ENTRETELONES DE LA ARISTA RADICAL DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO ILEGAL
Así se develó el misterio de los $22 millones que Soquimich le entregó a Alejandro Sule
06.07.2015
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ENTRETELONES DE LA ARISTA RADICAL DEL FINANCIAMIENTO POLÍTICO ILEGAL
06.07.2015
Un nuevo remezón por las platas que repartía la empresa Soquimich a políticos por vías ilegales, tuvo como epicentro esta vez el Partido Radical. El ex diputado Alejandro Sule Fernández debió renunciar a la segunda vicepresidencia de la colectividad y congelar su militancia. Ello, tras quedar al descubierto que al menos $22 millones de la compañía controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, fueron a parar a los bolsillos de Sule para financiar en 2013 su campaña a diputado por San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, en la que resultó derrotado.
La revelación surgió a raíz de la aparición de una boleta por $6 millones que el entonces subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Baier (PR), emitió a Soquimich y que de inmediato quedó en la lupa del Ministerio Público bajo la sospecha de ser falsa por corresponder a un trabajo no realizado que encubrió aportes ilegales a la política.
Fue el propio Baier quien reveló ante el máximo organismo directivo del Partido Radical, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que no efectuó ese trabajo y que los dineros no fueron para él, sino para la campaña del que fuera candidato a diputado del Partido Radical y vicepresidente de dicha colectividad, Alejandro Sule. Poco después, Baier reconoció en entrevista con El Mercurio que había mentido sobre el supuesto trabajo que hizo para SQM y que ahora no estaba seguro de si dicho informe se había realizado o no.
El hallazgo de esa boleta terminó provocando la caída del subsecretario Baier, quien tenía el más alto cargo en La Moneda del Partido Radical. Baier renunció el 24 de junio, antes de concurrir a declarar como «imputado» ante los fiscales que investigan la evasión tributaria y el financiamiento ilegal de la política, interrogatorio que se produjo el jueves 2 de julio.
Dos días después de la renuncia de Baier a la subsecretaría, se produjo el segundo efecto de esta arista para el gobierno. El viernes 26 de junio, Alejandro Sule, quien tras su derrota electoral fue contratado como asesor legislativo de la ministra de Minería, Aurora Williams (PR), renunció a su cargo.
La renuncia de Alejandro Sule se entiende. Y ello porque no solo aparece involucrado a través de esa boleta de $6 millones -emitida por Rodolfo Baier- en el financiamiento ilegal de la política por parte de Soquimich. Los dineros que recibió por fuera de la vía electoral de la empresa minera, hasta ahora, ascienden a $22 millones.
Para ello, Sule también involucró al ex asesor de los parlamentarios radicales, el periodista Jorge Rojas -hoy funcionario del Ministerio de Economía- quien en mayo de 2013 emitió una boleta por otros $6 millones a Soquimich, y al abogado y dirigente metropolitano del PR, Carlo Descalzi, quien le facilitó una tercera boleta por $10 millones. Esta última, curiosamente, fue emitida en junio de 2014, meses después de haber terminado la campaña electoral de Sule.
Sule envió una carta de renuncia a la segunda vicepresidencia del PR, en la que señala su deseo de no dañar al partido por la investigación de las platas políticas. El escrito está dirigido a la secretaría general de la colectividad y a su Tribunal Supremo (TS), instancia que abrió una investigación sobre los testimonios -por momentos dramáticos- que se escucharon en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PR, realizada el 22 de junio y que contó con la presencia de Sule, Baier y Descalzi.
El presidente del TS, Leonardo Cubillos, dijo que no podía referirse al escrito de Sule, ya que ese tribunal “abrió un procedimiento disciplinario sobre los hechos relatados en la reunión del CEN».
Cubillos explicó a CIPER que en virtud de ello ya fueron citados a declarar ante el TS Alejandro Sule, Rodolfo Baier y Carlo Descalzi. Y agregó que esperan finiquitar rápidamente la investigación: «antes de que termine julio». Adelantó, además: «Hay consenso en el TS de que si se constata la eventual existencia de delito vamos a colocar dichos antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, sin pronunciarnos sobre ello, pues nuestra investigación no es penal ni de responsabilidades civiles».
