Carabineros detenidos por asaltos figuran en denuncia de 2014 que alto mando no investigó

En abril de 2014 dos oficiales de Carabineros, uno de ellos de la Dipolcar, recibieron una denuncia de dos cabos de la 58ª Comisaría: 12 policías de esa unidad participaban en asaltos. Nadie en Carabineros los investigó y tampoco los denunciaron a la Fiscalía. Se optó por diseminar en otras comisarías a los involucrados. Un año más tarde quedó en evidencia que esa fue una decisión nefasta: dos de los policías acusados fueron detenidos por la PDI por participar en violentos asaltos. Testimonios recogidos por CIPER indican que hay comisarías, como la 58ª, convertidas en “escuelas de corrupción”.

La noche del 2 de marzo pasado las bodegas de la empresa de transportes UPS, en Quilicura, sufrieron un intento de robo. Podría haber sido un delito como tantos otros que ocurren en Santiago, de no ser por un detalle: afuera del inmueble, orquestándolo todo, había un carabinero. Sentado en un auto y de civil, el cabo primero de la 49° Comisaría de Quilicura, Álvaro Castillo Arévalo, coordinaba tres patrullas de su unidad que vigilaban los alrededores no para prevenir delitos, sino para facilitar el robo. A su lado, el “Guatón Carlos”. Un narcotraficante que, al igual que Castillo, también daba instrucciones, pero a su banda de delincuentes.

A esa misma hora el jefe de seguridad de UPS vio desde su casa, a través de un computador conectado a las cámaras de seguridad de la empresa, cómo siete personas entraron, amarraron y amenazaron a punta de pistola al guardia de turno. De inmediato apretó el botón de pánico. Los carabineros que patrullaban el sector recibieron la alerta desde la Central de Comunicaciones (Cenco) y le avisaron al cabo Castillo: “Sonó Cenco, tenemos que ir”. Castillo alertó al “Guatón Carlos” y  este a su cuadrilla. Los siete que estaban adentro escaparon.

Todo lo que ocurrió esa noche quedó registrado en escuchas telefónicas ordenadas por la Fiscalía, en una investigación que casi cuatro meses después del robo a UPS terminó con la detención del cabo Álvaro Castillo y otros tres carabineros: los cabos Celso Concha Morán y Giovanni Seguel Salazar, además del sargento Paulo Vásquez Gutiérrez.

El 23 de junio pasado los cuatro carabineros fueron detenidos por la PDI. Los últimos robos que habían facilitado fueron el del Supermercado Santa Isabel de la calle La Travesía, en Pudahuel, ocurrido el 22 de mayo, y solo tres días después el de la bodega de alimentos de Comercial DCT, en Peñaflor. Probablemente esos asaltos, así como el de UPS y varios otros que aún investiga la Fiscalía y en los que se sospecha que estos y otros carabineros participaron, se habrían evitado si la policía uniformada hubiese investigado –como correspondía- una denuncia contra más de una decena de sus miembros hecha casi un año antes.

(Fuente: carabineros.info)

En abril de 2014 dos oficiales, uno de ellos de la Dirección de Inteligencia (Dipolcar), repartición que investiga la corrupción interna, recibieron antecedentes que involucraban a una docena de funcionarios de la 58ª Comisaría de Estación Central en varios robos y asaltos. Pero esa denuncia no dio pie a una investigación formal ni se informó de ella al Ministerio Público. Al estilo de lo que durante décadas hizo la Iglesia Católica con los sacerdotes acusados de abusos, Carabineros sólo resolvió trasladar a diez de los denunciados a otras unidades, sin importar que con esta maniobra se corriera el riesgo de expandir la corrupción. Y así fue, porque entre los trasladados estaban precisamente dos de los carabineros ahora detenidos por la PDI: Álvaro Castillo y Celso Concha.

Castillo y Concha se habían conocido en la 58ª Comisaría. Sus cómplices, Seguel y Vásquez, habían pasado por la 21ª. Ambas unidades son de Estación Central y en el mundo policial se les reconoce como lugares de “castigo”, donde se concentran funcionarios con mala conducta y que se constituyen en verdaderas “escuelas de corrupción». Fue en la 58ª donde comenzó a gestarse esta historia, que incluyó hasta tiroteos entre carabineros y funcionarios de la PDI.

