Patricio Rodrigo: La historia del incondicional de Girardi que protagoniza la trama PPD-SQM

Sergio Ortega parece estar empeñado en incendiar la pradera en el PPD. El ex jefe de Administración y Finanzas de ese partido prestó declaración por segunda vez en la investigación por los aportes ilegales de Soquimich (SQM) a las arcas del PPD y puso frente a las balas a la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, justo al inicio de su campaña a la reelección. Cuando ella presidía el PPD, dijo Ortega a los fiscales, autorizó la fórmula para canalizar el dinero desde la minera. En su primera declaración, Ortega ya había remecido hasta los cimientos de la colectividad al testificar que tras el irregular mecanismo para obtener fondos estaba la mano del senador Guido Girardi, el cacique más poderoso del partido. No sonaba descabellado, porque fue un histórico colaborador de Girardi quien ejecutó la triangulación: el ambientalista Patricio Rodrigo.

Mientras el partido en pleno intenta proteger a Carolina Tohá –quien niega haber sabido de los aportes de SQM– para conjurar el riesgo de perder la alcaldía más importante del país, la Fiscalía sigue intentando aclarar responsabilidades entre los jerarcas del PPD. Lo que ya está acreditado en la investigación –y que en principio se intentó ocultar– es que los $57 millones que se traspasaron al PPD desde la minera del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, se canalizaron a través de una entidad dirigida por Patricio Rodrigo: la Corporación Chile Ambiente.

Fue Rodrigo, como director ejecutivo de la corporación, quien en agosto de 2011 firmó el convenio con SQM Salar que puso en marcha la triangulación de dinero que ha salpicado a la alcaldesa Tohá y al senador Girardi (ver recuadro con los detalles del caso).

Marcelo Castillo, Guido Girardi y Patricio Rodrigo

Si bien en un comienzo Patricio Rodrigo se esmeró en probar ante la Fiscalía que su único compromiso con SQM era dictar charlas y que éstas se habían realizado, los avances de la investigación pronto demostraron que el convenio escondía una operación para financiar al PPD, del que Rodrigo fue militante desde su fundación hasta 2012. Patricio Rodrigo integra el círculo íntimo del senador Girardi, de quien es un estrecho amigo desde los años 80 y con quien trabajó por más de una década. Juntos crearon la Comisión de Medio Ambiente del PPD.

Ingeniero agrónomo, Rodrigo es reconocido como uno de los integrantes del tridente que históricamente ha acompañado a Guido Girardi en los temas ambientales. Los otros dos son los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto. Además de ser los asesores predilectos del senador en los temas “verdes”, el trío también ha ido cruzado sus historias como protagonistas de conflictos de alto impacto en el mundo ambiental, como los controversiales proyectos HidroAysén y Pascua Lama.

“No tengo nada que ocultar”, asegura Patricio Rodrigo en la casona de calle Las Abejas, en La Reina, donde funciona Chile Ambiente y que es también la sede de la Fundación Chile 21, cuyo programa de Medio Ambiente él mismo dirige. Rodrigo insiste en que prefiere contar todo, a pesar de que sus asesores legales le han recomendado no hablar. Su abogado es Marcelo Castillo, actual presidente de Chile Ambiente y quien lideró la batalla legal contra HidroAysén cuando Patricio Rodrigo era el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia.

No es la primera vez que Patricio Rodrigo está en el ojo del huracán. Tras su exitosa gestión dirigiendo la campaña contra HidroAysén,  fue cuestionado por haber aceptado estudiar el impacto ambiental de Pascua Lama como parte de un convenio firmado por la minera Barrick con un grupo de comunidades diaguitas. Ese acuerdo fue negociado por el abogado de las comunidades, Lorenzo Soto, el tercer asesor histórico de Girardi, quien también integró el equipo contra HidroAysén. Soto fue acusado de pactar con Barrick para viabilizar el megaproyecto minero en perjuicio de algunos de sus representados.

La evaluación ambiental que hizo Rodrigo en Pascua Lama, dicen sus detractores, habría sido parte de la puesta en escena para sellar el acuerdo que permitió a Soto cobrar una generosa suma por sus servicios. Han pasado dos años y las críticas no amainan, al punto que Soto enfrenta una denuncia por prevaricación.

LA TRENZA AMBIENTALISTA DEL PPD

Un temprano interés por los temas medioambientales es el que cruza la relación entre Patricio Rodrigo, Guido Girardi y Marcelo Castillo. Cuando estudiaba Medicina en la Universidad de Chile, el actual senador por Santiago Poniente fundó el colectivo Pehuén, uno de los primeros movimientos político-ecologistas de los ‘80 que se sumó a uno de los conglomerados opositores a la dictadura llamado Bloque Socialista. Según cuenta un dirigente de la época, Castillo era militante del Mapu –que también integraba el Bloque Socialista– y estudió Derecho en la Universidad Católica, pero sus intereses coincidían con los de Girardi, lo que los acercó.

Con los años, Castillo se especializó en Derecho Ambiental, se unió al PPD –fue presidente de su Comisión de Medio Ambiente, que aún integra– y ayudó a Girardi a formar la Bancada Verde de la Cámara de Diputados. “Ha sido mi asesor en materia ambiental desde que era estudiante. Fue el asesor más importante de la Bancada Verde durante mucho tiempo”, decía Girardi en 2002.

También en los ‘80 se encontraron por primera vez Girardi y el ingeniero agrónomo de la UC Patricio Rodrigo. Juntos participaron en la formación del PPD, tras lo cual Rodrigo sería el encargado del programa ambiental de Patricio Aylwin.

