Contrato financiado con fondos de Monticello enfrenta a Mostazal con empresa representada por tesorero UDI

“¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Irarrázabal, gerente general de la empresa (MultiAssist). Además, soy tesorero de la UDI. Les comento para que no existan malos entendidos”. Así, poniendo sobre la mesa su condición de miembro de la directiva central de la UDI, Alejandro Irarrázaval dio inicio a una reunión con el alcalde de Mostazal, Sergio Medel (UDI), y varios concejales de esa comuna. Su presentación resultó curiosa, porque en esa cita Irarrázaval actuaría exclusivamente en su rol de máximo ejecutivo de MultiAssist y con dos objetivos precisos: cobrar $500 millones a la Municipalidad de Mostazal por la instalación y mantención de luminarias LED y evitar que las autoridades comunales, encabezadas por su correligionario Medel, persistieran en llevar a su empresa a los tribunales por incumplimiento de contrato.

Viendo que sus buenos oficios iniciales resultaban infructuosos, Irarrázaval jugó una segunda ficha: aseguró ante al alcalde y los concejales que si la municipalidad perdía el juicio tendría que despedirse de, a lo menos, unos mil millones de pesos. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunas rurales, en las oficinas municipales de Mostazal no es raro que se midan los ingresos y egresos de su presupuesto en miles de millones. Ubicada en la frontera norte de la Sexta Región, Mostazal es uno de los municipios más ricos del país. Aunque parezca increíble, su presupuesto por habitante duplica al de Rancagua (la capital regional) o Ñuñoa.

La bonanza de Mostazal es el fruto de albergar dentro de sus límites al Casino Monticello, el más cercano a Santiago, que cada año deja a la comuna unos $6.500 millones por el impuesto específico a los juegos de azar, cifra que corresponde al 60% del presupuesto total que maneja la municipalidad. El año pasado Monticello pagó $13.211 millones por este impuesto, suma que se divide en partes iguales entre el Gobierno Regional y el municipio donde se emplaza el casino.

Alcalde Sergio Medel

El manantial dorado de Monticello atrajo hasta Mostazal a diversos emprendedores deseosos de obtener una tajada de la generosa relación entre el casino y la municipalidad. Entre ellos figuran los controladores y ejecutivos de MultiAssist, una empresa que no solo era administrada por el entonces tesorero de la directiva central de la UDI, sino que forma parte del Grupo MOK, entre cuyos fundadores se cuenta a Roberto Carrasco, formalizado por ser cómplice del fraude tributario a través de operaciones forward que cometió el Grupo Penta e investigado por triangular dineros para la fallida campaña presidencial de Laurence Golborne (vea el reportaje de CIPER y de Qué Pasa).

El contrato de MultiAssist con Mostazal –para instalar las luminarias y mantenerlas durante cinco años, con el compromiso de generar un 55% de ahorro energético– fue firmado por dos representantes de esa empresa: Marcos Carrasco, hermano y socio de Roberto Carrasco, y por Alejandro Irarrázaval. Este último también tiene un hermano involucrado en el control de la empresa: Rodrigo Irarrázaval, quien es presidente y socio del Grupo MOK.

El controversial paso de MultiAssist por Mostazal involucra también a otro personaje con buenas conexiones en la UDI: Álvaro Lavín Aliaga, histórico hombre de confianza de Gonzalo Cornejo –asesor de Pablo Longueira y ex alcalde de Recoleta– y de su esposa, la diputada gremialista Claudia Nogueira.

Hasta ahora, no se ha podido identificar a los funcionarios municipales que redactaron las bases de la licitación y algunos concejales sospechan que fueron confeccionadas por particulares interesados en “orientar” el resultado. En este punto es donde emerge Lavín Aliaga: en una reunión de la Comisión de Trabajo del Concejo Municipal de Mostazal, su nombre fue mencionado por el encargado de Proyectos de la comuna, Pablo Medina, como la persona que entregó al alcalde Medel las bases de la licitación que favoreció a MultiAssist.

Las bases, dijo Medina a los concejales, “me las hizo llegar el administrador municipal (Freddy Alfaro), pero el origen de las bases viene de Álvaro Lavín, quien envió un correo electrónico al alcalde, indicando que estas eran las bases de MultiAssist” (vea el acta de esa sesión).

