Servel reconoce que no fiscalizará todas las platas de la elección municipal 2016

«No se puede llorar sobre la leche derramada», dijo a CIPER Patricio Santamaría, presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel). A pocas horas de celebrar la autonomía constitucional del Servel -una de las metas de la agenda de probidad que impulsa el gobierno- el lamento de Santamaría es revelador: debe asumir que su servicio no podrá fiscalizar debidamente ni el origen de los ingresos ni el detalle de los gastos electorales en que incurrirán los candidatos a alcaldes y concejales que se medirán en octubre de 2016.

Todo apuntaba a que en dicha elección debutarían las nuevas normas que regularán el financiamiento de la política, con la incorporación de platas públicas y la eliminación de los aportes reservados y las donaciones de las empresas a los candidatos. En ese nuevo cuadro, al Servicio Electoral le corresponderá un papel clave en la fiscalización de las platas electorales, tema que concentra uno de los mayores focos de desconfianza ciudadana tras el estallido del financiamiento ilegal de la política por parte de empresas, entre las que figuran las de los grupos Penta, Angelini y Soquimich, entre otras. Todos ilícitos bajo investigación judicial.

Lo anterior no será posible ya que hasta esta fecha el Congreso aún no aprueba las leyes que determinarán las nuevas tareas y facultades del Servel, ni tampoco el presupuesto que requerirá para cumplir con su nueva y delicada función. De hecho, para 2016 el Ministerio de Hacienda sólo consideró un aumento de $1.000 millones (la partida subió a $9.968 millones y se ocupará en la contratación de 76 personas de planta en dos años), un monto claramente «insuficiente» y «provisorio», como lo informó públicamente el presidente del consejo del Servicio Electoral.

Patricio Santamaría

Que ya no sea posible fiscalizar a cabalidad todas las campañas para alcaldes y concejales en las elecciones de octubre de 2016 -y tampoco sus elecciones primarias, que se realizarán 20 semanas antes- no es un capricho del Servel. Hace meses que Santamaría venía advirtiendo que si las leyes que incluyen la reorganización del servicio no se aprobaban al 30 de septiembre de 2015, sería «bastante imposible» hacerlo. Incluso, Eduardo Engel, quien lideró la Comisión Anticorrupción convocada por la Presidenta Bachelet, expresó a mediados de año su preocupación porque el Ejecutivo no enviaba la ley de fortalecimiento del Servel.

Las alertas se transformaron en una certeza ya que el calendario electoral parte este mes con el cierre de los registros de afiliados a los partidos políticos. En ese escenario, el presidente del Servel aseguró a CIPER que ya no hay tiempo suficiente para contratar jefaturas a través de la Alta Dirección Pública, fichar a fiscalizadores y entrenarlos.

-No queremos que se nos ponga en una situación en que la ciudadanía espera algo que no podemos hacer y, por ende, el juicio sea la pérdida de credibilidad y la desconfianza en el Servicio Electoral. Para el estado actual del país, en términos de la crisis de la política, eso sería prácticamente terminal -dijo Santamaría a CIPER.

Frente a la nueva situación, y para que en algo mejore el control de los gastos de campaña, los directivos del Servel están abocados a la planificación de una fiscalización aleatoria sobre una muestra de candidaturas a alcaldes.

ATRINCHERAMIENTO DE LOS PARTIDOS

Este traspié de la agenda de probidad se suma a otros choques que han protagonizado algunos parlamentarios con representantes del gobierno, y también con quienes impulsaron desde la Comisión Anticorrupción la urgencia de los cambios a las normas que regulan el financiamiento de la política. La disputa más candente la generó la exigencia de que los partidos reempadronen a sus militantes si es que quieren recibir aportes públicos.

Esa gran tarea, que busca sincerar la cifra real de adherentes a los partidos, ayudar a eliminar el clientelismo basado en el control de los militantes para generar directivas poco democráticas, y facilitar la democracia interna de las colectividades, también tendría que ser supervisada por el Servel.

