Pagos ilícitos de SQM: las pistas que llevan a Cristián Leay y a las fundaciones de Longueira

Nueva Los Leones 0281, a pasos del mall Costanera Center. La edificación de dos pisos, de color gris, mantiene abierta su amplia entrada. No hay guardias y en la recepción la atmósfera es cordial y pulcra: plantas decorativas, un par de sillones cómodos y tres cuadros pequeños, el único detalle colorido en un ambiente muy funcional y silencioso. Si no fuera por los 11 vehículos estacionados alguien podría imaginar equivocadamente que hay escasa actividad. El inmueble es el centro de operaciones del ex senador y ex candidato presidencial de la Alianza, Pablo Longueira Montes –al que acude habitualmente– y de algunos de sus más estrechos colaboradores y socios.

De hecho, fue en esas oficinas donde Longueira dio inicio a la campaña primaria que lo convirtió a mediados de 2013 en el candidato de la derecha para enfrentar a Michelle Bachelet. Poco después se bajó de la carrera presidencial por motivos de salud, se retiró de la política y tras recuperarse volvió a su refugio de siempre, donde comparte techo con su socio y amigo, el ex diputado UDI y actual director de TVN, Cristián Leay Morán, y con la mujer que ha sido su mano derecha laboral desde que estaba en el Congreso, su ex jefa de gabinete Carmen Luz Valdivielso Almarza, la “Titi”.

Cristián Leay

Hasta esta casa conducen varias de las pistas que ha seguido CIPER para indagar sobre algunas de las organizaciones mencionadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para fundamentar la ampliación de su querella contra la empresa Soquimich por supuesto delito tributario, y que se sospecha estarían ligadas al financiamiento irregular de la política.

Son tres las entidades vinculadas a la UDI que figuran en la denuncia del SII, ya sea recibiendo dinero sin justificar de la minera que controla Julio Ponce Lerou o pagando boletas a personas ligadas a candidatos y a campañas políticas por servicios que no tendrían respaldo.

Una de ellas es la Corporación de Asuntos Públicos, que sólo entre 2009 y 2010 emitió 61 facturas a SQM por un total de $131 millones. Sin sede ni sitio web y con un ex director ejecutivo que aseguró a CIPER no recordar nada de los cuatro años que estuvo a la cabeza de esa entidad, son muy pocos los rastros que hay de la corporación que nació en 1980 impulsada por el posteriormente asesinado ex senador Jaime Guzmán Errázuriz.

Las otras dos son la Fundación Chile Justo, entidad sin fines de lucro creada por Longueira en 2006 y el Centro de Estudios Nueva Minería, una empresa comercial de Cristián Leay. Ambas son identificadas por personas que declararon ante el SII como entidades a las que les habrían emitido boletas sin haberles prestado ningún servicio.

Las dos últimas operan desde Nueva Los Leones, donde reciben con amabilidad, pero la respuesta inflexible es que Carmen Valdivielso –mencionada por varios testigos como solicitante de las cuestionadas boletas– no está disponible para consultas. Tampoco hay folletos o documentos que den una idea de las actividades de la Fundación Chile Justo, la que recientemente dejó de mantener su página web. Sólo el ex diputado Gustavo Alessandri Balmaceda (UDI), miembro del directorio, respondió el llamado de CIPER.

En el mismo inmueble tienen sus oficinas otras dos organizaciones sin fines de lucro creadas por Pablo Longueira y que fueron presididas por Leay: la Fundación Web y la Fundación Chile Cultura. También operan dos empresas en que ambos son socios: Ágora Seguros, la corredora de seguros que formaron en marzo de 2014 junto a Juan Enrique Vilajuana y Luis Alberto Alcalde; e IMEX, la importadora y exportadora donde los dos comparten sociedad con Inversiones Flo, de Miguel Ángel Poli Osorio y Sebastián Poli Lauzón.