LA 58ª, TIERRA DE NADIE

La 58ª Comisaría Población Alessandri, en el sur de Estación Central, fue hasta enero de 2014 una subcomisaría. Con solo un capitán a cargo y jurisdicción sobre poblaciones emblemáticas y conflictivas, como Villa Francia y Los Nogales, algunos de sus propios funcionarios relataron a CIPER que era “tierra de nadie”. Prácticamente olvidada por los mandos superiores, la entonces subcomisaría se había transformado en una “huesera”, un lugar donde iba a parar lo peor de otras unidades.

“Estaba podrida por dentro, los carabineros hacían lo que querían”, cuenta un funcionario que trabajó allí en esa época y que pide la reserva de su identidad.

Oficiales y carabineros que han servido en esa unidad, dicen que bajo el pretexto de conseguir informantes, varios miembros de la subcomisaría estrecharon relaciones con delincuentes de la zona. El perfil de estos carabineros era el de personal que llevaba muchos años en la institución, no habían pasado por la Escuela de Suboficiales, tenían bajos ingresos y pocas posibilidades de proyectar una carrera ascendente. Al frente, estaba la tentadora oferta del mundo narco: dinero fácil, autos, fiestas y mujeres.

Uno de los carabineros que participó en ese grupo de la 58ª y que admite que se familiarizó con delincuentes, explica cómo él se inició en ese proceso: “No puedes hacer las cosas como dice la Constitución o el Código Penal porque, lamentablemente, para pillar traficantes tienes que jugar al mismo nivel de ellos. Y uno se acostumbra a trabajar así”. Ese sistema, reconoce, lleva a los policías a tener “protegidos” y a hacer la vista gorda a favor de sus informantes. El siguiente paso es aceptar, en retribución, regalos o invitaciones. Y algunos, finalmente, cruzan por completo la línea y colaboran en la comisión de delitos:

“En una noche buena te podías hacer hasta dos millones”, contó a CIPER un carabinero que trabajó en esa unidad. Una suma bastante superior a los $203.992 -sin incluir bonos ni descuentos- de sueldo base mensual que recibe actualmente un cabo segundo.

En enero de 2014 la unidad se convirtió en comisaría. Asumió el mando el comisario Jorge Miranda Bulboa y llegaron nuevos oficiales. Carabineros que vivieron el cambio dicen que estos jefes instauraron una política de trabajo “ético” que fomentaba las denuncias internas por conductas indebidas. Desde el funcionario que aceptaba bebidas gratis del negocio de la esquina hasta los que cometían delitos, todos debían ser reportados.

Fue en ese nuevo clima laboral, que en abril de 2014 el cabo Celso Concha Morán se acercó a la jefatura de la 58ª con una denuncia demoledora: por lo menos 12 carabineros de la unidad estaban apoyando y encubriendo robos de cajeros automáticos y de cajas fuertes de supermercados y servicentros. Concha entregó datos precisos que evidenciaban una coincidencia alarmante: en las fechas y horas en que se cometieron los robos siempre estuvieron a cargo de patrullar esos sectores los mismos carabineros que él ahora acusaba. Se revisaron las hojas de turnos y efectivamente los datos calzaban.

CIPER solicitó una entrevista con los mandos de la 58ª Comisaría para corroborar estos  antecedentes, pero el capitán Yuri Spuler respondió que las consultas debían dirigirse al Departamento de Comunicaciones de Carabineros.

No obstante, CIPER tuvo acceso a un documento que corrobora que el mismo capitán Spuler se reunió con el denunciante Concha y con un oficial de la Dipolcar, identificado en ese escrito como capitán Zúñiga, para analizar los antecedentes de la acusación. Ese documento es la declaración voluntaria que prestó un ex miembro de la 58ª, el cabo primero Manuel Flores Catrinao, en el proceso por el que se le dio de baja debido a sus vínculos con un asalto al Mall Chino de Estación Central. Flores aseguró en su declaración que él también fue llamado a participar en la reunión con Spuler, Zuñiga y Concha. Y sostuvo que en esa cita él corroboró la denuncia de que carabineros que integraban “una sección entera que conformaban un turno” prestaban cobertura a robos (vea la declaración).

