Vecinos de Concón acusan que Hotel Punta Piqueros se construye al margen de la legalidad

Mientras la Contraloría General de la República exige al alcalde de Concón que haga efectiva la nulidad del permiso de construcción del Hotel Punta Piqueros, su edificación avanza al margen de la legalidad con doble turno de trabajo, a objeto de presionar por la vía de los “hechos consumados”. En este nuevo escenario el Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar reiteró la solicitud de una medida cautelar al Tribunal Ambiental y pidió una medida provisional a la Municipalidad de Concón a fin de detener las obras (vea la cronología completa del conflicto por Punta Piqueros).

PERMISO JUDICIALIZADO

A menos de un año de la tragedia del tsunami de febrero de 2010 que enlutó a nuestro país con la perdida de valiosas vidas, y en un acto de absoluta irresponsabilidad, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concón, con el acuerdo del alcalde y del Concejo Municipal, en enero de 2011 otorgó el permiso que autorizó la edificación del Hotel Punta Piqueros. Se trata de un proyecto con capacidad para más de 1.500 personas, situado en el borde costero de Concón, zona con una geografía única y particularmente riesgosa ante un tsunami, lo que ha sido ratificado por la Onemi.

Además de obviar el riesgo en caso tsunami, el permiso otorgado contenía vulneraciones ambientales, legales y urbanas, por lo que fue inmediatamente judicializado por nuestro Comité. Esto fue zanjado finalmente en la Corte Suprema en 2013, tribunal que ordenó paralizar la construcción ya iniciada del hotel, exigió un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y dejó sin efecto el permiso de obras. El alcalde cumplió lo sentenciado con un decreto de anulación.

IRREGULAR APROBACIÓN DE LA EIA

El proceso de la EIA careció de Línea de Base y entregó información parcelada que no resolvió las vulneraciones legales y urbanas, ni el riesgo para la vida de más de 1.500 personas, tanto en el caso de un incendio de envergadura como en un tsunami. Tampoco resolvió los impactos ambientales irreversibles del proyecto en una zona particularmente vulnerable. Aún así, se aprobó por las autoridades políticas en todas las instancias, con pleno conocimiento de todas estas falencias.

Esta situación evidencia que las autoridades políticas de la municipalidad, intendencia, seremis, ministro de Medio Ambiente, ministro del Interior, Comité de Ministros y sus organismos consultores, como el Consejo de Monumentos, Ministerio de la Vivienda, Subsecretaría de FF.AA., han actuado con una negligencia inexcusable, falta de servicio, incapacidad técnica y con un grave incumplimiento al mandato constitucional de proteger la vida de los ciudadanos.

El hotel se construye en un lugar prístino del borde costero de Concón, de extraordinario valor escénico, especialmente protegido por la Ley 13.364 (Ley Lorca), única en el país con fines proteccionistas, y reconocido por la Corte Suprema como zona protegida dentro del artículo N° 10 de la Ley 19.300 de Medioambiente.

Esta es una zona de Santuarios de la Naturaleza -conformada por el Peñón Orejas de Burro, el Santuario Campo Dunar, el Santuario Roca Oceánica y la zona Bentónica de la caleta de pescadores Montemar-, con alto valor ambiental de dunas milenarias, con flora y fauna dentro de un ecosistema único. Sin embargo, fue destruida brutalmente con explosivos y maquinaria pesada. Esto produjo derrame permanente de material rocoso y sedimentario a la zona Bentónica de Montemar, afectando, además, la fuente de trabajo de los pescadores.

La destrucción del paisaje y del peñón sobre el que se emplaza el Hotel, y con ello la unidad geomorfológica que conformaba con la zona de Santuarios de la Naturaleza, es tan grave como los impactos ambientales irreversibles y no resueltos por Punta Piqueros en el aspecto vial, visual, acústico y lumínico que afectarán gravemente la zona (ver presentación gráfica sobre los impactos del proyecto en el entorno).

