Seguridad privada: el negocio de los dueños del fútbol que explotó en Valparaíso

Cinco días después del brutal enfrentamiento entre barristas de Wanderers y Colo Colo que pusieron en riesgo a cerca de 17 mil personas que el domingo pasado asistieron al Estadio Elías Figueroa de Playa Ancha, el gobernador de Valparaíso, Omar Jara, declaró ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Lo que dijo Jara este viernes 11 ante los parlamentarios es que Wanderers, equipo local y responsable de la organización del espectáculo, había cumplido todas las exigencias de seguridad. Lo que no se dijo en esa sesión es que el encargado de supervisar que esas exigencias se materializaran -el jefe de seguridad de Wanderers- es al mismo tiempo el dueño de la empresa contratada por el club para proveer los guardias que debían controlar al público: Juan Frez Navarro.

El propietario de JF Seguridad señaló a CIPER que no veía conflicto de interés alguno en desempeñar en paralelo los roles de supervisor y proveedor del servicio de seguridad. A su vez, Juan Frez y los directivos de Wanderers se negaron a informar cuánto es lo que el club le paga mensualmente por su labor como jefe de seguridad y qué cantidad se le cancela a su empresa por cada partido.

CIPER revisó una muestra de 14 clubes de fútbol profesional y detectó que al menos en dos de ellos -el ya mencionado Wanderers y O’Higgins de Rancagua- los jefes de seguridad están relacionados con las empresas que les proveen guardias para los partidos que juegan de local. Así se desprende de la revisión de información pública de estos clubes y de las escrituras de constitución de las sociedades propietarias de las empresas de guardias.

Es probable que en otros clubes existan vínculos similares -de parentesco, amistad o relaciones comerciales-, pero que estos nexos se encuentren disimulados por testaferros.

Este podría ser el caso de Mauricio Etcheverry, ex presidente de Deportes La Serena y mano derecha del defenestrado presidente de la ANFP, Sergio Jadue, a quien incluso representó en las reuniones de la Confederación Sudamericana (Conmebol), donde Jadue recibió coimas por US$2,2 millones.  Y ello, porque en su rastreo, CIPER descubrió que Etcheverry está relacionado con dos empresas de seguridad: Prouvay & Sandoval y Security Link.

En la primera de estas compañías, Etcheverry fue socio hasta 2005. Ese año, en su reemplazo ingresó a la sociedad Rubén Sandoval Fariña. En 2011 esta empresa tramitó su término de giro, pero Sandoval aún figura como socio de la madre de Etcheverry, Ana María Álvarez Daire, en la segunda de las empresas mencionadas: Security Link. En Deportes La Serena informaron que ese club no tiene ninguna relación con estas compañías y CIPER no encontró documentos que acrediten relaciones comerciales entre estas empresas y clubes de fútbol profesional.

EL NUEVO NEGOCIO DE LA SEGURIDAD EN EL FÚTBOL

La Ley de Violencia en los Estadios, aprobada en 2012, provocó que a comienzos de 2013 los carabineros dejaran de operar al interior de los recintos deportivos, servicio que tenía un costo de unos $70 millones semanales para el presupuesto público (ver recuadro). La policía quedó a cargo solo de los anillos de seguridad exteriores.

Bajo el argumento de que se trata de un espectáculo organizado por particulares (las sociedades anónimas deportivas) que lucran con esta actividad, se estimó que los costos de la seguridad debían ser absorbidos por los mismos empresarios que perciben millonarias utilidades por la venta de tickets y de los derechos de TV. Así nació una nueva veta de negocios asociada al fútbol: la seguridad en los partidos.

En la pirámide de los negocios orquestados por los dirigentes del fútbol profesional, la seguridad está más cerca de la base que de la cima. En la punta de ese ranking siguen reinando de manera indiscutida los derechos de TV (explotados a través del Canal del Fútbol, CDF), seguidos de los contratos publicitarios asociados al merchandising, como las áreas que reportan más dividendos. Con todo, en estos tres años desde que se puso en marcha el Plan Estadio Seguro, la contratación de empresas de seguridad se convirtió en una nueva tajada a repartir.

Ejecutivos de empresas de seguridad consultados por CIPER, que pidieron la reserva de sus nombres, indicaron que los clubes fijan una tarifa de pago dependiendo del número de guardias que se requiere. El precio, dijeron, oscila entre $17 mil y $25 mil por guardia, según la categoría de riesgo del partido (A, B o C). En condiciones normales, el partido entre Wanderers y Colo Colo debía calificarse como B (porque se esperaban menos de 30 mil personas), pero como en este caso estaba en juego el título del torneo, el riesgo creció, por lo que se trató de un cotejo tipo A.

Para los partidos clase B (entre 29 mil y 5 mil espectadores) y C (menos de 5 mil) se pide un promedio de un guardia cada 150 a 200 asistentes, cifra que además del aforo permitido va a depender de otros factores asociados a la infraestructura del estadio, la importancia del partido y la agresividad de las barras de los clubes que se enfrentan. Si el encuentro se clasifica como A, la relación guardias/espectadores se estrecha. En general, para los partidos más complejos no habrá menos de un guardia cada 100 espectadores.

José Roa (a la izquierda) y Omar Jara (al centro)

Son los clubes los que deben entregar a la autoridad una primera propuesta de plan de seguridad, la que es evaluada por Carabineros y funcionarios del Plan Estadio Seguro, quienes sugieren cambios si lo estiman pertinente. El plan ya visado por la policía y Estadio Seguro debe ser aprobado por las intendencias regionales o gobernaciones provinciales.