La comunidad que han creado Longueira y Leay en Nueva Los Leones se ha convertido en pieza clave en la investigación que lleva la fiscalía sobre la relación dinero y política, siendo en este escenario que el actual director de TVN se ha convertido en un protagonista. Sobre todo después de la declaración que entregó su nuera, Trinidad Subercaseaux, a Impuestos Internos:“No me acuerdo bien quién me solicitó la emisión del documento, lo más seguro es que haya sido por parte de la familia de mi marido Alejandro Leay, que tiene afinidad con el partido UDI, pero no presté ninguna contraprestación a SQM, por lo tanto tampoco realicé ningún servicio, de hecho en esa fecha tenía mi hijo de 20 días de nacimiento. El dinero sí lo recibí mediante un vale vista por $5 millones y luego se lo entregué a mi suegro, Cristián Leay Morán. No conozco a nadie de la empresa Soquimich S.A.”. 

EL ABANICO DE EMPRESAS DE LEAY

El ingeniero en minas de la ex Universidad Técnica del Estado (hoy Usach) Cristián Leay (61 años), es un antiguo dirigente de la UDI, partido en el que trabajó junto a Pablo Longueira en su Departamento Poblacional. En 1990 llegó al Congreso y se mantuvo allí por cuatro períodos, como diputado por el Distrito 19 (Recoleta e Independencia). En 2006 debió abandonar su escaño al ser derrotado en su intento por llegar al Senado por la Región de Antofagasta.

Fue el primer presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia de la que fue miembro durante sus 16 años como parlamentario. Una vez que abandonó el Congreso, su partido logró su designación en 2008 como integrante del directorio de Televisión Nacional, cargo en el que debería permanecer hasta 2016. Aunque el giro más importante que hizo fue su propia privatización: inició una actividad empresarial que lo llevó en pocos años a crear varias sociedades, algunas de ellas en alianza con uno de sus amigos más cercanos, Pablo Longueira. Y también a ejercer como director desde 2012 hasta hoy de la Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A., una de las llamadas “cascadas” a través de las cuales Julio Ponce Lerou controla SQM.

En junio de 2006 se registra su primera actividad empresarial. Lo hizo con una sociedad aparentemente familiar: Inversiones y Asesorías Santa Mané (“Santa Mané”), la que constituyó junto a tres de sus hijos. Sólo días después Leay creó -utilizando la recién iniciada Santa Mané- Elearning America ($1 millón de capital), junto al que fuera publicista de la UDI y de la campaña del SI (plebiscito del ’88), Hermann de Roodt, y Servicios de Capacitación Limitada (tres años más tarde, los mismos Santa Mané, Roodt, además de Mario Belarmino Varela Herrera crearán: Elearning América Consultoría y Gestión).

Pablo Longueira

En julio de 2006, Cristián Leay constituyó uno de sus más promisorios negocios: el Centro de Estudios Nueva Minería. Tres años más tarde Leay expandió su negocio. Y esta vez lo hizo acompañado de su amigo Pablo Longueira en dos empresas distintas. La primera se inscribió en agosto de 2009, cuando Leay -nuevamente con su sociedad familiar Santa Mané-, se incorporó a una empresa creada en agosto de 2004: Sociedad de Importaciones y Exportaciones Imex Limitada (IMEX), cuyo objetivo es la intermediación con empresas que funcionen en China. Los socios: Inversiones Las Azaleas, creada por Pablo Longueira y su esposa (María Cecilia Brinkmann Estévez) en septiembre de 2006 con $10 millones de capital (a la que luego se incorporan sus hijos); Sebastián Poli Lauzón y Miguel Angel Poli Osorio (Inversiones Flo).

La segunda sociedad comercial fue una alianza entre las dos compañías familiares de Leay y Longueira –Inversiones y Asesorías Santa Mané  e Inversiones Las Azaleas, respectivamente- y está fechada el 12 de septiembre de 2009: Sociedad Comercial L y L (“Comercial L y L”). Para entones, ambas registran como dirección General Holley Nº 2363, oficina 401, la misma del Centro de Estudios Nueva Minería y de IMEX. Además de tener como actividad la venta, importación y exportación de toda clase de productos, entre sus objetivos también se incluye “comprar, vender, arrendar y administrar propiedades mineras, comercializar minerales y en general realizar negocios mineros”.

En rigor, la primera unión comercial entre las familias de Cristián Leay y Pablo Longueira es más antigua. La relación entre ambos ha sido tan estrecha que ya en 1993, la que era entonces esposa de Leay, María Inés Cabrera Squella (se separó en 2013), se asoció con la esposa de Longueira en una empresa de muebles y decoración (“Canela”), de la que dos años más tarde se retiró María Cecilia Brinkmann.

