Usach: las pruebas que complican al rector en el juicio por coimas de Isolux-Corsán

Ver entrevista a Juan Manuel Zolezzi: «En marzo de 2015 me enteré que la obra estaba atrasada»

En abril de 2015, CIPER reveló una serie de graves irregularidades en una millonaria licitación que la Universidad de Santiago (Usach) adjudicó a una filial de la empresa española Isolux-Corsán (Corsán-Corviam Agencia en Chile) para la construcción de un edificio docente de ocho pisos que debió haber quedado finiquitado en enero de 2015 (ver reportaje). La obra, una de las mayores inversiones en infraestructura realizada por la universidad en los últimos años, tenía un costo cercano a los $10 mil millones y era largamente esperada por los alumnos.

A 17 meses de haberse adjudicado la construcción del edificio estrella de la Usach, el proyecto se desmoronó, dejando en evidencia una larga lista de irregularidades e ilícitos que hoy tienen a quien fuera gerente general de Isolux-Corsán en Chile, Christian Manrique Valdor, y al ex director de Administración y Finanzas de la universidad, Mauricio Carrasco Torres, querellados por soborno, cohecho y fraude al Fisco.

Juan Manuel Zolezzi

En abril de 2015, en el desarrollo de la investigación publicada por CIPER, se le preguntó al rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, cómo explicaba que, a pesar de los flagrantes atrasos de la compañía multinacional en la construcción, la universidad le hubiera hecho millonarios anticipos injustificados, además de omitir el cobro de multas por $414 millones. Su respuesta fue que el edificio estaba atrasado (“debería haber concluido, de ocho pisos comprometidos, estamos en el primero, segundo, por ahí”), y que todo lo concerniente a lo que se haría en función de ello se había delegado en una comisión.

Ante la pregunta sobre si conocía a los representantes de la empresa a cargo de las obras, Zolezzi respondió que “no”, y agregó: “Cuando volví de vacaciones en febrero (2015), pregunté si había empresas españolas trabajando con nosotros, por lo del puente Cau Cau y otros temas. Y me dijeron sí, hay una”. Ahora, en una nueva entrevista con CIPER, el rector ratificó sus dichos (ver entrevista).

En esa misma entrevista de abril de 2015, cuando le preguntamos a Zolezzi por qué no se había decidido el termino anticipado del contrato, su respuesta fue: “Frente a una situación de hacer la licitación de nuevo -y eso te va a tomar más tiempo y va a costar más caro- uno no sabe si a lo mejor dándole un empujón a la empresa podría avanzar y terminar en un periodo razonable”. Sin embargo, dos días después de que CIPER publicara el reportaje, la Usach puso término anticipado al contrato con la filial de Isolux (22 de abril de 2015).

Dos días más tarde de ese finiquito, Zolezzi –como rector y representante legal de la universidad– interpuso una querella contra quienes resultaran responsables de “hechos aparentemente ilícitos” (24 de abril). En el libelo al que accedió CIPER, la Usach acusó que esos hechos no habían sido informados “por los canales debidos” ni a la rectoría, ni a la prorrectoría, ni a la división jurídica de la Usach, y que solo se enteraron de su “real alcance” una vez que renunció el director de Administración  y Finanzas, Mauricio Carrasco (5 de marzo de 2015).

Lo que no dijo Juan Manuel Zolezzi en la entrevista con CIPER en abril de 2015 y en la que le hicimos en enero de este año, ni tampoco en la querella, es que varios meses antes de que se pusiera término al contrato, el rector y el prorrector, Pedro Palominos, habían recibido al menos dos alertas serias sobre el evidente atraso de la obra y, más grave aún, sobre una serie de anticipos que la universidad había cursado a la constructora sin ninguna justificación.

