María Elena, el municipio que pertenece a Soquimich

Entre las miles de páginas que acumulan los expedientes de las investigaciones del financiamiento ilegal de la política llevado a cabo por los controladores de Soquimich (SQM), hay un intercambio de correos electrónicos que desnuda la realidad de María Elena, un pequeño campamento minero de la Segunda Región. El único municipio del país que pertenece a una empresa privada: Soquimich. Entre los correos electrónicos incautados a esa compañía queda en evidencia que los tentáculos del financiamiento irregular de la minera alcanzan también al alcalde de la comuna, el socialista Jorge Godoy Bolvarán.

“Jorge Godoy debe $4,2 millones en bonos por la enfermedad de su señora, la cual estuvo hospitalizada en la Clínica La Portada durante 14 días. Nos ha solicitado pagar en cuotas”, informaba en julio de 2010 Daniel Jiménez, vicepresidente de Exploración de SQM, a Patricio de Solminihac, actual gerente general de la empresa, quien entonces se desempeñaba como subgerente. El problema era que la isapre del alcalde no aceptaba pagos en cuotas, por lo que se planteó la alternativa de hacerle un préstamo a Jorge Godoy.

Alcalde Jorge Godoy Bolvarán

A De Solminihac no le gustó la idea. Así se desprende de la respuesta que le envió a Daniel Jiménez: “Prefiero que veas el plan de pago directo con la isapre, en este caso en especial para no entrar con SQM en préstamos con un funcionario”. Es decir, el ejecutivo prefirió que la empresa saldara directamente la deuda de la esposa del alcalde antes que prestarle dinero.

El problema había sido planteado originalmente por el propio Godoy al entonces gerente general de la compañía, Patricio Contesse, hoy formalizado por delitos tributarios y quien próximamente será imputado del delito de soborno junto al ex senador Pablo Longueira.

Del intercambio de correos electrónicos se concluye que no solo la empresa le instaló un teléfono en su casa al alcalde de María Elena, sino que, además, SQM le pagaría también la cuenta. Al parecer, el alcalde gastó más de lo presupuestado, razón por la cual se habría decidido proceder al cobro del consumo. Así se lo planteó Daniel Jiménez en un correo electrónico dirigido a De Solminihac: “Hace unos tres meses (el alcalde) nos pidió que instaláramos un teléfono en su chalet (personal). La cuenta del mes pasado fue de $300.000, la cual estamos cobrando”.  En su respuesta, el entonces subgerente general de la minera propuso una solución intermedia: “Pongamos un tope razonable al teléfono privado de su chalet y le cobramos la diferencia”. No se explicita cuánto es lo “razonable”.

El análisis de estos correos electrónicos está incluido en un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI a solicitud del fiscal Pablo Gómez. El foco del estudio está puesto en la tramitación del royalty, pues se indaga el eventual cohecho del ex senador Pablo Longueira, quien recibió de parte del entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, el borrador de un artículo sobre el impuesto específico a la minería, el que luego quedó plasmado en la ley (ver reportajes Cambio clave de la ley de royalty que benefició a SQM salió del computador de Contesse y Estos son los dos contratos que firmó Pablo Longueira y que le otorgaron el beneficio tributario a SQM).

Un par de meses antes del intercambio de emails sobre las deudas del  alcalde Jorge Godoy, el edil había creado la Asociación de Municipios Mineros, de la cual se convirtió en su primer presidente. Su postura sobre el impuesto específico a la minería preocupaba a SQM y es por eso que al buscar en los miles de correos electrónicos incautados la palabra “royalty”, los funcionarios de la PDI se encontraron con los emails relativos al alcalde de María Elena.

“Un tema, que no sé si plantearlo (en la reunión con el alcalde Godoy), y que me imagino que P. Contesse se lo planteó, es su planteamiento como presidente de municipios mineros frente al royalty. Avísame si quieres que se lo plantee y eventualmente discutámoslo”, le escribió Jiménez a De Solminihac, quien respondió con un escueto: “Yo creo que debes comentarlo”.

Vista de la Plaza de Armas de María Elena

No hay un mayor desarrollo sobre  la preocupación de fondo de los ejecutivos de SQM con la postura de Jorge Godoy. Lo que sí está claro es que un par de meses más tarde, cuando el gobierno envió el proyecto de ley que modificaba el impuesto específico a la minería, el alcalde Godoy fue invitado a exponer a la Comisión de Hacienda del Senado en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios Mineros. Allí dijo representar a 120 municipios y llamó a los parlamentarios a rechazar el proyecto de ley que buscaba aumentar el impuesto para financiar la reconstrucción después del terremoto.

Reformular la tributación y dirigir sus ganancias hacia las comunas mineras, fue la opinión que expuso Jorge Godoy en la comisión del Senado. El alcalde de María Elena precisó en esa ocasión que el cambio no debía hacerse con la celeridad que exigía la reconstrucción, sino que a través de una política tributaria minera a nivel país.

CIPER intentó sin éxito conversar con el alcalde Godoy para conocer su versión, pero en reiteradas ocasiones el edil dijo estar ocupado comprometiéndose a devolver el llamado, lo que nunca hizo. Cuando finalmente logramos comunicarnos, cortó el teléfono tras escuchar la primera pregunta.

EL DUEÑO DEL PUEBLO

“En el fondo el alcalde, por decirlo de alguna manera, no puede cambiar ni las ampolletas, porque todo lo que hay ahí es de la compañía (SQM), no es del municipio”. La descripción la hizo hace algunos años el entonces Seremi de Vivienda de la Segunda Región, Gonzalo Godoy, para graficar la situación que vive el municipio de María Elena. Su origen minero y el boom privatizador de la dictadura explican el sinsentido de una comuna alojada al interior del terreno de una empresa.