Marcelo Castillo (Fuente: somosmelipilla.cl)

Con el regreso de la democracia, el nuevo ministro de Bienes Nacionales, Luis Alvarado, fichó al ingeniero agrónomo como jefe de Planificación y Presupuesto de esa cartera. En ese momento el país no tenía institucionalidad ambiental y desde Bienes Nacionales se trabajó en el desarrollo de una política sobre el tema. Rodrigo cuenta que se llevó a Girardi a trabajar con él en materias ambientales, un capítulo fugaz y desconocido, que el actual senador ni siquiera menciona en su currículum político-profesional.

Aunque Patricio Rodrigo se mantuvo en ese puesto durante todo el gobierno de Aylwin, dejó una mancha en su ficha de funcionario público. Cuando asumió la sucesora del ministro Alvarado, la actual jefa de la cartera de Educación, Adriana Delpiano, se encontró con un sumario de Contraloría contra Patricio Rodrigo por mal manejo de recursos públicos. La conclusión era lapidaria: el funcionario debía ser destituido (ver decreto que lo destituyó).

El director ejecutivo de Chile Ambiente le baja el perfil al episodio y asegura que “no se perdió ni un peso, no hubo dolo, fue un error administrativo”. Lo que pasó, relata, es que firmó un convenio con la Unicef para un programa de educación ambiental, pero nunca se hizo el decreto que formalizaba el acuerdo y permitía el desembolso de recursos. La sanción de Contraloría incluía la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, pero transcurrido ese periodo Rodrigo volvió el 2000 al aparato estatal como jefe de gabinete de la entonces directora de la Conama, Adriana Hoffman.

Ya entonces el apellido Rodrigo era sinónimo de Girardi, recuerda un funcionario de la época. Hoffman era una activista ambiental sin historia partidaria o experiencia gubernamental, por lo que Patricio Rodrigo era visto como su “brazo político”, además de un brazo del “girardismo”.

Sólo estuvo un año en Conama, tras lo cual se convirtió en asesor de Guido Girardi, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, hasta que en 2014 pasó a asesorar al comité de senadores del PPD, labor que terminó en marzo de 2015, justo cuando estalló el caso SQM.

Aún estaba en Bienes Nacionales cuando participó en la fundación de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente, el nombre completo de Chile Ambiente. Lo hizo junto al doctor Hernán Sandoval, quien presidió la corporación hasta mediados del año pasado, cuando fue reemplazado por Marcelo Castillo. Si bien versiones de prensa señalan que Sandoval se retiró molesto por el involucramiento en la investigación por las platas políticas, Rodrigo asegura que el médico sabía de los aportes de SQM para el PPD y que se fue porque cumplió una etapa y estaba muy ocupado en su rol de decano de la Universidad de las Américas.

La corporación opera como una consultora ambiental y ha desarrollado decenas de proyectos desde su creación. “Chile Ambiente ha contribuido a incorporar, en su historia, sobre 800 mil hectáreas a la conservación oficial de ecosistemas terrestres”, recalca Rodrigo. Entre sus proyectos más conocidos están los planes para el desarrollo del parque Pumalín de Douglas Tompkins (2000-2004), del Parque Tantauco de Sebastián Piñera (2005-2007) y del proyecto de Conservación Las Margaritas (2011), de Andrónico Luksic.

Pero no sólo ha sobrevivido gracias a proyectos “verdes” para millonarios. El Estado también ha sido un buen cliente para Chile Ambiente. A través de licitaciones realizadas en la plataforma Mercado Público se ha adjudicado contratos por más de $500 millones en la última década. El grueso corresponde al primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando obtuvo proyectos por $415 millones, principalmente de la Conama y la Conadi.

PATAGONIA SIN PPD

Fue Carlos Cuevas, entonces presidente de la Fundación Pumalín y mano derecha de Douglas Tompkins, quien en 2007 fichó a Patricio Rodrigo para hacer una consultoría sobre la forma de enfrentar el megaproyecto HidroAysén, que contemplaba la construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua. Rodrigo ya había trabajado para Tompkins en Pumalín y muchos lo veían como una de las personas que habían sido clave para acercar al empresario ecologistas al mundo político y superar la rivalidad que marcó su relación con la administración Frei. En ese proceso jugaron también un rol importante Hernán Sandoval, íntimo amigo del entonces Presidente Ricardo Lagos, y otros PPD como Girardi y Sergio Bitar (ver video de Girardi, Rodrigo y Castillo homenajeando a Tompkins tras su muerte en 2015).

Rodrigo dice que tras entregar su propuesta, que derivó en la creación del Consejo de Defensa de la Patagonia, las organizaciones que participaban del movimiento decidieron en su ausencia que él era el único que podía dirigir la campaña. Otras versiones señalan que Tompkins lo ungió en el puesto. En lo que todos coinciden, incluyendo a Rodrigo, es en que su rol en Patagonia sin Represas significó un cambio en su carrera. Si bien siempre había estado ligado a la ecología desde la consultoría, a partir de entonces se convirtió en activista.

Campaña «Patagonia sin represas»

Su participación incluía a Chile Ambiente, corporación que fue receptora de cuantiosos fondos desde Estados Unidos, los que habrían sido conseguidos por Tompkins. Como el Consejo de Defensa de la Patagonia no tenía personalidad jurídica, las distintas ONG que la conformaban manejaban sus propios fondos, los que eran utilizados para financiar la millonaria campaña que posicionó el rechazo a HidroAysén en todo el país.

