Una matanza de la policía salvadoreña

por Roberto Valencia, Óscar Martínez y Daniel Valencia Caravantes

Dennis ni siquiera era pandillero.

Cuando los policías golpearon la puerta de su cuarto había ya siete cadáveres regados en el casco de la finca San Blas. Consuelo, la madre de Dennis, estaba sentada junto a la champa de abajo, a unos 15 metros, rodeada por policías encapuchados y sin poder ver lo que ocurría con su hijo, pero lo escuchaba. Consuelo dijo a los policías que la única persona viva arriba era su hijo.

Las ráfagas habían cesado. Los policías gritaban frente a la puerta colorada del cuarto de Dennis. Él hablaba por teléfono con su tío Chus, el mandador de la finca: “¿Qué hago?”, pidió. Chus le preguntó si eran pandilleros o policías. Dennis contestó que policías, que los había escuchado cuando sacaron de la champa a su mamá, a su padrastro y a sus hermanos pequeños. Chus se envalentonó: “Si es la Policía, no tengás miedo; la Policía te va a respetar. Cuando te digan que abrás la puerta, abrila y tirate al suelo”.

Desde hacía varios años el joven Dennis Alexander Martínez era servidor en la sucursal del Tabernáculo Bíblico Bautista del cantón El Matazano 2, en San José Villanueva. Esta imagen se tomó pocas semanas antes de su muerte. Foto Facebook Dennis Martínez.

—Y mi Dennis les abrió la puerta –dice Consuelo.

Chus el mandador alcanzó a escuchar por el teléfono la voz de uno de los policías: “¿¡Con quién hablás!?”. La llamada se cortó. Llamó varias veces más. Nunca nadie contestó.

Abajo, Consuelo, sentada junto a la champa que está al lado de la plancha de ladrillo para secar café, escuchó a Dennis.

—Bien lo oí, porque era mi hijo y yo estaba pendiente. Oí cuando abrió la puerta y salió. Sentí alivio al oír su voz. Él les pidió que lo dejaran hablar, les pidió una oportunidad para explicar… pero no se la dieron.

Consuelo Hernández de Ramírez supone que su hijo Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años, quería explicar a los policías que vivía desde hacía seis años en la finca porque era el escribiente, la persona contratada para controlar las horas trabajadas por cada empleado; supone que quería decirles que era un activo servidor en la sede local del Tabernáculo Bíblico Bautista; pedirles que revisaran si acaso su cuarto, donde solo encontrarían una biblia, un reloj, un corvo, una cama y un televisor; aclararles que no sabía nada de armas, que él no era pandillero.

Después de la súplica de Dennis no se oyeron más voces. Consuelo y su familia –su marido, Fidencio, y los tres hijos varones, menores de 13 años los tres– escucharon solo las últimas detonaciones de la madrugada. Dos, quizá tres disparos; no recuerdan con exactitud. Un policía de los que estaba cerca de Consuelo oyó lo mismo, y gritó.

—Gritó: ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Pero ya mi Dennis estaba muerto.

Reconstruir una matanza negada

La madrugada del 26 de marzo de 2015 siete varones y una mujer –dos de ellos menores de edad– murieron bajo fuego de una de las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), el Grupo de Reacción Policial (GRP). Sobre el papel, es una de las unidades mejor preparadas. La matanza ocurrió en El Matazano 2, un cantón del municipio de San José Villanueva, departamento de La Libertad, en el casco de una finca cafetalera llamada San Blas.

La versión oficial, reproducida y amplificada en las horas siguientes por la mayoría de medios de comunicación del país, señaló que los ocho fallecidos eran integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y que murieron al intercambiar disparos con los policías, que los agentes se limitaron a repeler el ataque. “Los sujetos dispararon sus armas de fuego al advertir la presencia policial, generándose un intercambio de disparos con el saldo ya mencionado”, dice el comunicado que la PNC elaboró transcurridas unas 12 horas.

Pero no.

Este periódico entrevistó a cuatro jóvenes que aquella madrugada escaparon con vida de la finca; habló con familiares de siete fallecidos; revisó los ochos levantamientos forenses y las ocho autopsias; analizó una parte sustancial del expediente fiscal 90-UFEADH-LL-15, incluida el acta que recoge el levantamiento de la escena; consultó a expertos en derechos humanos, a médicos forenses, a fiscales, a un instructor profesional de tiro; examinó las notas, las fotografías y los videos publicados tras la matanza; visitó el lugar de los hechos y los asentamientos aledaños; y –lo más importante– descubrió que una familia de campesinos estaba también aquella noche en San Blas, en la champa de abajo, a unos 15 metros, y que atestiguó –y sufrió– el operativo del GRP.

Ese fardo de testimonios y documentos permite afirmar que la versión oficial sobre lo ocurrido es falsa, y que conceptos como «masacre», «ejecuciones sumarias» y «montaje» definirían mejor el actuar del Estado salvadoreño aquel 26 de marzo.

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