Y fue en esa discusión que se produjo el enfrentamiento más reciente cuando el senador Ignacio Walker (DC) lanzó una ácida crítica a Eduardo Engel por haber insistido en que si no hay un padrón confiable de militantes los partidos no deberían recibir dineros públicos (ver recuadro).

LA LEY QUE NO FUE

La discusión sobre la nueva institucionalidad del Servel comenzó recién el jueves de la semana pasada en la Comisión Especial de Probidad del Senado, que preside Ignacio Walker, ex presidente de la Democracia Cristiana. Las normas que cambian el servicio no están contenidas en un proyecto aparte, sino que fueron incluidas como indicación gubernamental en el mensaje de la iniciativa legal del Fortalecimiento de la Democracia.

Originalmente, el Servicio Electoral había pedido un proyecto que se refiriera exclusivamente a ese organismo, el que supuestamente La Moneda iba a enviar al Congreso el 15 de abril. Desacuerdos en los contenidos de la nueva normativa y el atraso en la fecha para enviar el mensaje al Congreso, hicieron preferible convertirlo en indicación, en aras de apurar el proceso.

-El Ejecutivo consideraba una propuesta (de un nuevo Servel) que a nosotros nos pareció absolutamente insuficiente, porque solo creaba una Subdirección de Fiscalización. Dijimos no, con eso no llegamos a ninguna parte y logramos un acuerdo con la ministra Ximena Rincón -en ese momento titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- de que nosotros trabajábamos y hacíamos una propuesta. Posteriormente, y para apurar el tema, se optó por presentar una indicación a la ley en discusión de Fortalecimiento de la Democracia, que contuviera todo lo que era la nueva institucionalidad del Servel: sus facultades, la nueva dotación y los presupuestos -explicó Santamaría a CIPER (ver nuevas facultades que contempla el proyecto).

El proyecto de Fortalecimiento de la Democracia ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y al pasar al Senado se le agregó la indicación sobre el Servicio Electoral. El problema es que ahora deberá volver a la Cámara Baja para que las normas que se aprueben en el Senado sean aceptadas por los diputados. Y si hay objeciones, el proyecto tendrá que ir a Comisión Mixta. Así, el Servel estima que recién para el 31 de diciembre de este año podría estar lista la nueva normativa para su promulgación. Al menos esa es la promesa de los parlamentarios.

Si la fecha del 31 de diciembre se cumple, entonces quedarían menos de seis meses para las elecciones primarias-municipales. «Hay un compromiso de que este año se resuelve el tema en el Congreso, pero cuando estamos con la elección encima, la diferencia entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre es enorme», apuntó Patricio Santamaría.

Los problemas podrían ser mayores si es que otra de la comisiones del Senado que también interviene en el asunto -la de Constitución- aprueba la idea de extender los periodos de campaña de los actuales 90 días a 200 días. La propuesta está debatiéndose y, de aprobarse, significaría que las campañas a fiscalizar por el Servicio Electoral comenzarían en marzo-abril de 2016.

CÓMO SALIR DEL PASO

Patricio Santamaría adelantó a CIPER las ideas que están barajando en el Servel para salir del impasse y, al mismo tiempo, darle una explicación al país y evitar falsas expectativas:

-Queremos ser responsables y decir con claridad lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a hacer. Queremos que se nos entreguen las atribuciones bien definidas y a lo que nos podemos comprometer es a hacer todo el esfuerzo para -gradualmente en los próximos dos años electorales- llegar a aplicar esta normativa de manera clara y categórica.

Presidenta Bachelet promulgó la autonomía del SERVEL.

Los dos años incluyen en 2016 primarias y elección de alcaldes y concejales; y en 2017, primarias parlamentarias y presidenciales, votación de parlamentarios, de consejeros regionales, la presidencial y aún está pendiente si deberá realizarse también en esa fecha la nueva elección de intendentes.

