El oscuro negocio de prótesis dentales de Patricio Cordero y Juan Díaz en Concepción

–¿A Juan Díaz, lo has visto?

–De Juan Díaz no he sabido nada. Por un amigo en común supe que andaba vendiéndole unos terrenos a los Chadwick y un tema de Freirina, pero no me ha llamado hace dos meses, más o menos.

Quien preguntaba por Juan Díaz en ese intercambio de correos electrónicos el 11 de enero de 2013, era Patricio Cordero Barrera (UDI), ex administrador municipal de Joaquín Lavín en Las Condes y Santiago. Su búsqueda nada tenía que ver con sus labores como gerente general de Banigualdad, la entidad de microcréditos creada en la campaña presidencial de Lavín en 1999. Cordero, hoy formalizado como autor de delitos tributarios por sus negocios con CAVAL, la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, estaba preocupado por la marcha de una empresa de prótesis dentales en Concepción que había iniciado hacía casi un año con Juan Díaz como socio.

La respuesta que le dio Rodrigo Jerez Muñoz, el administrador de esa sociedad en la Octava Región, a Patricio Cordero, era cierta. Porque además del negocio en Concepción, el gestor inmobiliario y ex operador de la UDI, Juan Díaz Sepúlveda, trabajaba en ese preciso momento para el síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín gestionando el cambio de uso de suelo y buscando compradores para los terrenos de Machalí que finalmente adquirió CAVAL.

Juan Díaz Sepúlveda

En febrero de 2012 se creó la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos, empresa que comenzó a operar con el nombre de fantasía Family Health Center en calle Camilo Henríquez N° 1820, en Concepción. En el mismo edificio donde hasta marzo de ese año 2012 estuvieron alojadas las carreras médicas de la Universidad San Sebastián (USS). En ese plantel de educación superior, el hermano de Patricio Cordero, Luis Cordero Barrera (uno de los fundadores de la UDI), ha cumplido un rol clave como socio controlador y ahora como presidente de la junta directiva (ver reportajes de CIPER).

Desocupadas las instalaciones y como al contrato de arriendo que mantenía la USS por el inmueble de Camilo Henríquez le quedaban varios años para caducar, Patricio Cordero y Juan Díaz decidieron impulsar allí un negocio de servicios odontológicos. Como el negocio dependía de asegurar un flujo continuo de pacientes, las miradas se dirigieron al Servicio de Salud Concepción (SSC), dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, donde Cordero y Díaz tenían línea política directa.

Y allí aparecen dos nombres clave: el del director del SSC, el médico cirujano Jorge Madariaga Burrows y el del ex subdirector de Recursos Físicos y Financieros del servicio (y brazo derecho de Madariaga), el ingeniero civil George Sepúlveda Yáñez.

Cuando Patricio Cordero, gerente general de la clínica odontológica, le preguntó a Rodrigo Jerez por Juan Díaz esa mañana de enero de 2013, Family Health Center ya se había adjudicado dos licitaciones con el SSC. La primera en septiembre y la segunda en diciembre de 2012.

CIPER accedió a una serie de emails que dan cuenta que la primera licitación fue confeccionada como un traje a medida para que se la adjudicara Family Health Center. En un correo electrónico fechado el 21 de julio de 2012, el entonces subdirector de Recursos Físicos y Financieros del SSC, George Sepúlveda, le sugiere a Rodrigo Jerez que en su propuesta “lo ideal es colocar el RRHH (encargado de Recursos Humanos) de las Universidades”. También le informa que el servicio “sí podía pagarles en cuotas anticipadamente”, lo que aliviaría los problemas de caja de la sociedad. Lo grave es que Sepúlveda se refería a una licitación del SSC por $35 millones que aún no era publicada y que finalmente ganó la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos meses más tarde.

