El pendrive que abre la puerta para investigar las platas políticas del Grupo Angelini

Un pendrive que puede convertirse en la pieza clave para que el Ministerio Público avance en la investigación de las platas que el Grupo Angelini entregó para financiar ilegalmente a políticos, llegó finalmente a manos de los fiscales la semana pasada. Su remitente: el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que dilató durante meses la entrega de esa información, indispensable para pedir la formalización de los imputados en tribunales. El pendrive contiene la documentación contable entregada al SII por los ejecutivos del grupo, y que avaló la rectificación tributaria con la que reconocieron haber hecho pagos irregulares.

Los antecedentes que manejan los fiscales indican que al menos seis empresas del Grupo Angelini – Empresas Copec, Copec Combustibles, Celulosa Arauco y Constitución (Celco), Seguros Cruz del Sur (ahora de propiedad de Security), Inversiones Siemel y Corpesca- encubrieron el financiamiento de políticos mediante el pago de boletas y facturas por asesorías que nunca fueron realizadas, disminuyendo además los impuestos que ese conglomerado debió pagar al Estado. El mismo modus operandi ya detectado en la contabilidad de empresas del Grupo Penta y de Soquimich.

Los documentos almacenados en formato digital que requería la Fiscalía estaban desde hace meses en manos del SII –al menos desde comienzos de mayo- y pese a la insistencia de los fiscales, no habían sido proporcionados al Ministerio Público. Los documentos contables solicitados corresponden a los antecedentes que las mismas empresas del Grupo Angelini entregaron al SII al rectificar sus declaraciones de impuestos, debido a que originalmente habían incorporado pagos que no correspondían. Tras presentar esas rectificaciones, las empresas del grupo procedieron a cancelar los tributos que adeudaban, más multas e intereses.

Giorgio Martelli

La Fiscalía quería acceder a los antecedentes contenidos en las rectificaciones para determinar cuántas de las operaciones corregidas por el Grupo Angelini corresponden al pago de servicios que jamás se prestaron y que podrían enmascarar aportes a políticos u otras fórmulas de evasión tributaria. Por esta misma vía -los detalles de una rectificación de impuestos- el Ministerio Público pudo acreditar, por ejemplo, que la empresa SQM Salar había hecho aportes de más de $200 millones a la consultora Asesorías y Negocios (AyN), de Giorgio Martelli, que se usaron para financiar la precampaña de Michelle Bachelet.

El monto pagado por el Grupo Angelini por los tributos adeudados habría sido de $850 millones, según publicó revista Qué Pasa el 18 de junio, artículo en el que se asevera que la rectificación se materializó los días 7 y 8 de mayo y correspondió a Empresas Copec, Copec Combustibles y Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Las facturas y boletas rectificadas sumarían $1.500 millones entre los años 2012 y 2014 (ver artículo de revista Qué Pasa: “El cheque que el grupo Angelini pagó al SII”).

CIPER pudo establecer que al menos a comienzos de julio el Ministerio Público ya había oficiado al SII para que se le informara el detalle de la rectificación. Pero la respuesta entregada fue parcial e insuficiente, sin precisiones útiles para la investigación. Las posteriores insistencias de los fiscales se estrellaron con el silencio de Impuestos Internos. Por ello, en la primera semana de agosto, se despachó otro oficio al SII, solicitando que hiciera llegar la información contenida en el pendrive, petición que recién ahora fue respondida. Resta por saber si el SII entregó toda la información solicitada o si nuevamente el pendrive contiene solo una parte.

Los fiscales también oficiaron al Grupo Angelini para que entregara la misma información, pero no obtuvieron respuesta. La indagación de CIPER pudo establecer que, a diferencia de los directivos de Soquimich, los responsables del Grupo Angelini no han informado a qué corresponden los gastos rectificados, un antecedente clave para establecer con precisión los eventuales delitos tributarios involucrados.

Uno de los hitos que ha marcado el conflicto entre el Ministerio Público y el SII por la postergación de la entrega de estos documentos, fue la reunión que el martes 11 de agosto sostuvo el fiscal nacional Sabas Chahuán con el -hasta ese día- director subrogante de Impuestos Internos, Juan Rojas Barranti. En la cita, el titular del Ministerio Público expresó su preocupación por la lentitud del SII en la entrega de información a la Fiscalía y en su accionar ante los tribunales no sólo en el caso del Grupo Angelini. La respuesta de Rojas Barranti fue que el SII estaba actuando con estricto apego a la legalidad.

