La asesoría tributaria que le ahorró $41 mil millones en impuestos a la ANFP

“Este es un día sumamente importante para el fútbol y bastante esperado para gran parte del país”. Así presentó el actual mandamás del fútbol chileno, Arturo Salah, el resumen ejecutivo de la auditoría forense realizada por Deloitte. Un informe destinado a transparentar las cuentas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Pero que, al mismo tiempo, abrió un flanco que la directiva del fútbol prefiere no ahondar: el perdonazo a la gigantesca deuda tributaria de la asociación que gestionó su defenestrado ex presidente, Sergio Jadue, y que benefició a los dirigentes de todos los clubes que hoy pretenden mostrar al calerano como único culpable de los turbios manejos del fútbol.

Cuando Jadue tomó el timón de la ANFP, el Servicio de Impuestos Internos (SII) le exigía pagos, por diversas contingencias tributarias, que sumaban $43.709 millones. Pero al final solo se cancelaron $2.455 millones, lo que representa poco más de un 5% del monto original. En la auditoría forense que Salah presentó a la prensa el miércoles 25 de mayo pasado no hay mención alguna a los $41.254 millones que la ANFP se ahorró en impuestos adeudados, más las multas e intereses, que le cobraba el SII.

Solo en las últimas páginas del dossier que Salah entregó a los periodistas aparecía, de manera tangencial, una pequeña hebra que podía relevar esta generosa rebaja que hizo el SII a los empresarios del fútbol. Esa pista era un gasto objetado de $218 millones que había sido pagado por la directiva de Jadue al bufete de abogados tributaristas Aste, Jaramillo y Celaya (AJC).

La objeción a este desembolso provocó un duro enfrentamiento público entre Deloitte, la consultora que hizo la auditoría forense, y AJC, dos firmas que disputan el mercado de asesorías tributarias para grandes contribuyentes (ver recuadro).

CIPER siguió el rastro de este pago objetado y constató que AJC trabajó para la ANFP desde 2011 hasta fines de 2015 (incluso cuando Jadue ya se había entregado a la justicia de Estados Unidos). En ese periodo el bufete resolvió diversos problemas que la asociación arrastraba con el SII, algunos desde fines del siglo pasado. CIPER tuvo a la vista documentos que confirman que AJC consiguió reliquidaciones y condonaciones que evitaron el ingreso a las arcas fiscales de más de $41 mil millones que debía cancelar la ANFP.

Esta mega-rebaja tributaria le permitió a Sergio Jadue levantar el embargo que en 2011 el SII impuso a los flujos del Canal del Fútbol (CDF) y, posteriormente, a los terrenos que la ANFP posee en Quilín. Además, gracias al perdonazo Jadue pudo contar con fondos para repartir más de $23 mil millones a las sociedades anónimas que administran los clubes, las que tampoco pagaron impuestos pues se acogieron a una franquicia tributaria que obliga a invertir estos recursos exclusivamente en el fútbol infantil y juvenil. Una obligación cuyo cumplimiento sigue en duda (ver reportaje de CIPER).

Desde 1999 la ANFP mantenía un conflicto con el SII debido a que la asociación hacía uso de una antigua exención tributaria destinada a organizaciones que promueven el deporte sin fines de lucro. En opinión de Impuestos Internos, la ANFP ya no podía acceder a este beneficio porque dejó de estar compuesta por clubes sin fines de lucro y ahora sus integrantes son sociedades anónimas. Sólo por este motivo, la ANFP llegó a adeudar $38.987 millones en 2010. CIPER revisó la documentación que acredita que, mediante reliquidaciones y condonaciones, la asociación pagó sólo $1.712 millones, equivalentes a un 4% del monto que le cobraban inicialmente.

La asesoría tributaria objetada en la auditoría forense también resolvió una disputa por impuestos impagos que enfrentó a la ANFP con VTR, y que involucraba el pago de $4.722 millones. Además, regularizó otros problemas tributarios complejos, como los impuestos impagos por el contrato del cuerpo técnico de la selección nacional que encabezó Jorge Sampaoli, que simulaba ser un contrato por derechos de imagen, pero que encubría el pago de remuneraciones (ver reportaje CIPER).