BUSCANDO A JUAN DÍAZ

En enero de 2013, Cordero y Jerez le habían perdido la pista a Juan Díaz. Su ausencia era extraña, pues Díaz había adquirido la costumbre de ir al menos una vez al mes a Concepción a controlar el negocio. En esas visitas, según dijeron a CIPER algunos de los funcionarios de la clínica, Díaz se jactaba de que debía reunirse con sus contactos en el SSC y con personas con las que tenía negocios en Concepción y otras ciudades del sur.

Pero en esos minutos a Patricio Cordero le preocupaba la ausencia de Juan Díaz. El negocio odontológico no marchaba según lo planificado. Cuando el ex administrador municipal le escribió a Jerez para saber por el paradero del “Gatito” –como se le conoce en círculos íntimos a Juan Díaz–, también le consultó al administrador de la clínica si habría nuevas licitaciones del servicio de salud. “¿Qué dice George?”, preguntó Patricio Cordero.

Efectivamente en esos días “El Gatito” tenía puestas todas sus energías en lograr el cambio del plan regulador en la Municipalidad de Machalí y en encontrar un comprador para los terrenos de la familia Wiesner que vendía el síndico Herman Chadwick. Cuando Cordero logró ubicar a su socio Juan Díaz, el ex administrador municipal y gerente general de Banigualdad le dio el nombre de un posible interesado en el negocio de Machalí: CAVAL.

George Sepúlveda

Patricio Cordero conocía desde hacía años a uno de los dueños de CAVAL, Mauricio Valero, y para entonces (primer semestre de 2013), ambos ya habían ejecutado negocios en conjunto. Un reportaje de CIPER de agosto de 2015 develó pagos de CAVAL a la sociedad familiar de Patricio Cordero, Inversiones Lo Beltrán, por al menos $135 millones entre 2012 y 2013 (ver reportaje).

Esas y otras facturas que involucran a Cordero y a los dueños de CAVAL están hoy bajo la lupa de la Fiscalía por posibles delitos tributarios. También se investiga el presunto pago de coimas al ex director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora (UDI), para que la empresa Saydex –que en 2012 contrató los servicios de CAVAL para comercializar sus software de gestión hospitalaria– se adjudicara millonarias licitaciones en al menos tres hospitales de la Región Metropolitana. El vehículo de los eventuales pagos efectuados por CAVAL a Mora, quien conocía a Cordero a través de la militancia de ambos en la UDI, habría sido Inversiones Lo Beltrán, la sociedad familiar del ex administrador municipal.

Las gestiones realizadas por Cordero y CAVAL en 2012 en el Servicio de Salud Metropolitano Central para beneficio de Saydex, corrieron casi paralelamente a las que el mismo Cordero y Juan Díaz comenzaban a hacer en el Servicio de Salud Concepción para asegurar licitaciones que favorecieran su nuevo emprendimiento: la clínica Family Health Center.

En 2012, la maquinaria de negocios de Díaz y de Cordero –quien fue definido por una colaboradora de CAVAL como un “banco de redes de contacto humano”– caminaba a toda velocidad.

LA COFRADÍA DE CORDERO

La Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos fue constituida el 3 de febrero de 2012 por Héctor Rodrigo Feeley Díaz y Juan Pablo Pozo Ruiz. Entre los propietarios no hay ningún dentista: Feeley es ingeniero civil industrial y Pozo era abogado (murió en marzo de 2015). CIPER revisó la escritura de constitución de esta sociedad y aparece un tercer nombre en el directorio: el contador José Guillermo Puga Rojas, cercano a Patricio Cordero. Puga ha trabajado con Cordero en Banigualdad, entidad de microcréditos liderada por el ex administrador municipal, como “encargado de contabilidad y remuneraciones”.

A Cordero, Feeley y Pozo los une un pasado común. Todos han desempeñado labores en distintas municipalidades de la Región Metropolitana controladas por la Alianza (hoy Chile Vamos), y todos han pasado en alguna oportunidad por el municipio de Santiago. Patricio Cordero fue administrador municipal de Joaquín Lavín en Las Condes (1992-1999) y en Santiago (2000-2004). En dictadura, Cordero se desempeñó como secretario municipal en la alcaldía de Macul, bajo el mandato de la alcaldesa designada Lelia Moya Aránguiz.