La primera alerta vino de la jefa del departamento de Gestión de la Infraestructura de la universidad, la arquitecta Jaqueline Chong, quien en una reunión con Zolezzi y Palominos el 26 de agosto de 2014, les advirtió que la universidad había cursado anticipos a Isolux-Corsán por casi $3.300 millones. Según la carta Gantt del proyecto, ese monto correspondía pagarlo siempre y cuando estuviera lista la obra gruesa completa del edificio (tres subterráneos más los ocho pisos). El problema era, les dijo, que el avance real era del 10% y ello, a su juicio, era motivo suficiente para finiquitar el contrato.

Casi cuatro meses después, una segunda luz roja se encendió en la rectoría. El 19 de diciembre de 2014, la entonces contralora de la Usach, la contadora auditora Gladys Soto, le envió un oficio a Zolezzi –con copia a otras altas autoridades de la universidad- señalándoles que la obra presentaba un atraso que “no resistía explicación” a la luz de “los avances financieros que se le han hecho a la empresa”. Para entonces, los anticipos que la universidad le había pagado a Isolux habían aumentado a más de $4.300 millones. La contralora concluyó en su oficio que la situación ameritaba demandar a la empresa. No fue escuchada.

Lo anterior indica que las evidencias concluyentes de la serie de irregularidades que acumulaba la obra más costosa de la universidad, fueron conocidas por el rector y el prorrector desde agosto de 2014. Y que la bola de nieve siguió rodando cuesta abajo hasta que estalló a fines de abril de 2015.

Todos esos antecedentes se encuentran en la carpeta de la investigación a cargo del fiscal Andrés Montes (Fiscalía Metropolitana Centro Norte) y que busca establecer la existencia de una serie de delitos en la licitación, adjudicación y ejecución del proyecto encargado por la Usach a la empresa filial de Isolux-Corsán. A la querella de la Usach se sumó el 10 de enero pasado -como informó The Clinic- una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Carrasco y Manrique, por cohecho, soborno y fraude al Fisco, y “contra todos quienes resulten responsables por la comisión de los delitos materia de esta querella y de otros que pudieran configurarse”.

El CDE le pidió al Ministerio Público que cite a declarar, entre otros, a Pedro Palominos (prorrector), y que se oficie a la universidad para que entregue copia de una serie de documentos, entre los que se encuentran 11 informes enviados por Jaqueline Chong al propio prorrector con los estados de avance del proyecto. El primero de esos informes que CIPER tuvo a la vista, tiene fecha 4 de mayo de 2014 y en él la arquitecta ya advertía sobre distintas irregularidades, entre las que destaca un eventual sobreprecio en el valor de la obra.

Hoy, la construcción del edificio con el que se esperaba ampliar la matrícula de 2015 en más de 2.500 nuevos alumnos, está paralizada. Sobre el único piso construido descansan fierros al aire.

FALLA DE ORIGEN

El 6 de noviembre de 2013, la Usach emitió el decreto universitario 2511 con el que adjudicó la obra “Construcción de Edificio Docente y Centros de Administración EDOC-Usach” a una de las filiales en Chile de la multinacional española Isolux-Corsán, por $9.414 millones (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 365 días.

Inauguración de faenas con rector Zolezzi.

Los ejecutivos de Isolux no se sorprendieron con la noticia. Si bien para esa fecha la compañía había obtenido otros cinco millonarios contratos en Chile (casi todos fueron a la postre rescindidos por incumplimientos e irregularidades), ese no fue el motivo de su falta de sorpresa ante el anuncio. Según un correo electrónico del 27 de agosto de 2013 (más de dos meses antes de que la obra fuera adjudicada), al que tuvo acceso CIPER, la plana mayor de la transnacional española ya tenía indicios de que sería favorecida con la licitación:

“Ni el plazo ni los antecedentes son públicos, pero te puedo decir que tuvimos mejor plazo que ellos (…) pero estamos unos US$4 millones por encima del presupuesto oficial (…) No obstante, por la misma vía que sabemos todo esto, hemos logrado un dictamen de la comisión que obra en mi poder, que aconseja la adjudicación a Corsán. Esto por supuesto es absolutamente confidencial y no debe ser transmitido a nadie, menos en Chile”, le escribió Juan Carlos de Goycochea, presidente de Isolux-Corsán para Latinoamérica, a la presidencia de la compañía en España (ver correo).

