, boletas, pagarés y libros contables, entre varios otros papeles que respaldan las distintas operaciones que llevan a cabo los contribuyentes en sus actividades económicas.
En 2011, la empresa Desarrollos Inmobiliarios 2000 compró dos terrenos en Eliodoro Yáñez (Providencia) para construir allí un edificio de oficinas: una torre de diez pisos y cuatro subterráneos, con estacionamientos y bodegas, locales comerciales y dos salas de reuniones en el primer piso. A solo pasos de la estación de Metro Cristóbal Colón, el proyecto –bautizado como Studio Office Tobalaba– ofrecía conexión “con los núcleos residenciales, corporativos, financieros y comerciales más importantes de Chile”.
Al parecer, el anuncio de venta de Studio Office Tobalaba les pareció lo suficientemente atractivo a Compagnon y Valero. De uno de los correos intercambiados entre Sebastián Dávalos y una de las ejecutivas de CAVAL, se desprende que al menos desde agosto de 2014 entre los planes de Compagnon y Valero estaba la mudanza de las oficinas de CAVAL desde la calle Nevería en Las Condes a Eliodoro Yáñez en Providencia.
El 8 de agosto, Sol Herreros le escribió un email a Sebastián Dávalos advirtiéndole que la entrega de las oficinas de Eliodoro Yáñez estaba atrasada. Herreros es amiga de Sebastián Dávalos y era a él a quien le reportaba directamente de sus labores como encargada de proyectos tecnológicos e innovación, cuando éste se desempeñaba como gerente de Proyectos de CAVAL. En el correo electrónico le señaló:
“Querido amigo, de acuerdo a lo conversado, le adjunto una copia de una de las escrituras de las propiedades de Eliodoro Yáñez, yo creo que hay una demora en la entrega de estas. Se supone que el ingreso municipal se haría a más tardar el 30 de abril de 2014 y se ingresó el 30 de mayo. Se supone que la entrega se hará en septiembre. Veamos si legalmente están cumpliendo con los plazos. Todas las escrituras de las oficinas de CAVAL, mías, la tuya y de la Nata (Natalia Compagnon) están bajo la misma situación”.
Este correo es una prueba para la Fiscalía de que Dávalos, que en ese momento encabezaba la Dirección Sociocultural de la Presidencia, seguía teniendo injerencia en las decisiones de CAVAL.
Para refrendar sus dichos sobre los plazos, en el correo electrónico enviado a Dávalos, Sol Herreros adjuntó una promesa de compraventa firmada por Desarrollos Inmobiliarios 2000 por la oficina N° 303 del edificio. Allí se lee que la inmobiliaria se compromete a terminar la construcción e ingresar la solicitud de recepción municipal a más tardar el 30 de abril.
No hay registro de que Dávalos haya respondido al correo de su amiga. Sí quedó huella de que Herreros le reenvió ese mismo correo a Natalia Compagnon un mes después, el 8 de octubre.
Tres meses después de que Herreros le reenviara el correo electrónico a la socia de CAVAL, Natalia Compagnon firmó el contrato con Tanner Leasing para el arriendo con opción de compra de cinco oficinas en el piso 7 del edificio Studio Office Tobalaba y seis estacionamientos. Ese 30 de diciembre, Compagnon acudió a la notaría en representación de la sociedad Inmobiliaria y de Inversiones San Lucas, constituida en agosto de 2012 y en la que también figura como socia minoritaria su madre, Margarita Soto Acevedo. Entre los objetos de San Lucas está “la adquisición, venta y enajenación a cualquier título de bienes muebles y raíces, corporales e incorporales, su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie, o arrendamiento y otros”.
Además de Natalia Compagnon, en el contrato figura como fiadora y codeudora solidaria la sociedad Exportadora y de Gestión CAVAL, para “garantizar a la arrendadora, el cumplimiento íntegro y oportuno de todas y cualquiera de las obligaciones que para ellos y para Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A., nacen del contrato de arrendamiento con opción de compra”.
El contrato selló el arriendo con opción de compra de las oficinas N° 707, 708, 709, 710 y 711 y de los estacionamientos N° 38, 39, 48, 58, 61 y 62. Por esos bienes raíces, Compagnon debió desembolsar UF 1.343 ($33 millones, al valor de esa época) al momento de la firma del acuerdo. Además, se comprometió a cancelar mensualmente 119 rentas de arrendamiento de UF 140 ($3,7 millones, al valor actual) y otras UF 3.358 ($88,2 millones, al valor actual) a pagarse 30 días después del pago de la última renta.
Al término de periodo del contrato y en caso de que la arrendataria quisiera ejercer la opción de compra de las oficinas con sus estacionamientos, se pactó una suma única de UF 140 ($3,5 millones), a pagarse 30 días después de cancelada la última renta (ver contrato).