Los documentos de la Foundation for Deep Ecology, que presidía Tompkins en Estados Unidos., registran transferencias por US$200 mil para Chile Ambiente en 2007 a través del a Tides Foundation, especializada en intermediar donaciones para organizaciones sin fines de lucro. En los años siguientes no se precisa el destinatario final, pero los reportes de Tides dan cuenta de que entre 2007 y 2009 se transfirieron US$ 740 mil a Chile Ambiente para financiar la defensa de la Patagonia.

En la estrategia liderada por Rodrigo fueron actores importantes sus viejos compañeros del PPD. La judicialización del proyecto fue una de las vías por las que se buscó revertir la autorización ambiental. Patricio Rodrigo llegó a decir que se presentarían hasta 200 querellas para detener HidroAysén. No estuvieron ni cerca, pero sí se dio una batalla legal en varios frentes, aunque sin éxito en tribunales. En el equipo legal que coordinaba la abogada Macarena Soler (también jefa legal de Pumalín) una pieza clave era Marcelo Castillo, quien según Rodrigo además jugó un rol relevante en la “articulación política” de la campaña. En un comienzo también participó Lorenzo Soto, pero a medio camino se retiró por “diferencias profundas” con el resto del equipo, según cuenta un ex integrante de la campaña.

Castillo, en cambio, encajó bien y se mostró comprometido, dice la misma persona, pese a que su perfil no calza con el de abogado ambientalista, sino que es simplemente un experto en derecho ambiental. Eso explica que no tenga conflicto en defender causas que pueden ser calificadas como “verdes” y al mismo tiempo representar a grandes empresas en proyectos de alto impacto en el medio ambiente, como Agrosuper en Freirina o empresas salmoneras. Ha sido también abogado de KDM, cliente por el que se vio envuelto en una polémica a comienzos de la década pasada, cuando se le sindicó como redactor de la acusación constitucional contra el entonces intendente Marcelo Trivelli para favorecer a KDM en medio de lo que fue una verdadera “guerra por la basura” de Santiago.

En Patagonia sin Represas, varios de los recursos patrocinados por Marcelo Castillo incluían como recurrente a Guido Girardi y otros parlamentarios, como Antonio Horvath o Enrique Accorsi. “Siempre el Guido fue un aliado estratégico. Nos abría las puertas del Senado cuando no éramos nadie. Por la amistad que teníamos y por la consecuencia de defender causas ambientales. Ahora mucha gente se ha quedado con el asesinato de imagen mediático que ha sufrido él, producto de que es un personero que va de punta cuando trata de ladrones de cuello y corbata a las AFP y a las Isapres. Porque dice las cosas por su nombre”, afirma Rodrigo.

Pero hubo una batalla en la que Girardi separó aguas de Castillo y Rodrigo: la campaña personalizada contra Daniel Fernández por su rol como vicepresidente ejecutivo del proyecto HidroAysén. Luego de una historia común dentro del PPD –Fernández también fue uno de los fundadores de la Comisión de Medio Ambiente del partido–, la eléctrica puso a Fernández en la trinchera opuesta de Rodrigo y Castillo. Girardi, amigo personal de los tres, se mantuvo al margen, pues estaba en desacuerdo con la ofensiva.

En julio de 2011, Marcelo Castillo interpuso una querella criminal contra Daniel Fernández, acusándolo de presentación de pruebas falsas y de perjurio en un caso por derechos de agua que se ventiló en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y luego en octubre, el mismo Castillo hizo una presentación al Tribunal Supremo del PPD –por sí mismo y en representación de Patricio Rodrigo y otros militantes– pidiendo la expulsión de Fernández. Argumentó, entre otras cosas, que el partido tenía un voto político en que se oponía a HidroAysén. Le fue mal. En abril de 2012 el Tribunal Supremo decidió no sancionar a Daniel Fernández.

El periodo de enfrentamiento con Fernández coincide con el momento en que Patricio Rodrigo aceptó que Chile Ambiente intermediara fondos de SQM para el PPD. Esa gestión demuestra que hasta entonces estaba completamente comprometido como militante, dice: “Si había que asumir algún riesgo de imagen, yo estaba dispuesto porque en el fondo mis convicciones y mis principios políticos me hacían favorable a ese apoyo”. Pero en menos de un año su relación con el partido giró: “Me sentí casi expulsado cuando el Tribunal Supremo falló a favor de Fernández en una controversia interna porque teníamos la cabeza de Hidroaysén y la cabeza de Patagonia sin Represas conviviendo en el mismo territorio político”. Entonces renunció a su militancia de 22 años. Castillo, en cambio, se quedó.

AVANZAR TRANSANDO

En julio de 2014, tras siete años como secretario ejecutivo, el Consejo de Defensa de la Patagonia informó que un mes antes Patricio Rodrigo había puesto su cargo a disposición. Lo que gatilló el anuncio fue la noticia de que el ingeniero agrónomo había asumido un nuevo rol como parte de un acuerdo entre la minera canadiense Barrick, titular del proyecto Pascua Lama en Atacama, y un grupo de comunidades diaguitas. A través de una declaración pública las organizaciones opositoras a HidroAysén querían dejar claro que no tenían nada que ver con la nueva consultoría de Rodrigo y hacían saber “su claro cuestionamiento al proyecto Pascua Lama”.

Cuando Rodrigo apareció en escena, la polémica en el valle del Huasco ya estaba desatada. El protagonista era el abogado Lorenzo Soto, el mismo que ha asesorado a Girardi desde que estudiaba derecho “en casi todos los proyectos, desde los ambientales hasta los recursos contra la comida chatarra”, según contó el propio senador en 2013.

