El eficaz lobby que sepultó en el Senado la gratuidad de los estacionamientos

La fuerza que ejerce el lobby de la empresa privada volvió a mostrar su huella esta semana en el Congreso. Esta vez fue el turno de una de las industrias de mayor crecimiento explosivo y de más débil regulación en el país: los estacionamientos públicos operados por particulares. El 19 de agosto los miembros de las comisiones unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones del Senado demoraron apenas media hora en echar abajo el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, que prohibía el cobro de los estacionamientos durante la primera media hora y que establecía, cuando se trata de espacios ubicados al interior de centros comerciales, que bastaría solo una boleta de consumo para garantizar la gratuidad por otras dos horas.

Senador Jorge Pizarro (DC)

La decisión unánime fue suscrita por los senadores: Jorge Pizarro (DC, quien votó también por el senador de su mismo partido Manuel Antonio Matta, Eugenio Tuma (PPD), Guido Girardi (PPD) y  Manuel José Ossandón (RN), quien votó además por los ausentes Lily Pérez (Amplitud) y Jaime Orpis (UDI). Ahora el proyecto debe ser votado en la sala del Senado, lo que está programado para septiembre. Pero ya es un hecho que será presentado a los parlamentarios con un informe de las comisiones legislativas proclive a aprobar los cambios que echaron por tierra la iniciativa de los diputados.

El diputado Fuad Chahín (DC), uno de los impulsores originales del proyecto, afirmó a CIPER que el drástico cambio que benefició a los dueños de los estacionamientos, tiene una explicación clara: “A mí me da un poquito de vergüenza ver cómo los senadores hoy día se ponen de rodillas ante la presión de los grupos empresariales y le dan la espalda a los consumidores”.

El lobby de los dueños de estacionamientos tiene voz y rostro conocido: la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (Apoce A.G.). La entidad gremial se constituyó en abril de este año, justo cuando el proyecto de ley que pretendía acotar sus cuantiosas ganancias y establecer las primeras reglas a ese negocio, se discutía en la Cámara de Diputados (fue aprobado en mayo).

Apoce agrupa a las empresas líderes del sector –Besalco, Saba, Central Parking y ECM, entre otras- y es liderada por Fernando Allendes, quien se convirtió en el principal rostro del lobby desplegado por la industria para torpedear la iniciativa de los diputados. Allendes es uno de los tres dueños de ECM, empresa que cuenta con al menos 40 concesiones de estacionamientos en el país, la mayoría de ellas municipales. La empresa de Allendes arrastra una condena en Bolivia por incumplimiento de contrato, pues fue acusada por las autoridades de Cochabamba de abultar el precio de las máquinas “tiqueadoras” de los estacionamientos de superficie (ver recuadro).

Desde el mismo minuto en que nació Apoce, Allendes asumió el liderazgo de los opositores a esta legislación, abogando por la mantención de un modelo que le ha traído generosos réditos económicos por falta de regulación.

EXPLOSIÓN SIN CONTROL

La explosión del parque automotriz en Chile –en solo 14 años pasó de 2 millones a 4,5 millones de vehículos- trajo consigo el crecimiento sin control de una nueva industria: la de estacionamientos privados. Así, gran parte de los espacios disponibles, ya sea en la vía pública o edificios, centros comerciales, clínicas y hospitales, fueron siendo ocupados por empresas que explotan el rubro con una casi inexistente regulación tarifaria y de seguridad. Los reclamos de los usuarios se acumulan por centenares a lo largo del país: tarifas abusivas, cobro por unidades enteras (media o una hora) y no por el tiempo exacto que se ocupó el estacionamiento y ni una sola responsabilidad de sus propietarios por los robos que se cometen en sus espacios, entre otros.

Diputado Fuad Chahín (DC)

Acogiendo la creciente demanda de los usuarios que exigen regular este mercado, a fines de 2014 la bancada de diputados DC formuló una modificación a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Esta iniciativa tuvo como único fin reglamentar los cobros y las responsabilidades de los operadores de este rubro. La alerta roja se encendió de inmediato en las empresas del sector, las que en unos pocos meses se organizaron en la asociación que asumiría el lobby de la industria, Apoce A.G.