En noviembre de 2011, Cristián Leay constituyó una nueva empresa con $80 millones de capital: Inversiones Salzburg, con sede en Viña del Mar, dedicada a las asesorías y a los negocios inmobiliarios y turísticos. Nuevamente lo hizo a través de su sociedad familiar Inversiones Santa Mané. Sus socios: la periodista Ana María Jouanne Langlois, Mónica Casas Errázuriz y Germán Vial Altamirano. Y en mayo de 2012 creó una nueva sociedad familiar, Inversiones y Asesorías Maqui, esta vez teniendo como socia a su actual pareja, María Alejandra Bórquez Cousiño.

En enero de 2014, a tres meses de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Leay se asoció con el que fuera subsecretario de Hacienda y luego ministro de Energía de esa administración (hasta marzo de 2012), Rodrigo Álvarez (UDI). Junto a Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta (UDI) crearon la sociedad Asesorías e Inversiones ADL (“Asesorías ADL”), con un capital de $9 millones.

Díaz de Valdés es un conocido hombre del fútbol profesional (fue presidente por largos años del club de la UC). Entre 1980 y 1991 fue gerente general de la Radio Nacional (estatal), la que una vez recuperada la democracia fue vendida a privados. Es también socio del abogado Luis Hermosilla en Inversiones Lolol (constituida en 1999). En un perfil en El Mostrador se dice que desde 2002 también ejerce como “abogado cobrancero” (como se conoce en jerga legal) del BancoEstado.

Siete meses después de crear su primera alianza comercial (Asesorías ADL), en julio de 2014 Cristián Leay y Manuel Díaz de Valdés volverían a asociarse cuando el segundo transformó la sociedad anónima que tenía con su hijo Manuel José Díaz de Valdés Herrera (Abogados Didevar) en una de responsabilidad limitada, a la que se sumó Leay aportando el 50% del capital: Asesorías D y L. Esta vez la dirección oficial que inscribió Leay en el registro fue Avenida Nueva Los Leones N° 0281, la misma donde funcionan hoy sus sociedades personales y las tres fundaciones de Longueira: Chile Justo, Chile Cultura y Fundación Web.

LAS FUNDACIONES DE LONGUEIRA

Patricio Lazcano, Solange Hermosilla y Ricardo Jorquera también emitieron boletas a nombre de SQM por trabajos que no realizaron, o al menos no para la minera. Los tres declararon ante el SII que fue desde la Fundación Chile Justo que se les pidió que extendieran esas boletas a nombre de Soquimich. Todos mencionan a Carmen Luz “Titi” Valdivielso como el nexo con la fundación, e incluso una de ellos –Hermosilla– relata que los $5 millones que recibió de SQM los depositó después en la cuenta corriente de Valdivielso, la ex jefa de gabinete de Pablo Longueira en el Senado, su asesora en el Ministerio de Economía, y la actual directora ejecutiva de las fundaciones que operan en la casa de Nueva Los Leones.

La Fundación Chile Justo ya llevaba un año operativa cuando en octubre de 2007 el entonces senador Pablo Longueira formalizó su lanzamiento con un seminario de políticas públicas (ver discurso). Fue ahí que aseguró que la nueva fundación era un ente técnico y no político, y que no estaba ligada a la UDI. Su directorio lo componían su esposa e hijos y su objetivo era investigar, desarrollar y difundir políticas públicas enfocadas en la superación de la pobreza, y ayudar a personas con graves necesidades económicas, para lo cual podría crear colegios y financiar instituciones educacionales, entre otras actividades.

En su página web, hoy desaparecida, señalaba que Chile Justo «es una organización privada y sin fines de lucro que nace debido al dolor que nos genera la desigualdad, la molestia que nos produce la injusticia y la preocupación por la falta de oportunidades». Pero ya en esa época algunas de las actividades que desarrollaba la fundación se mezclaban con lo político y nada tenían que ver con sus áreas de acción.