LOS RIESGOS A LA VIDA

El riesgo a la vida de usuarios y trabajadores del hotel en caso de un incendio de envergadura o tsunami, no están resueltos. Los responsables de Punta Piqueros afirman, haciendo un paralelo con una termoeléctrica, que en un proyecto de esta naturaleza “no es necesario llegar a riesgo cero”, que tan sólo se debe considerar la variable y establecer un sistema de evacuación. De dicha afirmación, aceptada por el Comité de Ministros, se deduce, en consecuencia, que si el sistema no es efectivo ni eficiente y se llega a “riesgo 1”, sería aceptable la muerte de al menos 15 personas (vea el recurso de reclamación contra la resolución del Comité de Ministros).

Con certeza afirmamos que la propuesta del hotel de practicar una evacuación vertical para más de 1.500 personas hacia una terraza abierta, sin protección y que no cumple estándares internacionales para acoger evacuados, no es eficiente ni efectiva. Más aún con un acantilado detrás que retendrá las olas y elevará violentamente las aguas, exigiendo un esfuerzo de ascenso adicional para personas de la tercera edad, discapacitadas, obesas. Y todo esto contra el cambio de paradigma establecido por 80 científicos reunidos en Valparaíso, luego del tsunami instantáneo ocurrido en Coquimbo, que no dio más de tres minutos para evacuar.

ESCENARIO ACTUAL

La aprobación del proyecto en la instancia política, con un fuerte lobby, fue impresentable. Como consecuencia lógica, se derivó todo el proceso al ámbito legal, donde tenemos el convencimiento de que se analizarán con seriedad y en profundidad las denuncias formuladas, y sólidamente fundadas, por nuestro Comité Pro Defensa del Patrimonio. Es así que, frente a nuestra denuncia realizada ante la Contraloría contra la reactivación del permiso que había dejado sin efecto la Corte Suprema, ordenada por el alcalde de Concón en 2014, este organismo contralor emitió un contundente dictamen que exigió dejar sin efecto el decreto de reactivación. De esta forma, establece que Punta Piqueros se está edificando “sin un permiso valido y vigente desde el año 2014” (vea el dictamen de la Contraloría).

Por la gravedad de la situación y ante lo resuelto por la Contraloría, el Comité ha solicitado al alcalde una medida provisional para detener las obras (vea la solicitud). Paralelamente, el Tribunal Ambiental ordenó a cada una de las instancias involucradas evacuar todos los antecedentes para una revisión completa del caso (vea lo ordenado por ese tribunal).

El alcalde, lejos de cumplir el dictamen de la Contraloría, ha puesto en evidencia su incompetencia al defender un acto ilegal sobre la base de una reconsideración. Mientras tanto, la inmobiliaria, sospechosamente, apura la construcción con doble turno de trabajo, operando al margen de la legalidad y, en paralelo, ha presentado un recurso de protección contra la Contraloría.

En consideración a la falta de un permiso válido y vigente, y a la evidente premura por el avance de la obra, con el riesgo que significa la eventual destrucción del segundo peñón para construir otro cuerpo del hotel, el Comité ha reiterado la solicitud de la medida cautelar al Tribunal Ambiental, el que aún no se prenuncia (vea la nueva solicitud).

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Asombra que los empresarios financistas de este proyecto ilegal -los señores Said, Bolocco y Urenda, entre otros-, resistido por la ciudadanía, que arriesga la vida, que produce impactos ambientales irreversibles y que no cumple los estándares de sustentabilidad, no hayan tomado acciones concretas en orden a aclarar tales situaciones, en circunstancias que en las actas iniciales de la inmobiliaria ya se reconocía que “el inicio de las obras ha provocado diversas manifestaciones en la población del sector y publicaciones al respecto”. Contrariamente a evaluar ese aspecto con la mayor seriedad, se decidió que “se consulte a un especialista en imagen y/o comunicaciones que colabore en con la planificación de la información que deberá presentarse” (vea la escritura de la sesión de directorio Nº 27).

Luego de cinco años de litigio, como ciudadanos responsables llegaremos hasta las últimas instancias para defender el patrimonio natural y para exigir que las instituciones públicas, las inmobiliarias y los empresarios, actúen conforme a derecho.