A través de los registros de la Ley de Lobby, CIPER pudo constatar que en estos meses el gremio mantuvo reuniones con gran parte de los actores principales del proceso legislativo (Ejecutivo y Congreso), logrando su propósito: anular la regulación propuesta en el proyecto de ley original, aprobado en mayo por la Cámara de Diputados. Eso fue lo que ocurrió con el acuerdo unánime de las comisiones de Economía y de Transportes del Senado, las que actuaron unidas, el pasado miércoles 19 de agosto.

La ofensiva de Apoce, encabezada por Fernando Allendes, fue clave en este cambio. Todo empezó en los primeros días de mayo, un mes después de haberse creado la asociación gremial. Primero fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobos, quien se reunió con el Comité de Operadores de Estacionamientos, miembros de Apoce (ver ficha). Días más tarde, Fernando Allendes se reunió con el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Pablo Construcci (ver ficha), y luego con el director del Sernac, Ernesto Muñoz (ver ficha). Además, y según dijo a CIPER el propio Allendes, también se reunió con los senadores de las comisiones unidas de Economía y Transportes y Telecomunicaciones.

Todas esas reuniones cumplieron su objetivo. Según un artículo del diario Pulso, la drástica modificación en el Senado del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, contó con el apoyo de los ministerios de Obras Públicas, Transportes, Medio Ambiente y Vivienda.

YA NO HABRÁ GRATUIDAD

El proyecto original, que consideraba el cobro por minutos en todos los estacionamientos y gratuidad en la primera media hora y hasta dos horas (con boleta de consumo) en centros comerciales, se eliminó. El principal argumento de los senadores para introducir esta radical modificación, es que la gratuidad incentiva el uso del automóvil, generando congestión vehicular y contaminación ambiental.

En la fugaz discusión que se llevó a cabo en esa sesión del 19 de agosto en la comisión respectiva del Senado, el presidente de la DC, Jorge Pizarro, afirmó: “Lo que nosotros estamos aquí haciendo es reducir bastante el tema de la gratuidad que se había planteado como la gran bandera del proyecto en la Cámara de Diputados”.

La afirmación del senador Pizarro se quedó corta. El proyecto aprobado por las comisiones unidas de Economía y de Transportes y Telecomunicaciones, le entrega dos posibilidades a los empresarios del rubro: cobrar por tramos de tiempo, pero concediendo la primera media hora gratuita o cobrar por minuto sin gratuidad. Para los estacionamientos municipales en vía pública no habrá opción: solo podrán cobrar por minuto, sin gratuidad. Hay que destacar que este punto no estuvo nunca en discusión en la Cámara de Diputados, pues se le considera como la medida realmente efectiva para desincentivar entre los ciudadanos el uso del vehículo particular y evitar la congestión.

De allí que el diputado Fuad Chahín concluya:

-El acuerdo de la comisión del Senado le otorga un amparo legal a una práctica que hoy es dudosa. Lo que están haciendo los senadores es fortalecer la posición actual de los proveedores de estacionamientos que, incluso, va ser mejor que antes de la ley. Son los consumidores los que van a quedar peor.

EL NEGOCIO  DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Todos los indicadores señalan que la industria de los estacionamientos privados es un negocio muy rentable. Y como el parque automotriz sigue creciendo, el rubro seguirá en expansión. Un artículo de La Tercera de abril asegura que la industria opera con una rentabilidad del 10% al 15%, dependiendo de la demanda de la zona. La proyección de esas cifras son las que motivaron en 1994 a los dueños de Ingeniería en Electrónica, Computación y Medicina S.A. (ECM S.A.), dedicada a la venta de equipamiento médico de alta tecnología, a ampliar su giro ingresando al mercado de los estacionamientos.

Jaime Arancibia, Fernando Allendes y Cristián Coronel (Fuente: ecm.cl)

Para ello, los dueños de ECM –Fernando Allendes, Cristián Coronel y Jaime Arancibia– crearon entre abril y mayo de 1994 tres nuevas empresas: Inversiones e Inmobiliaria Inverterra (Inverterra), Servicios de Estacionamientos Controlados (SEC) y Prestadora de Servicios (Serviland). Estas tres sociedades anónimas matrices dieron comienzo a un engranaje que terminó con más de 26 empresas, trece de ellas dedicadas al rubro de estacionamientos -como Auto Orden, Autoparqueo y Estacionar-, convirtiéndose al poco tiempo en el principal negocio del conglomerado.