Abogados querellantes en las investigaciones por los ilícitos de Penta y SQM consideran que Rojas actuó como un defensor de la llamada “Tesis Escobar” (impulsada por el ex director del SII Ricardo Escobar, hoy socio del abogado Jorge Bofill, cuyo estudio defiende a Julio Ponce Lerou, entre otros imputados en las indagatorias a Penta y SQM). Escobar ha sostenido públicamente que no hay delito tributario en el pago de asesorías que nunca se realizaron y que se trata de un error que debe subsanarse administrativamente mediante la rectificación de las declaraciones de impuestos. Con esto, quedan fuera de la persecución judicial las boletas y facturas falsas que se utilizaron para financiar ilegalmente a políticos y también para enmascarar los premios a ejecutivos, disminuyendo así la carga tributaria de las empresas.

Rojas Barranti reemplazó desde el 18 de mayo al 11 de agosto de este año al director del SII Michel Jorratt, a quien se le pidió la renuncia al ser cuestionado por haber recibido pagos de la empresa AyN de Giorgio Martelli, quien ha reconocido ante los fiscales que SQM y empresas del Grupo Angelini le aportaron recursos. Una vez fuera del SII, Jorratt denunció haber recibido presiones del ministro del Interior de esos días, Rodrigo Peñailillo, a través de la jefa de gabinete del ministro de Hacienda de entonces, Alberto Arenas, para frenar la investigación a Soquimich.

Sabas Chahuán

Un tercer episodio en la fría relación entre el Ministerio Público y el SII fueron las declaraciones públicas del jueves 13 de agosto del fiscal nacional Sabas Chahuán. Tras calificar su reunión con el saliente director del SII como “de colaboración y coordinación”, Chahuán reveló que le solicitó que Impuestos Internos presente querellas o denuncias en unos cuatro o cinco casos -que no quiso nombrar- para que la Fiscalía pueda avanzar en las investigaciones, ya que por ley el SII tiene el privilegio exclusivo de perseguir los delitos tributarios.

A pesar de que el SII no presentó nuevas denuncias o querellas, el Ministerio Público decidió solicitar audiencia para formalizar a Giorgio Martelli como representante legal de AyN (solo está querellado como persona natural), lo que abriría la vía judicial para investigar toda la precampaña de Michelle Bachelet. Además de Martelli, la solicitud de formalización incluye al ex diputado Alejandro Sule (PR), quien recibió aportes ilegales de SQM; Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y Roberto Guzmán Lyon, uno de los hombres de confianza de Ponce Lerou (ver reportaje de CIPER). La solicitud de audiencia se materializará en estos días y a ella podrían agregarse otras personas vinculadas a políticos oficialistas.

La actitud que asuma ahora Impuestos Internos dependerá de su recién nombrado director, el ingeniero civil Fernando Barraza Luengo, quien fue subdirector de informática del SII hasta 2009 y que ahora se desempeñaba como gerente de procesos de CORFO. Barraza tendrá que hacer equilibrio entre dos delicadas misiones. La primera, poner en marcha al SII bajo las nuevas normas de la reforma tributaria y alcanzar la recaudación prevista para financiar la reforma educacional y otros objetivos programáticos del gobierno. La segunda, definir cómo va a colaborar el SII con la Fiscalía en las investigaciones por delitos tributarios asociados a financiamiento ilegal de la política.

En esta segunda misión, Fernando Barraza se topará al menos con un nombre conocido dentro de los investigados por el Ministerio Público y por el propio SII: el abogado Raúl Arrieta Cortés, quien ha recibido pagos de Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini que es investigada por cohecho y lavado de activos.

El nuevo director de Impuestos Internos comparte asiento con el abogado Arrieta en el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, que preside la subsecretaria de Economía, Katia Trusich.  Raúl Arrieta fue, además, asesor de Katia Trusich en la subsecretaría hasta mayo de este año. También ha sido asesor legislativo del senador Felipe Harboe (PPD), esposo de la subsecretaria Trusich. Su sociedad Asesorías e Inversiones Arrieta facturó $12 millones a Corpesca en 2012. Ese pago habría sido incluido en una rectificación tributaria ingresada por Corpesca al SII y Arrieta fue citado a declarar ante el Departamento de Delitos Tributarios de Impuestos Internos, según informó una nota de El Mercurio.