Los intereses de Girardi como parlamentario y Soto como abogado suelen estar alineados. Así sucedió en 2010 con la oposición a la termoeléctrica Barrancones. Como se aprecia al inicio de un video grabado en esa época (vea ese registro), Lorenzo Soto, quien entonces era asesor de Girardi y defensor de los detractores de Barrancones, ingresa a la sala del Senado donde el parlamentario PPD realizará la conferencia de prensa junto al diputado Enrique Accorsi. Los acompaña en la testera Patricio Rodrigo, quien en ese momento era secretario ejecutivo de Patagonia sin Represas y al mismo tiempo asesor de Girardi. Un par de años más tarde, Girardi y Rodrigo, esta vez junto al diputado Alberto Robles (PRSD), hacían una conferencia de prensa contra el proyecto de la termoeléctrica Castilla, donde parte de los opositores también estaban representado por Soto.

Lorenzo Soto

Lorenzo Soto es un personaje cuestionado por un sector del mundo ambientalista. “Soto transa para obtener jugosas indemnizaciones, hay un problema ético ahí”, critica un abogado ecologista, que estima que los bienes ambientales son de todos y no son negociables.

En concreto, a Soto se le acusa de ofrecer gratis sus servicios a las comunidades afectadas por proyectos con alto impacto ambiental y agudizar el conflicto a través de efectivas acciones judiciales, lo que obliga a negociar a las empresas. De esa forma, obtiene una suculenta comisión de los acuerdos económicos. El caso emblemático es el de Barrick, pero antes lo había hecho en la central Bocamina de Endesa, en Coronel, litigio en que representó a los pescadores y al senador Alejandro Navarro. Soto logró paralizar esa planta en tribunales y consiguió que Endesa indemnizara a los pescadores. Según una nota de Radio BíoBío, habría cobrado entre US$4 y US$5 millones tras el arreglo, lo que habría molestado a algunos de sus representados.

Soto se ha defendido de estas críticas: “Hay una serie de estereotipos que apuntan a considerar que exigir compensaciones significa venderse a las empresas. Lo que significa es conseguir reparaciones equivalentes al daño que no se puede evitar», dijo a El Mercurio. Su colega Marcelo Castillo también ha salido en su defensa: “Es muy frontal, domina las complejidades de esta institucionalidad y trabaja de manera acuciosa, lo que es perfectamente legítimo. Lo mismo que cobrar por sus servicios profesionales”.

Uno de los principales detractores del rol de Soto es Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien critica que “Girardi aparece permanente detrás como uno de los patrocinadores de esta gente (…). A Soto lo conocemos de años porque ha venido interviniendo en distintos procesos”. En el caso de la termoeléctrica Castilla, acusa Cuenca, fue Girardi el que presentó a Soto a los dirigentes de las comunidades locales.

En el round con Castilla, Soto terminó representando a un grupo de pescadores e intentó que desistieran de sus recursos legales. El convenio que había negociado con la eléctrica tenía cláusulas leoninas, en que hasta los descendientes de los pescadores tenían prohibición de realizar cualquier acción contra la empresa (ver borrador del acuerdo). En esa ocasión la conciliación con la empresa fue promovida por el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, pero fracasó ante la negativa de otras comunidades locales. Finalmente, de todas maneras el máximo tribunal terminó rechazando el estudio ambiental que permitía la construcción de la central, algo que no hubiera sucedido en caso de haberse sellado el acuerdo que promovía Soto.

En 2012 el abogado se enfrascó en la batalla contra Barrick por Pascua Lama. Diversas comunidades diaguitas firmaron un mandato para que las representara junto a su histórico socio, el abogado Alex Quevedo. También suscribieron contratos que les encargan gestiones judiciales y extrajudiciales para reclamar contra Barrick por la legalidad de los actos que se “impongan sobre sus bienes y/o actividades”, “impugnar la autorizaciones que otorgue la autoridad pública para la ejecución de los proyecto”, “obtener indemnizaciones por los perjuicios que sufra el cliente con ocasión de la instalación y funcionamiento de los proyectos”, así como “negociar con las empresas o con la autoridad, las compensaciones que se acuerden” (ver contrato).

Cualquier acuerdo, señalaba el contrato, debía contar con el consentimiento del cliente. El documento establece honorarios de 30% “de la indemnización, resultas o negocio de cualquier origen y que por cualquier causa sea pagada o generada a favor del cliente”. En un contrato de ese tipo, en que sin compensaciones los abogados no reciben honorarios, hay un claro incentivo para negociar con la empresa.

Para entonces el conflicto de Pascua Lama ya llevaba años. Uno de los primeros en rechazar el proyecto fue Girardi, que como diputado pidió comisiones investigadoras y presentó en 2006 un proyecto de protección de glaciares –amenazados por la minera–, basado en un estudio del propio Lorenzo Soto. Ese mismo año Marcelo Castillo había entrado a escena al presentar la primera demanda para paralizar el proyecto minero, en representación de un agricultor.

Pero para la historia quedará que Lorenzo Soto fue quien consiguió que la justicia detuviera la construcción. Una versión que es relativizada por sus detractores, pues antes del fallo hubo una paralización decretada por Sernageomin y un desastre ambiental en que la propia minera se autodenunció. Pero las gestiones de Soto fueron efectivas para detener al gigante minero y al abogado se lo caracterizaba en los medios como el terror de las grandes empresas.