-Tenemos dos años electorales recargados por delante y a lo mejor podemos establecer un sistema de control y fiscalización aleatorio. Si así fuera, yo creo que la muestra debiera considerar todas las elecciones, todas las regiones y a candidatos de todos los partidos -explicó el presidente del consejo del Servel a CIPER.

A ese diseño, Santamaría espera agregar una activa fiscalización ciudadana, estableciendo mecanismos de denuncia, por ejemplo, sobre propaganda electoral fuera de los lugares donde se autorice la colocación de carteles, sitios que serán decididos por el Servel.

-La fiscalización del gasto electoral ya no será posible en términos completos. ¿Cuáles son las responsabilidades de este atraso en la aprobación de las normas?

-Cuando el Ejecutivo insistió en poner la fecha del 15 de abril para la presentación del proyecto de ley, yo mismo pedí que se aplazara para escuchar antes el informe de la comisión que presidió Eduardo Engel, que se iba a conocer el 25 de abril. Posteriormente, la tramitación legislativa, donde temas que son importantes y donde participan incumbentes – personas que están en la actividad política- ha hecho que se genere un debate mayor. Tal vez faltó reflexionar y explicar que estas situaciones no se apagan como un incendio, requieren de un periodo de reflexión si queremos hacer las cosas bien. Por eso dije que el 30 de septiembre necesitábamos tener claro al menos la cancha donde nos vamos a mover, los recursos y las personas. Ya no se hizo. No podemos llorar sobre la leche derramada.

 SERVEL, EL GARANTE DEL SECRETO

La discusión que hoy tiene su epicentro en el Congreso también incluye una arista instalada en la Justicia: la mantención del secreto de los aportes reservados legales a las campañas. Y su importancia se hizo evidente cuando una sorpresiva resolución judicial obligó a políticos, empresarios y también al Servicio Electoral a enfrentar otro desafío: la jueza Carolina Araya, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó alzar el secreto respecto de los aportes reservados realizados -a través del Servel- por las empresas Cencosud S.A. (controladora de Paris, Jumbo, Easy), desde junio de 2005 a la fecha; Quiñenco (matriz del Grupo Luksic), desde agosto de 2003 a la fecha; y AntarChile (sociedad clave del Grupo Angelini), desde agosto de 2003 a junio de 2015.

El origen de la inédita decisión judicial está en las 10 querellas por el presunto delito de «apropiación indebida» presentadas en junio último por el accionista y abogado Óscar Gajardo Sepúlveda en contra de los 96 directores de los tres grupos empresariales antes mencionados y los del Banco de Chile, Soquimich, Enersis, Endesa, Falabella, Lan y Copec.

Bárbara Salinas

La argumentación es que el patrimonio de las sociedades anónimas no puede ser “regalado” -en este caso a políticos- por un directorio sin la autorización de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Al hacerlo sin esa aprobación se habría cometido el delito de apropiación por la modalidad de la «distracción» del patrimonio de la compañía.

Como el Servel ha sido el custodio de ese secreto desde 2003, cuando entró en vigencia la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, con el estreno de los aportes reservados legales, los querellantes lograron armar un arsenal jurídico que convenció al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de pedir que, respecto de esas sociedades anónimas, se levante la confidencialidad. La decisión judicial obligaría por primera vez al Servicio Electoral a fijar una doctrina sobre la materia.

En las elecciones de 2013 -presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales- el 90% de los fondos privados recibidos legalmente por los candidatos y sus partidos tuvo origen secreto, ya sea por aportes «reservados» o «anónimos». En total, fueron $21 mil millones que entregaron 297 empresas y 12 particulares. (ver reportaje de CIPER).