Héctor Feeley Díaz es desde hace siete años administrador de la Municipalidad de Lo Barnechea, liderada por el alcalde Felipe Guevara (RN). Antes de eso, sucedió a Cordero como administrador municipal de Santiago cuando Raúl Alcaíno, era el jefe edilicio (2004-2008). El abogado Juan Pablo Pozo Ruiz aparece en documentos oficiales como secretario municipal (s) de la Municipalidad de Quinta Normal (1990), bajo el mandato del alcalde designado Cristián Irarrázaval (RN). Años después, figura como director jurídico de la Municipalidad de Las Condes (2008), comuna dirigida desde el 2000 por Francisco de la Maza (UDI) y en 2012 como director de asesoría jurídica del municipio de Santiago, liderado por el ex alcalde Pablo Zalaquett (UDI).

Si bien Patricio Cordero no aparece en la escritura de constitución de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos, en distintos documentos oficiales se le cita como gerente general de la empresa. En esos mismos documentos aparece como dirección comercial de Family Health Center, Agustinas 1442, oficina 802, un departamento de 63 m2 en el centro de Santiago donde Pozo Ruiz realizaba sus labores particulares como abogado.

Centro de salud en Camilo Henríquez 1820

Creada la sociedad, la clínica se instaló en calle Camilo Henríquez N° 1820 (esquina Lientur), en un edificio que desocupó la Universidad San Sebastián (USS), luego de trasladar en marzo de 2012 las carreras de Medicina, Sicología, Odontología y Oftalmología a su sede principal: el campus Tres Pascualas, ubicado en Lientur 1457, Concepción.

Enterado del inminente traslado, Patricio Cordero, hermano de uno de los socios controladores de la USS, Luis Cordero, vio allí junto a su socio Juan Díaz, una oportunidad que se materializó con la firma de un convenio de capacitación entre la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos y la universidad, lo que además le permitiría a la USS contar con pacientes para sus estudiantes de Odontología, lo que nunca se puso en práctica. Como la universidad tenía un contrato de arriendo por varios años con el empresario penquista Mario Capponi Martínez, Family Health Center le subarrendó las instalaciones a la USS por $7 millones mensuales.

La apuesta de Cordero fue en grande. Junto con el arriendo del edificio, compraron 20 sillones de atención odontológica. El siguiente paso fue armar un equipo de trabajo. A la primera persona que se contactó fue al contador Rodrigo Alejandro Jerez Muñoz, quien hasta entonces dirigía la sede Concepción de la Universidad Bolivariana. El 1 de marzo de 2012, Jerez se convirtió en el administrador de Family Health Center.

Versiones recogidas por CIPER indican que la negociación con el nuevo administrador de la clínica dental la hizo Juan Díaz, y se produjo en los siguientes términos: Jerez ganaba un sueldo de $2 millones mensuales en la Universidad Bolivariana y Díaz le ofreció $5 millones. Pero con un truco de por medio: de esos $5 millones, Díaz se llevaría $2,5 millones. Los mismos testimonios señalan que a Jerez le pareció que un aumento de $500.000 respecto de su remuneración en la Universidad Bolivariana –descontando el “peaje” de Díaz– valía la pena. Fue Jerez quien, a su vez, se encargó de reclutar al equipo de odontólogos y de asistentes de la clínica.

Siendo nuevos en el mercado, debían asegurar un flujo de pacientes que permitiera hacer crecer el negocio rápidamente. Pero ese tema crítico ya estaba resuelto desde el inicio. Fue Juan Díaz quien llamó a un antiguo conocido: el médico cirujano Jorge Madariaga Burrows, entonces director del Servicio de Salud de Concepción (SSC). CIPER supo de al menos una reunión en la que participaron el doctor Madariaga, su jefe de Finanzas en el SSC, George Sepúlveda, y Juan Díaz, en la que éste último fue informado de cómo debía presentarse la sociedad que representaba en una próxima licitación.

