Los secretos de la “lista de Carrasco”: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI

Ver también: La lista de Roberto Carrasco, el otro «garganta profunda» de las platas negras de la política

El testimonio de Roberto Carrasco fue contundente. El 4 de noviembre de 2015 el ingeniero comercial detalló los movimientos tributarios tramposos que protagonizó para recaudar dinero con el objeto de financiar la campaña presidencial de su amigo personal, Laurence Golborne. Según su relato, fue el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera quien hizo el contacto con diez empresas y su rol se limitó a emitir decenas de facturas falsas para recolectar la plata.

Esa declaración de noviembre resultó explosiva ya que incorporó a la indagatoria a empresas que no habían sido mencionadas entre las que utilizaron métodos ilegales para financiar la política. El listado de Carrasco fue el siguiente: Banco BCI, Ripley, Watts, CAP, Inversiones Caburga, Inversiones Santa Virginia, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado. En el listado se incluyeron sociedades de inversión controladas por algunos de los grupos económicos más ricos del país, como el Grupo Said y el Grupo Hurtado Vicuña.

La revelación realizada por Roberto Carrasco, y las posteriores diligencias encargadas por el Ministerio Público, desafiaron el presagio murmurado por dirigentes políticos que aseguraba que no se investigarían más empresas luego de la crisis política generada por el financiamiento ilegal de Penta, Soquimich y Corpesca. Las rectificaciones presentadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por varias de las compañías incluidas en la lista de Carrasco, abrieron nuevas aristas en la investigación penal y volvieron a salpicar al sistema político. A esto se suma lo publicado el miércoles 10 de febrero por El Mercurio que indica que la Fiscalía Oriente pedirá al SII la totalidad de las rectificaciones hechas por las empresas que aparecen mencionadas en las 60 carpetas que acumula la indagatoria al Grupo Penta. Y ese es precisamente el expediente donde se ubica el testimonio de Roberto Carrasco.

Presidenta Michelle Bachelet

Todas las empresas mencionadas por Carrasco en su declaración ante la Fiscalía realizaron depósitos, a cambio de facturas falsas, a la empresa Asesorías VSA, la que se dedica a la asesoría tributaria y que es propiedad del ingeniero comercial. Pero la investigación que gatilló la declaración de Carrasco, reveló que no era solo Laurence Golborne el beneficiado con esos aportes.

El detalle de la rectificación realizada por el Banco BCI volvió a instalar la duda sobre dirigentes de la UDI como Pablo Longueira, Ena von Baer, Pablo Zalaquett, María José Hoffmann y Javier Macaya. Fue el propio presidente del banco, Luis Enrique Yarur, quien declaró ante la Fiscalía que estos pagos se realizaron para apuntalar a candidatos que defenderían el libre mercado.

En el caso de Ripley los aportes aparecen más transversales. Destaca un pago rectificado a Asesorías Credo, empresa controlada por Diego Perry, uno de los publicistas que diseñaron y ejecutaron la campaña presidencial de Michelle Bachelet. El Mercurio reveló correos electrónicos internos de la multitienda donde se menciona al recaudador Giorgio Martelli como el gestor de estos aportes, los que totalizaron $50 millones. La rectificación de Ripley también incluyó aportes a empresas relacionadas con la fallida campaña presidencial de Andrés Velasco –líder de Ciudadanos, movimiento que apuesta a representar el centro liberal-, y otro pago a una sociedad vinculada a Pablo Zalaquett.

Las dos sociedades del Grupo Said mencionadas por Carrasco (Inversiones Caburga e Inversiones Santa Virginia, continuadora de Newport) también registran extensas rectificaciones, las que fueron reveladas por CIPER (Ver reportaje CIPER «Pagos irregulares del Grupo Said: a Piñera y Frei se suman Enrique Correa y ministro del TC«) en diciembre y que incluye a sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera, a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz Tagle (en 2009), además del lobista Enrique Correa y el ministro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier (ex UDI), quien fue candidato a senador en 2009. En este reportaje se da cuenta de una nueva rectificación ingresada a Impuestos Internos por los Said Handal a través de sus sociedades Santa Virginia y Wilsim Corporation, quienes sumaron pagos por $389 millones a los $95 millones que ya habían rectificado en una primera instancia.