Chile Justo se adjudicó entre septiembre de 2007 y abril de 2008 cuatro licitaciones en municipios controlados por dirigentes UDI. Las primeras dos fueron en La Florida, dirigida en esa época por el alcalde Pablo Zalaquett Said, que meses después ganó la elección por la alcaldía de Santiago. ¿Los servicios licitados? La creación de un jingle promocional para el Mundial Femenino de Fútbol y la grabación de un video institucional para el municipio. Por ambos contratos se le pagó $3,7 millones. Los mismos servicios fueron licitados poco después por el hoy diputado Gustavo Hasbún Selume, quien por entonces era alcalde de Estación Central. En la licitación del video, la fundación de Longueira se adjudicó el contrato por $1,5 millón. Por el jingle comunal se le pagaron otros $2 millones y no fue posible saber si la oferta de Chile Justo era o no la más económica: no se publicaron los montos de las otras ofertas en el portal de compras públicas.

Aunque fue Chile Justo la entidad que se adjudicó los contratos, su ejecución quedó en manos de la Fundación Chile Cultura, también de Longueira, cuyo objetivo es la integración de jóvenes de escasos recursos a través de actividades culturales. Además, fue una de las productoras que dieron vida al programa Recomiendo Chile, que transmite Canal 13 Cable. Para entonces –y hasta 2010–, Chile Cultura era administrada por el músico, audiovisualista y gestor cultural Patricio Urrutia Salazar, un activo colaborador en campañas de la derecha.

El mismo año que Chile Justo obtuvo el contrato por el video institucional en La Florida, Urrutia facturó $1,7 millones por otra pieza audiovisual, esta vez para la campaña de Pablo Zalaquett. También hizo el jingle del candidato a concejal por San Ramón, Alejandro Miranda (UDI). En 2013 prestó servicios al diputado Patricio Melero (UDI) y a la senadora Ena Von Baer (UDI).

Tras el retiro de Longueira de la vida política, sus fundaciones prácticamente desaparecieron del radar público. Poco duró la ausencia: la acción judicial del SII contra SQM puso de nuevo al otrora líder del gremialismo en el centro de atención, esta vez por el posible rol de sus fundaciones en el financiamiento irregular de campañas políticas. Las acusaciones no caen directamente sobre él, sino que en sus colaboradores más cercanos.

“Titi” Valdivielso, la directora ejecutiva y tesorera de Chile Justo, es sindicada en el expediente del SII como articuladora de pagos a través de boletas ilegales para SQM y otras empresas. Pero no es la única colaboradora de Longueira vinculada al financiamiento irregular proveniente de la minera de Ponce Lerou. La vicepresidenta de las fundaciones de Longueira es Carmen Luz de Castro Blanco (“Coca”), quien recibió $5 millones de SQM. Ya declaró como imputada en el Caso Penta por la investigación sobre financiamiento ilegal de la candidatura a senador de Zalaquett, de quien fue su mano derecha. Según publicó El Mostrador, trabajó también en campañas de Pablo Longueira, Francisco de la Maza, Joaquín Lavín y Cristián Leay.

Gustavo Alessandri Balmaceda

En la misma situación está el secretario del directorio de las fundaciones que operan en Nueva Los Leones, el ex diputado Gustavo Alessandri Balmaceda (UDI): recibió $10 millones a través de boletas que no tendrían respaldo. También recibieron pagos su hijo, su hija y la periodista que trabajó en sus campañas (ver reportaje de CIPER).

Alessandri no sólo se vincula con Valdivielso a través de los directorios de estas fundaciones. Ambos han constituido dos empresas. La primera en 1998 bajo el nombre Alessandri y Valdivielso Ltda., con un capital de $3 millones y dedicada a la extracción y comercialización de productos forestales. En el año 2000 se volvieron a unir para crear la Sociedad de Transporte La Tortuga, con un capital de $3 millones, enfocada al transporte de pasajeros y el turismo. El ex diputado hizo una breve declaración por teléfono a CIPER:

-No hay aportes a la política. No fue así ni es así. Los ingresos recibidos tienen certificados de donaciones. Esta es una tremenda fundación que ha creado más de mil páginas web para pequeños emprendedores durante estos nueve años y lo que se está tratando de hacer es desprestigiarla.

Es allí también donde vuelve a aparecer Cristián Leay, que se ve involucrado en el caso SQM por más de una vía. A la declaración de su nuera se suma su rol en las fundaciones de Longueira. El ex diputado figura en el Registro Civil como presidente de Chile Justo en 2013, pero aclaró a CIPER que ya no tiene ninguna vinculación con las fundaciones y que su presencia ese año fue solamente nominal, cuando el líder gremialista se retiró de las actividades por razones de salud.