Además de San Lucas, otros tres miembros de CAVAL compraron a título personal oficinas en la torre de Eliodoro Yáñez. La primera en hacerlo fue Sol Herreros el 30 de enero de 2015, a pocos días de que estallara el escándalo por la operación de especulación inmobiliaria de CAVAL en Machalí (6 de febrero). De acuerdo a registros revisados por CIPER en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Herreros adquirió la oficina N° 304 en UF 1.667 ($40,9 millones, al valor de la época). A Herreros le siguió María Luisa Valenzuela Illanes, prima de Mauricio Valero y quien trabajó como asesora inmobiliaria de CAVAL. El 19 de febrero de 2015 compró la oficina N° 404 y el estacionamiento N° 19, en UF 2.125 ($52 millones, al valor de la época).
Quien también compró en el mismo edificio fue el entonces gerente de Finanzas de CAVAL, Marcelo Carreño Salgado. Lo hizo el 30 de marzo, fecha en la que adquirió la oficina N° 405 y el estacionamiento N° 20 en UF 2.173 ($53,5 millones, al valor de la época).
El 4 de noviembre pasado, el abogado de la empresa de servicios financieros Tanner presentó ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago una demanda de terminación inmediata de contrato por no pago de rentas contra Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, de su representante Natalia Compagnon, y de CAVAL, como codeudora y fiadora solidaria. Tanner alega que desde junio de este año, San Lucas se encuentra “en mora en el pago de la renta correspondiente a dicho mes, y de todas las que se han devengado desde entonces hasta la fecha de esta presentación” (ver demanda).
La empresa de servicios financieros, controlada en un 52,5% por el Grupo Massú a través de Inversiones Bancarias, exige el pago de $22,1 millones correspondientes a las rentas vencidas y de otros $243,3 millones por multas, además del pago de las costas del juicio.
CIPER intentó comunicarse con el gerente general de Tanner, pero desde la empresa señalaron –en un correo electrónico- que no se referirían al tema debido a que por políticas internas “no se efectúan declaraciones de ningún tipo respecto de hechos o circunstancias que actualmente se encuentren conociendo los tribunales de justicia”.
A la luz de los datos que aporta la demanda, de diciembre de 2014 a mayo de 2016, Compagnon alcanzó a desembolsar por el arriendo de las oficinas y estacionamientos del edificio de Eliodoro Yáñez $96 millones, correspondientes a la cuota inicial del leasing ($33 millones), más 17 meses de renta ($62,9 millones).
Testimonios recogidos por CIPER entre vecinos del edificio indican que durante ese tiempo las oficinas eran frecuentadas por Mauricio Valero, Natalia Compagnon y también por Sebastián Dávalos. Según esas versiones, era el propio Valero quien se encargaba de pagar los gastos comunes de los cinco inmuebles en poder de Inmobiliaria e Inversiones San Lucas, la sociedad de Natalia Compagnon.
Luego de la formalización de Valero y Compagnon en enero pasado, las visitas al Studio Office de Providencia de los directivos y gerentes de CAVAL se hicieron cada vez más espaciadas. A quien se le siguió viendo con cierta regularidad es al abogado de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, quien, según los mismos testimonios, ocupaba la oficina 708.
A Marcelo Carreño y Sol Herreros tampoco se les ve por el edificio. El hombre encargado de las platas de CAVAL vendió su oficina y el estacionamiento a solo tres meses de haberlos adquirido. Hizo un buen negocio. El 8 de julio de 2015, Carreño liquidó su propiedad en UF 2.500 (62,5 millones, al valor de la época), obteniendo una ganancia de casi $9 millones.
Sol Herreros también terminó con saldo positivo luego de vender su propiedad en agosto de este año. La oficina N° 304 del edificio de Tobalaba fue adquirida en UF 2.000 ($11,4 millones por sobre su precio original) por Irina Reyes Donoso.
Irina Reyes no era una desconocida para Dávalos y su círculo. En marzo de 2014, fue nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet como directora ejecutiva de la Fundación Chilenter, una de las organizaciones sin fines de lucro que depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, entidad que por entonces estaba encabezada por su hijo, Sebastián Dávalos.
María Luisa Valenzuela, en tanto, hipotecó su propiedad –la oficina N°404– en favor del Banco Santander, luego de obtener un préstamo de esa entidad bancaria por UF 1.724 durante 2015.
La demanda de Tanner es el capítulo más reciente de una serie de líos judiciales que Natalia Compagnon ha enfrentado en los últimos meses. A principios de noviembre la empresa Bruno Fritsch también la demandó: un cheque por $410 mil girado por Compagnon a la automotora para el pago de la cuota de un vehículo fue protestado por falta de fondos.
El último revés judicial lo vivió hace menos de una semana, luego de que el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar de arraigo nacional en su contra. Natalia Compagnon tenía programado un viaje con su familia a Miami entre el 20 de diciembre y la primera semana de enero.
La jueza del tribunal rancagüino consideró que la salida de Chile de la socia de CAVAL ponía en peligro la investigación del Ministerio Público, cuyo término está fijado para el 29 de enero próximo.