Lo que obstaculiza el avance de esta indagatoria es que no toda la información contable de las empresas incluidas en el listado de Roberto Carrasco está en manos de la Fiscalía. Esto porque, tal como informó CIPER (Ver reportaje CIPER «La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política«) el SII informó a los fiscales el 7 de diciembre pasado que ni Watts ni CAP ni GT Advisors han presentado rectificaciones, mientras que no se han realizado auditorías ni se cuenta con la información respecto de las dos sociedades del Grupo Hurtado Vicuña involucradas: Inversiones Longovilo e Inversiones Paso Nevado-.

La situación judicial y tributaria de estas empresas podría complicarse, ya que existiendo evidencias en la indagatoria del Ministerio Público de pagos a políticos por fuera de la vía legal, y no habiendo rectificaciones ante el SII, estas compañías podrían estar adeudando impuestos más los intereses y multas correspondientes, los que sí fueron cancelados por otras empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

DEFENDER EL NEOLIBERALISMO

El 13 de enero pasado el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, declaró como imputado frente a los fiscales para aclarar los aportes realizados a diversos dirigentes políticos por esa institución financiera. Yarur justificó los pagos irregulares a sociedades relacionadas con Laurence Golborne indicando que el ex ministro de Sebastián Piñera le “pareció una buena carta política para defender el libre mercado”.

Laurence Golborne

En total, el BCI aportó con $112,8 millones a la campaña de Golborne. Lo hizo mediante dos giros a la sociedad Asesorías VSA, de Roberto Carrasco, y otros seis a Vox Comunicación Estratégica, la misma empresa usada por Golborne para obtener apoyo económico desde Penta, grupo que le aportó $120 millones a través de seis pagos de $20 millones entre enero y junio de 2013. Por esas transacciones Impuestos Internos se querelló en contra de Laurence Golborne en octubre pasado, aunque esa acción legal no consideró los nuevos antecedentes surgidos en la indagatoria de la Fiscalía y que ligan a Golborne con pagos irregulares desde otras diez empresas.

Luis Enrique Yarur reconoció ante la Fiscalía que los aportes realizados a Golborne no tuvieron respaldo contable, ya que ningún trabajo que sirviera a la empresa para producir su renta fue aportado por el ex candidato de la UDI: “Hay dos casos en que sí puedo vincular el aporte político, que es el caso de dos sociedades, Vox Comunicaciones y VSA. Ambas las vinculo a peticiones que me realizó para la campaña presidencial don Laurenece Golborne, quien me solicitó y facilitó estas facturas”.

Yarur afirmó también que fue el entonces candidato Golborne quien lo visitó “en un par de ocasiones” para solicitarle recursos, ofreciéndole la intermediación de VSA y Vox. “No hay servicios que se hayan prestado por esas empresas, los servicios no existen y como dije fueron aportes para la campaña de Laurence Golborne”, resaltó el presidente del Banco BCI.

El banco de los Yarur presentó dos rectificaciones tributarias ante el SII. La primera, el 22 de junio de 2015, por pagos que totalizaron $237 millones y que incluyeron los años tributarios de 2010 a 2015; y una segunda, que ingresó al SII el 25 de junio. Esa segunda rectificación fue por $21,7 millones e incluyó pagos irregulares del año tributario 2009. En total, el banco reconoció haber transferido $259,5 millones a figuras jurídicas y personas naturales que no prestaron ningún servicio a la casa financiera.

La mayoría de los beneficiados con los traspasos de dinero del BCI están relacionados con la UDI. Destaca el ex alcalde y ex candidato a senador por Santiago Poniente, Pablo Zalaquett, con un sueldo de $700 mil que el banco le pagó, al menos entre enero de 2008 y diciembre de 2013. Esos dineros, $47,6 millones en total, fueron transferidos a las cuentas de dos sociedades utilizadas por Zalaquett en su campaña: Asesorías e Inversiones La Manada (la misma que aparece vinculada a rectificaciones realizadas por SQM y Copec) e Inversiones y Asesorías ZB. Aunque según Yarur en este caso los pagos corresponden a asesorías personales, de todos modos los rectificó ante el SII junto al resto de los aportes políticos.

Javier Macaya

Los pagos rectificados por el BCI también complican al diputado Javier Macaya (UDI), quien ha sido socio del estudio Ossa, Long & Macaya Abogados, el que el 15 de mayo de 2013 recibió $5 millones desde el BCI. Macaya no ha tenido un rol protagónico en el financiamiento irregular de la política a pesar de que ya acumula varios pagos cuestionados por empresas: SQM rectificó otros $5 millones girados a su cónyuge, Constanza Farías, en octubre de 2012, mientras que Inversiones Caburga, de la familia Said Somavía, rectificó otros $11 millones pagados en 2013 también a la esposa del diputado.