En mayo de 2014 Soto llegó a un acuerdo con Barrick en representación de 15 comunidades diaguitas a través de la firma de un “memorandum de entendimiento” (ver documento). El pacto buscaba allanar el camino para desarrollar el proyecto “de manera sustentable” con la venia de los diaguitas. Y si bien no se exige a las comunidades desistir de acciones legales, son varios los actores que creen que en la práctica sí implicó una renuncia. Argumentan que poco después de la firma se realizaron los alegatos en la Corte Suprema por un recurso de casación presentado por Barrick debido a una sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente. Lorenzo Soto fue uno de los reclamantes iniciales, pero no se presentó a alegar ante la Suprema.

Pascua Lama

El memorandum desató el inmediato rechazo de otras organizaciones locales, que protestaron a través de un comunicado: “Repudiamos el rol de abogados como Lorenzo Soto, que se ha dedicado a lucrar con el sufrimiento y vulnerabilidad de nuestros territorios, ya lo vimos negociar con el caso de la termoeléctrica Los Robles y Farellones, intentó realizar transacciones económicas que pusieron en riesgo la acción judicial de la comunidad de Totoral en el caso contra la termoeléctrica Castilla, quiso operar a favor de Agrosuper en Freirina. Soto piensa que las comunidades tenemos derecho a ponerle precio a los bienes comunes, y de paso darle un buen porcentaje por sus oficios”.

La tensión aumentaría en los días siguientes, cuando Lucio Cuenca de OLCA abordó un vuelo de Copiapó a Santiago y se encontró con Soto, quien viajaba acompañado de Patricio Rodrigo. Se puso a hacer averiguaciones y descubrió que Rodrigo lideraría el equipo técnico que validaría el memorándum. Ardió Troya.

Rodrigo salió a defenderse, diciendo que Barrick no le pagaba, que todo estaba por definirse y que sería una “labor a realizar con la Universidad de Chile”. Esto fue desmentido por la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios, que aclaró que Rodrigo era un profesor ad-honorem con dos horas semanales y que desconocían qué actividades podría estar realizando con Barrick a título personal.

“El decano (de la Facultad de Agronomía, Roberto Neira) no actuó profesionalmente con altura de miras, sino que cedió a las presiones de grupos marginales que están por una vía no institucional de cambio social en Chile”, acusa hoy Rodrigo, quien asegura que todo estaba conversado con la universidad, al punto que sus abogados estaban revisando los contratos.

Finalmente, hizo el trabajo por su cuenta, no a través de Chile Ambiente, sino de Rodrigo y Asociados, empresa en la que participa su hija. Su mandante, insiste, no era ni Lorenzo Soto ni Barrick, sino que las comunidades diaguitas que le pidieron que realizara los estudios ambientales. La lógica del acuerdo era que la empresa minera financiara el trabajo de un consultor independiente –Patricio Rodrigo– para que hiciera un due dilligence del estudio ambiental de Pascua Lama y les entregara información para entender el impacto del proyecto.

El memorándum contemplaba un “fondo de ejecución”: US$ 2,3 millones que Barrick entregaría para financiar los estudios y la evaluación técnica del proyecto (profesionales, talleres, equipamiento y traslados, entre otros ítems) (ver documento). Ese monto incluía los servicios prestados por Patricio Rodrigo –diez meses de trabajo, con un equipo de 30 profesionales que trabajaron 12 mil horas, detalla–, labor por la que cobró unos US$600 mil. No hay registro de qué pasó con el US$ 1,7 millón restante del fondo, el que sería administrado por las comunidades y que, según se explicitaba, no tenía carácter indemnizatorio.

Según Rodrigo, su equipo detectó “errores gravísimos” en el proyecto y “eso le pega una subida de costos gigantescos”. Eso, junto a la baja de precio de los metales habría, según el consultor, gatillado que la empresa cancelara el proyecto. Sin embargo, este 14 de julio Barrick anunció que estaba estudiando la forma de retomar las obras por partes.

La tarea de Rodrigo y su equipo terminó a mediados de 2015 (aquí se puede ver un video del proceso). El cronograma establecía que las comunidades debían decidir si seguían con una segunda etapa de mesa de diálogo para luego firmar un acuerdo de cooperación, pero según Rodrigo todo quedó en nada: “Yo podría haber continuado con ellos, pero se produjo todo este enredo de SQM que enturbió el proceso. Entonces, Soto fue uno de los que se opuso a que yo siguiera y el proceso se les derrumbó, porque no hubo quien condujera socialmente… Y hoy ellos ya no son abogados de las comunidades”.

LITIGIOS PENDIENTES

Una de las grandes dudas es cuánto cobraron los abogados Soto y Quevedo por el acuerdo con las comunidades diaguitas. En mayo de 2014 se firmaron anexos de contrato, en que los abogados renunciaban unilateralmente a parte de los honorarios fijados inicialmente, bajando de 30% a un 20% “contra resultado”. Es exactamente lo mismo que hicieron cuando representaron a los pescadores de Coronel.

El memorandum menciona que Barrick pagaría la asesoría jurídica de las comunidades, pero el monto se establecería en un anexo que nunca se hizo público. Lo mismo sucede con el monto que se entregaría a las comunidades para poder cumplir los objetivos del acuerdo. Los opositores acusan que quienes firmaron el memorandum recibieron beneficios económicos por parte de Barrick.