EL “REY DE LA CALLE”

El denunciante Celso Concha, y bien lo sabían sus jefes, no era una fuente confiable. Tenía múltiples relaciones con delincuentes de la zona y, de hecho, fue uno de los cuatro carabineros que finalmente cayeron detenidos el 23 de junio. Pero los datos que aportó en su denuncia eran muy precisos. Un oficial que conoció la situación, dijo a CIPER que siempre pensaron que con su acusación Concha estaba tratando de eliminar la “competencia” al interior de la unidad: “En esta comisaría operaban dos bandas de carabineros corruptos que entraron en conflicto o bien todos trabajaban juntos y se pelearon, por lo que Concha y Flores acusaron al resto”.

Celso Concha Morán era, según sus ex colegas, el “rey de la calle”. Llevaba años trabajando en Estación Central, primero en la 21° Comisaría y, desde 2011, en la 58°. Tenía una extensa red de “contactos” en las poblaciones del sector. Uno de los carabineros que trabajó con él en la 58° lo describe como el líder negativo por excelencia: “Él sabía cómo, cuándo, dónde y con quién”. Sus compañeros evitaban hacer procedimientos que afectara a los “protegidos” de Concha. Pero un día, a principios de 2014, algunos funcionarios decidieron ignorar sus amenazas y hacer un procedimiento al que denominaron “Plan Cuncuna”: varias patrullas salían de madrugada, detenían a todas las personas que encontraban en la calle, las llevaban a la comisaría, revisaban sus antecedentes y si tenían detenciones pendientes o si portaban algo ilegal, pasaban a la Fiscalía.

Entre los que caían por el “Plan Cuncuna” siempre había “protegidos” de Concha, lo que fue tensionando las relaciones al interior de la unidad. Algunos de sus ex colegas creen que Concha decidió hacer la denuncia precisamente porque vio en riesgo su poder en las calles. Un oficial que se desempeñó en Estación Central señaló a CIPER que, más allá de las motivaciones que tuvo Concha y de su historial negativo, lo que nunca debió pasar fue lo que finalmente ocurrió: que no se realizara la investigación interna y que no se hiciera la denuncia a la Fiscalía.

Personal que trabajaba en la 58ª cuando sucedieron estos hechos asegura que en abril de 2014, cuando el cabo Celso Concha presentó su denuncia por escrito al capitán Spuler, este oficial la canalizó a sus superiores. La información llegó a la Prefectura Central Sur y a la jefatura de Zona. Fue resultado de esa cadena de mando que se coordinó la reunión entre Concha, Spuler, Flores y el capitán de la Dipolcar, quien fue identificado finalmente como Félix Zúñiga. La cita se realizó en una sanguchería de la calle Santa Isabel. Según la información recabada por CIPER, los antecedentes nunca llegaron a manos del Ministerio Público.

A casi de un mes de efectuada la denuncia, el mando de la 58ª Comisaría fue alertado de que el cabo Flores Catrinao había decidido poner los antecedentes en manos de la PDI, debido a que no había señales de una investigación interna. La información sobre esta posible filtración hacia la policía civil se canalizó a la superioridad. La respuesta fue que, no habiendo tiempo para realizar una investigación interna y debido a la posibilidad de que la PDI descubriera una unidad de Carabineros totalmente permeada por delincuentes, la mejor alternativa era dispersar al grupo involucrado en la denuncia, incluyendo a los acusadores Concha y Flores. Por eso, en mayo del año pasado, 12 carabineros fueron trasladados y sólo dos de los mencionados en la denuncia permanecieron en la 58ª Comisaría

La investigación de CIPER indica que los carabineros transferidos desde Estación Central ahora están en unidades de las siguientes zonas: Puente Alto, Maipú, La Pintana, La Florida, Conchalí, Los Domínicos, Lolol, Pumanque, Coinco y Rapel.

RESPUESTA OFICIAL: “MONITOREO DE INTELIGENCIA”

El comandante del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, teniente coronel Alex Chaván, respondió las consultas de CIPER. Según indicó, “los traslados de los carabineros se deben a la reestructuración que ocurre al convertir una subcomisaría en comisaría”, como sucedió con la unidad de la Población Alessandri.