Los ilícitos cometidos por Alejandro Sule provocaron un fuerte impacto en el radicalismo ya que él es un alto dirigente de ese partido e hijo de una figura emblemática: el ya fallecido presidente y senador radical, Anselmo Sule, quien fue confinado por Pinochet en Isla Dawson después del Golpe de Estado de 1973. También fue vicepresidente mundial de la Internacional Socialista y mantuvo amistad con Fidel Castro. Al regreso de la democracia fue electo senador por la Sexta Región, la misma zona donde su hijo Alejandro ganó la diputación en 2005 y que perdió cuando intentó reelegirse en 2009.
Alejandro Sule tenía 12 años cuando se produjo el Golpe de Estado. Después que su padre fuera liberado de su prisión en Isla Dawson, debió abandonar el país y partió al exilio con su familia. Se radicaron en México donde se tituló de ingeniero. En 1988 regresó a Chile para trabajar desde el PR en el proceso de retorno a la democracia. Tras la elección de Patricio Aylwin en 1990, combinó su actividad política con los negocios, aunque todos los consultados por CIPER coinciden en que inició varias empresas, pero la mayoría tuvo escasa actividad comercial.
Su informe Dicom arroja que actualmente posee una propiedad en Lo Barnechea, cuya tasación fiscal es de $45,7 millones, y es gerente de Santa Ana S.A., además de participar en otras 10 sociedades, algunas de ellas sin movimiento aunque no han sido disueltas.
La primera empresa la constituyó con su madre, Fresia Fernández, en 1995: «Sule y Fernández Sociedad Ltda.» o «Avantia Sociedad Limitada», dedicada a asesorías, inversiones inmobiliarias y accionarias. La sociedad se inició con un capital de $1 millón, el que en 2003 creció a $63 millones. En 1998 le cambiaron el nombre a «Inversiones Avantia Ltda.»
El último movimiento que registra esta sociedad en Impuestos Internos (SII) data de 2007. Allí se advierte: «El contribuyente ha sido observado por el SII por no presentar declaraciones de IVA, estando obligado a hacerlo», razón por la cual el SII le rechazará el crédito fiscal que se origine en transacciones con Avantia.
En 1991, Alejandro Sule Fernández puso sus ojos en Cuba. Junto a su hermano Claudio, más Angel Domper Cavalla y Marcia Ostornol Almarza crearon «Santa Ana S.A.», dedicada al comercio exterior con un capital de $4 millones. Fueron los primeros negocios de importación de alimentos con la isla, un país donde su padre había establecido amistades en el más alto nivel político.
Tiempo después, Alejandro Sule acusó al ex dirigente estudiantil durante la dictadura, Ángel Domper, de haberse retirado de Santa Ana para pasarse “a la competencia», otra de las empresas instaladas en Cuba y que estaba controlada por otro chileno: Max Marambio. Finalmente, Sule terminó vendiendo su empresa a los empresarios Manuel Feliú y Jurgen Paulmann -ya fallecido y quien era dueño de Aerolíneas Sky, además de ser hermano de Horst Paulmann, controlador de Cencosud-.
Con los mismos Feliú y Paulmann, Alejandro Sule constituyó en 1997 otra sociedad, cuyo objetivo es realizar inversiones y de la cual figura aún como gerente.
Sule también participa en más sociedades: Unwin S.A., de comercio exterior constituida en 1992; en Talleres Guayasamín S.A., la que no inició actividades y que fue creada en 1993; en Sule Consultores Internacionales S.A.C. (formada en 1998); en ENER S.A. dedicada a negocios de energía solar y agua (constituida en 2010) y, finalmente, en la empresa individual Alejandro Sule Asesoría e Inversiones E.I.R.L., la que fue creada en 2014.
El hallazgo de que Alejandro Sule recibió aportes ilegales de Soquimich se complica aún más debido a que durante el periodo en que fue diputado -2006-2010-, Sule presidió la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. En esa calidad le correspondió dirigir el debate de la ley que creó el Ministerio de Energía y apoyó el desarrollo de políticas públicas sobre energías renovables.
Después de ser derrotado en la última elección de diputados, Sule se incorporó a una comisión técnico-parlamentaria transversal, la que desarrolló una propuesta sobre la matriz eléctrica del país, alternativa a la que propuso el gobierno de Sebastián Piñera.
En 2013 el PR lo proclamó candidato a diputado por el Distrito 28 (San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo). Y fue precisamente para esa campaña que Sule le habría pedido a Rodolfo Baier y Jorge Rojas emitir boletas falsas a Soquimich para recibir aportes ilegales.