En el cotejo que se suspendió el domingo pasado, el aforo permitido por las autoridades fue de 17 mil personas, por lo que -considerando todos los factores de riesgo- la gobernación requirió al interior del recinto un total de 185 guardias. Juan Frez, encargado de seguridad de Wanderers y dueño de la empresa que proporcionó los guardias, dijo a CIPER que dispuso 192 personas para cautelar la seguridad de ese duelo.

Frez rehusó informar cuánto le pagó Wanderers a su empresa por el servicio del domingo 6 de diciembre, amparado en que, a su juicio, es el club el que debe entregar esos datos. CIPER le pidió a Wanderers que informara cuánto le paga a Frez y a su empresa por sus servicios, pero el club solo informó que gasta un total de $68,6 millones al año en todo el ítem de seguridad..

De acuerdo con las tarifas que mencionan los ejecutivos de empresas de seguridad, por 192 guardias la empresa de Frez debió recibir del club entre $3,2 millones y $4,8 millones. Considerando que en cada temporada -compuesta por dos torneos- los clubes juegan 15 partidos de local, y asumiendo que un 25% de esos encuentros pueden ser clasificados como B o A, se estima que los clubes destinan cerca de $50 millones anuales a pagar guardias.

Pero hay casos en que las cifras en juego son muy superiores, como ocurre con Colo Colo, cuyo estadio tiene capacidad para 47 mil personas, o con la U. de Chile, que alquila el Estadio Nacional, recinto que puede recibir a 48 mil espectadores. Estos equipos movilizan a más personas que otros clubes y tienen barristas con un amplio historial de agresividad. Eso hace que tengan que invertir más en guardias y medidas de seguridad, a diferencia de los gastos de un club más pequeño.

Hasta la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) hizo su propio negocio con el tema de los guardias en los estadios. Una nota publicada en la web de la ANFP en septiembre del año pasado informó que entre el 13 y el 17 de ese mes el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) impartiría un curso de formación para “guardias de seguridad en estadios” con un costo de $20 mil por alumno. La publicación enfatizaba que el curso sería dictado por “profesionales de una empresa acreditada”, sin especificar de cuál se trataba.

SARGENTO EN RETIRO

Juan Frez Navarro es sargento (r) de Carabineros y los guardias que emplea su empresa son certificados por el OS-10 de la misma policía uniformada. Como jefe de seguridad de Wanderers, Frez le propuso el plan para enfrentar el partido a la gobernación de Valparaíso, la que encabeza Omar Jara. El plan debía ser visado por sus ex colegas de Carabineros. Pero las previsiones de Frez, como quedó dramáticamente en evidencia, resultaron insuficientes.

Además, funcionarios de Estadio Seguro acusan que, de manera irregular, Frez llegó a un acuerdo con la gobernación sin cumplir con el protocolo que establece que el plan de seguridad debe ser analizado previamente por Carabineros y Estadio Seguro. De hecho, el informe de factibilidad de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso para el partido Wanderers-Colo Colo fue enviado a la gobernación provincial que dirige Jara recién el 3 de diciembre, apenas cuatro días antes del match en que probablemente se definía el título del torneo (ver documento). Lo grave es que las entradas para el partido comenzaron a venderse al menos tres días antes de que Carabineros emitiera su informe, lo que según los protocolos del Plan Estadio Seguro nunca debió ocurrir.

Una semana antes del partido, los barristas más violentos de Colo Colo y Wanderers dejaron en claro, a través de las redes sociales, que la jornada sería agitada. Ya antes de la hora fijada para el partido, hubo enfrentamientos graves en la Plaza Sotomayor, donde se registraron heridos con arma blanca. Y a las cinco de la tarde, cuando los equipos ya estaban en la cancha, el terreno fue invadido por barristas que destruyeron todo a su paso.

Frez defendió ante CIPER el plan que acordó con la gobernación y explicó que no ve ningún conflicto de interés entre su trabajo como Jefe de Seguridad del conjunto porteño y la prestación de su empresa al mismo club: “Se está haciendo todo como corresponde. Son contratos paralelos, no hay nada turbio. Si lo hubiera, yo daría un paso al costado”.

Mario Muñoz Cerda tampoco ve un conflicto de interés entre su rol de jefe de seguridad de O’Higgins y su trabajo, en paralelo, como jefe de operaciones de la empresa MMC Seguridad, perteneciente a su familia. Su padre, Mario Muñoz Catalán, y su madre, Mónica Cerda Olivares, son los socios de la empresa. Y él es el responsable del área de Seguridad de O’Higgins desde enero de 2013, cuando se puso en vigencia la norma que sacó a los carabineros de los estadios.

Muñoz Cerda explicó a CIPER que no fue él quien llevó a la empresa de sus padres a trabajar al club, porque MMC Seguridad opera para O’Higgins desde hace siete u ocho años y él, según afirmó, fue contratado por el club hace tres años. “Yo separo muy bien los dos trabajos y si se trata de partidos de O’Higgins, me preocupo de que otra persona de MMC sea la encargada de esas operaciones”, señaló Muñoz Cerda.

El gerente general de la sociedad anónima que controla el club O’Higgins, Pablo Hoffmann, confirmó que la empresa de seguridad presta servicios al equipo desde antes de que Muñoz Cerda fuera contratado como responsable de seguridad: “MMC Seguridad nos presta Servicios desde mediados de 2008, con mucha anterioridad a la modificación de la ley que exige (contar con) la posición de Jefe de Seguridad y su contratación se efectuó previo estudio de los antecedentes que presentaron distintos postulantes. La última renovación del contrato ocurrió en enero de 2014, la que se asignó previa licitación privada y que tiene un periodo de vigencia de dos años”.

CIPER solicitó a Hoffmann y a Muñoz Cerda las sumas que paga el club por los servicios de seguridad. Ambos respondieron que se trata de un negocio entre privados, por lo que se excusaron de transparentar los montos.