Ex jefe de unidad clave en el Mineduc enfrenta sumario por pagos sospechosos en Cerro Navia

Hasta diciembre, Guillermo Vergara Orellana tenía a su cargo el destino de US$ 360 millones de dólares del Ministerio de Educación (Mineduc), pero hoy está sumariado y denunciado ante el Ministerio Público por las sospechas de que se apropió de dineros fiscales e incluso de Naciones Unidas, cuyos indicios se destaparon en la comuna de Cerro Navia. La investigación –que recién comienza- enfrenta a Vergara con ex colaboradores en una guerrilla donde mutuamente se acusan de falsos testimonios.

Vergara era jefe de la Unidad de Apoyo Municipal (UNAM), que debe gestionar los $259 mil millones que el Congreso aprobó para 2016 con el propósito de financiar el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Este dinero busca fortalecer la gestión municipal y pavimentar el camino hacia la desmunicipalización, de modo que el Ministerio de Educación asuma el control de las escuelas con las cuentas saneadas. Sin embargo, en diciembre hubo cambio de planes: se inició un sumario y Vergara dejó el cargo sin esperar siquiera el resultado de la indagatoria.

El origen de la trama está en Cerro Navia, una comuna con su corporación educacional prácticamente en la bancarrota y donde Vergara actuó en nombre del Ministerio de Educación para intentar poner orden en las cuentas y hacer viable la educación pública. El ex jefe UNAM –que alega total inocencia– terminó acusado de hacer recortes en obras que se pagaron con fondos del FAEP, pero en el camino se le han ido imputando otras irregularidades que plantean la duda de si se está frente a la punta del iceberg de ilícitos mayores.

Foto: U. de Chile

Vivien Villagrán, jefa de la División de Planificación y Presupuesto del Mineduc y ex jefa de Vergara, dice que apenas se conoció la denuncia se inició un sumario y se entregaron todos los antecedentes al Ministerio Público, que deberá investigar si existen delitos. Además, se iniciará una autoría al manejo del FAEP, pero aún no está claro si lo hará la Contraloría o se encargará a un ente externo. “La preocupación nuestra es que esto sea lo más transparente, claro y probo posible. Cualquier cosa que afecte esa visión, nubla lo más importante que estamos haciendo. Nos da lo mismo que sean 100 pesos o muchos millones, porque creemos que el efecto que produce desde el punto de vista de cómo se mira el proceso, complica una gestión que tiene el genuino interés en apoyar la desmunicipalización”, afirma Villagrán.

De profesión asistente social, quienes conocen a Vergara lo identifican como un experto en gestión pública. Militante PPD alejado del partido, ya había trabajado en el Mineduc durante la gestión de Sergio Bitar, así como también en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en tiempos de Francisco Vidal.

LA REMODELACION SOSPECHOSA

La gestión educacional ha sido uno de los puntos negros del gobierno municipal del alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), hoy formalizado en la investigación por las irregularidades en las licitaciones de la basura. A fines de 2013 y como presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia (Cormucena), Plaza decidió cerrar cuatro escuelas, desatando feroces protestas de los vecinos, que se tomaron los recintos e iniciaron acciones para forzar su reapertura. La Seremi metropolitana de Educación determinó que efectivamente el cierre no había cumplido la normativa y ante la nula voluntad de Plaza de hacerse cargo de las escuelas, decidió nombrar una administradora provisional.

El nombramiento recayó en Cecilia Brito Guerra, quien asumió en julio de 2014 con el encargo de viabilizar la reapertura de los colegios. Finalmente tres de éstos volvieron a funcionar, pero a fines de ese año se terminó el mandato de Brito y legalmente no podía ser renovado. El Mineduc debió entonces idear una fórmula para que continuara la gestión y, además, para enfrentar la severa crisis de la educación municipal en la comuna. Al día de hoy, reconoce Vivien Villagrán, el ministerio no sabe con certeza a cuánto asciende la deuda municipal, pero maneja un rango de entre $6 mil y $9 mil millones.

Foto: Linkedin.

La solución estuvo liderada por Guillermo Vergara, quien le pidió a uno de los funcionarios de la UNAM, Mauricio Verón, que asumiera, en acuerdo con la Cormucena, como coadministrador de los colegios. Así las cosas, Verón fue enviado por el Mineduc para administrar los colegios municipales, pero su calidad es de funcionario de la corporación de Cerro Navia, sin ningún lazo formal con el ministerio.

En vez de instalarse en la Cormucena, Verón decidió que remodelaría una parte de la Escuela Ciudad Santo Domingo de Guzmán, donde Brito y su equipo ya habían habilitado sus oficinas. Según dice, era para “desmarcarse de la corporación, que no contaba con la confianza de la comunidad”, aunque hasta ahora no ha ocupado las nuevas instalaciones.