Una tercera arista lo vincula esta vez directamente a los pagos irregulares de SQM: el Centro de Estudios Nueva Minería, la empresa que creó en 2006, y que está bajo la mirada del SII por haber emitido pagos que se sospecha fueron destinados al financiamiento político.

EL THINK TANK MINERO

La última campaña de Leay fue en 2005, cuando decidió dejar la Cámara de Diputados y competir para saltar al Senado. Perdió. Ya fuera del Congreso, se asoció con el ingeniero comercial y socio de Pablo Wagner y del ex presidente del partido, Ernesto Silva, William Díaz Román, para crear con un capital de $2 millones el Centro de Estudios Nueva Minería, una empresa que prometía convertirse en el primer think tank del país especializado en el rubro minero. En 2010, Díaz se retiró de la sociedad. En su lugar quedó Máximo Salvi Lafourcade, antiguo jefe de Administración y Finanzas de la agencia de comunicaciones Perceptiva. Pero el control de la empresa quedó en manos de Leay.

El actual director de TVN dijo a CIPER: “Cuando perdí la senatorial quedé con una mano por delante y otra por detrás. Creé Nueva Minería par vivir, como un negocio sin vínculos políticos”.

-Pero su nuera hizo una declaración ante el SII que induce a pensar lo contrario…

-Eso lo voy a aclarar ante las instancias que correspondan cuando sea citado. No puedo hacerlo previamente por la prensa, pero tiene una explicación y cuando llegue el momento lo podré hacer público porque no hay nada que ocultar.

Los comienzos de Nueva Minería fueron prometedores. Al poco tiempo de iniciar actividades, Leay reclutó a un grupo transversal para conformar un consejo asesor que trabajaría ad honorem y que le permitiría presentarse ante las principales empresas mineras del país para convencerlos de que el proyecto iba en serio. Ese consejo estuvo conformado por el ex presidente ejecutivo de Codelco, Marcos Lima Aravena; el ex director ejecutivo del CIMM, Gustavo Lagos Cruz-Coke; el hombre de Penta y ex senador UDI Carlos Bombal; la abogada Laura Novoa Vásquez; el ex ministro de Minería, Jorge Rodríguez Grossi (DC); el economista que luego sería ministro de Hacienda de Piñera, Felipe Larraín Bascuñán;y el abogado y asesor de Barrick, José Antonio Urrutia Riesco.

Distintas empresas suscribieron membresías con el centro de estudios de Leay. Anglo American, Collahuasi y SQM son sólo una muestra de los socios que se unieron al club. Las tres mencionan al Centro de Estudios Nueva Minería en sus reportes de sustentabilidad como una entidad colaboradora. Algunas pagaban hasta UF 500 semestrales (unos $12,4 millones) para pertenecer al grupo y poder acceder a los desayunos privados a los que se invitaba a ministros o candidatos presidenciales para discutir junto a un grupo de ejecutivos y miembros del consejo las distintas inquietudes del sector minero.

También para obtener estudios que un ejecutivo que conoció esos documentos cataloga como “genéricos”. Es precisamente por esa razón que algunas empresas optaron por cortar sus membresías:

-Fue un problema de expectativas. Hubo actividades muy buenas, pero se fue desinflando. El costo era muy alto para el volumen de productos que uno recibía a cambio. El problema es que nunca llegó a despegar como se había prometido en un comienzo -afirmó a CIPER el ejecutivo de una de las mineras que pagaba su membresía.

Marcos Lima Aravena

Consultado por CIPER, el director de TVN Cristián Leay señaló que el Centro de Estudios Nueva Minería sigue operativo. Pero Gustavo Lagos, miembro del consejo asesor externo, dijo que después de las elecciones de 2013 nunca más fueron convocados a una actividad: “Ya no sé si el centro sigue activo”, acotó.

En la querella del SII contra SQM, el centro de estudios aparece mencionado en la declaración de Solange Hermosilla: “Quiero señalar que la señora Titi Valdivielso no sólo me contactó para emitir la boleta de honorarios a la sociedad Soquimich, sino que también por otras empresas como Pesquera El Golfo S.A. y Centro de Estudios Nueva Minería en los años 2009 y 2010, a las cuales nunca presté servicios ni las conocí”.