La Contraloría Regional ha cuestionado las bases porque, a su juicio, incluyeron una cláusula abiertamente perjudicial para la municipalidad: las partes podían poner fin anticipado al contrato por eventuales incumplimientos, pero el municipio estaría obligado a cancelar una indemnización equivalente al triple del monto que quedaría sin pagar, aún cuando el incumplimiento fuese de la empresa (vea las bases de la licitación y el informe de la Contraloría Regional). Ese es precisamente el punto al que echó mano Alejandro Irarrázaval cuando se presentó como tesorero de la UDI ante el alcalde y los concejales: quería que le pagaran por los cinco años que estipulaba el contrato, aunque la municipalidad le había puesto término al tercer año, alegando que no se cumplió el ahorro energético de 55% que la empresa prometió.

Para los concejales Gonzalo Meza (ex UDI) y Denisse León (PRSD), está claro que las bases no tuvieron su origen en el municipio. “No existe un funcionario que pueda asegurar quién escribió o realizó las bases”, dice Meza. Y aunque las sospechas de los concejales apuntan a Lavín, éste fue enfático en señalar a CIPER que él no las redactó y que probablemente solo las revisó, como lo hizo con otras licitaciones, dentro de las responsabilidades propias de su trabajo.

Esclarecer quién redactó las bases no es el único misterio en esta licitación: la Contraloría no tiene certeza de que la empresa haya presentado toda la documentación requerida para la licitación, porque no pudo encontrar esos papeles ni en el municipio ni en la plataforma de Mercado Público.

LA HISTORIA DE LAVÍN ALIAGA

Actualmente, Alejandro Irarrázaval ya no es el tesorero de la UDI. Hace unos cinco meses salió de la directiva central de la colectividad gremialista, cambio que se efectuó sin difusión pública. De hecho, una nota de La Segunda publicada el pasado 8 de junio dio a conocer el cambio, indicando que se había efectuado un mes antes y que pasó “casi inadvertido”. Lo sucedió Pía Margarit, quien debe enfrentar la falta de financiamiento que afecta al partido desde que se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía por aportes ilegales a la política.

Álvaro Lavín

El presente de Álvaro Lavín Aliaga se ve más complejo. La fiscal Ximena Chong, que lleva la acusación de cohecho contra el senador Jaime Orpis (UDI) por haber recibido dinero de Corpesca, está investigando los pagos que una sociedad de Lavín Aliaga obtuvo de la misma pesquera del Grupo Angelini. Dos fueron las facturas para Corpesca, por una suma global de $17 millones, que emitió la sociedad Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), en la que participan Lavín Aliaga y el ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Ambas facturas fueron rectificadas por Corpesca, pues no existen pruebas que acrediten que CESC realmente hizo los trabajos. La primera factura fue por $2,25 millones y se extendió en enero de 2012, cuando Cornejo aún se desempeñaba como asesor de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía.

La fiscal Chong también está rastreando si Cornejo y Lavín hicieron asesorías para el Congreso. El Senado ya le informó que no, mientras que el 5 de julio pasado la Cámara de Diputados le envió a la fiscal una serie de contratos e informes que Lavín hizo para la esposa de Cornejo, la diputada Claudia Nogueira.  Entre 2012 y 2014 la parlamentaria le pagó a Lavín Aliaga un total de $32,7 millones.

En 2010 la diputada Nogueira fue formalizada por fraude al Fisco debido a que con las asignaciones de la Cámara pagaba asesorías a personas de su confianza, las que luego le depositaban el dinero a la misma parlamentaria. Este tipo de operaciones son idénticas a las que se le detectaron también al senador Orpis. No obstante, los antecedentes de la diputada Nogueira quedaron inmaculados, pues ella se allanó a devolver $30 millones al Congreso Nacional, además de donar cinco millones a Un Techo para Chile y firmar durante 18 meses.

Álvaro Lavín Aliaga fue administrador municipal de Recoleta bajo la alcaldía de Gonzalo Cornejo. En 2008, la secretaria que tuvo Cornejo en esa municipalidad, Lily Cabello, declaró que el entonces alcalde le pasó sobres con más un millón de pesos para que se los entregara a Lavín Aliaga y dos socios de la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA): Jaime Jullian e Iñaki Busto. Estos últimos eran, al mismo tiempo, asesores de Cornejo y administraban GMA, empresa investigada precisamente por irregularidades en convenios que había suscrito con Recoleta.