LOS APORTES SOSPECHOSOS

El grupo Angelini fue generoso con Asesorías y Negocios SpA, la empresa creada en 2011 por el geógrafo y ex militante PPD, Giorgio Martelli, para financiar a Rodrigo Peñailillo y al equipo de profesionales que bajo su conducción operó para preparar el lanzamiento de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Rodrigo Peñailillo

Empresas Copec S.A., Celulosa Arauco y Constitución (Celco), y Seguros Cruz del Sur -esta última cuando aún no había sido vendida al grupo Security- aportaron $218 millones a AyN entre el 16 de enero de 2012 y el 22 de marzo de 2013, para lo cual compraron a la sociedad de Martelli supuestas  «asesorías profesionales» que pagaron contra 13 facturas extendidas por AyN.

La primera alerta sobre los aportes irregulares del Grupo Angelini a la precampaña de Bachelet se conoció el 9 de mayo por una publicación de The Clinic, que reveló los pagos a AyN. El 12 de mayo los fiscales que investigaban a Soquimich pidieron la contabilidad a la empresa de Martelli y el 19 de mayo la PDI retiró esos antecedentes, entre los cuales aparecieron las facturas emitidas por Asesorías y Negocios a las empresas de Angelini: cuatro para Copec S.A. (por $57 millones), ocho para Celco ($151 millones) y una para Cruz del Sur ($10 millones). En total, $218 millones aportados a AyN por el Grupo Angelini, según el informe Nº 2266 de la PDI a la Fiscalía Nacional, fechado el 20 de mayo pasado.

Sin embargo, la millonaria suma sería apenas la punta del iceberg de los dineros que el grupo Angelini destinó a políticos.

Otra de sus empresas, Corpesca, entregó platas al senador Jaime Orpis (UDI) y a un asesor de la ex diputada Marta Isasi (Independiente de derecha), ilícitos que son investigados -cohecho y lavado de activos-, ya que se presume que a través de esos aportes se perseguía el apoyo de los parlamentarios para beneficiar a la empresa en la discusión de la nueva Ley de Pesca, aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera y bajo la gestión de Pablo Longueira (UDI) como ministro de Economía.

El asesor de la ex diputada Isasi, Georgio Carrillo, recibió $25 millones y el senador Orpis, $235 millones, entre 2009 y 2013. El gerente de Corpesca, Francisco Mujica, reconoció a CIPER que la empresa había entregado dineros a parlamentarios de distintos partidos y esa revelación le costó el cargo (vea el reportaje “Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas”). Corpesca  hizo su propia rectificación ante el SII a comienzos de julio, por lo que pagó en Tesorería $261 millones en impuestos, intereses y multas.

Fernando Barraza, nuevo director del SII.

A su vez, Cruz del Sur también entregó $90 millones a la sociedad Harolds & Johns Business & Law, empresa creada por Harold Correa (PPD), brazo derecho del ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Correa es parte de la llamada Generación 90, grupo del PPD liderado por Peñailillo que asumió un rol protagónico en la precampaña de Bachelet y luego ocupó cargos clave en los ministerios más sensibles. El propio Harold Correa fue jefe de gabinete del ministro de Educación hasta la caída de Peñailillo. El otro socio es el abogado Alex Matute Johns, hermano del asesinado estudiante de Concepción, Jorge Matute, cuyo crimen sigue impune. A diferencia de las empresas de Angelini, el Grupo Security sí respondió el oficio del Ministerio Público que consultaba sobre los pagos hechos por Cruz del Sur.

En la misma investigación a SQM, Copec había sido mencionada tangencialmente por el agente de aduanas Patricio Purcell quien declaró que hizo trabajos para Soquimich a través de Adolfo Zaldívar, el fallecido ex senador y líder del Partido Regionalista Independiente (PRI). “El mismo trabajo hice para Copec y para Celulosa Arauco, también por contacto de Adolfo Zaldívar», dijo Purcell, quien cobró $15 millones. En la investigación a Soquimich aparecen varios militantes del PRI, incluyendo a su actual presidente, Humberto de la Maza, emitiendo boletas que no corresponderían a trabajos realizados, ya que SQM las incluyó en su rectificación.