Fue desde la propia comisión que evaluó esta licitación que se filtró la información clave para los intereses de Isolux-Corsán. Esa instancia la integraron elprorrector Pedro Palominos Belmar, además de Mauricio Carrasco Torres y Felipe Reyes Vergara, quienes se desempeñaban entonces comodirector de Administración y Finanzas y jefe de la Unidad de Construcciones de la Usach, respectivamente. Hoy Carrasco se encuentra querellado por fraude al Fisco y cohecho, tras recibir de Isolux-Corsán una serie de dádivas (pasajes aéreos, entradas y estadía para él y su señora en Brasil para ver a Chile en el Mundial de Fútbol) a cambio de favores (ver reportaje).

El sobreprecio en la obra –cercano a los $2 mil millones, reconocido por los propios ejecutivos de la compañía– no fue impedimento para que la Usach le adjudicara la licitación a Isolux. Lo paradojal es que, los plazos que ofrecía, menores a los de la competencia, fueron determinantes en la decisión. Distintas fuentes consultadas por CIPER señalaron que los miembros de la comisión, principalmente Carrasco y Reyes, justificaron la elección de la abultada propuesta de la empresa española con el argumento de que el edificio estaría operativo en enero de 2015. Requisito indispensable para ampliar la matrícula de la universidad ese año en 2.672 nuevos estudiantes (se calculó una capacidad de 334 alumnos por cada uno de los ocho pisos del edificio), lo que reportaría al plantel ingresos suplementarios estimados en $6.250 millones.

Pero los cálculos fallaron. Llegó marzo de 2015 y el estado de avance de la obra que debió haber sido entregada a fines de enero, apenas superaba el 20%.

ALERTAS TEMPRANAS

El 4 de julio de 2014, el constructor civil e Inspector Técnico de Obras (ITO) de la Usach para este proyecto, Arturo González Riquelme (asumió su cargo el 16 de junio de 2014), entregó su primer informe de inspección de faenas. Fue el primero de otros nueve informes (los que el CDE solicita en su querella) que tenían regularmente como destinatarios a Chong, Carrasco, Reyes y el prorrector Palominos. En ese primer informe, el ITO advirtió la ausencia prolongada en terreno (siete días corridos) del administrador de obras de Isolux, causal suficiente para poner término anticipado al contrato.

Cinco días más tarde, en su informe N°2, González advirtió que, de acuerdo al contrato, la construcción del edificio tenía 116 días de atraso. Y dejó establecidas las incongruencias entre los estados de pago cursados por la universidad (autorizados por Reyes y Carrasco) y el avance real de la obra. “La diferencia equivale a una sobrevalorización  de $819 millones”, informó González. Casi dos semanas antes, el 22 de mayo de 2014, la arquitecta Jaqueline Chong (contratada a honorarios por el prorrector en abril para supervisar la obra), había advertido al prorrector Pedro Palominos en otro informe (Informe N°6) sobre el atraso de la construcción, haciendo hincapié en la escasa dotación que la empresa mantenía en la faena.

La obra está actualmente paralizada. (Foto: Enero 2016)

Con el correr de las semanas, las alertas de González y Chong, pasaron de amarillo a rojo. A pesar de ello, los anticipos se siguieron pagando. A comienzos de agosto, la Usach ya había cursado seis estados de pago a Isolux por un total de $1.405 millones (además del anticipo inicial de $1.890 millones, por el 20% del valor total de la obra).

El último anticipo de $568 millones fue pagado el 27 de junio de 2014. Ese mismo día, el entonces director de Administración y Finanzas de la Usach, encargado de autorizar los pagos, Mauricio Carrasco (a quien Zolezzi llevó a la Usach en 2012 como uno de sus hombres de confianza), aceptó de Isolux los tickets aéreos, la estadía y las entradas para asistir junto a su cónyuge al partido por octavos de final del Mundial de Fútbol entre Chile y Brasil (en Belo Horizonte).