DEMANDAS CRUZADAS

Según funcionarios de la Municipalidad de Mostazal, consultados por CIPER, fue MultiAssist la que se acercó a ofrecer sus servicios de instalación de luces LED, que gastan menos energía que las tradicionales. Desde 2008 la mantención de luminarias estaba a cargo de Realectric Limitada. Aunque el contrato era por un año, éste fue renovándose sin licitación, lo que fue cuestionado por la Contraloría. Eso forzó al municipio a llamar a una nueva licitación en 2012, en la que se incluyó el reemplazo del alumbrado público por tecnología LED. MultiAssist fue la única empresa que presentó una oferta y, por lo tanto, se adjudicó el contrato, que se financiaría con fondos del impuesto específico de casinos.

Pero a comienzos de 2015 la Contraloría puso el ojo en el contrato, descubriendo que el proceso tenía defectos desde la redacción de las bases en adelante. CIPER revisó los documentos de la licitación y detectó que no se fiscalizó el cumplimiento del ahorro energético pactado para autorizar los pagos del contrato. Éste establecía que el monto a pagar debía calcularse de acuerdo al cumplimiento de la tasa de ahorro energético prometida en la licitación, pero por al menos seis meses se canceló el monto total sin considerar que no se había cumplido la meta de ahorro. Eso significó un sobrepago de 24%.

El inspector técnico que debía revisar el proyecto es José Gómez, actual encargado de seguridad ciudadana del municipio. Consultado por la Contraloría, Gómez reconoció que no tenía conocimiento sobre consumo energético ni acerca de la fórmula establecida para calcular el pago.

De hecho, ante la misma Contraloría el secretario municipal, Alonso Arribillaga, declaró que “ningún funcionario de la entidad edilicia tenía conocimiento respecto de la aplicación de las fórmulas matemáticas establecidas en las bases que rigen la licitación”. Según cuentan los concejales Meza y León, empleados de MultiAssist debieron ir a un concejo municipal a explicar la fórmula.

Ante los reparos de la Contraloría, la municipalidad decidió recuperar los sobrepagos que había hecho, argumentando que el ahorro energético comprometido era de 55% y sólo se llegó a 31%. La empresa atribuyó esa brecha a que el municipio instaló más luces LED de menor calidad, pero de todos modos la municipalidad cobró el vale vista de garantía que dejó MultiAssist al licitar el servicio. Eso desató demandas cruzadas entre el municipio y la empresa que se tramitan en el Primer Juzgado Civil de Rancagua.

Hubo al menos dos reuniones a fines de 2015 en que MultiAssist intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Según el concejal Pablo Garrido (Ind.), quien participó en ambos encuentros, Alejandro Irarrázaval les dejó claro que, de seguir con el juicio, el municipio arriesgaba perder más de mil millones de pesos por intereses y perjuicios. Pero la empresa no pedía poco: el equivalente a los 60 meses adjudicados (más de $500 millones), a pesar de que sólo prestó servicios durante tres años. Hasta ahora no hay acuerdo.

Ni el alcalde Medel ni MultiAssist quisieron dar su versión sobre el litigio que los enfrenta.

PISCINA SIN AGUA Y ESTADIO SIN PISTA

La controversia con MultiAssist no es la única que se ha generado en Mostazal por los aportes de Monticello. Como el dinero proveniente del casino debe aplicarse exclusivamente en “obras de desarrollo”, la comuna debiese brillar, pero no es así. El alcalde Medel (UDI) asumió en 2008, el mismo año en que la municipalidad comenzó a recibir los “fondos casino”, y si bien no se le ha imputado responsabilidad en irregularidades, sí se han visto envueltos funcionarios de su confianza. A fines de julio fueron formalizados por fraude al fisco y negociación incompatible el ex administrador municipal, Freddy Alfaro, y la ex directora de Desarrollo Comunal, Carla Parraguez.

Alfaro y Parraguez –quienes contrajeron matrimonio tras retirarse de la municipalidad– están acusados de visar el pago de honorarios por trabajos que, según la Contraloría, no cuentan con evidencia de que se hayan efectuado. Es más, la Contraloría acreditó que una de las personas que cobró esos honorarios nunca concurrió a la municipalidad y que sus pagos se depositaron en una cuenta de Carla Parraguez.

Además, el actual administrador municipal, Florentino Marchant, está acusado de exigir pagos a funcionarios a honorarios. La Contraloría Regional, en su informe del 14 de junio de este año, indicó que presentaría estos antecedentes a la Fiscalía y que los incluiría en un futuro sumario: «Sobre el particular, atendido que los hechos singularizados en este numeral podrían revestir carácter de delito, situación que no compete calificar a este Órgano de Control, se ha estimado pertinente remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público para los fines que resulten procedentes (…). Sin perjuicio de ello, junto con mantener la observación, esta Entidad de Control incluirá esta materia en el proceso sumarial que sustanciará«. Fiscalía lo investiga por posible cohecho.

