Fraude en La Florida expone la vulnerabilidad del sistema de pago de multas de tránsito

Son más de 50 mil los automovilistas que anualmente renuevan sus permisos de circulación en La Florida. Esto le permite al municipio recaudar en torno al 10% de su presupuesto anual, por lo que marzo es un mes clave para la comuna. Pero este año ese proceso está contaminado por una investigación de corrupción, que tiene a once funcionarios alejados de sus labores habituales, en medio de un sumario administrativo y una investigación del Ministerio Público. Se indaga la adulteración de la información ingresada el sistema informático que registra las multas de tránsito.

A cambio de una coima, algunos funcionarios habrían permitido que conductores que tenían multas impagas renovaran las patentes de sus autos, a pesar de que el pago es requisito obligatorio para obtener el permiso. Esta adulteración generó un perjuicio que hasta ahora se calcula en más de $170 millones.

Como aún no está claro cuándo comenzaron las irregularidades, ese monto podría aumentar considerablemente. Más grave aún, es que situaciones similares podrían estar ocurriendo en otras comunas, pues son más de 120 los municipios que utilizan el mismo software que La Florida, que provee la empresa Sistemas Modulares de Computación. Según el alcalde Rodolfo Carter, el sistema tiene una “vulnerabilidad estructural” que permite total discrecionalidad de los funcionarios a la hora de liberar las patentes bloqueadas, aunque no se haya pagado la multa.

En la Municipalidad de Recoleta, donde utilizan el mismo software, cuentan que hace ya un par de años detectaron la vulnerabilidad del sistema, pero dicen que no han podido cambiar de proveedor porque tienen un contrato vigente, que data de la administración anterior. Si bien hasta ahora no se han encontrado fraudes y se ha aumentado la fiscalización sobre quienes operan el programa, tampoco pueden tener en esa comuna la certeza de que nunca se hayan cometido irregularidades.

En enero, el presidente de la Asociación de Concesionarios (COPSA), Juan Eduardo Saldivia, dijo a El Mercurio que las empresas del rubro ya habían detectado “casos de conductores que aunque están en el catastro de multas, igual obtienen su permiso de circulación”. El alcalde Carter no cree que La Florida sea la única comuna donde se han levantado fraudulentamente las multas y aunque no conoce otros casos concretos, dice que es un problema que ha comentado privadamente con otros ediles.

-Es un tema muy delicado porque se ha violado la confianza más que pública, administrativa, por parte de un grupo de funcionarios que tiene la facultad única de recibir el pago de una patente y liberar los partes a cambio de que se hayan pagado, y eso no había ocurrido. Estamos buscando determinar si esas personas tienen que ser sancionadas o destituidas, y encargamos a la Fiscalía que investigue las responsabilidades penales. Todo indica que podría haber una asociación ilícita -dijo a CIPER el alcalde Carter.

Las primeras inconsistencias se detectaron a comienzos del año pasado y una investigación interna derivó en una denuncia ante la Fiscalía de La Florida por fraude al Fisco, adulteración de instrumento público y asociación ilícita, además del inicio del sumario administrativo.

LAS VULNERABILIDADES DEL SISTEMA

El alcalde de La Florida explicó a CIPER que en cada una de las casetas instaladas para recibir el pago de patentes –en su comuna hay 30– hay un funcionario que tiene una clave que permite desbloquear las patentes que figuran con multas. Se supone que solo deben hacerlo cuando éstas son pagadas o se les exhibe un certificado de que fueron saldadas, pero en los casos investigados  se autorizaba la renovación de las patentes aunque las deudas siguieran pendientes.

CIPER conversó con funcionarios que han trabajado en el proceso de renovación de patentes en La Florida, quienes explicaron que el “atajo” ilegal consistía en eliminar temporalmente la multa desde las cajas municipales mediante una “aclaración” de la deuda, pese a no existir el certificado que debería acreditar el pago. Aunque el alcalde Carter cree que el pago de la patente se realizaba en la misma caja, los funcionarios explicaron que se le pedía al dueño del vehículo que cancelara su permiso de circulación por internet. Profesionales que operan el sistema en otra comuna explicaron que tiene sentido que el propio dueño haga el trámite online, pues así no queda registro de quién autorizó el pago irregularmente.

Entre los funcionarios municipales de La Florida se habla de que para hacer el trámite irregular se cobraban coimas de entre $30.000 y $100.000, dependiendo del precio de la patente y el monto de la multa.

Rodolfo Carter

Los trabajadores sumariados cumplían funciones en distintas áreas del Departamento de Tránsito y durante el mes de marzo salían a atender los módulos que instala el municipio en distintos puntos de la comuna. En éstos, donde laboraba personal interno y externo del municipio, sólo los jefes del módulo tenían claves de acceso al sistema de patentes vehiculares. Éste contiene el registro de multas cursadas en La Florida, además del enviado por el Registro Civil con la información de todo el país, mayoritariamente por circular sin utilizar el tag con que se cobra el uso de las autopistas concesionadas.

Quien dirige el sumario es el director jurídico del municipio, Roberto Depetris, quien recientemente cerró dos indagatorias por otras irregularidades en la entrega de permisos de circulación en años anteriores. Uno de los involucrados era el encargado de vender patentes vehiculares a empresas y se le investigó justamente por realizar aclaraciones sin tener documentos de respaldo que certificaran que las multas estaban pagadas.