Sobre el pago del BCI al estudio de abogados Ossa, Long & Macaya, el diputado aseguró a CIPER que abandonó ese staff en 2010, por lo que no estaría involucrado en el pago recibido tres años después. Sin embargo, en la página web del estudio, Macaya aparece como socio y su apellido aún figura en el nombre de la firma. Sobre este punto, el legislador afirmó que se trata de un error y que solicitará a sus ex socios que modifiquen esa información. En el mismo staff figura como socio Felipe Alessandri, concejal UDI de la comuna de Santiago.

Según el Ministerio Público, Javier Macaya formaba parte de la estructura montada por Jovino Novoa para financiar campañas electorales de la UDI. Durante la formalización de Novoa, el fiscal Emiliano Arias leyó una serie de correos entre Novoa, Macaya y Carlos Eugenio Lavín, uno de los dueños del Grupo Penta. “Estimado Carlos Eugenio, de acuerdo a lo conversado con Jovino le hice llegar una lista más depurada que es la que viene más abajo priorizando lo que hablamos. Un abrazo y de verdad muchas gracias», le escribió Macaya al empresario en 2012, en un correo electrónico que incluyó un listado de candidatos a concejales y alcaldes de la UDI por la Región del Maule. Cabe recordar que Macaya es diputado por un distrito de esa misma región.

Quien también figura con un pago rectificado del BCI es Ximena Carbacho, esposa del administrador electoral de la campaña senatorial de Ena von Baer, Jorge Bussenius. $11 millones le pagó el BCI el 16 de abril de 2013, cuando recién partía la campaña parlamentaria de ese año. Bussenius aparece con un pago rectificado en la arista SQM, donde su sociedad Asesorías IMBC recibió $35 millones desde SQM Salar también en 2013.

Otros pagos ligados a la UDI incluidos en la rectificación del BCI son: $8,8 millones para Ana Carolina Palacios, cuñada de Carmen Luz Valdivielso, la asesora de mayor confianza de Pablo Longueira y quien aparece señalada por varios testigos como la persona que recaudaba aportes para el ex presidente de la UDI; $5,5 millones para Gustavo Alessandri, ex concejal del partido; $5,5 millones para Carmen Soza del Río, ex asesora de la Fundación Jaime Guzmán y del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera; $12,5 millones para el Centro de Investigaciones Sociales, controlado por la familia del analista Gonzalo Müller, esposo de la diputada María José Hoffmann; $5,5 millones al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (quien renunció a la UDI hace pocos meses) el 16 de febrero de 2010; y $15 millones el 29 de abril de 2014 para Marne SpA, sociedad en la que participa el diputado de Evópoli, Felipe Kast, aunque este negó a La Tercera que se trate de pagos políticos (revise la rectificación completa del Banco BCI).

Luis Enrique Yarur

En su declaración judicial, el presidente del BCI separa en tres grupos los pagos rectificados. Primero identifica aportes que fueron a campañas de la UDI, en que no sabe quién solicitó el dinero, correspondiente a las boletas emitidas por Ximena Carbacho, Ana Palacios, Carmen Soza, Juan Masferrer, Jorge Brito, Gustavo Alessandri, Rodolfo Carter y al estudio jurídico Ossa, Long & Macaya. En un segundo grupo incluye los pagos para financiar la campaña de Golborne, a través de VSA y Vox, mientras que en una tercera categoría identifica empresas que, según dice, sí prestaron servicios al banco: Centro de Investigaciones Sociales, René Hormazábal y Marne SpA. Según el testimonio de Yarur, el criterio del BCI para rectificar pagos fue identificar a todas las sociedades o personas naturales que aparecieran vinculadas a financiamiento irregular de la política en la investigación del Ministerio Público o en los reportajes relativos al tema aparecidos en la prensa.

La declaración que el presidente del Banco BCI, Luis Enrique Yarur, entregó a la Fiscalía el 13 de enero, deja claro por qué solo aparecen dirigentes políticos de derecha en los aportes a campañas de esa institución financiera: “Yo tengo afinidad por un partido político que es la UDI y por lo tanto presumo que todos estos aportes son para personas de dicha agrupación”. Y agregó: “En todos estos casos son aportes políticos y las boletas o facturas tienen mi visto bueno, que es mi media firma. Sé que son aportes políticos, porque se compararon a estas personas con la lista de proveedores y estas personas no le prestaron ningún servicio al banco”.