El grueso de la participación en el rubro de la empresa de Fernando Allendes proviene de las concesiones de municipios por la administración de estacionamientos de superficie y la construcción de instalaciones subterráneas para el mismo propósito. La mayoría de esas concesiones presenta una regulación básica que deja las tarifas libradas a la decisión de la empresa. Si la modificación a la ley aprobada por la Cámara de Diputados no hubiera sido cambiada en su trámite por el Senado, no habría afectado los contratos vigentes, pero sí habría impuesto nuevas reglas para todas las futuras concesiones, perjudicando especialmente a la empresa ECM fuertemente implantada en el sector municipal.

Fue en 2007 cuando ECM obtuvo su primera licitación: la Municipalidad de Chillán le entregó por 30 años la construcción y administración de los estacionamientos subterráneos de la ciudad. Un año más tarde, a través de  Estacionamientos Talca (cuyos socios son Auto Orden y ECM), ganó la licitación para construir y explotar el estacionamiento subterráneo de la capital de la Región del Maule.

Desde entonces, el conglomerado se expandió. Fueron constituyendo nuevas sociedades a medida que postulaban a licitaciones en distintos municipios. En 2008, constituyeron Consorcio Valparaíso (propiedad de SEC y ECM) y Consorcio Ñuñoa (socios: ECM y Transportes Galaxia Limitada). En 2009, crearon Concesiones Iquique (propiedad de Auto Orden, ECM, Fernando Allendes y Cristián Coronel). En 2010, Concesiones Recoleta (sociedad de ECM y Transportes Galaxia Limitada) y Concesiones Santiago (de ECM y SEC). En 2011, fue el turno de Concesiones Los Andes (de Inverterra y ECM) y Concesiones Coquimbo (de SEC y ECM). Y en 2012, se creó Concesiones Valdivia (propiedad de Inverterra y ECM).

Cristián Coronel explicó a CIPER -a través de un correo electrónico- que el modelo utilizado obedece a una forma más eficiente de dividir sus negocios: “Dentro del sector de estacionamientos para los parquímetros se ha potenciado la sociedad Estacionar S.A., y cuando hay inversiones importantes, como estacionamientos subterráneos, se han creado sociedades de giro exclusivo, con la finalidad de conseguir financiamiento y operar organizadamente”.

LAS PERMISIVAS BASES MUNICIPALES

Según un estudio realizado por Colliers, empresa de corretaje de propiedades, sólo en Santiago existen cerca de 60 mil estacionamientos públicos (parking tarifado individual + parking de mall), siendo las comunas de Las Condes, Santiago, La Florida y Providencia, las con mayor densidad de espacios por su fuerte demanda y, por lo tanto, más rentables (ver gráfico). En las tres primeras, ECM tiene concesiones vigentes.

Otro de los factores que incide en la rentabilidad de este negocio es que la mayoría de las licitaciones le garantizan por contrato al privado un extenso plazo para administrar los estacionamientos: sobre los 10 años en superficie y hasta 35 años en subterráneos. A ello se suma que la mayoría de los contratos no regula las tarifas, dejándolas al libre arbitrio de la empresa.

En 1996, la Municipalidad de Rancagua le adjudicó a ECM la “habilitación de espacios para aparcamiento de vehículos regulados con parquímetros” y su operación por 20 años, a cambio de un ingreso mensual para las arcas municipales que ronda los $11 millones. En 2012, el alcalde de la comuna, Eduardo Soto, mostró su desacuerdo con este tipo de contratos, en entrevista conEl Rancagüino: “No fue un buen contrato para el municipio de Rancagua” (ver decreto y contrato).

