El expediente de irregularidades de las instituciones que ocupan el antiguo Hospital San José

Hace 14 años, el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) le entregó en comodato a la corporación privada Centro de Estudios para la Calidad de Vida (CECV) el sector patrimonial del antiguo Hospital San José. El contrato especificaba una serie de compromisos que nunca se cumplieron. Pero de ello nadie se percató. Hasta que en 2012 la Contraloría la investigó y descubrió que esa organización sin fines de lucro había creado una sociedad anónima a través de la cual gestionaba los recursos que obtenía por eventos, un centro de terapias alternativas, un restorán y un estacionamiento, entre otras irregularidades.

A pesar del informe lapidario del ente fiscalizador (ver informe), las autoridades de Salud no terminaron con ese comodato. Una situación que ahora podría cambiar ya que esta semana el SSMN decidió ponerle fin al contrato con el CECV. También se tomó la decisión de  poner fin a otras irregularidades, como cobrarle una deuda de $25,5 millones a la Universidad de la República, una de las nueve instituciones que a través de comodatos ha usufructuado de las instalaciones del viejo hospital.

La liberación de espacio en el viejo San José es mirada con extrema atención por la dirección del hospital, la que aspira a ocupar nuevamente parte de esas instalaciones. Más aún, en la antesala de un invierno donde se repetirá el colapso por distintas carencias críticas en sus servicios clínicos. El Complejo Hospitalario San José fue diseñado para atender una población de 300 mil habitantes y hoy recibe entre 700 y 800 mil pacientes.

El terreno total entregado en comodato por el SSMN abarca 5,5 hectáreas y 20 mil metros construidos (comuna de Independencia). En 1999 las instalaciones médicas del Hospital San José se mudaron a nuevas dependencias construidas a metros del antiguo recinto hospitalario. Fue entonces que se buscó una forma de conservar el patrimonio del lugar sin incurrir en gasto público. Entre las instituciones que se adjudicaron comodatos, el Centro de Estudios para la Calidad de Vida se quedó con el sector más atractivo, al punto que el área fue declarada Monumento Histórico.

El director médico del hospital, José Miguel Puccio, junto con puntualizar que él no tiene ninguna injerencia en el destino que se le dará a las viejas instalaciones, acotó: “Ahora, debo decirle que el día que se construyó este hospital quedó chico: con 600 camas, somos el único hospital para adultos que existe en la zona norte de la Región Metropolitana, beneficiando a una población de entre 700 y 800 mil personas. Yo acepto cualquier espacio que me entreguen para usarlo como servicios clínicos o bodega”.

Interior del antiguo Hospital San José

También la Municipalidad de Independencia busca quedarse con una porción del terreno. Su intención es instalar allí un centro de extensión y participación ciudadana. Un uso que la Contraloría rechaza. En el mismo informe en el que cuestionó las irregularidades que se estaban cometiendo con los comodatos del viejo Hospital San José, dejó consignado que las antiguas instalaciones solo debían ser utilizadas para actividades relacionadas con el cuidado de la salud de la población.

El informe de Contraloría también detectó la ausencia de un sistema de control para los comodatos, lo que queda de manifiesto en los contratos que se suscribieron: “No se incluyó en los documentos estipulaciones que permitan resguardarse de eventuales daños o de posibles responsabilidades derivadas de la ejecución de esos convenios. Tampoco dejaron la posibilidad de fiscalizar esos convenios”.

Lo cierto es que el plan original de instalar en el antiguo hospital un centro comunitario cultural, no se ha cumplido. Quienes conocen la gestión del Servicio de Salud Metropolitano Norte apuntan a la alta rotación de sus directivos como parte del problema: en los últimos 12 años ha habido 15 directores. También acusan que hasta 2010, todos ellos fueron PPD, y que el viejo Hospital San José sería un pequeño bastión de ese partido. La única excepción fue durante la administración de Sebastián Piñera, cuando el director del SSMN, Claudio Caro, solicitó una fiscalización de la Contraloría, pero una vez que recibió el informe respectivo no concretó las rectificaciones ordenadas.

Desde marzo de 2014, el SSMN está por primera vez en manos de un socialista, el doctor Luis Álvaro Lefio, quien fue ratificado en el cargo este lunes 9 de marzo. Según la indagación de CIPER, una de sus primeras decisiones oficiales habría sido terminar con el comodato del CECV.

LA MUTACIÓN DE LA IDEA DE LA DOCTORA CAYUELA

Tras un siglo de funcionamiento, el antiguo Hospital San José cerró sus puertas en agosto de 1999. En sus orígenes estuvo el tratamiento de enfermedades contagiosas de alta mortalidad desde una ubicación apartada y conveniente a un costado del Cementerio General. Ese mismo mes de agosto falleció en ejercicio la directora del Servicio de Salud Metropolitano Norte, la reconocida doctora María Luisa Cayuela, quien tenía un particular interés en que el viejo hospital no se demoliera pero que, a la vez, no fuera un gasto para el Estado.