LICITACIÓN CON VENTAJA

El 7 de septiembre de 2012, el Consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, dependiente del Servicio de Salud Concepción, abrió una licitación para cubrir cerca de 200 atenciones odontológicas. El objetivo era contratar servicios externos para reducir la lista de espera de esa especialidad en hombres y mujeres de escasos recursos.

El 17 mayo de 2011, el doctor Jorge Madariaga Burrows había asumido como director suplente del Servicio de Salud Concepción (en noviembre del mismo año asumiría como titular). Madariaga no llegó solo al SSC. Trajo consigo al ingeniero George Sepúlveda Yáñez, el que a los pocos meses sería nombrado oficialmente (por el propio Madariaga) subdirector de Recursos Físicos y Financieros.

George Sepúlveda jugó un rol clave en la adjudicación de la primera licitación que obtuvo  Family Health Center. Así lo demuestran distintos correos electrónicos a los que accedió CIPER. En uno de ellos, fechado en julio de 2012, un mes y medio antes de que se publicara la licitación del Consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, Jerez explica que en la licitación “colocarán que deben ser clínicas que estén ‘asociadas con universidades’ para hacerla más personal y que sólo nosotros podamos postular”.

Patricio Cordero (Fuente: Banigualdad)

Como Rodrigo Jerez estaba preocupado por el flujo de caja de la nueva empresa, tomando en cuenta los tiempos que se toma la administración pública en efectuar los pagos, el 21 de julio George Sepúlveda lo tranquilizó. En su correo dirigido a Jerez, le escribió: “Si todos los tratamientos cuestan 60 millones y son tres meses de resolución, se puede pagar en tres cuotas mensuales, o sea cada 30 días y el último pago es la recepción conforme final de todos los tratamientos. Este es un ejemplo que te estoy colocando, ya que en el contrato definimos las formas de pago”.

Cuando 47 días más tarde (7 de septiembre) se abrió la licitación, no se incluyó el requisito de demostrar vínculos con universidades. Para certificar competencias, se solicitó como condición que el cirujano dentista a cargo tuviera un año de experiencia y que el centro médico estuviera acreditado ante la Seremi de Salud (ver especificaciones técnicas).

La Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos fue la única empresa que hizo una oferta y en una semana logró cerrar su primer negocio con el aparato público por $35,6 millones. En las órdenes de compra de esta licitación, Patricio Cordero figura como gerente general de Family Health Center y como correo de contacto aparece su email de Banigualdad (ver documento).

La segunda licitación en que participó la empresa no fue tan exitosa como la primera. En octubre de 2012, la Municipalidad de San Pedro de La Paz adjudicó una licitación para proveer de prótesis removibles a pacientes de la comuna. Family Health Center solo obtuvo un pedazo de la torta: $2,5 millones por 44 prótesis. Otras dos empresas se llevaron los $4,9 millones restantes.

A partir de entonces, la suerte de Cordero y sus socios dio un giro y en eso mucho tuvieron que ver los cambios que a fines de 2012 experimentó el Servicio de Salud Concepción.

MESES CRÍTICOS

A comienzos de 2013 y a poco de cumplir un año de vida, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos funcionaba con problemas. Según se desprende de los correos a los que accedió CIPER, comenzaron a idearse distintas fórmulas para “salvar” el negocio.

En un correo electrónico enviado por Rodrigo Jerez a Patricio Cordero con fecha 11 de enero de 2013, el contador sugirió buscar alternativas más económicas de arriendo para la clínica, o bien negociar con la Universidad San Sebastián un nuevo acuerdo. Jerez estaba molesto con cómo se había manejado el convenio con la USS y se lo hizo saber a Cordero: “La USS no respetó ninguno de nuestros acuerdos del convenio”, le dijo. Y en vista de eso propuso que se le informara a la universidad que solo arrendarían un tercio del espacio del edificio de Camilo Henríquez, lo que les permitiría bajar el costo de $7 millones a $2,2 millones.