Tal como lo reveló CIPER, fue una operación express del entonces gerente general de Isolux en Chile, Christian Manrique Valdor (ver correos), quien está querellado por soborno y fraude al Fisco, a la espera de un pedido de extradición del Ministerio Público que se envió a España.

SUENAN LAS SIRENAS

El 26 de agosto de 2014, tuvo lugar una reunión clave en el edificio de la rectoría de la Usach. A ella asistieron el rector Juan Manuel Zolezzi, el prorrector Pedro Palominos,  la abogada Lizzy Calcagno (hoy jefa del departamento de Gestión y Control de la Usach), y la arquitecta Jaqueline Chong (recientemente ascendida a jefa del departamento de Gestión de Infraestructura).

La reunión se extendió por casi una hora y en ella el rector y prorrector fueron notificados por la arquitecta del estado y las irregularidades que el proyecto acumulaba a la fecha. La presentación power point consignó que transcurridos 242 días (67% del plazo total) desde el inicio de las faenas, el avance apenas superaba el 10%: el atraso ya se empinaba por sobre los 160 días. Lo más grave era que la universidad, obviando el evidente incumplimiento en los plazos, había cursado anticipos por casi $3.300 millones (más el anticipo inicial del 20%), los que según la carta Gantt del proyecto correspondían a tener lista la obra gruesa completa. La realidad era que aún no se concluía siquiera el primer piso.

Fuentes consultadas por CIPER confirmaron que, en esa reunión de agosto de 2014, se les sugirió al rector y prorrector terminar anticipadamente el contrato y mandatar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que se hiciera cargo de la obra.

Similar solución –aunque más categórica– puso sobre la mesa el ITO Arturo González en la conclusión de su Informe Técnico N° 3, del 2 de septiembre de 2014:

“Existen dos caminos a seguir. El primero: se sugiere poner término inmediato al contrato porque es inaplicable la multa a la empresa constructora, ya que no da lugar ni tiene la capacidad económica en responder. El segundo es entregar parcialmente las actividades más comprometidas y atrasadas (obra gruesa), descontándolas totalmente del contrato y administrarlas directamente por esta universidad” (ver informe).

En su siguiente informe (N° 4, del 22 de octubre), el ITO González indicó que la obra aún no experimentaba mejorías y ello era atribuible, entre otras cosas, a que la empresa “no poseía un amplio conocimiento en obras de edificación”. González adjuntó a su reporte, un informe de DICOM de Isolux Corsán (agencia en Chile), en el que aparecían 179 documentos impagos por un total de $971 millones con distintas instituciones (ver informe).

La alerta máxima que activó González con la evidencia respecto de la incapacidad de la empresa de responder tanto financiera como profesionalmente a los compromisos contraídos con la Usach, debió haber motivado decisiones de la plana mayor del plantel. No fue así.

“LUCRO CESANTE”

El 19 de diciembre de 2014, un nuevo informe, esta vez del órgano contralor de la propia universidad, debió haber motivado la reacción de la plana mayor de la Usach. En la conclusión del reporte de la entonces contralora Gladys Soto Villarroel -“Seguimiento relacionado con la auditoría de obras”- enviado al rector Juan Manuel Zolezzi, al prorrector Pedro Palominos y al presidente de la junta directiva de la universidad Héctor Kaschel, se dice: “presenta un atraso que no resiste explicación en relación a los avances financieros que se le han hecho a la empresa. El avance financiero de la construcción es de un 46% del total contratado ($9.454 millones), no obstante su avance físico se encuentra en la cota 0, alrededor de un 18%” (ver oficio).