Pero con las obras comenzaron los problemas. La remodelación fue encargadas a la empresa Roberto Juan Vera Paredes, representada por el contratista Ernesto González, quien hizo un presupuesto por $18 millones. La acusación que recae sobre Vergara y que es el eje central del sumario del Mineduc, es que en realidad las obras costaron $11 millones y que el ahora renunciado funcionario público habría pedido que González le pasara los $7 millones de diferencia.

Guillermo Vergara asegura que la acusación es falsa y que él ni siquiera propuso que se contratara a González, aunque admite que lo conocía con anterioridad, pues fue el subcontratista del arquitecto que le construyó una casa. Quién llevó a González, asegura, fue Luis Sotomayor, quien le construyó otra casa y a quien sí recomendó ante Cecilia Brito para que fuera su encargado de mantenimiento.

Sotomayor se convertiría en el hombre de confianza de Brito y coincide con ella en que se enteraron de las obras el día en que los maestros llegaron a trabajar a la escuela sin previo aviso. Dicen que Ernesto González venía enviado por Mauricio Verón y recomendado por Guillermo Vergara. Verón, a su vez, afirma que se recibieron tres cotizaciones y que la decisión técnica de contratar a González recayó en Sotomayor, un simple encargado de mantenimiento. El punto puede parecer menor, pero es clave para determinar si efectivamente González estaba coludido con Vergara.

Salas remodeladas del Colegio Ciudad Santo Domingo de Guzmán.

La situación era oscura y Brito se negó a pagar por las obras realizadas por González, pues ya le habían dicho que el presupuesto estaba inflado. Finalmente Verón tuvo que hacerse cargo de la cuenta con plata de la corporación municipal. Lo que deberá determinar la fiscal del Mineduc y el Ministerio Público es si se pagó un sobreprecio con fondos públicos y si ese dinero terminó en manos de Guillermo Vergara.

La tensión por quién cancelaría las obras destapó otras acusaciones contra Vergara. Entre ellas, que el funcionario se reunió con Cecilia Brito en el restorán “Pimienta”, de su propiedad, para presentarle a Aldo Pérez, quien podía suministrarle un software para gestionar el pago de personal. Brito dice que rechazó la oferta cuando descubrió que Pérez era socio de Vergara en el mismo restorán. Guillermo Vergara, en cambio, desmiente completamente este episodio.

LAS PLATAS DE LA UNESCO

El sumario contra Guillermo Vergara contiene dos cartas firmadas por Luis Sotomayor, en que detalla una serie de irregularidades. Ambos se conocen hace muchos años y, según Vergara además de trabajos en su casa, Sotomayor ha hecho obras de mantenimiento en el restorán “Pimienta”. Vergara lo recomendó en 2015 para trabajar con Cecilia Brito y según su acusación, le ofreció también $30 millones si trabajaba en la mantención de otras escuelas alterando los valores reales de los presupuestos. Además, lo “invitó” a participar de un proyecto con la UNESCO, organización de Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura.

Según relata Sotomayor, Vergara le dijo que debía ir a buscar un cheque de $2,7 millones a las oficinas de la entidad y llevárselo a su despacho en el Mineduc. Afirma haberse sorprendido cuando Vergara le dijo que otras 15 personas realizarían el mismo trámite, que era una forma de reunir fondos para un alcalde amigo que debía pagar las imposiciones de sus funcionarios.  En total, necesitaba reunir $150 millones.

En la Unesco confirmaron a CIPER que existe un contrato a nombre de Luis Sotomayor, un reporte de tareas realizadas y el registro de que retiró personalmente el pago por ese trabajo. Sotomayor niega haber firmado ningún contrato o haber realizado alguna labor asociada a la UNESCO.

Cuando CIPER consultó a Vergara si existía algún contrato de Sotomayor con UNESCO, éste primero lo negó. Cuando se le dijo que el organismo internacional ya había confirmado la existencia del documento y del pago, explicó que en realidad sí había un contrato, pero que Sotomayor no había terminado el trabajo encomendado. Según su versión, la labor consistía en ser monitor de participación ciudadana, pero Sotomayor no quiso ir a terreno, por lo que sólo se le pagó por el diseño de la metodología de trabajo.

Al igual que en los casos anteriores, Vergara niega haberle pedido la plata de la UNESCO a Sotomayor. Atribuye todas las acusaciones en su contra a una «telenovela» montada por el miedo de Cecilia Brito de perder su cargo en Cerro Navia y a las presiones de la diputada y ex alcaldesa de esa comuna, Cristina Girardi (PPD).

Asegura que cuando se inició el sumario en el Mineduc no quisieron suspenderlo de su cargo para que no hubiera escándalo. Le dijeron que tomara permiso administrativo, pero a los cuatro días renunció debido a las presiones de la diputada Girardi. Sin embargo, enfatiza que la renuncia era al cargo y no al ministerio, donde le habían prometido recontratarlo en otro puesto. Eso no ocurrió y hace dos semanas le escribió una carta a la ministra Adriana Delpiano pidiéndole conocer las acusaciones que hay en el sumario, de modo de poder defenderse.