Frente a una eventual negativa de la USS, Jerez tenía un “plan b”. Ya había sondeado otros locales en el centro de Concepción, cuyos arriendos bordeaban los $2,5 millones. “En Concepción hay varios lugares en arriendo que nos pueden ser útiles, mejor ubicados, mejor presentados, más afluencia de público (…) te aseguro que la atención de pacientes particulares aumentará enormemente, por cercanía, por imagen, por comodidad”, le comunicó a Cordero.

El plan que propuso Jerez implicaba vender 14 de las 20 sillas odontológicas (a $750 mil cada una) y quedarse solo con seis. “De acuerdo al flujo, perfectamente se puede trabajar con seis sillones con una atención de 18 pacientes hora, 180 pacientes día. Más que suficientes”, agregó.

La réplica de Cordero no se hizo esperar. Pero más que ofrecerle respuestas, le lanzó una serie de preguntas: “¿Qué pasó con todas las universidades e institutos que nos arrendarían boxes? ¿Qué pasó con la Junji? ¿Tú no ves que vaya a haber otra licitación del servicio de salud? ¿Qué dice George?”.

Jerez respondió una a una las preguntas de Cordero. “Lo de las licitaciones, debe salir dentro de enero la de esterilización y las prótesis 421×2, con seguridad, y me lo han confirmado”. Y respecto de George Sepúlveda, le comunicó: “George nunca más se comunicó conmigo, pero hablo bastante con su jefa de finanzas. Está medio complicado con el nuevo director (NdR: Carlos Vera Bugueño)”.

Jorge Madariaga Burrows (Fuente: Twitter)

Jorge Madariaga Burrows, había sido desvinculado de la dirección del Servicio de Salud Concepción en noviembre de 2012. Tres meses antes, la Contraloría había publicado un informe señalando que durante 2011 el Servicio de Salud de Concepción se había excedido en $1.817 millones respecto del gasto autorizado para contratos a honorario a suma alzada. Madariaga, además, estaba siendo acusado por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fenats) –que pedía su renuncia– de prácticas antisindicales. La explicación que dieron entonces las autoridades de salud fue que la salida de Madariaga del SSC se había producido en el contexto de una reestructuración de los servicios de salud a nivel nacional.

Poco después, George Sepúlveda también dejó el Servicio de Salud Concepción. Su última remuneración en la entidad pública, de $4,5 millones, data de febrero de 2013.

Las suertes de Madariaga y Sepúlveda tomaron caminos distintos. Jorge Madariaga se presentó como candidato a diputado por la Región del Biobío en las elecciones de 2013 (Independiente, Pacto Alianza). Obtuvo el 3,6% de los votos. Tras el fracaso de su aventura parlamentaria fue recontratado el 21 de noviembre en el aparato estatal como médico en la unidad de urgencia del Hospital de San Carlos (Octava Región). Tal como informó El Mostrador, Madariaga fue parte de un grupo de 20 ex funcionarios públicos cercanos a la entonces Alianza por Chile que se presentó a las elecciones parlamentarias de 2013 y que, luego de sus fallidas candidaturas, fueron recontratados por el gobierno, capítulo bautizado como las “becas Piñera”.

Al igual que Madariaga, una vez fuera del servicio de salud, George Sepúlveda también hizo noticia. En 2015, según informó el Diario Concepción, Sepúlveda –quien comenzó a dedicarse a un negocio familiar de software creado en mayo de 2013 bajo el nombre “Abex Technology”– fue protagonista de una cuestionada licitación para proveer a la Municipalidad de Talcahuano de un nuevo sistema informático para la gestión del área de salud. La licitación por $144 millones la ganó Abex Technology. Pero había un detalle: uno de los integrantes de la comisión evaluadora de la licitación, el administrador municipal Héctor Silva Gormaz, había sido testigo de matrimonio de George Sepúlveda en enero de 2011.