Respecto de si se investigó la denuncia que involucró a una docena de Carabineros de la 58ª Comisaría, el comandante Chaván señaló que no tenía claro que se hubiese registrado formalmente esa acusación: “Es importante que tengamos claro lo que significa un rumor o una conversación de pasillo, en la cual yo puedo entregar antecedentes que no tienen credibilidad. Nosotros siempre buscamos que cualquier denuncia sea seria”.

CIPER le hizo presente a Chaván que existe una declaración voluntaria que indica que esa denuncia fue formulada por dos carabineros (Concha y Flores) en presencia de un oficial de la unidad (capitán Spuler) y de otro de la Dipolcar (capitán Zúñiga). Además, que entre los funcionarios involucrados en esa acusación hay dos que efectivamente fueron detenidos el 23 de junio por asaltos y robos en concomitancia con delincuentes comunes. El comandante Chaván señaló que cuando se produjeron las detenciones de junio pasado, Carabineros estaba realizando un “monitoreo de inteligencia”, cuyos detalles no podía revelar debido a restricciones legales:

-Estábamos haciendo un monitoreo de inteligencia. No puedo decir sobre quiénes, ni desde cuándo. Sí les puedo afirmar que es con anterioridad a la detención, pero la Ley de Inteligencia nos restringe para dar más información. Este monitoreo se estaba haciendo por situaciones irregulares que afectaban a algunos funcionarios -dijo Chaván a CIPER.

El comandante aseguró que el monitoreo se cruzó con la investigación judicial que ya estaba llevando el Ministerio Público por asaltos que involucraban a los cuatro carabineros finalmente detenidos. Según la versión de Chaván, al percatarse de que ya había una indagatoria judicial, Carabineros decidió suspender su monitoreo y facilitar a la Fiscalía todos los antecedentes de esa investigación.

El monitoreo al que hace referencia el comandante Alex Chaván debe estar entre los menos eficientes realizados por la policía uniformada. Esto, porque entre marzo y junio de este año los carabineros supuestamente monitoreados concretaron al menos cuatro asaltos, dos de los cuales involucraron tiroteos con funcionarios de la PDI.

BALACERAS ENTRE COLEGAS

Si la denuncia que se formuló en 2014 en la 58ª Comisaría hubiese seguido el curso que correspondía, probablemente los cabos Celso Concha y Álvaro Castillo no habrían podido organizar los cuatro asaltos que ahora investiga la Fiscalía y por los que están detenidos desde junio. Ambos, según los antecedentes recopilados en la investigación de la Fiscalía, le dieron cobertura a dos bandas: la del narcotraficante conocido como “Guatón Carlos” y la de asaltante apodado “Lobito”, identificado como Cristián Miguel Rojas Alfaro.

A Concha y Castillo se sumó la detención de otros dos carabineros: Giovanni Seguel y Paulo Vásquez. Los delitos del cuarteto fueron descubiertos prácticamente por accidente. El 27 de febrero de este año la Fiscalía Sur investigaba una causa de narcotráfico y en las interceptaciones telefónicas apareció una voz que usaba lenguaje policial y que tenía como ruido de fondo las comunicaciones de Cenco. Luego supieron su nombre: Álvaro Castillo Arévalo, uno de los trasladados desde la 58° Comisaría en 2014 y que había aterrizado en la 49ª de Quilicura.

Luego del asalto a UPS, las conversaciones entre Castillo y el “Guatón Carlos” se intensificaron. El 11 de marzo de este año, el delincuente le comentó al cabo Castillo que su sobrino “quería hacer algo”. El carabinero exigió que el botín se dividiera en partes iguales con él. El menor de edad quería robar una tienda en el outlet de Buenaventura, en Quilicura.Castillo le dio toda la información que necesitaba: le explicó que el viernes 13 de marzo tendrían 10 minutos justo a la hora en que se hacía el cambio de guardia en la comisaría.

Llegado el día, la fiscalía y la PDI mandaron a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Quilicura a hacer un patrullaje por el lugar, para que la banda los viera y desistiera del robo. Pero no los vieron y entraron a una tienda de relojes. Cuando escapaban en un auto robado, se encontraron de frente con la PDI, chocaron, atropellaron a dos personas y dispararon a la policía. Según relataron testigos a Radio Biobío se escuchó una veintena de tiros. La PDI logró detener a seis de los siete asaltantes, entre ellos al sobrino del “Guatón Carlos”, herido de bala.