La polémica generada por ese entendimiento está lejos de amainar. Sintiéndose traicionados, en noviembre de 2015, miembros de algunas comunidades diaguitas que habían contratado a Lorenzo Soto y Alex Quevedo los denunciaron por fraude y prevaricación, por actuar contra los intereses de sus mandantes, con lo cual la Fiscalía de Vallenar inició una investigación desformalizada. Dicen haber sido engañados y que nunca firmaron para apoyar el memorandum de acuerdo con Barrick.

Dicho memorándum establecía que éste debía ser ratificado por las comunidades dentro de los 30 días siguientes, para lo cual se organizaron asambleas en que sus socios debían votar. Sin embargo, los denunciantes reclaman que no fueron informados del detalle del convenio ni lo que éste implicaba, sino que les dijeron que significaría recursos económicos para las comunidades.

Una de las denunciantes, Susana Campillay, dice que sin ser parte de la comunidad, asistió a la asamblea en reemplazo de su padre, que estaba enfermo, y firmó una lista de asistencia con el nombre de éste:

“Asistí porque me interesaba escuchar lo que hablaban los abogados (Soto y el mediador Alonso Barros), nunca había venido ningún abogado a nuestra localidad. Habló el mediador, dijo que Barrick estaba a los pies de las comunidades, estaban arrepentidos. Venían a proponer un memorándum que era un intercambio de información, en que Barrick se ponía a disposición de las comunidades para que los investigaran y vieran qué hacían ellos en la mina. Inmediatamente, me paré y dije que no estaba de acuerdo, porque me parecía poco lógico, si no había que investigar. Los habían parado porque tenían más de 20 multas, se habían denunciado. El daño ya estaba bastante avanzado. Los glaciares nunca más los vamos a recuperar”.

Protesta contra proyecto Pascua Lama (Fuente: veoverde.com)

Susana Campillay cuenta que su sobrina, Diana Zepeda Campillay, aparece firmando en la misma lista, pese a que en ese momento estaba estudiando en Antofagasta. Con esos dos nombres se lograron las 25 firmas que se necesitaban para aprobar el memorándum en la comunidad.

Hasta ahora son 14 las personas de distintas comunidades que se han sumado a la denuncia criminal. Algunos alegan que en sus comunidades no se hicieron asambleas y que fueron a sus casas a pedirles que firmaran.

Reclaman, además, que no saben qué han hecho los dirigentes de las comunidades con los fondos entregados por Barrick. Solange Bordones, quien debía administrar el dinero, no reveló en su declaración a cuánto ascendieron los recursos que recibió, pero dijo que todo estaba en la página web www.diaguitasdelhuasco.org, la que no se encuentra disponible. Sostuvo que no fue Barrick la que pagó a los abogados, sino que la empresa puso el dinero a disposición de las comunidades. Descartó que los honorarios ascendieran a $182 millones, como acusaban los denunciantes, pero tampoco aclaró cuál era el monto.

En su declaración ante la fiscalía, fechada en marzo de 2016, el abogado Lorenzo Soto acusa que las denuncias son “completas y maliciosamente falsas”, además de “difamatorias”. Desde el punto de vista legal, alega que él representa a las comunidades y asociaciones diaguitas, y que sólo éstas podrían acusarlo de prevaricación, pero no las personas naturales que las integran. Además, argumenta que el encargo era “obtener los mayores beneficios o resultados posibles en favor de mis clientes frente a la ejecución del proyecto Pascua Lama”.

Pero la del memorandum no es la única controversia pendiente. Se espera también una resolución de la Contraloría respecto a un contrato por $30 millones adjudicado en octubre de 2014 entre la Subsecretaría de Medio Ambiente y Chile Ambiente. Dicho convenio no tiene que ver directamente con Pascua Lama, sino con un estudio relativo a la futura norma secundaria del agua del río Huasco. Se asignó a través de un concurso publicado en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, en el que Chile Ambiente fue el único oferente.

Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Agua del Guasco Alto, cuenta que reclamaron a los funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente que Chile Ambiente tenía un conflicto de interés, pues prestaba una asesoría al convenio de Barrick con las comunidades y el estudio que se le encargó tiene que ver con la norma del agua del río que Pascua Lama contaminaría. Los funcionarios les explicaron, dice San Juan, que quien realizaría el estudio no sería Patricio Rodrigo, sino Pablo Morales, pero dicho profesional también fue parte del equipo que trabajó en el estudio sobre Pascua Lama. Por eso, presentaron la denuncia ante la Contraloría (ver documento).

Rodrigo dice que no estaba al tanto de la denuncia, aunque sabía que había quejas porque los reclamantes habían interrumpido los talleres “para meter bulla, tener algún protagonismo y algún espacio donde puedan vociferar”. En todo caso, él no ve ningún conflicto de interés y cuenta que el trabajo ya está entregado: “Como estábamos apoyando el tema de los diaguitas, me pareció interesante fortalecer el trabajo en la zona respecto al tema de los servicios ecosistémicos y la percepción que la comunidad en general tiene de ellos. Pero yo no participé ni en la convocatoria del proyecto ni en su ejecución, sólo firmé el contrato como representante de Chile Ambiente”.

CIPER intentó entrevistar a los abogados Marcelo Castillo y Lorenzo Soto para este reportaje. Mientras el primero no contestó los llamados, el segundo dijo que no estaba interesado en hablar.

La ruta del dinero: de SQM al PPD

Ya en mayo de 2015 el ex tesorero del PPD, Luis Matte, reconoció que había gestionado el contrato con SQM, aunque aseguró que el grueso del dinero era para financiar la campaña Patagonia sin Represas, que lideraba Patricio Rodrigo. Según dijo entonces Matte a La Tercera, sólo el 10% se destinaba a gastos operativos del partido.