LA LLAVE PARA ABRIR LA CERRADURA

La llave para abrir la «Caja de Pandora» de las platas políticas entregadas por empresas está en el artículo 154 de la Ley General de Bancos. El accionista Óscar Gajardo -un ex dirigente del derechista Partido Nacional durante el gobierno de Salvador Allende, pero posteriormente opositor a la dictadura de Pinochet-  y sus abogados recurrieron a esa normativa, más el Código Penal y el artículo 10 de la Ley 19.884, para configurar el presunto delito de apropiación indebida y pedir el levantamiento del secreto.

-Gracias a Dios existía una puerta, que es la ley de bancos. Nadie está por sobre la ley y no puede existir un secreto a todo evento, de lo contrario el aporte reservado sería una enorme máquina para lavar activos – explicó a CIPER la abogada Bárbara Salinas, quien también litiga en nombre de los accionistas minoritarios en el juicio de La Polar.

El secreto bancario es la norma que se aplica a los funcionarios del Servel sobre las donaciones reservadas. Al respecto, Patricio Santamaría explicó que el inciso tercero del artículo 154 de la Ley General de Bancos establece que los jueces civiles o militares, en el proceso que estén conociendo, pueden acceder a determinados depósitos (aportes en el caso del Servel) si se cumplen ciertas condiciones, como que sean operaciones específicas que tengan relación con el proceso que está investigando el juez y que lo pidan quienes sean parte o imputados en la causa. También un fiscal puede solicitar a un juez el levantamiento del secreto. Pero además de los requisitos ya mencionados, se agrega la condición de que los antecedentes se relacionen directamente con la investigación a su cargo.

Como la resolución de la jueza Carolina Araya cumplía todos los requisitos legales, el Servel levantó el secreto pero solo en cuanto a los montos aportados por Cencosud, AntarChile y Quiñenco. No lo hizo respecto de quiénes fueron los candidatos y partidos destinatarios de los dineros.

-Eso es lo que nos solicitaron y vamos a cumplir con lo que nos ordena el tribunal. Estamos preparando el informe, porque se nos pide desde 2005 a la fecha y son varias las campañas -dijo Santamaría a CIPER

Para Bárbara Salinas, conocer la identidad de los políticos que recibieron las donaciones no es el objetivo principal: «Estas querellas tienen por objeto que las personas que cometieron la apropiación devuelvan esos dineros a la compañía. Por ahora, lo esencial es determinar el perjuicio causado por el delito de apropiación indebida por la modalidad de distracción del patrimonio, pero no es posible cerrarse a que vayan surgiendo aristas distintas en la investigación y pueda ser necesario para el avance de ella que se revelen los destinatarios de los dineros».

QUIÉN DECIDE LA DONACIÓN

El otro caballo de batalla de la abogada Salinas es el artículo 10 de la Ley de Transparencia, Límite y Control del Gasto electoral. Este señala que los aportes de personas jurídicas con fines de lucro (empresas) requerirán «una decisión expresa de quienes tenga las facultades de administración, según los acuerdos que haya adoptado previamente el órgano social competente».

Según la abogada, el órgano social es la Junta Extraordinaria de Accionistas, la que en los 10 casos de querellas no habrían sido convocadas para otorgarles a los directorios el acuerdo para las donaciones políticas:

-Una cosa es que en apariencia las donaciones estén hechas con apego a la ley, pero se cae en la ilegalidad cuando esa donación no está acordada por el órgano social competente. En las sociedades anónimas abiertas existen sólo dos órganos: el directorio, que administra, y la Junta de Accionistas, que es el órgano máximo.

Bárbara Salinas refuerza su argumentación apelando al absurdo: «No puede ser a todo evento la facultad de administrar del directorio. Llevado al extremo, si ello fuera así, el directorio podría donar todo el patrimonio a los candidatos sin mediar el acuerdo de los accionistas». Y agrega que espera que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son accionistas de las 10 empresas, se sumen a las querellas en defensa del patrimonio de sus imponentes.