Según consigna el Diario Concepción, la Contraloría Regional se pronunció al respecto señalando que aquello contravenía “el principio de probidad administrativa”, señalando que el funcionario debió “abstenerse de intervenir en dichos asuntos”. También cuestionó el hecho de que el municipio ya tuviera un sistema informático para el área de la salud que cumplía con los mismos requerimientos.

CLÍNICA THOMPSON

En el transcurso de 2013, Family Health Center sufrió profundos cambios. En enero llegó un nuevo administrador, el ingeniero Claudio Durán Alvial. El 7 de marzo de ese año, el sitio web de la Radio Biobío informó que el entonces ministro de Economía Pablo Longueira tenía en carpeta el nombre de Durán como nuevo seremi de Economía en la Octava Región, lo que no se concretó. Durán Alvial mantenía una relación de amistad con quien hasta entonces administraba Family Health Center, Rodrigo Jerez. Pero el 21 de enero, Durán ingresó al edificio de Camilo Henríquez y Jerez fue despedido.

La reestructuración se oficializó el 19 de abril de 2013, en una junta de accionistas de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos. En ella se acordó renovar completamente el directorio de la sociedad, a la que ingresaron Claudio Durán Alvial, la matrona Ana María Caballero Deramond (esposa de Durán), y el abogado Marco Antonio Figueroa Poblete. Feeley y Pozo vendieron su parte y se retiraron del negocio.

Según las versiones recogidas por CIPER, Cordero también dejó la gerencia general, aunque su nombre siguió apareciendo en documentos oficiales como el contacto de la sociedad ahora controlada por Durán.

Abril de 2013, mes en que Family Health Center sufrió la reestructuración, fue un mes clave para el ex administrador municipal Patricio Cordero. Fue entonces (3 de abril) cuando CAVAL, impulsada por el propio Cordero, le manifestó por primera vez al síndico Herman Chadwick Larraín su intención de adquirir los tres terrenos en Machalí y le hizo una oferta de 0,54 UF por metro cuadrado. El interés de Cordero se volcó a este negocio. Pocos meses después Cordero le haría un recordatorio a Valero sobre el negocio de Machalí: “no me olvides, que yo también tengo velitas en ese entierro”, le comunicó por email (ver reportaje de CIPER).

Tras hacerse de la propiedad de Family Health Center, Durán le cambió el nombre. En julio de 2013 el nuevo centro odontológico, ahora Clínica Thompson, dejó Camilo Henríquez N° 1820 y se trasladó a un lugar más céntrico de Concepción (a pocas cuadras de la Plaza de la Independencia), en calle Angol N° 540. El edificio de Camilo Henríquez donde funcionó la sociedad odontológica de Cordero, Díaz y sus socios fue ocupado tiempo después por el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Santa Sabina, institución pública que se lo arrienda hasta hoy a su dueño, el empresario Mario Capponi.

Pocas semanas antes, el 21 de junio, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos se había ganado una nueva licitación de “altas dentales” por $18,5 millones del consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández, dependiente del Servicio de Salud Concepción. En las dos órdenes de compra emitidas por el consultorio médico con fecha 11 de septiembre y 6 de noviembre de 2013, se consigna la nueva dirección de la empresa en calle Angol. En la orden de compra de septiembre, sigue apareciendo como destinatario Patricio Cordero Barrera y como contacto su dirección de email de Banigualdad (ver documento).

Un mes más tarde, el 23 de julio, la sociedad volvió a adjudicarse una licitación del mismo consultorio por $24 millones. Aquí también aparece Cordero como destinatario de una de las órdenes de compra enviadas por el consultorio con fecha 6 de noviembre de 2013 (ver documento).

La ascendente carrera de la clínica ahora manejada por Durán se frenó el 26 de noviembre de 2013. Una resolución exenta del Servicio de Salud Concepción puso término anticipado a la licitación del consultorio Dr. Víctor Manuel Fernández que Clínica Thompson se había adjudicado en junio. Según el documento, la clínica “no cumplió con las prestaciones solicitadas”, lo que se explicaba por la “falta de condiciones tanto en infraestructura como en personal” (ver documento).