Con la banda del “Guatón Carlos” desarticulada, las escuchas telefónicas revelaron que el cabo Castillo comenzó a operar con un nuevo socio: “Lobito”, con antecedentes por robo y secuestro, y líder de una banda de seis a siete personas.

El 6 de mayo de este año, el cabo Celso Concha, que luego de ser trasladado de la 58ª había recalado en la 2ª Comisaría de Copiapó, llamó a Álvaro Castillo: “Acá hay un amarillo (un Servipag) súper bueno”. Castillo y la banda del “Lobito” viajaron a Copiapó. El cabo llevaba el oxicorte en su auto, confiado de que, por ser funcionario policial, no levantaría sospechas. Allá se juntaron con Concha. Finalmente, decidieron no concretar el golpe, porque todavía había muchos escombros del aluvión y militares en la zona.

En las escuchas telefónicas, el cabo Castillo se refería a Celso Concha como “el Copiapó”. En las interceptaciones también aparecieron otros carabineros que la Fiscalía todavía investiga y que eran mencionados como “el Malloco”, “el Lo Prado”, “el Parral”, “el Pudahuel”, “el de Los Domínicos”, “el de San Bernardo” y “el Chucheta” (que sería de Mulchén).

“El Pudahuel” resultó ser el cabo Giovanni Seguel, de la 55ª Comisaria de esa comuna. Fue Concha el que lo puso en contacto con Castillo para que planificaran el asalto al Servipag del supermercado de calle La Travesía de Pudahuel, que se concretó el 25 de mayo. Fuentes que conocen la investigación indicaron que Giovanni Seguel, vestido de carabinero, se juntó con los delincuentes en su patrulla para organizar el asalto. Por ese detalle, la fiscalía estima que hay más carabineros involucrados y busca establecer quiénes estaban asignados a la patrulla de Seguel ese día.

Antes y durante el atraco al supermercado el carro policial del cabo Seguel recorrió ese sector. Estaba en eso cuando vio dos autos estacionados cerca del supermercado. Preocupado, llamó a Cenco preguntando por las patentes de ambos vehículos y le respondieron que eran de la PDI. Se acercó a los ocupantes de los dos autos, les pidió los documentos y les preguntó qué hacían ahí. Le respondieron que estaban investigando una causa de bombas. Seguel les pasó un parte por estar  mal estacionados y se fue.

De vuelta a la patrulla, llamó a la banda que ya estaba dentro del supermercado: “Son de la PDI, me dicen que andan investigando un tema de bombas, pero yo no les creo”.

Mientras tanto, en el supermercado la banda del “Lobito” había amarrado a un carnicero que se había quedado haciendo cortes para el día siguiente. Por más de dos horas fue encañonado por los delincuentes, que no lograban abrir la bóveda del Servipag.

Cerca de las cuatro de la mañana Cenco avisó que había sonado la alarma del Servipag. Giovanni Seguel, que estaba afuera, se comunicó por radio con la Central: “Justo estoy aquí y no hay nada. Estoy mirando y está todo bien”. Después Seguel llamó a la banda: “Ya, hay que salir”.

El administrador del supermercado llegó con funcionarios de la 26° Comisaría de Pudahuel y  Seguel se quedó vigilando para proteger a la banda del “Lobito”, a quien poco después llamó:

-Oye, ¿Los de la Captiva negra iban contigo?

-Sí, andan conmigo.

-Ah, ya. Tranquilo entonces, yo los fiscalicé y los dejé salir.

En paralelo, los cabos Castillo y Concha habían planeado otro robo. Celso Concha consiguió una licencia médica y viajó de Copiapó a Santiago, donde se juntó con Castillo. La PDI los siguió todo el día y, según las escuchas telefónicas, Concha llamó a un carabinero que apodaban “el Malloco” y que estaba destinado en la tenencia de esa localidad. Era el sargento Paulo Vásquez. Él les dio información del lugar que querían robar: una bodega de la empresa DCT Alimentos. Además, les dio una hora en que la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la zona iba a estar ocupada por un procedimiento en una estación de servicio Petrobras, por lo que debían aprovechar ese momento.