En el Partido Radical despierta especial inquietud la boleta que obtuvo de Carlo Descalzi y que corresponde a siete meses después de la elección. Algunos dijeron a CIPER que podría tratarse de un aporte para pagar deudas que Sule contrajo durante la campaña. Y como en 2014 el ex diputado no era aún asesor legislativo de la ministra de Minería –y tampoco trabajó en otra instancia de gobierno-, descartan que esos dineros puedan estar vinculados a un eventual soborno de Soquimich.
El contrato de asesoría legislativa de Sule en el Ministerio de Minería se inició el 1 de enero de 2015. Su fecha de término era el 30 de junio. Su renuncia la presentó el 26 de ese mes, cuatro días antes de que venciera el plazo, aunque se suponía que su contrato iba a ser prorrogado de no mediar el escándalo de las boletas.
En el radicalismo aseguran que Sule y la ministra Aurora Williams no tenían relación y que fue el presidente del PR, Ernesto Velasco, quien realizó gestiones para conseguirle ese cargo debido a su inestable situación económica. El 7 de enero pasado, recién incorporado a Minería, Sule y el otro coordinador legislativo del ministerio, Cristián Montesinos, acompañaron a la ministra Williams a la Comisión de Minería del Senado que debatía la ley sobre cierre de faenas mineras.
La reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Radical del 22 de junio resultó clave para develar el misterio que cubría las boletas entregadas por Rodolfo Baier, Jorge Rojas y Carlo Descalzi a Soquimich. Solo días antes, el nombre de Descalzi emergió por primera vez públicamente, tras lo cual éste se comunicó por vía telefónica con Velasco y le dijo que quería concurrir personalmente a la sesión del CEN para contar toda la verdad sobre esos pagos bajo la lupa del Ministerio Público.
Así, ese lunes se vieron las caras Sule, Baier y Descalzi –quien llegó acompañado de militantes de la asamblea metropolitana del partido- frente a los integrantes del CEN, que incluye a la mesa directiva y a los consejeros electos. El clima en esa reunión en la que participaron 22 personas, fue extremadamente tenso. Antes del inicio no hubo sonrisas ni palmoteos.
Ante los consejeros, Rodolfo Baier reconoció que había mentido públicamente, pues no hizo el trabajo como lo había asegurado el 24 de marzo cuando en los patios de La Moneda expresó: «En un periodo de mi vida he hecho emprendimientos; uno de esos trabajos, cuando me dedicaba a la minería, lo realicé, se escribió, se entregó y se canceló».
Baier relató en el CEN que Sule le había pedido la boleta para ayudarlo a financiar su campaña y que le había explicado que el trabajo ya estaba hecho por otra persona y que sólo bastaba con su boleta. Sule guardó silencio, que fue interpretado por los consejeros como un reconocimiento de los hechos.
Cuando le llegó su turno, Descalzi afirmó también que fue Alejandro Sule quien le pidió una boleta por $10 millones y que aceptó emitirla “por amistad”. Y agregó que el ex asesor de la ministra de Minería le pagó $300 mil por un trabajo sobre el MultiRut en las empresas y los efectos sobre los trabajadores.
Fue entonces que los consejeros del CEN le dieron la palabra a Alejandro Sule, quien reconoció haber solicitado las boletas, pero afirmó que le pagó $500 mil a Descalzi -no $300 mil- y que los $10 millones los ocupó en su campaña. No explicó por qué le había solicitado esa boleta a Descalzi meses después de la contienda electoral.
Los miembros del CEN les enrostraron a los tres que, meses atrás, en el partido se había preguntado si había dirigentes con boletas que correspondían a platas políticas irregulares y que ninguno de ellos había dicho la verdad.
En la reunión se volvió a preguntar a Alejandro Sule si existían más boletas del mismo tipo. Lo negó. Sin embargo, la inquietud persiste en el PR, pues la campaña a diputado se calcula que le costó $45 millones y las tres boletas sólo suman $22 millones.
La tensión en el CEN subió varios niveles en el momento en que se le exigió a Sule que revelara quién era su contacto en Soquimich. El ex diputado sólo respondió: «Un amigo». Y rechazó entregar el nombre a pesar de la dura insistencia de los consejeros del CEN.
La reunión terminó con la decisión de entregar todos los antecedentes al Tribunal Supremo y con la exigencia expresa a Sule de que congele su militancia y renuncie a la vicepresidencia. Ese día, el ex diputado, sólo respondió que lo pensaría. Pero finalmente, renunció.