Fue entonces que el SSMN le encomendó a dos profesionales el diseño de un proyecto para el uso de las viejas instalaciones: Miguel Ángel Rojas, cirujano plástico y licenciado en Estética de la UC, en ese momento a cargo del Servicio de Cirugía del Hospital San José; y la matemática Marina Zolotoochin, quien trabajaba a honorarios en el SSMN. El sucesor de la doctora Cayuela en el servicio, Patricio Hevia, apoyó ese trabajo y bajo su dirección el recinto fue restaurado y declarado Monumento Histórico.

El proyecto encabezado por Rojas buscó la creación de un centro cultural que fortaleciera un “eje arte-cultura-salud” en el que estarían involucrados el SSMN, el Hospital San José y la División de Cultura del Ministerio de Educación. Las tres instituciones debían formar una corporación sin fines de lucro que se hiciera cargo de la operación del recinto. Finalmente, el modelo que se decidió fue distinto, pues Marina Zolotoochin ofreció usar una corporación ya creada en 1995 por su marido, Juan Enrique Muñoz Ledesma –el Centro de Estudios para la Calidad de Vida– y firmaron el comodato de 15 años que les permitió utilizar el área del antiguo hospital que había sido declarada monumento (ver texto del comodato).

En el siguiente directorio del CECV aparecen representadas las tres instituciones a cargo del proyecto. El Servicio de Salud Metropolitano Norte nombró al presidente (el doctor Luis Weinstein Crenovic, viudo de María Luisa Cayuela); el Hospital San José al vicepresidente (Miguel Ángel Rojas) y la tesorera (Marina Zolotoochin); la División de Cultura del Ministerio de Educación designó al secretario (Pablo Brodsky) y como representante de los socios originales del CECV, se nombró a Rodrigo Contreras Soto. De ese primer directorio solo permanecen Luis Weinstein y Marina Zolotoochin.

Como la extensión de las viejas instalaciones involucraba elevados costos de mantención (ver plano del lugar), el SSMN invitó a otras instituciones a participar del proyecto, firmando comodatos con diversas organizaciones sin fines de lucro: Hogar de Cristo (25 años), Servicio Evangélico para el Desarrollo (25 años), Corporación de Amigos del Hospital Roberto del Río (99 años), Universidad de Santiago de Chile (5 años), Escuela Latinoamericana de Medicina China (30 años), Corporación Nacional del Cáncer (30 años) y un contrato de duración indefinida con la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud.

También se firmó un contrato con la Universidad de la República, dependiente de la Masonería, que ya no está activo. En marzo de 2010, esa casa de estudios ofreció al SSMN entregar las dependencias que utilizaba dejando allí el mobiliario por un tiempo no mayor a un año, condición que el servicio aceptó, además de comprometer un pago de $75 millones por los arreglos realizados por la universidad. La Contraloría en su informe rechazó el pago del SSMN ya que, según el comodato, la universidad debía pagar $500 mil mensuales, obligación que no cumplió en su totalidad, generando una deuda que a julio de 2011 era de $ 25,5 millones.

Recién la semana pasada, luego de que CIPER consultara sobre el estado de esta deuda, el SSMN despachó al rector de la Universidad de la República una carta exigiendo el pago de su deuda y el retiro del mobiliario que aún mantienen en el ex hospital.

RESTAURACIÓN Y QUIEBRE

Si bien el inmueble fue entregado en comodato en 2001, no fue hasta 2003 que el viejo hospital reabrió con su nueva faceta. Según la explicación que entregó en 2003 el vicepresidente de la corporación, Miguel Ángel Rojas, en una carta dirigida al entonces director del SSMN, el actual diputado Marco Antonio Núñez (PPD), se decidió primero mejorar la infraestructura con un proyecto que habría permitido dar trabajo a desempleados de la zona a través de programas del Ministerio del Trabajo, la Intendencia Metropolitana y la Municipalidad de Independencia.

Marina Zolotoochin dijo a CIPER que solicitaron una decena de trabajadores y les enviaron 270, llegando en un momento a administrar casi mil trabajadores contratados: “Les dábamos almuerzo, recreación y capacitación. Uno de los ejemplos típicos era ver a un muchacho raspando un pilar, le preguntabas qué estaba haciendo, él respondía: ‘raspo palos’. Tres meses después le hacías la misma pregunta y ese mismo muchacho contestaba: ‘recupero el pino oregón’”.