Pasarían diez meses para que el ex jefe de Administración y Finanzas del PPD, Sergio Ortega, quien aún figura como funcionario del partido, reconociera abiertamente ante la PDI que las platas eran para la colectividad. Matte le había pedido que colaborara en el proceso administrativo de llevar las facturas de Chile Ambiente y retirar los pagos de SQM. “Esta pseudo obligatoriedad que teníamos con Chile Ambiente surgió como una instrucción superior de la directiva del partido, con el propósito de brindarle ayuda a don Guido Girardi, un senador connotado y miembro de Chile Ambiente”, declaró Ortega a la PDI, poniendo una bomba en el corazón del PPD.

El estruendo sería aún mayor con la segunda declaración de Ortega, esta vez como imputado, la que tuvo lugar en junio pasado. Parte de su testimonio fue dado a conocer este 27 de julio por 24horas.cl: Ortega dijo que durante la gestión de Carolina Tohá aumentaron los gastos del PPD y que “ella estaba en conocimiento de la fórmula de financiamiento” que usó el partido para solventarlos.

Los fiscales le exhibieron un correo electrónico de agosto de 2011 en que Matte le escribió: «Sergio quedo OK por mí y Carolina, sácale la firma a P. Rodrigo«. Sobre ese e-mail, Ortega declaró: “Este correo tuvo por finalidad informarme que el acuerdo convenio SQM con Chile Ambiente había sido revisado, tanto por él como por Carolina Tohá, instruyéndole que me contactara con Patricio Rodrigo para obtener su firma final. Este correo confirma que toda decisión previamente era tomada por la mesa directiva”.

Samuel Donoso y Patricio Contesse

Este jueves 28 de julio el noticiario de Mega sumó un nuevo ingrediente a la crisis: tras obtener los documentos contables del PPD, constataron que aún antes de los pagos hechos a Chile Ambiente el partido registraba aportes de SQM. De hecho, en enero de 2011 en los libros del PPD aparece identificado un “aporte afiliado” por parte de SQM, como si fuera un militante del partido. Los documentos contables fueron enviados al Servel con la firma de Carolina Tohá.

Tohá ha dicho que no sabía nada. En su directiva el secretario general era Samuel Donoso, vinculado al girardismo y actual abogado del gerente general de SQM, Patricio Contesse, quien ha mantenido silencio. En cuanto a Guido Girardi –a quien el diputado Pepe Auth motejó como el “socio controlador” del PPD–, en ese momento ocupaba la primera vicepresidencia del partido y también ha negado tener conocimiento de los pagos de SQM.

Girardi, a diferencia de lo que declaró inicialmente Ortega, no es miembro de Chile Ambiente, pero sí es muy cercano a Patricio Rodrigo. “Soy muy amigo del Guido hace 30 años. Salíamos con los niños a veranear juntos. Si yo estoy involucrado en algo, involucran a Guido y vice versa muchas veces, pero en esto doy fe: Guido no tenía idea de esto, no sabía”, insiste Rodrigo.

No era la primera vez que Girardi era mencionado en la investigación a SQM por el financiamiento ilegal de la política. En la auditoría que la minera encargó al bufete estadounidense Shearman & Sterling se cita un correo de agosto de 2012 en el que Contesse autoriza al abogado de la empresa, Enrique Olivares, a llamar los políticos que han recibido contribuciones de SQM para aclarar con ellos cualquier problema que hubieran  tenido. La secretaria de Contesse le envía luego a Olivares los números de los senadores Fulvio Rossi (PS), Hernán Larraín (UDI) y Guido Girardi. En un correo fechado al día siguiente, el abogado confirma que habló con Rossi y Girardi.

El informe encargado por SQM concluye que no hay evidencia de que los individuos mencionados –los tres senadores y una lista de candidatos municipales enviada por Rossi– hayan recibido financiamiento ilegal. En el entorno del senador PPD dijeron en enero a La Tercera que éste no pidió dinero a SQM y que no conoce al abogado Olivares. Hasta ahora Girardi no ha sido citado a la Fiscalía.

El único dirigente PPD que ha reconocido haber pedido dinero a SQM es el ex tesorero Matte y pese a los avances de la investigación, aún quedan muchas dudas. La primera huella de las gestiones está en los registros del Servicio Electoral (Servel), donde el 30 de junio de 2011 el PPD inscribió a Chile Ambiente como su instituto de formación política (ver documento). Esta figura fue creada en 2003 para que las llamadas “instituciones formadoras” de los partidos pudieran recibir donaciones con beneficios tributarios. Hasta que el PPD inscribió a Chile Ambiente, nadie la había usado. Pero ni Chile Ambiente era un instituto formador ni SQM donó el dinero, sino que simuló la prestación de un servicio.

Patricio Rodrigo reconoce que en realidad a Contesse no le interesaban sus charlas medioambientales. De hecho en varias de ellas aprovechó a hacer campaña para Patagonia sin represas, es decir, SQM ayudó a financiar la campaña contra HidroAysén. “Qué bueno que haya sido así también. Plata de los ricos a financiar causas ambientales que afectan a comunidades”, reflexiona hoy.

Pero la noticia no cayó tan bien a sus ex compañeros de campaña. “No consideramos una práctica aceptable recibir financiamiento de grandes empresas alineadas con el modelo extractivista”, señaló a través de un comunicado el Consejo de Defensa de la Patagonia en mayo, recalcando que no sabían del rol de Chile Ambiente como instituto del PPD. Rodrigo reclama que él no tenía por qué informar nada y que tampoco tiene reparos con SQM como fuente de financiamiento: “Yo ofrecí colaboración (al PPD), me entregaron dos empresas y bienvenida sea esa colaboración. Uno no puede estar distinguiendo estos son los buenos y estos son los malos».