CIPER analizó los gastos realizados con “fondos casino” y es evidente que muchos de ellos no califican como “obras de desarrollo”: viajes de vecinos a la playa y a la nieve; espectáculos con artistas como “El Puma” Rodríguez; celebraciones del día de la madre; compras de juguetes, mercadería y gas, para fines asistenciales; un viaje de intercambio escolar a Brasil al que también viajó el alcalde, acompañado de su hija, que no era alumna del liceo municipal.

Otras iniciativas que sí califican como “obras de desarrollo” resultaron ser un desastre y también están siendo investigadas. Una de ellas fue el proyecto para remodelar el estadio de la comuna, cuyo diseño tuvo un error de cálculo de tal magnitud que cuando las obras ya estaban en marcha se percataron de que no cabía la pista atlética proyectada originalmente. La pista fue sustituida por una franja para trote que no cumple los estándares oficiales, pero el costo del proyecto se mantuvo inalterable ($790 millones) porque se sumaron obras compensatorias (como cierres y graderías), lo que motivó una investigación de la Contraloría.

Otra obra cuestionada es una piscina municipal semi-olímpica que está abandonada e inutilizable por fisuras y que también originó un sumario de la Contraloría porque la municipalidad le pagó al constructor (Ingeniería y Construcción Mudel) por trabajos sin avances o que simplemente nunca se hicieron.

APENAS UN SEMÁFORO

Aparte de la imponente construcción de Monticello que está en la entrada norte de Mostazal, no hay señales evidentes de lo que ha dejado el casino a la comuna. Los vecinos reclaman, por ejemplo, que hay apenas un semáforo y que solo cuentan con un consultorio y una posta en sectores rurales, donde viven 21 mil de los 27 mil habitantes de la comuna. Aunque los datos de la encuesta Casen muestran una caída en los índices de pobreza, hay amplias zonas de los 520 kilómetros cuadrados de la comuna donde el desarrollo parece no haber llegado. Por ejemplo, parte del sector “Angostura”, uno de los que más se ha densificado, aún no cuenta con alcantarillado y el agua potable sigue siendo entregada con camiones aljibes.

El primer informe de la Contraloría que prendió la luz roja en el municipio de Mostazal llegó el 31 de diciembre del 2012. Se trata de una auditoría integral a la municipalidad que empezó a desenmascarar los problemas de orden y control interno. Entre otras cosas, se determinó que se pagaban honorarios con los “fondos casino” a personas que realizaban labores que ya estaban dentro de los roles de los funcionarios de planta y contrata del municipio. En total fueron más de $82 millones que se pagaron a 22 personas que realizaron trabajos que, a ojos de la Contraloría, debían ser ejecutados por reparticiones municipales (ver informe de Contraloría).

El uso de los “fondos casino” se ha expandido a todo tipo de cosas. Contraloría constató que existe una serie de gastos improcedentes, como la compra de juguetes, celebración de días de la madre y del padre, fiestas de fin de año y distintos tipos de conmemoraciones. Por ejemplo, una cena por $5,3 millones para celebrar el “día de la educación”; $12,8 millones para la adquisición de 247 cajas de pollo y de 500 cajas de longaniza con ocasión de las Fiestas Patrias en 2011; $6,8 millones para comprar alimentos y bebidas para fiestas de fin de año; $25 millones para la adquisición de 4.180 juguetes, que también beneficiaron a funcionarios municipales y donde se detectaron 289 niños repetidos en las nóminas de las junta de vecinos.

Por escrito, desde el municipio respondieron a CIPER que en un dictamen de 2009 la Contraloría estableció que el gasto en obras de desarrollo “comprende no sólo las obras materiales, sino también los servicios y acciones que ejecuten los municipios en favor de los habitantes de la comuna, dentro del ámbito de su competencia, precisando que estas obras, servicios y acciones deben satisfacer de modo directo e inmediato una necesidad o interés de la población”. Sin embargo, la misma Contraloría ha determinado que muchos gastos de Mostazal no cumplen con esa condición.

De hecho, la conclusión final de la primera alerta de la Contraloría es tajante: “Considerando los antecedentes e irregularidades (…) esta entidad se encuentra sustanciando, mediante Resolución Exenta N°532, de 12 de noviembre de 2012, un sumario administrativo para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de tales incumplimientos e irregularidades”.