La declaración de Hermosilla da cuenta de que el Centro de Estudios Nueva Minería habría funcionado como pagador de boletas ilegales con supuestos fines políticos. Algo que Leay negó a CIPER:

“Nueva Minería es una empresa comercial que no ha hecho traspasos de dineros para actividades políticos”, y afirmó que el centro funciona hoy en Nueva Los Leones 0281 y que obtiene ingresos de informes sobre minería que son adquiridos por suscriptores.

CIPER accedió a uno de esos informes de 2007 -“Percepción Comunicacional de la Minería”-, de 32 páginas, donde escribían el mismo Leay, Sergio Melnick y el periodista Ascanio Cavallo, entre otros.

El ex diputado también ha incursionado directamente en la producción de cobre, pues es presidente del directorio de la Sociedad Contractual Minera Alianza que explota un yacimiento en la Región de Atacama, donde comparte propiedad con el ex diputado Carlos Vilches (UDI). “Felizmente ninguno de nuestros 50 trabajadores resultó lesionado con las avalanchas, pero todo está paralizado allá”, comentó Leay.

La boleta de Solange Hermosilla no es la única. La nómina que el SII presentó en tribunales incluye varios nombres, personas que además de emitir boletas a Soquimich, recibieron pagos presuntamente irregulares del Centro de Estudios Nueva Minería. Algunos de ellos: Alejandra Bórquez Cousiño, psicóloga y pareja de Leay; Loreto Undurraga Casteblanco, profesora de educación básica y esposa del cuñado de Pablo Longueira; Alfonso Agustín Mora Domínguez, abogado asociado al estudio Baker & Mackenzie; Laura Toledo Cruz , quien prestó servicios de “supervisión de call center” durante la campaña de Joaquín Lavín en 2005 y fue asesora de la diputada Karla Rubilar (ex RN, hoy Amplitud); María Paz Schuster Pinto,periodista y psicóloga que trabaja en el Sernam; los hermanos Gustavo y Nicolás Guíñez Ramírez, ambos abogados; y Francisca Orellana Lazo.

UNA CORPORACIÓN EN LAS SOMBRAS

La primera cuadra de la calle Arturo Prat es el territorio de comerciantes ambulantes y de escolares del Instituto Nacional, donde al mediodía se mezclan los gritos de “¡hamburguesas de soya a 500!” con el guitarreo de los alumnos que hacen hora para entrar a la jornada de la tarde. Pero también es un desconocido territorio de la UDI, pues en el quinto piso del viejo edificio de Prat 60, está la supuesta oficina de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad sin fines de lucro fundada en 1980. Personas vinculadas a los orígenes de la entidad dijeron a CIPER que la corporación nació para difundir la Constitución Política de 1980 promulgada por la dictadura militar y en la que Jaime Guzmán tuvo una decisiva participación.

La puerta del departamento 54 de Arturo Prat se abre y la primera imagen es la de una habitación repleta de cajas de cartón y altos de papeles que podrían ser formularios. El recepcionista niega enfáticamente que allí funcione la corporación: “Ésta es una oficina de contabilidades”, repite hasta que finalmente reconoce que el departamento no es más que el domicilio tributario de la Corporación de Asuntos Públicos, y que allí nunca se hacen reuniones. Tampoco sabe dónde está su sede.

En el lobby del edificio, donde está el índice de las oficinas, se lee que la 54 corresponde a «Graciela Alcamán, Contadora«, profesional que tiene una estrechísima relación con la UDI: al menos desde 2002 ha elaborado y firmado todos los balances anuales del partido, junto con el tesorero y el presidente de la colectividad. Así, el balance de 2013, por ejemplo, lleva las rúbricas de Alcamán, de Patricio Melero (entonces presidente) y del diputado Javier Macaya, tesorero. La profesional también tiene a su cargo la contabilidad de otro organismo clave en el cosmos de la UDI: la Fundación Jaime Guzmán.