Algo similar sucedió con la construcción y administración de los estacionamientos subterráneos de la Plaza de la Justicia, en la esquina de Compañía con Bandera (frente a los tribunales). La Municipalidad de Santiago le adjudicó la licitación a ECM por 35 años y con libertad tarifaria por estacionamiento y servicios complementarios. Es decir, ECM puede cobrar lo que quiera por 35 años (ver decreto) y su único compromiso es entregarle a la municipalidad 6.000 UF cada año ($150 millones). Un “beneficio” adicional para la municipalidad es que puede solicitar el pago adelantado de la concesión por los primeros cinco años.

Este “pago anticipado” por parte de las empresas que licitan estacionamientos municipales, se ha transformado en el principal atributo para ganar este tipo de contratos. Dada la constante precariedad financiera en que se mueven los municipios, este anticipo es un salvavidas para su flujo de caja, por lo que habitualmente se califica mejor a la empresa que entrega el mayor adelanto. Esto limita la entrada de nuevos participantes al rubro, ya que favorece a las empresas con más espaldas financieras, y tiene un efecto directo en los potenciales clientes de estos estacionamientos, que deben pagar la tarifa que a la empresa se le antoja.

En 2014, la Municipalidad de Independencia licitó sus estacionamientos de superficie, entregando tres posibilidades a los postulantes: sin anticipo, anticipo de $100 millones o $200 millones o más. Entre las dos empresas que postularon, Guillermo Ortega Jordán y Estacionar, el primero no ofreció anticipo y el segundo ofreció $400 millones. Como era obvio, Estacionar ganó la licitación.

(Fuente: ecm.cl)

Casos como estos se repiten en otras comunas donde Estacionar ha ganado licitaciones de estacionamientos de superficie. Por ejemplo, en La Florida, la empresa perteneciente a ECM pagó un anticipo de 24 meses, que se traduce en casi $100 millones; en Puerto Montt, la municipalidad recibió $800 millones por 24 meses mientras que la Municipalidad de Quilpué obtuvo 28.500 UF ($700 millones) de anticipo. En esta última, según las bases, Estacionar aumentará la tarifa en 2016 en su valor máximo: $3,5 por minuto. Los otros oferentes propusieron subir $0,9 por minuto, pero pagando un menor anticipo (ver ofertas económicas de Quilpué).

Una situación similar ocurrió en 2012, en la Municipalidad de Valdivia, cuando se licitó por 35 años la construcción de dos edificios de estacionamientos subterráneos en la ciudad y la administración de los estacionamientos de superficie a Concesiones Valdivia (propiedad de Inverterra y ECM). La empresa pagó 27.188 UF ($600 millones), como anticipo. Según el contrato, la municipalidad recibirá $500 mil mensuales por cada edificio subterráneo y $20 mil por cada estacionamiento de superficie. A diferencia de otros contratos, este sí norma ambas tarifas: $1.800 por hora en el subterráneo y $330 por cada 20 minutos en superficie (ver decreto y contrato).

CIPER le preguntó a los dueños de ECM sobre las ponderaciones y condiciones de tarifas de las licitaciones de estacionamientos municipales. Esta fue la respuesta, por correo electrónico, de uno de los socios de ECM, Cristián Coronel: “Las condiciones de las licitaciones las establecen las municipalidades, ellos deberían responder por los términos”.

No todas las licitaciones municipales han resultado fáciles para los dueños de ECM.  Un litigio judicial entre una de sus empresas, Concesiones Recoleta (donde ECM es socio junto a Transportes Galaxia Limitada), y la Municipalidad de Recoleta ha puesto bajo la lupa las condiciones en que la gestión de la anterior alcaldesa, Sol Letelier (UDI), le entregó el negocio a ECM. Según la actual administración comunal, hubo graves falencias en el contrato, ya que el dinero que recibirá por esa concesión no se condice con los 35 años de duración y tampoco con las altas tarifas que se cobran a los usuarios.

A ello se suma otro problema. Según consta en el decreto municipal respectivo, Concesiones Recoleta asumió el compromiso de entregar la construcción de los estacionamientos el 9 de diciembre de 2011 (ver decreto). El 13 de marzo de este año, es decir, más de tres años más tarde, los estacionamientos no estaban terminados, por lo que el municipio le cursó una multa de 2.378 UF ($59,6 millones) por 1.189 días de retraso.