La otra empresa que entregó financiamiento a través de Chile Ambiente es la eléctrica Coyanco, ligada a al ex presidente de la CPC Juan Claro y a Gerens, y dueña de una central de pasada en el río Maipo. A diferencia de SQM, Coyanco sí realizó la transferencia –de $30 millones– a través de una donación certificada por el Servel. Los correos electrónicos que tiene la fiscalía dan cuenta de que Matte le propuso esa alternativa a SQM, pero la empresa optó por el convenio. El documento comprometía a Chile Ambiente a realizar capacitaciones y entregar un informe sobre “la formación y capacitación de dirigentes políticos y sociales en gestión ambiental”. El objetivo era tan ajeno a los intereses de la minera que el abogado que debía firmar el documento envió un email preguntando: “¿qué relación tiene esto con las actividades de SQM?”.

Evidentemente el convenio no tenía nada que ver con SQM. De acuerdo a las transferencias detalladas por Rodrigo ante los fiscales, hizo diez cheques por $38 millones al PPD. Seis de estos cheques, por un total de $26,2 millones, eran al portador, es decir, podían ser cobrados por cualquiera. La diferencia con el dineros pagado por SQM –$19 millones– se quedó en Chile Ambiente, por concepto de overhead y por el pago de las charlas realizadas por Rodrigo. Esto, porque además de captar financiamiento para el PPD, el convenio buscaba aliviar las cuentas de la corporación ambiental.

La PDI buscó a cada uno de las contrapartes que Rodrigo tuvo para realizar las charlas para chequear que éstas efectivamente se hubieran realizado. De las que fueron confirmadas hay una sobre Hidroaysén, realizada al sindicato de Enap. Otra se hizo en el Senado y su contraparte era la comisión Desafíos del Futuro, que creó Girardi. También dice haber hecho una charla para la Fundación Progresa, ligada al PRO, pero la presidenta de la fundación, Patricia Morales, quien competirá contra Tohá por la alcaldía de Santiago, no quiso declarar ante la PDI.

“Las personas con quienes yo coordinaba las charlas no sabían quién me pagaba. Yo creo que las personas con quienes yo pactaba las charlas pensaban que las financiaba Douglas Tompkins, o bien el Estado», declaró Rodrigo.

Carolina Tohá y Guido Girardi

Dos de las charlas fueron realizadas en Chile 21. CIPER consultó a María de los Ángeles Fernández, quien era directora ejecutiva de la fundación durante la época investigada. Si bien confirmó que las charlas se realizaron, se mostró sorprendida de que Rodrigo las haya incluido como parte del convenio con SQM, pues éstas formaban parte de sus labores como director del programa de Medio Ambiente de Chile 21, por el cual recibía un sueldo. “Las charlas no tenía que ver con SQM”, dice Fernández.

Rodrigo retruca que esas charlas eran ”extraprogramáticas y eran parte del contexto de contribuir a la conciencia ambiental y a la conciencia social”. En cualquier caso, añade, el convenio con SQM hablaba de charlas, sin mencionar cuántas, por lo que “bastaban con dos charlas para respaldar el contrato”.

Pero además de las formalidades de cumplimiento del convenio, hay otra arista que está siendo investigada por la Fiscalía: para justificar los pagos al PPD, Chile Ambiente recibió facturas de la Corporación Innovación y Democracia, en un proceso que tiene varios visos de irregularidades. Hasta ahora hay acusaciones cruzadas respecto de quién tenía el talonario de facturas de esa organización, que había dejado de funcionar hacía una década y que no registró facturas ni realizó declaraciones ante el SII. Sin embargo, entre julio de 2011 y mayo de 2012 emitió facturas por $58,6 millones.

“Yo no me percaté de que eso era un error, una irregularidad, y que por lo tanto se iba a producir todo este entuerto en que estamos metidos”, explica ahora Rodrigo, quien a través de Marcelo Castillo presentó una denuncia contra la Corporación Innovación y Democracia por haberle entregado facturas supuestamente falsas. Dentro del PPD hay quienes leen esta denuncia como un enfrentamiento entre Girardi y Bitar, pues Innovación y Democracia está vinculada a este último.

Los inicios de la cuestionada corporación están ligados al corazón del PPD. Fue creada en 1998 y su lista socios formadores incluye al actual ministro de Energía, Máximo Pacheco (hoy no milita en el partido); la titular de Educación, Adriana Delpiano; la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá; los diputados Pepe Auth y Juan Luis Castro; la senadora Adriana Muñoz; el empresario Blas Tomic y Samuel Donoso, quien fue su director ejecutivo, entre otros. Al formarse, la corporación recibió en comodato una casa ubicada en la esquina de las calles Concha y Toro y Erasmo Escala, donde funcionaba el PPD, de parte de Inmobiliaria Pehuenche. Los representantes de esa sociedad eran Sergio Bitar y Gustavo Silva, quien además figura como presidente de la corporación.

En 2002 fue rebautizada como Corporación para la Innovación Política y más tarde pasaría a llamarse informalmente Corporación Aire Libre, un think tank públicamente ligado a los ex ministros Sergio Bitar e Ingrid Antonijevic. Según diversas declaraciones recogidas por la PDI, la corporación quedó inactiva hace al menos una década.