El 25 de mayo el sargento Vásquez se juntó con el líder de la banda, el “Lobito” Rojas Alfaro, quien le entregó un celular. Con ese aparato, Vásquez llamó a Castillo y Concha, quienes le dijeron que ellos se quedarían en un auto detrás de la fábrica, que por ahí escaparían los asaltantes y que él debía vigilar con su patrulla el frontis de la empresa.

Los seis miembros de la banda del “Lobito” Rojas Alfaro entraron a la fábrica y las alarmas sonaron. Dos de los delincuentes se subieron al auto de los carabineros Concha y Castillo. Los cuatro restantes abordaron otro vehículo. En ese momento la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) de la PDI, que estaba vigilando todo, detuvo a los cuatro que habían subido al segundo auto. Los dos que iban con los carabineros se bajaron del vehículo y escaparon a pie. Castillo aceleró su auto y Concha disparó contra los policías. La PDI abrió fuego de vuelta, pero los dos cabos consiguieron escabullirse.

Un mes después, el 23 de junio, la PDI detuvo a los carabineros Seguel, Castillo, Vásquez y Concha, y la Fiscalía los acusó de robo con intimidación, robo en lugar no habitado, tenencia de municiones y cohecho.

De acuerdo a los antecedentes que CIPER pudo recopilar, los investigadores aún trabajan en la identificación de un número indeterminado de carabineros involucrados en los ilícitos. Por eso, los antecedentes sobre la denuncia que hizo Celso Concha en 2014 y el éxodo masivo que propició Carabineros desde la 58ª Comisaría, son nuevas y valiosas pistas para esta investigación de la Fiscalía.

FÓRMULA CONOCIDA

Según la denuncia de Concha y Flores, el método que usaban los carabineros para dar cobertura a delincuentes consistía en que una patrulla custodiaba el lugar que sería asaltado, mientras el resto de los policías de turno se trasladaban a otros sectores de la comuna. Si sonaba alguna alarma y llamaba Cenco, los que se quedaban fuera del lugar del robo respondían que ellos estaban en las cercanías y daban parte de que no pasaba nada. Luego, los ladrones dividían el botín con los miembros de la patrulla y éstos hacían lo mismo con el resto del turno.

La fórmula descrita daba pie para tomar en serio la acusación, porque entre las investigaciones internas de Carabineros realizadas en los últimos años hay episodios parecidos. Uno de ellos ocurrió en la 19ª Comisaría de Providencia.

“Te vamos a disparar y no te vas a dar cuenta”, fue la amenaza que recibió un efectivo de la 19ª tras denunciar a ocho compañeros de encubrir robos entre 2009 y 2010. La investigación comprobó que los carabineros corruptos se coordinaban por radio con un ex compañero y simulaban procedimientos en otros lugares para desviar la atención del resto del turno, alertando a los delincuentes cuando llegaba la alarma de Cenco.

La Fiscalía acreditó que los carabineros de la 19ª Comisaría recibieron dinero por seis robos, los que incluyeron atracos a Joyerías Barón y una importadora de relojes. El juicio se cerró con dos carabineros condenados a penas de cárcel y un número indeterminado dados de baja, aunque el denunciante relató a La Tercera que en la unidad era “una situación conocida por casi todos”.

Otro caso similar ocurrió el lunes 7 de mayo de 2012, cuando tres hombres asaltaron un servicentro de Estación Central. El atraco duró menos de dos minutos y el botín fue cercano a los $17 millones. El robo, rápido y eficiente, fue organizado por el cabo Juan Gabriel Alarcón Galarce, de la 21° Comisaría, que conocía perfectamente el funcionamiento de la estación de servicio porque había trabajado como guardia del local en paralelo a su función policial.

Entre sus cómplices había un ex policía, Ramón Castillo, quien le informó a la banda que el robo era seguro porque contaban con un carabinero que iba a mandar al plan cuadrante para otro lado, lo que les daría entre 10 y 15 minutos para actuar. El cuatro de junio de 2013 el cabo Alarcón Galarce fue condenado a seis años y sus socios a cinco años y un día.