El contrato que enfrenta a los funcionarios del CDE con su presidente

“Hice una pelotudez superlativa”, reconoce el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, cuando se le pregunta por la carta que el 17 de marzo pasado envió a los 549 funcionarios de la institución. La misiva llevaba el sello del CDE y el de la empresa Inmune, contratada para buscar formas de reducir el ausentismo laboral. El texto generó alarma entre los funcionarios por dos razones: lo leyeron como una amenaza y pronto descubrieron que Piña había estado vinculado a la propiedad de Inmune.

Piña debió convocar a todos los funcionarios al primer piso del edificio de calle Agustinas para intentar calmar los ánimos, explicándoles que la iniciativa no buscaba perseguirlos y que el proyecto con Inmune se congelaría mientras trabajaban en buscar un acuerdo con las asociaciones gremiales. Y aunque los funcionarios fueron receptivos a las explicaciones, el tema no está cerrado. “Seguimos en estado de alerta”, dice el abogado Estanislao Dufey, secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios del CDE.

Jorge Nazer

Lo que más les preocupa es el riesgo de que se haya entregado información personal de los funcionarios a Inmune, que según su página web se dedica a “promover el buen uso de las licencias médicas y ayudar a reducir el fraude en el sistema de salud”. El mismo sitio tiene un su portada un formulario para denunciar anónimamente el uso de licencias fraudulentas y la empresa es conocida por representar judicialmente a las isapres para perseguir a los médicos acusados de emitir permisos cuestionados.

La polémica carta que Piña envió a los funcionarios parecía ir en esa línea, destacando que en el último año el 6,78% de las licencias en el CDE habían sido otorgadas por doctores que han sido denunciados por la Superintendencia de Seguridad Social, “lo que probablemente por desconocimiento de nuestros funcionarios, puede levantar suspicacias injustificadas sobre sus licencias médicas” (ver carta). En palabras de un abogado del CDE, parecía estarse imputando delitos a los funcionarios de una institución repleta de penalistas. Para la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados del CDE, Luppy Aguirre, la carta parecía una “velada amenaza de que tenían identificados a los funcionarios”.

Ese mensaje es justamente el que el Grupo Alto, holding del que es parte Inmune, mandaba a sus hogares a quienes creían haber identificado como autores de robo hormiga de los supermercados. Alto fue creado en 2003 por el abogado Jorge Nazer, junto a su amigo Juan Ignacio Piña, hoy presidente del CDE. Es por eso que Piña, quien dice haber vendido sus acciones de Alto en 2013, se inhabilitó al momento de suscribir el contrato con Inmune, que fue firmado por la consejera Clara Szczaranski. Eso tranquilizó a los funcionarios, quienes revisaron la licitación realizada a través de Chile Compra y confirmaron que Piña no había participado en el proceso (ver contrato).

Inmune fue creada en diciembre de 2007 por Asesorías e Inversiones Puerto Varas S.A., propiedad de Nazer, y Alto S.A., donde participaba también Piña. Tuvo varios nombres: nació como Servicios Alto Tecnología Limitada, luego pasó a Alto Control Salud Limitada y finalmente en 2014 fue rebautizada como Servicios y Asesorías Inmune Limitada.

Nazer es actualmente el presidente del Grupo Alto y sigue siendo socio de Piña en Inmobiliaria e Inversiones Alto, empresa que según el presidente del CDE no está ligada de ninguna forma a la estructura del grupo y se dedica sólo al negocio inmobiliario. Arrienda oficinas en el edificio ubicado en Miraflores 130. En 2012, por ejemplo, Piña y Nazer firmaron un contrato de alquiler con la Superintendencia de Servicios Sanitarios por todo el piso 10. Entre los pisos 11 y 13 funciona el Grupo Alto.

EL MIEDO A INMUNE

El precedente que preocupa a los funcionarios del CDE es la consultoría que en 2015 Inmune realizó al Poder Judicial. El resultado del estudio fue publicado en enero El Mercurio, que destacó que el 5,94% de las licencias había sido emitida por “médicos fraudulentos”. Según informó en febrero Radio Biobío, a partir del informe de Inmune una funcionaria del Poder Judicial fue suspendida y cuatro médicos fueron sancionados.