DEUDA ORIGINAL Y FLUJO DEL CDF

El principal problema de la ANFP con el Fisco no nació con la administración Jadue. La ANFP acumulaba impuestos impagos por un total de $38.987 millones, correspondientes a impagos por transacciones y utilidades, desde el período tributario de 1999 hasta 2010. La disputa se originó porque la asociación se consideraba amparada por la Ley 8.834 de 1947, que deja exenta de tributos a las entidades deportivas sin fines de lucro, derecho que no era reconocido por el SII. Para solucionar este entuerto se contrató al bufete AJC. La asesoría determinó que la ANFP dejó de ser beneficiada con esa exención en 2005, cuando la ley dio origen a las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP). Los consultores sugirieron reconocer la deuda solo a contar de ese año, pero renegociar con el SII.

En el acuerdo logrado con la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII se estableció que la ANFP no debe pagar impuestos por los dineros que le entrega el CDF (sobre $32 mil millones anuales). Esto, porque los profesionales de AJC convencieron al SII de que el CDF y los clubes son los que deben pagar tributos por esos dineros, ya que la ANFP actúa sólo como mandataria de ellos: recibe los fondos desde el CDF y se los traspasa a los equipos.

Tras un largo proceso de negociación con el SII, la ANFP concretó el acuerdo. Esto la benefició con una potente reliquidación de la deuda: de los $38.987 millones originales pasó a una deuda de $6.453 millones, pero además obtuvo una condonación del 90% de los intereses y multas. De esta manera llegó a cifra definitiva que terminó pagando: $1.440 millones.

Adicionalmente, los asesores de la ANFP lograron convencer al SII de que los dineros que recibe del CDF tienen que ser considerados como “gastos”, debido a que solo los recibe y luego traspasa a los clubes, por lo que no le corresponde tributar por esos flujos. Esta nueva lectura de los impuestos que deben pagar los dineros del CDF disminuyó en $600 millones la carga impositiva de la ANFP entre 2011 y 2014.

VTR Y DERECHOS TELEVISIVOS

Antes de la puesta en marcha del CDF la transmisión del fútbol chileno se comercializaba al mejor postor por cifras mucho menores a las que se manejan hoy. En diciembre de 1994 la ANFP, presidida por Ricardo Abumohor, le entregó a Cable Express los derechos del campeonato nacional. En la negociación se decidió no gravar con IVA los pagos, pero quedó estipulado en el contrato que si el SII exigía cancelar ese impuesto, Cable Express se haría cargo.

Y así sucedió. En noviembre de 1999 el SII contactó a la ANFP para exigir el pago del IVA por la venta de derechos televisivos. La ANFP se hizo la desentendida durante años, hasta noviembre de 2011, cuando la Tesorería General de la República embargó los flujos del CDF para saldar la deuda, más intereses y multas: $4.722 millones en total.

Para entonces los clubes de Primera A y Primera B se sustentaban principalmente gracias a los dineros del CDF, por lo que el embargo era un problema mayúsculo para la entonces naciente administración de Sergio Jadue. Frente a la emergencia, la ANFP puso en acción a sus asesores tributarios: consiguieron que la Tesorería cambiara el embargo de los flujos del CDF por el de los terrenos de Quilín (ver reportaje CIPER).

Una vez aceptada la propuesta de reemplazo de embargo, los abogados comenzaron las negociaciones con VTR (sucesora de Cable Express) para que pagara la deuda, pero la empresa lo fue aplazando. La demora se debía a que VTR esperaba conseguir una condonación de intereses y multas, pero esas tratativas se congelaron en 2012 tras conocerse la controversial “mega-condonación” concedida por el SII a Johnson’s.

Ante esta situación, los abogados de la ANFP iniciaron un juicio ejecutivo para que VTR reconociera la deuda. La situación se agravó cuando la Tesorería volvió a pedir el embargo de los flujos del CDF el 5 de octubre de 2012. Pero eso nunca se ejecutó. Y si bien VTR desconoció la deuda en el juicio ejecutivo, el 17 de octubre le pagó al Fisco $1.360 millones, correspondientes a la reliquidación de la deuda, más una condonación.

(Esta nota fue actualizada el 16/6/2016)