El 31 de diciembre, según consta en documentos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío, la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos (RUT N° 76.198.942-1) dejó de existir como tal. Pero Durán no se salió de negocio. Creó una nueva sociedad, que mantuvo el nombre de la sociedad odontológica que compró a Feeley y Pozo, con un nuevo RUT (N° 76.303.662-6), constituida como entidad de responsabilidad limitada.

DEMANDAS LABORALES

Capítulo aparte merece la avalancha de demandas laborales que tuvo que afrontar Family Health Center –bajo la administración de Patricio Cordero y también de Claudio Durán– de parte de varios de sus trabajadores.

Un día antes de que Family Health Center se adjudicara su primera licitación (septiembre de 2012), Érika Aguirre Peña, quien había trabajado con Rodrigo Jerez en la Universidad Bolivariana y luego como jefa de Operaciones y Administración en la nueva clínica dental, los demandó por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

El texto de la demanda explica que Aguirre había llegado a la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos en abril de 2012, llevada por Jerez para “organizar y poner en funcionamiento dicho centro”. Su tarea sería implementar e instalar equipos de informática, coordinar instalaciones y certificaciones, preparar la documentación necesaria para la autorización de funcionamiento de la Seremi, todo en la oficina instalada en Av. Camilo Henríquez N° 1820.

Érika Aguirre duró tres meses en el cargo. Según su versión, en todo ese tiempo nunca firmó contrato y no le pagaron las imposiciones de salud, previsionales, su seguro de cesantía, las horas extraordinarias, ni los gastos por bencina y teléfono que le habían prometido. La empresa, aún en manos de Cordero y sus socios, fue condenada a pagarle a Aguirre $600 mil de indemnización, más feriados y cotizaciones de salud, previsional y seguro de cesantía.

Ya con Claudio Durán a la cabeza del negocio, el 4 de febrero de 2013 Clínica Thompson (ex Family Health Center), fue demandada por Rodrigo Jerez por “despido injustificado” y por prestaciones laborales que no fueron pagadas. Según su versión, la empresa le debía $7,9 millones luego de que lo despidieran sin aviso.

Durán contraatacó. En su respuesta, acusó a Jerez de haber tomado sin autorización $32,6 millones de la cuenta corriente de la Clínica Thompson. Jerez sintió el golpe. El 15 de marzo de 2013 les escribió a Patricio Cordero, Héctor Feeley, Juan Pozo y José Puga pidiéndoles ayuda:

“Como mi honradez y transparencia han sido los valores mejor cuidados en mi carrera profesional, acudo a vuestra ayuda, considerando que en la respuesta que entregó Claudio Durán al Tribunal fue que me había robado $32 millones de la empresa y que esa era la razón por la que me habían despedido y (eso) se paga obviamente con cárcel si no justifico todos sus dichos. (…) No sé hasta dónde llega la dignidad, pero lo que hizo Claudio Durán realmente no tiene nombre”.

Un mes después, Jerez y Durán llegaron a acuerdo. El primero recibió $7 millones de compensación divididos en pagos de $1 millón mensual, a cambio de retirar la demanda.

Una nueva demanda se sumó el 21 de noviembre de 2013. Esta vez se trató de seis ex funcionarios de la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos que en vista de los incumplimientos de la empresa, habían decidido auto despedirse. Todos reclamaban sueldos y pagos de imposiciones pendientes. El 20 de marzo de 2014, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción condenó a la Sociedad de Servicios Médicos y Odontológicos a pagar a los demandantes $7,6 millones en total, además de las imposiciones atrasadas de cada uno de los trabajadores.

La sentencia, marcó el último capítulo judicial que involucró al fugaz emprendimiento odontológico en Concepción de Patricio Cordero y Juan Díaz, hoy también formalizado por soborno en el negocio inmobiliario que hizo junto a los dueños de CAVAL en Machalí.