RIPLEY Y LA NUEVA VENTANA A LA CAMPAÑA DE BACHELET

La rectificación ingresada por la multitienda Ripley, a través de dos de sus sociedades controladoras, Ripley Corp y Comercial Eccsa, fue más acotada que la del Banco BCI. Se rectificaron pagos entre 2012 y 2014 por un total de $104 millones. Parte de ese monto son los $15 millones que Roberto Carrasco declaró haber facturado a la multitienda sin prestar ningún servicio y que fueron aportes para Laurence Golborne.

Entre noviembre de 2013 y enero de 2014 se giraron tres pagos a Asesorías VSA, una de las empresas de Carrasco que participó en la triangulación de dineros irregulares para el ex candidato de la UDI. Antes, en mayo de 2013, Ripley ya había girado otros $5 millones a Vox Comunicaciones, la sociedad fundada por Golborne y que también sirvió de puente para financiar su apuesta electoral. En total, $20 millones giró Ripley en beneficio del ex ministro de Minería y Obras Públicas del gobierno de Piñera.

Pero la rectificación de Ripley ante Impuestos Internos contenía otros aportes sorpresa. La multitienda controlada por la familia Calderón rectificó también $50 millones pagados a Asesorías Credo, una sociedad que se vincula directamente con el comando presidencial que llevó de vuelta a Michelle Bachelet a La Moneda.

El documento oficial ingresado por la empresa al Departamento de Delitos Tributarios del SII el 27 de abril de 2015, detalla que los pagos se realizaron el 12 de diciembre de 2013 por $27,7 millones –tres días antes de la segunda vuelta que le otorgó a Bachelet más del 62% de los votos-,  y el 13 de enero de 2014 por $22,2 millones, un mes después de los comicios le dieron el triunfo a la actual Presidenta.

Asesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

Diego Perry es hijo de Ximena Aldana, esposa de Juan Carvajal, el ex hombre fuerte de la Secretaría General de Comunicaciones de La Moneda durante el primer gobierno de Bachelet. Hoy es uno de los ejecutivos de Imaginacción, la empresa consultora y de lobby liderada por Enrique Correa. Por su parte, Aldana fue por 16 años secretaria del ex ministro Sergio Bitar, asesora de Andrés Velasco cuando este era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet y ha integrado la comisión política del PPD.

El Mercurio reveló un correo electrónico fechado el 9 de diciembre de 2013, entre el gerente de Finanzas Corporativas de Ripley Corp, Miguel Nuñez, y el gerente general corporativo, Lázaro Calderón, donde acuerdan pagarle a Asesorías Credo un informe de coyuntura política, económica y legislativa. El asunto de ese correo es “orden de compra a Giorgio Martelli”. Como ha quedado acreditado en la indagatoria del Ministerio Público, Martelli es uno de los principales recaudadores de dineros para las campañas de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (2009) y Michelle Bachelet (2013), y está imputado por participar en la triangulación de dineros de SQM para financiar la campaña de Bachelet.

Giorgio Martelli ya fue interrogado por los fiscales sobre de los pagos irregulares que llegaron a la campaña de la Presidenta desde empresas del Grupo Angelini, pero no así sobre los pagos que otras empresas aportaron a esa misma campaña a través de las sociedades de uno de sus publicistas.

La rectificación ingresada por Ripley al SII se completa con $24 millones pagados a Ernesto Evans, ex yerno del senador Andrés Zaldivar (DC); $4,5 millones a Comunicaciones Paréntesis, sociedad constituida en 2003 por miembros del círculo político de Andrés Velasco, como Juan José Santa Cruz, Mariana Aylwin, Walter Oliva y el mismo Ernesto Evans. El Mercurio reveló un correo electrónico en que el actual gerente general de ENAP, Marcelo Tokman (quien integró el comando presidencial de Andrés Velasco), pregunta a uno de los gerentes de Ripley por los pagos a Comunicaciones Paréntesis. Finalmente, aparecen rectificados $3 millones pagados por Ripley a Reactor SpA, ya mencionada como vehículo del financiamiento irregular de la fracasada campaña senatorial de Pablo Zalaquett (UDI) (Revise aquí el listado completo de la rectificación de Ripley).