En la nota de El Mercurio aparecía entrevistado el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien utilizaba la información de Inmune para defender las alzas de las isapres y la inconsistencia del Poder Judicial, que acoge los recursos que anulan esas alzas: «Este trabajo refleja las inconsistencias de los fallos de los jueces. Se incrementa el uso de licencias médicas en el propio Poder Judicial, pero no reconocen los aumentos de costos en licencias médicas que justifican las alzas de precio de los planes«.

Los funcionarios del CDE critican que los resultados de esa consultoría se haya “filtrado” a la prensa y creen que las declaraciones de Caviedes dan cuenta del mal uso que las isapres pueden hacer de esa información, si es que Inmune se las da a conocer. La empresa ha representado legalmente al menos a Banmédica y Colmena en las querellas contra médicos sancionados por la Superintendencia de Salud.

El abogado Estanislao Dufey critica la motivación del contrato, que a su juicio parte de la desconfianza hacia los funcionarios, asumiendo que están usando licencias “truchas” y que se necesita una empresa externa que ayude a controlar. Duda, además, de los resultados que ha mostrado hasta ahora Inmune, y ejemplifica con dos unidades del CDE que aparecían con un excesivo número de licencias, sin reparar en que había dos personas con cáncer, una de las cuales murió esta semana. La Asociación de Funcionarios está preparando su propio informe técnico, que pone el acento en que el ausentismo es provocado por un trabajo altamente estresante.

Piña coincide con ese diagnóstico y explica que en los últimos años en el consejo ha aumentado la carga laboral, sin que haya sido posible ampliar la planta. Es por eso que busca convencer a los funcionarios de que es necesario tener un diagnóstico preciso del problema, para persuadir al Ministerio de Hacienda de que la gente se está enfermando y se necesitan más recursos para hacer crecer la dotación.

El presidente del CDE explica que la necesidad de hacer un estudio nació después de que Hacienda les comunicara que eran el tercer servicio con peor recuperación de licencias médicas a las isapres y tras constatar que entre 2014 y 2015 el ausentismo laboral había aumentado en un 23%. La licitación que ganó Inmune, indica Piña, se enmarca en un proyecto de modernización institucional, con fuerte énfasis en recursos humanos, financiada por el BID.

A la licitación, hecha a través de Mercado Público, se presentaron cuatro empresas. Inmune tuvo el puntaje más alto y su oferta era igual al máximo del presupuesto permitido: $18 millones. Ya se canceló el 80% ($14,4 millones) pues, según dicen en el CDE, se cumplieron las dos primeras etapas del contrato: un informe de diagnóstico de ausentismo en la institución y estrategias de gestión y de intervención, y de comunicación. Es en el contexto de esta segunda etapa comunicacional que se envió la polémica carta. La última fase, que está congelada por las conversaciones con los gremios, debiera consistir en capacitaciones, charlas y talleres.

Piña reconoce que las inquietudes de los funcionarios son “razonables”, pero cree que es necesario seguir trabajando para disminuir el ausentismo: “Lo más fácil sería rescindir el contrato, dejar de hacer ruido, no hay ningún problema. Pero yo estoy aquí para hacer la pega. Las dos asociaciones entendieron que es un problema del que tenemos que hacernos cargo”.

-El kick off (la partida) fue fatal y ahora lo que tengo que hacer cada dos minutos es tratar de recomponer eso. Estoy dedicado en este minuto a devolverle la tranquilidad a la gente respecto a la información que se entrega, de los doctores que entregan las licencias, etc. Aquí el partido que estamos jugando es otro. Es súper forme que se me haya ensuciado el partido por un puntapié inicial absolutamente fatal. Pero qué voy a hacer, ahora tengo que hacerme cargo nomás, y tengo que arreglar el asunto-, concluye Piña.