Según los certificados del Registro Civil sobre organizaciones sin fines de lucro, la corporación obtuvo su personería jurídica el 7 de abril de 1980. El último directorio informado identifica como presidente al dueño del Grupo GTD Juan Manuel Casanueva Préndez; como vicepresidente al timonel de la CAP Roberto de Andraca Barbás; en la secretaría figura la economista y ex gerente de Libertad y Desarrollo, Denise Couyoumdjian Bergamil; tesorero es Jorge Pinto Correa, y directores, aparecen Carmen Montero Jaramillo y Juan Guillermo Valenzuela.

CIPER se comunicó con los tres primeros quienes se mostraron sorprendidos por la información que dispone el Registro Civil pues señalaron no haber participado nunca en la Corporación de Asuntos Públicos, ni haber asistido a reuniones ni haber firmado actas de directorio.

Oscar Díaz

Fue el actual concejal por la comuna de Lo Espejo, Oscar Díaz Bustamante (UDI), quien informó en su declaración de intereses de 2009 (la nueva no la ha presentado) que ya llevaba tres años como director ejecutivo (gerente) de la Corporación de Asuntos Públicos. Consultado por CIPER, Díaz recordó que se desempeñó allí en 2008 y 2009, pues en 2010 renunció para asumir funciones de coordinador nacional en la Subsecretaría de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.

“La corporación se dedicaba a promover las ideas de la libertad y se hacían capacitaciones”, dijo. Pero ese fue el último recuerdo de Díaz, quien dice haber olvidado otros antecedentes: no recuerda dónde estaba la sede ni quiénes integraban el directorio en los años que fue gerente. Tampoco se acuerda quién fue su antecesor en el cargo ni a quién se lo entregó cuando emigró al Ministerio del Interior.

Díaz figura actualmente en dos sociedades comerciales. En 2000 constituyó Leadership Institute en partes iguales con Darío Paya Mira (UDI), ex diputado y ex embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la administración de Sebastián Piñera. La sociedad, con capital de $1 millón, tiene por objeto las asesorías, consultorías, capacitaciones y la edición de libros y revistas. La otra sociedad de Díaz es Consultores integrados, donde comparte derechos con el alcalde de Colina, Mario Olavarría Rodríguez (UDI); el hijo del abogado de Jovino Novoa, Miguel Schweitzer Fernández; el  ex presidente del Consejo Metropolitano Poniente de la UDI, Víctor Krefft Marín; y la esposa de Krefft.

Los dos últimos -Víctor Krefft Marín y Viviana Pavone Ferrer– figuran entre los contribuyentes individualizados en la querella del SII por entregar boletas sin respaldo a Soquimich: Krefft emitió boletas por $ 4 millones, mientras que Pavone lo hizo por $10 millones. El hijo de ambos, Francisco Krefft Pavone, también aparece en la lista: además de cobrar honorarios a la Corporación de Asuntos Públicos en 2011 y 2012, también emitió boletas para SQM por $13,5 millones.

Personas que conocen a la corporación, pero que pidieron mantener su anonimato, dijeron a CIPER que la entidad sigue existiendo y que el actual presidente es Ignacio Astete Álvarez, otro histórico gremialista e integrante del Tribunal Supremo de la UDI. Entre sus actividades privadas está la dirección ejecutiva del CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria. Astete no estuvo disponible para las consultas de CIPER por estar fuera del país, dijeron en su oficina.

El director ejecutivo de la corporación es el abogado Gonzalo Molina, quien es además actual consejero del Servicio Electoral. Molina recibió solicitudes de CIPER para una entrevista, pero no dio respuesta. También integra ese directorio el abogado Raúl Lecaros Zegers, histórico líder gremialista, pero no militante UDI.  Otros históricos ex directivos de la corporación han sido Vasco Costa Ramírez (ex ministro del Trabajo en 1978, hoy presidente de AGIP, la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras); el miembro del Tribunal Supremo de la UDI, Andrés Serrano Gutiérrez y el ex senador Jovino Novoa (UDI).

CIPER pudo establecer que en sus inicios, la corporación funcionó en la que es la actual sede de la UDI, en calle Suecia 286, donde se realizaban cursos de capacitación para difundir las ideas de la Constitución de 1980. Para su financiamiento, elaboraba -y sigue haciéndolo- «informes políticos» que vende a empresas y personas suscriptoras, entre ellas Soquimich.