En el lapso entre la reunión del 26 de agosto -en la que participó el rector Zolezzi y el prorrector Palominos- y este informe, se cursaron cuatro pagos más a la filial de Isolux por más de mil millones. Todos autorizados por Mauricio Carrasco. Los dos últimos, por $300 y $200 millones (octubre y diciembre de 2014), fueron impugnados por la contraloría de la Usach. Otros $374 millones girados por la Usach en septiembre de 2014, por “concepto de devolución de retenciones”, también fueron objetados. “Si los avances financieros no corresponden al avance de obras, no existe obligación alguna de reponer anticipos (…) Es inexcusable estar entregando mayor cantidad de fondos sin que se corresponda con avances efectivos de la obra”, se le comunicó al rector.

En su lapidario informe, la contralora Soto afirmó que existen motivos suficientes para demandar a la constructora y enfatiza las pérdidas financieras que sufrirá la Usach por el atraso en la construcción del edificio:

“De acuerdo a opinión de expertos, este edificio podría estar disponible a mediados del próximo año (2015), lo que amerita demandar a los responsables por daños de lucro cesante, puesto que no se recibirán los ingresos que estaban programados para continuar con todos los planes de obras de la universidad”.

Prorrector Pedro Palominos

No había transcurrido un mes del contundente escrito de la contralora de la Usach, cuando el 14 de enero de 2015, la plana mayor del plantel debió asumir que el asunto había traspasado los muros de la universidad. Ese día, la Contraloría General de la República entregó el resultado de su “Inspección Técnica de Obra”, consignando multas sin cobrar a la empresa por $414 millones, deficiencias en la construcción y extensiones fuera de norma de los plazos de entrega, entre otras anomalías. El informe de Contraloría va dirigido al rector Zolezzi y otras autoridades (ver informe).

La Contraloría estaría pronta a emitir un segundo informe respecto de las irregularidades en el proceso de adjudicación y desarrollo de la obra entregada a Isolux, el que incluiría reparos sobre otros tres contratos de obras. Uno de ellos refiere a la construcción del “Edificio de Áreas Prioritarias (API)”, adjudicado el 29 de noviembre de 2013 a la empresa De Vicente Ingeniería y Construcción, cuyo valor supera los $3.500 millones y en el que también se pagaron anticipos irregulares autorizados por Mauricio Carrasco y Felipe Reyes.

CABOS SUELTOS

A mediados de abril de 2015, pese al cerro de evidencias disponible y a que a Isolux ya le habían rescindido otros tres millonarios contratos con distintas entidades públicas por incumplimientos e irregularidades (Hospital de Pitrufquén, Estadio de Calama y Puente Bicentenario), la constructora española continuaba a cargo del proyecto.

Fue en esos mismos días, el 20 de abril de 2015, que CIPER le preguntó al rector Zolezzi por qué la Usach no manejaba como opción el término anticipado del contrato. Su respuesta fue: “En una obra de construcción es difícil tomar una decisión de término (…) no digo que no lo vamos a hacer, lo que no le puedo asegurar es que sí lo vamos a hacer”.  

El mismo 20 de abril, la PDI allanó las oficinas de Isolux-Corsán en Providencia. El martes 21 realizó el mismo procedimiento en la Universidad de Santiago. Al día siguiente la Usach emitió el decreto N° 789 poniendo término anticipado al contrato.

El 24 de abril de 2015, Zolezzi interpuso una querella en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, “contra quienes resulten responsables de hechos aparentemente ilícitos”, y que fueron: los $374 millones de “devolución de retenciones” realizados por la Usach a la constructora en septiembre de 2014, y los anticipos por $300 y $200 millones desembolsados en octubre y diciembre del mismo año.

Mauricio Carrasco Torres, ex director Administración y Finanzas USACH.