Enclavada en la pampa, a 220 kilómetros al noreste de Antofagasta, María Elena nació en 1926, en pleno boom del salitre, como un campamento minero en los terrenos que la compañía Anglo Chilean Consolidated Nitrate Corporation le compró al Fisco en 1924. De hecho, se dice que fue bautizado así en honor a Mary Ellen Comdon, esposa del primer administrador de la planta, Elías Cappelens. Tras una fusión, la empresa pasó a manos de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro, la que en 1968 junto a la estatal Corfo formó la Sociedad Química y Minera de Chile: Soquimich. Duró poco como empresa mixta, pues en 1971 fue estatizada por el Presidente Salvador Allende y dejada al alero de Corfo.

El resto de la historia es más conocida. En 1982 Augusto Pinochet la incluyó dentro de su proceso privatizador y fue así como la minera terminó hacia finales de esa década en manos de su yerno Julio César Ponce Lerou, quien la controla hasta hoy. En 1979, cuando Soquimich aún era propiedad fiscal, se creó el municipio de María Elena. Tras la privatización, la comuna quedó dentro de los enormes dominios de Ponce Lerou.

Desde entonces la municipalidad vive en un extraño limbo donde aún lo público se encuentra en terrenos privados. “Es un tema complejo, al principio fue difícil, pero con el paso de los años se convirtió más bien en una relación de amistad. Ambos (municipio y SQM) se necesitan”, resume Nelson Avendaño (UDI), quien hace 24 años es concejal de María Elena. Su colega en el concejo, Jacqueline Godoy (RN), quien es profesora, explica que por ejemplo, el edificio de la escuela es municipal, pero está sobre un terreno de SQM, y que hay muchas cosas que no se pueden hacer en la comuna porque no hay terreno fiscal.

El también concejal Jorge Ramírez (PS) afirma que “todo se rige a través de la empresa, la municipalidad para trabajar tiene el comodato de una o dos calles principales y las plazas, pero el resto es de la empresa, así es que no se pueden hacer grandes inversiones en este campamento”. Además de concejal, Ramírez es dirigente sindical de SQM, aunque desde 1992, a raíz de un juicio laboral, dice no trabajar realmente en la minera, porque la empresa no le asigna tareas. Como Ramírez es reelegido por su sindicato, el fuero impide su despido.

Según consta en su declaración de intereses, otro de los concejales de la Municipalidad de María Elena, Carlos Ardiles (UDI), también trabaja en SQM, con lo cual ya son dos de los seis integrantes del concejo municipal los que reciben un salario de la empresa minera.

Es SQM la que provee de electricidad y agua a los habitantes del pueblo, y la que se hace cargo del alcantarillado. Los trabajadores de la empresa reciben gratis sus viviendas y tienen una cuota de agua y luz sin cobro. El resto de la población debe pagar sus cuentas a SQM y en su gran mayoría también le pagan a la minera el arriendo de sus casas, pues casi todas son de propiedad de la compañía.

La relación de dependencia entre el municipio y SQM genera no pocas tensiones. De hecho, en el intercambio de correos electrónicos entre los ejecutivos de SQM se dice que el Departamento de Educación de la Municipalidad de María Elena tenía en ese momento una deuda de $34 millones por concepto de luz y agua con la empresa, y que estaban presionando al alcalde para que pagara.

Municipalidad de Maria Elena

En un reciente dictamen en que se analizó la responsabilidad del municipio de María Elena en el aseo de las calles, la Contraloría concluyó que la “localidad de María Elena se encuentra asentada sobre terrenos de propiedad privada, pertenecientes a la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, y por consiguiente, las calles de esa localidad no constituyen bienes nacionales de uso público”. El aseo de las calles es, por lo tanto, también responsabilidad de SQM.

El único servicio que no es provisto por la minera es la telefonía, aunque dicen que son pocos los privilegiados –como el alcalde– que cuentan con una línea fija.

Como el Estado no puede invertir en terrenos privados, cada vez que se planea una obra pública se debe negociar con SQM para que entregue la superficie en comodato por más de 20 años. Una fórmula que al parecer no acomoda demasiado a la empresa ya que a comienzos de esta década se abrió a traspasar terrenos al fisco. En agosto de 2012 el Consejo Regional de Antofagasta analizó el tema y fue allí donde el ex seremi Gonzalo Godoy planteó las dificultades de esa relación poniendo como ejemplo que hasta para cambiar una ampolleta hubiera que consultar a SQM.

En esa misma reunión, Gonzalo Godoy anunció que la empresa había oficializado su intención de “regularizar” la situación de María Elena, lo que significaría “que el campamento deje de ser campamento minero de propiedad de la empresa y pase a ser un enclave urbano”.

El ex seremi afirmó que hasta ese momento habían tenido que “torcer la oreja” a las normas para poder financiar obras, porque la ley les impide invertir en terrenos privados. “Durante y posterior al terremoto de Tocopilla, María Elena sufrió muchos daños y se hicieron una serie de proyectos ahí, algunos se pudieron concretar y otros quedaron ahí no más, porque no logramos buscar la forma de poder invertir en ese lugar”, explicó.

Su sucesor en la Seremía del Minvu en la Segunda Región, Mauricio Zamorano, explicó a CIPER que el plan de transformar a María Elena en un “enclave urbano” sigue vigente y que la empresa está interesada en ceder los terrenos. Y ello, porque la propiedad de María Elena le generaría a SQM más gastos que beneficios, por lo que deshacerse de ella le permitiría concentrarse en su negocio minero.

“Hay una voluntad de ir cediendo todos lo que no dice relación directamente con la explotación de la faena minera”, aseguró Mauricio Zamorano. Por ahora, se trabaja en el primer plan regulador comunal, un paso clave para poder hacer planificación territorial.