Y a partir de la indagación a Penta surgió otra empresa del grupo Angelini: Inversiones Siemel. Esta última recibió boletas de un ex asesor del ahora senador Iván Moreira (UDI). Se trata de Eduardo Montalva,quien aparece emitiendo en 2013 -año de campaña- boletas a Siemel S.A. por $7,9 millones. Montalva ha sido imputado por la Fiscalía debido a que también entregó boletas a Penta y a Automotores Gildemeister ese mismo año.

LA DECLARACIONES DE ROSENBLUT Y MARTELLI

Las declaraciones que Giorgio Martelli y Jorge Rosenblut prestaron ante la Fiscalía son los documentos que hasta ahora entregan más detalles sobre la vinculación del conglomerado con platas políticas.

Jorge Rosenblut

Roles principales en esta trama les correspondieron al propio Rosenblut -ex presidente de Enersis y hombre clave en el vínculo del oficialismo con el mundo empresarial- y al actual vicepresidente de Empresas Copec S.A., el abogado José Tomás Guzmán Dumas, histórico amigo y consejero del fallecido Anacleto Angelini, fundador del grupo (vea el reportaje de CIPER “La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la precampaña de Bachelet”).

Jorge Rosenblut, quien en su declaración reconoció haber contactado a Martelli con Guzmán, también admitió que en 2009 se había acercado al Grupo Angelini para averiguar si había disposición de ayudar al entonces candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei.

Martelli relató a los fiscales Sabas Chahuán y Carmen Segura que, a fines de 2011, Rosenblut lo invitó a trabajar para financiar a varias personas que requerían estabilidad económica para preparar una nueva opción de gobierno de la Concertación. La idea de constituir una empresa que ofreciera servicios profesionales sobre políticas públicas, síntesis legislativas y análisis político-económico surgió de reuniones en las que participaron Rodrigo Peñailillo, el abogado Cristián Quinzio -actual consejero jurídico de Codelco-, Rosenblut y Martelli.

Los dineros del Grupo Angelini y de las otras empresas que aportaron recursos a AyN sirvieron para mantener a Rodrigo Peñailillo y a un equipo que incluía a sus más cercanos, reveló Martelli.

El NEXO DE MARTELLI  CON EL GRUPO ANGELINI

Giorgio Martelli declaró ante los fiscales: “Jorge Rosenblut me contactó con José Tomás Guzmán y me dijo el monto autorizado para la operación con el grupo”. Y agregó que Guzmán fue quien estableció cuánto iba a aportar cada empresa del conglomerado a partir de 2012. Martelli no especificó cuántas reuniones sostuvo con Guzmán, pero dijo que en ellas se fijaron los objetivos de los contratos que se firmarían entre AyN y las empresas compradoras de los informes. Requerido por los fiscales para que entregara esos contratos, respondió que no podía hacerlo porque nunca se firmaron: “Estaban en blanco en cuanto a quiénes representaban a cada una de las compañías y sus RUT”. También aseguró que se los había entregado a Guzmán para completarlos y firmarlos “pero finalmente no me los devolvieron”.  Y reconoció que al momento de acordar los objetivos de los contratos no sabía cuál era el giro de las empresas a las que iban a prestar los supuestos servicios de asesoría.

José Tomás Guzmán

De esas incongruencias, Martelli responsabilizó a José Tomás Guzmán: “La relación con el grupo Angelini fue más compleja. Me entendí directamente con el señor Guzmán y le insistí en varias oportunidades que me firmara los contratos, que revisara los informes y los asignara a los intereses (giro) de las empresas, lo que no sucedió”. Finalmente, la relación se diluyó a mediados de 2013.

Por ahora, el avance de la investigación sobre el financiamiento ilegal de la política por parte del Grupo Angelini y la citación a declarar de José Tomás Guzmán, dependen de lo que los fiscales encuentren en el pendrive con la documentación contable del grupo, proporcionado por el SII. Y también de la disposición a colaborar en esta arista que demuestre el Servicio de Impuestos Internos, ahora liderado por Fernando Barraza y Bernardo Lara (nuevo subdirector jurídico).