Son los mismos dineros que impugnó la contraloría universitaria de la Usach en su oficio enviado al propio rector cuatro meses antes, el 19 de diciembre de 2014. Por eso resulta extraño que en la querella de Zolezzi se señale que esos hechos no “fueron puestos en conocimiento por los canales debidos a la rectoría de la universidad, a prorrectoría, ni a dirección jurídica” y que “solo fueron conocidos en su real alcance una vez que renunció el antiguo director de Administración y Finanzas, Mauricio Carrasco”, lo que ocurrió recién el 5 de marzo de 2015.

El 5 de mayo de 2015, la Usach presentó una segunda querella por malversación de fondos y cohecho en contra del ex director de Administración y Finanzas, Mauricio Carrasco. Y el 4 de enero pasado, la Usach presentó una tercera querella en contra de quienes resulten responsables del delito de fraude al Fisco. En el escrito los abogados de la universidad no solo incluyeron las irregularidades en la construcción de “Edificio EDOC” encargado a Isolux, sino también aquellas que presuntamente se hayan cometido en la adjudicación del Edificio de Áreas Prioritarias de Investigación (API) y en otras dos obras.

CAJA DE PANDORA

Una vez que se puso término anticipado al contrato con Corsán-Corviam, la Usach emitió un comunicado listando cada una de las acciones que había llevado a cabo en defensa de los intereses de la universidad. Allí se dice que el plantel procedió a cursar el cobro de las boletas de garantía, lo que “ha permitido resguardar de manera oportuna el patrimonio universitario, al recuperar la suma de $3.200 millones aproximadamente, lo que sumado a lo construido hasta el momento, representa una positiva defensa de dicho patrimonio”.

Lo que dice el comunicado no se condice con la realidad. Porque esa operación matemática -entre el monto de las boletas de garantía y los sucesivos anticipos desembolsados por la universidad a la constructora- no incluye los $6.250 millones que la universidad dejó de percibir en 2015, de acuerdo a la estimación oficial de 2.672 nuevos estudiantes que albergaría el edificio planificado. Una vía para recuperar esos dineros fue propuesta por la contraloría universitaria en diciembre de 2014, cuando concluyó que los hechos ameritaban que la Usach interpusiera una demanda por “lucro cesante”.

Aunque en entrevista con CIPER, el rector Zolezzi señaló que el daño por lucro cesante sí había sido incluido en una de las querellas criminales presentadas contra Isolux (ver entrevista con el rector), la revisión hecha por CIPER indica que al menos en las tres querellas interpuestas por la Usach no se hace mención al daño por lucro cesante.

En el mismo comunicado, la Usach se refirió a Mauricio Carrasco, el director de Administración y Finanzas ya desvinculado. Para entonces, la renuncia de Carrasco ya estaba en conocimiento de varios decanos y académicos del plantel. CIPER tuvo a la vista un correo electrónico del 16 de marzo de 2015, en el que desde una cuenta anónima (“indignado.usach”) y con copia al rector, prorrector, miembros de la junta directiva y otra docena de autoridades y académicos de la universidad, se cuestiona que no se haya utilizado con otros funcionarios de la universidad que también estarían involucrados en irregularidades, la misma vara con la que se castigó a Carrasco.

El email hace alusión al proyecto Peoplesoft, plataforma de gestión administrativa de la Usach en la que según el autor del correo se habrían invertido más de US$ 8 millones con “nulos resultados”. Se acusa además que en torno a este proyecto se han creado “empresas de papel” en las que tendrían participación algunas autoridades y con las que se han firmado contratos vía trato directo por varios millones.

Parte de las denuncias incluidas en ese correo del 16 de marzo encontraron algún eco once días más tarde. El 27 de marzo de 2015, otro informe de la Contraloría General de la República concluyó que la adquisición, gestión y funcionamiento del sistema Peoplesoft arrastraba una larga lista de deficiencias e irregularidades. Entre ellas, «respaldos con data anterior a la emisión del contrato» y «falta de aprobación del convenio«.

El informe de Contraloría concluye señalando que, a causa de ese y otros temas, la universidad “deberá instruir un sumario administrativo para hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las observaciones consignadas” (ver informe).