LAS CUATRO SOLICITUDES

Hasta la fecha, son cuatro las solicitudes de levantamiento del secreto de aportes reservados que ha recibido el Servicio Electoral. La primera, fue enviada por el fiscal nacional Sabas Chahuán a propósito de la investigación por presunto cohecho de los dineros que Corpesca habría entregado a senadores y ex senadores de la Comisión de Pesca. En primera instancia el Servicio Electoral rechazó la petición, porque carecía de la autorización de un juez, pero una vez que el fiscal la obtuvo se le entregó la información: no hubo platas de esa empresa para los parlamentarios señalados.

Sabas Chahuán

La segunda provino también de Sabas Chahuán, quien solicitó a un juez de garantía que lo autorizara para requerir del Servel todos los antecedentes de los aportes que habrían recibido 32 candidatos que aparecían en un correo del senador Fulvio Rossi (PS) dirigido a Soquimich, pidiendo aportes para sus campañas. El tribunal no accedió a la solicitud y le pidió al fiscal más antecedentes. Como el requerimiento no ha llegado al Servel, Santamaría estima que la justicia rechazó la petición en virtud de que no había proceso abierto sobre la situación y ninguna de las 32 personas tenía calidad de imputada.

La tercera solicitud de levantamiento del secreto es la que ya mencionamos y que afecta a los aportes reservados de Cencosud, Quiñenco y AntarChile. Y la cuarta se relaciona con el mismo juicio y atañe específicamente a los aportes de Soquimich. «Pero también viene sin autorización judicial», dice el presidente del consejo del Servel, quien acota: «Lo que estamos haciendo es aplicar la doctrina que sentamos en Corpesca en el caso de cohecho: si la solicitud viene con la autorización judicial, vamos a entregar lo que se esté solicitando».

A pesar de los dichos de Patricio Santamaría, todo indica que esa confidencialidad no se romperá. Al menos por ahora, cuando los juicios por el financiamiento ilegal de la política mantienen en ascuas a parlamentarios de todos los colores y empresarios. El reciente intento de cuatro diputados por aprobar una indicación en la ley de Fortalecimiento de la Democracia para hacer pública la información de los aportes reservados a senadores y diputados desde 2003 hasta ahora, chocó con una masiva y transversal abstención en la Cámara que no dio el quórum para su aprobación: 39 votos a favor de romper el secreto, 5 en contra y 53 abstenciones de diputados del PS, PPD, RN, DC y UDI (ver votación).

LA BATALLA POR LA REINSCRIPCION DE MILITANTES

En la misma comisión del Senado donde se discute la nueva legislación del Servel (Especial de Probidad y Transparencia) se reavivó con acidez la polémica por el reempadronamiento total de la militancia de los partidos, tema que ha sido resistido por parlamentarios de la derecha y la Nueva Mayoría (ver reportaje CIPER).

La reinscripción y la apertura del padrón de militantes es clave para Eduardo Engel, pues ayudará a la democratización interna de los partidos, facilitando la competencia por los cargos directivos ya que los caudillos tradicionales perderán el monopolio de la información. Engel enfatizó que los partidos que no cumplan este requisito no debieran recibir dineros del Fisco para financiarse.

Eduardo Engel

Recién la semana pasada el gobierno presentó una propuesta en esa comisión para el refichaje completo en un plazo de un año. Pero en esa sesión, el presidente de la instancia, el senador Ignacio Walker (DC), sacó sus cartas y propuso varios cambios al proyecto que entregó el ministro Nicolás Eyzaguirre.

A juicio de la ONG Ciudadano Inteligente, todas ellas «apuntan a debilitar» el reempadronamiento. Como la que establece –y que fue aprobada- que los militantes que no se reinscriban en los partidos durante 12 meses sean solo suspendidos y no eliminados, situación en la que caerían recién a los dos años.

Ciudadano Inteligente valoró la propuesta gubernamental, mientras que Ignacio Walker descargaba su artillería contra Engel, acusándolo de opinar sin saber de política y recomendándole –con sarcasmo- leer un manual básico de Historia (Frías Valenzuela) y libros sobre la historia de los partidos chilenos.