Como fiscal instructor, Depetris ya ha tomado declaración a al menos cinco de los presuntos involucrados, además de analizar la documentación que recibió durante la auditoría que gatilló la indagatoria. Se espera que los sumarios se extiendan por al menos dos meses. La Fiscalía, en tanto, ya ha revisado los computadores de la Dirección de Tránsito.

EL POPULAR SOFTWARE MUNICIPAL

El sistema informático utilizado en la Municipalidad de La Florida pertenece a Sistemas Modulares de Computación Ltda. (SMC), una empresa basada en Concepción cuyo gerente general y dueño es Gerhard Walter Grebe. El ejecutivo contó a CIPER que la plataforma tecnológica opera actualmente en 123 municipios, poco más de un tercio de las comunas del país (ver mapa de clientes). Los documentos de las licitaciones adjudicadas a través de Mercado Público en municipios como Pudahuel, La Granja, Lo Barnechea, Huechuraba, Concepción, Maipú, Recoleta y La Florida, dan cuenta de que los contratos abarcan la gestión de una amplia gama de servicios informáticos municipales, lo que incluye la plataforma de los permisos de circulación.

En conversación con CIPER, Walter explicó que todos los softwares que ellos proveen a los municipios tienen incorporada la opción de aclarar multas, pero que cada una de las instituciones define quiénes son los usuarios autorizados a utilizar esta función. Dijo no saber de las irregularidades que se investigan en La Florida y que hasta ahora sólo en una comuna se conoció un caso similar, en que tras un sumario se sancionó a tres funcionarios. Señaló que cualquier adulteración de la información que utilizan sus plataformas es responsabilidad del municipio, que es el que carga los datos.

Aunque tanto el alcalde Rodolfo Carter como funcionarios que han trabajado con el software en La Florida y Recoleta criticaron la vulnerabilidad del sistema computacional, esto fue descartado por Walter, quien señaló que sus programas computacionales cumplen todos los requisitos tecnológicos solicitados por las comunas. Además, la empresa tiene tres funcionarios que trabajan de manera permanente en La Florida, entregando soporte técnico y capacitando a los funcionarios que utilizan el software.

SMC es uno de los grandes operadores de este mercado que, según expertos del área, está prácticamente concentrado en un duopolio. El principal competidor de la empresa penquista es CAS Chile, que en su página web informa de contratos con 200 municipios, como Ñuñoa, Valparaíso y Estación Central.

LA RUTA DE LAS MULTAS

No tener multas impagas es uno de los requisitos básicos para poder obtener el permiso de circulación de un vehículo. La base de datos es administrada por el Registro Civil, que recibe los partes empadronados, es decir, aquellos que se cursan cuando el conductor no es notificado, ya sea porque el vehículo está en movimiento o porque está estacionado. En total, existen actualmente 600 mil vehículos con infracciones pendientes en todo el país. La existencia de este registro nacional es lo que permite que aunque los funcionarios levanten el bloqueo de los autos con multas impagas, éstas vuelvan a aparecer el año siguiente.

El Registro Civil centraliza la información de las multas de tránsito no pagadas que envían los juzgados de policía local de cada comuna y en diciembre de cada año la envía a todas las municipalidades del país. Es esa información la que se utiliza durante la renovación del permiso de circulación. El director del organismo, Luis Acevedo, dijo a Radio T13 que de manera excepcional, el 18 de marzo se pondrá a disposición de los municipios una actualización de la base de datos, pero cada comuna podrá decidir voluntariamente si actualiza la versión que está usando.

Cuando una multa es pagada o es anulada por el juzgado de policía local, éste envía un informe a la tesorería municipal, la que a su vez oficia al Registro de Multas para que el infractor sea borrado del sistema. Pero como todo este proceso puede durar meses y el registro oficial habitualmente sólo se envía una vez al año, los municipios utilizan el sistema de aclaraciones. Lo que se exige –o debiera exigirse– es un documento oficial que certifique que la multa fue pagada.

Como el dinero que se origina con el pago de multas se reparte entre distintas instituciones, el alcalde de La Florida explica que el fraude detectado no afecta sólo las arcas de ese municipio. Las multas se pueden pagar en cualquiera de las 345 comunas del país. Del monto cancelado, un 20% queda en la comuna que realizó el cobro y el otro 80% se envía al registro.

Un caso particular es el de las multas por circular por autopistas concesionadas sin tag, que corresponden al  80% de las infracciones del Registro de Multas. Son los juzgados de policía local de la comuna donde vive el dueño del auto los encargados de notificar la infracción y cobrar. Si el infractor no concurre a la audiencia, debe pagar el valor de un pase diario por cada día de circulación sin dispositivo televía, más una multa de cinco veces ese monto. En caso de reincidencia, la multa aumenta a 15 veces el valor de la sanción. Con el dinero recaudado se paga lo adeudado a la autopista y la multa se divide en partes iguales entre el Fondo Común Municipal y la comuna del juzgado que realizó la cobranza.

Esta estructura de multas es un incentivo para que los municipios insistan en cobrar los montos adeudados, aunque de todos modos deben exigir el pago a la hora de emitir los permisos de circulación. A no ser que, como en La Florida, se vulnere el sistema que debiera estar diseñado para forzar a los automovilistas a cancelar las multas impagas.