COMPAÑEROS DE DIRECTORIO

Daniel Mas Valdés

El detalle de la rectificación que hizo Inmobiliaria Ecomac Santiago ante Impuestos Internos provocó que funcionarios de la entidad fiscalizadora revisaran una donación de $50 millones a la Fundación María Educa, la que después fue aprobada por el SII. No ocurrió lo mismo con la duplicidad de ingresos que declaró esa empresa por ventas de inmuebles. Lo extraño es que en la información enviada por el SII al Ministerio Público no hay indicios de los pagos efectuados a VSA y que finalmente fueron a la campaña de Laurence Golborne. Según declaró Roberto Carrasco, la inmobiliaria donó $25 millones a través de dos facturas falsas pagadas el 9 de septiembre y el 4 de noviembre de 2013.

La Inmobiliaria Ecomac es controlada por Daniel Mas Valdés (actual presidente de Inversiones Norte Sur, firma que controla junto a Aníbal Correa), empresario oriundo de la Región de Coquimbo, desde donde Ecomac creció como inmobiliaria de la mano de su padre, Daniel Mas Rocha. La empresa tiene proyectos millonarios en el norte del país, aunque en 2014 Mas Valdés declaró a El Mercurio que, debido al clima generado por las reformas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet, habían postergado proyectos por una suma cercana a los US$100 millones.

Laurence Golborne no era un desconocido para Daniel Mas Valdés, ya que ambos fueron miembros del directorio de Concreces Leasing S.A., empresa de la familia Mas. Así quedó registrado en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde se establece que en 2009 Golborne se integró como director a la compañía presidida entonces por Daniel Mas Rocha y en cuyo directorio participaba su hijo, Daniel Mas Valdés. El ex candidato presidencial abandonó esa gestión el 10 de marzo de 2010, cuando ingresó al gabinete de Sebastián Piñera.

MÁS PLATA DE LOS SAID

En diciembre CIPER reveló las rectificaciones de impuestos ingresadas al SII por dos sociedades del Grupo Said: Inversiones Caburga (de los Said Somavía) y Newport (de los Said Handal). En total, sumaron casi $750 millones. No era lo único: porque en 2015 la rama familiar Said Handal había ingresado una nueva rectificación, esta vez correspondiente a pagos de otras dos sociedades bajo su control: Inversiones Santa Virginia (continuadora legal de Newport desde 2012) y Wilsim Corporation. En total, ambas rectificaron pagos por $389 millones, lo que eleva el total rectificado por los Said a más de mil millones entre 2009 y 2014.

A través de dos documentos ingresados el 15 de mayo y el 30 de junio de 2015 en Impuestos Internos, Santa Virginia reconoció nuevos pagos sin respaldo contable. Los nombres tras esos pagos rectificados llaman la atención: una de las personas que aparece en ese listado recibiendo la mayor cantidad de dinero es Francisco Said de Maria, hermano del patriarca del grupo, Juan Said de Maria, y tío de los seis hermanos Said Handal (Jaime, Sara, Ana, Javier, Gonzalo y Virginia) que hoy están a cargo de los negocios familiares. Francisco Said recibió $145 millones que no tendrían respaldo, según la rectificación hecha por Santa Virginia.

En su última declaración ante el SII, los Said Handal incluyeron los $20 millones que aportaron a la candidatura de Golborne el 31 de marzo de 2013, a través de Siglo Outsourcing, empresa de Roberto Carrasco y controladora de VSA. En esa declaración llaman también la atención otros pagos rectificados, cuyo receptor no se identifica y que se inscriben como “fondos por rendir”: $30 millones, el 12 de octubre de 2012; $10 millones, el 30 de enero de 2013; $20 millones, en abril de 2013; $30 millones, en mayo de 2013; $10 millones, el 27 de junio de 2013 y $17 millones, en diciembre de 2014 (ver detalle de las nuevas rectificaciones de Santa Virginia y Wilsim Corporation).

Santa Virginia es un fondo de inversión formado por los Said Handal en 1992, en cuya propiedad participan Wilsim Corporation (constituida en el paraíso fiscal de Panamá, antes representada por José Domingo Eluchans y actualmente por Felipe Larraín Tejeda, de Claro & Asociados) y Compañía de Leasing y Arriendo, formada por el matrimonio Said Handal.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con algún representante de esta rama familiar del Grupo Said, pero no fue posible. El Grupo Said participa en el Banco BBVA y Embotelladora Andina, además de estar presentes en el control de Parque Arauco, tener representación accionaria en Envases del Pacífico, en la Viña Principal y en el negocio eléctrico a través de Coyanco.

Nota de la Redacción: Este artículo fue actualizado el jueves 11 de febrero a las 17:20 horas.