Pero no todos los recuerdos de esa época tienen el mismo tono. Porque fue durante la remodelación de las viejas instalaciones del hospital que comenzaron a gestarse diferencias y tensiones al interior de la corporación. El quiebre explotó en la siguiente designación del directorio con la salida de varios de los impulsores del proyecto. Según narró Miguel Ángel Rojas en la misma carta a Marco Antonio Núñez, los principales problemas fueron provocados por el trato áspero de Zolotoochin hacia los representantes del servicio de salud y de la división de Cultura del Mineduc en el directorio de la corporación.

El quiebre significó la salida del directorio de los representantes de las instituciones del Estado. Y con ello la parte pública desapareció de la dirección del proyecto. A partir de ese momento, el directorio del Centro de Estudios para la Calidad de Vida no volvió a rendir cuentas a las instituciones que dieron origen al proyecto. Tampoco nadie se las pidió.

No sólo no hubo más rendición de cuentas, tampoco se cumplieron algunos de los compromisos pactados al firmar el comodato por 15 años, como la creación de un centro cultural, un museo de la Medicina, un espacio para los cuerpos estables de la División de Cultura del Mineduc y otro con computadores y una biblioteca virtual para los estudiantes de la zona. Lo que sí funciona es el arriendo de espacios para eventos privados cuyo pago es gestionado en completa autonomía por la sociedad anónima creada en 2006 por la corporación. Lo mismo ocurre con un centro de terapias alternativas cuyos pacientes pagan por atención.

A pesar de que el proyecto original se hizo para evitarle al Fisco el desembolso de dinero, el CECV quedó -a cargo de Marina Zolotoochin- usufructuando sin control de ningún ente público de esas instalaciones de propiedad del Estado y remodeladas con dineros fiscales.

IRREGULARIDADES DEL CECV

La única perturbación a la absoluta ausencia de control que tuvieron los directivos del CECV, fue la fiscalización que hizo la Contraloría en 2012. Allí se descubrió la sociedad anónima Servicios para la Calidad de Vida, que funciona en el mismo recinto y cuya representante legal es Marina Zolotoochin. Como dueños de la sociedad anónima figuran: José Antonio Caracci, uno de los directores de la corporación, y Alejandro Lara Díaz, quien está casado con la hija de Zolotoochin.  La sociedad aparece constituida en el Diario Oficial en marzo de 2006 con un capital de $ 5 millones.

Sala de eventos restaurada.

Dice el informe de Contraloría: “Además, se observó que se ha cerrado un perímetro del terreno para habilitar estacionamientos con capacidad para 100 vehículos por el cual se cobra un valor que fluctúa entre $850 y $1.500 diarios, dineros que están destinados para beneficio de una sociedad creada por la citada entidad comodataria (Servicios para la Calidad de Vida S.A.) y también se ha emplazado un restaurant denominado Posada San José, para atención de público, el que es administrado por la misma institución”.

El mismo informe estableció una nueva irregularidad: “el restaurant está localizado en un sector que no corresponde al polígono cedido en comodato a la corporación”.

En las mismas instalaciones entregadas en comodato al CECV, la Contraloría descubrió un jardín infantil acreditado por la JUNJI, cuyo funcionamiento no aparece ni está entre los planes del contrato original.

Además, a pesar de que en la cláusula 4 del comodato la corporación “se compromete a otorgar todas las facilidades para que el SSMN pueda hacer uso de las salas de conferencia”, la Contraloría descubrió un acuerdo con el CECV para que ese servicio ocupe el Salón El Carmen y la sala SAM en forma permanente a cambio de un pago de $17 millones. El mismo acuerdo establece que el SSMN debe financiar íntegramente los servicios de luz y agua para la totalidad del área entregada a la corporación. El informe estableció que entre octubre de 2008 a abril de 2011 el SSMN pagó $37 millones por concepto de agua; y entre octubre de 2008 y junio de 2011, $20,6 millones de luz, lo que suma un total de $57,6 millones. La Contraloría no encontró los documentos que avalen esos pagos.

El ente fiscalizador también indicó que, si bien todos los otros comodatarios del antiguo Hospital San José se organizaron para pagar los gastos mensuales de luz y agua, el CECV se ha rehusado a ello argumentando que no está de acuerdo con el cálculo que se efectúa para el cobro. El hecho concreto es que el SSMN continúa pagando los consumos que genera el CECV, mientras los demás comodatarios cumplen regularmente con sus pagos.

Aparte de los pagos irregulares de la luz y agua que se consumen en las dependencias que administra por comodato el CECV, el informe de la Contraloría reveló otros pagos a la misma corporación sin justificación, como los $74,6 millones que se registran entre junio de 2006 y septiembre de 2008.

CIPER revisó en el sitio web Mercado Público las órdenes de compra que se emitieron tanto a favor de la corporación como de la sociedad anónima desde 2006 a la fecha, encontrando contratos por $174 millones. De ellos, $122 millones se pagaron desde diversos servicios de salud.

LA VERSIÓN DE LA CORPORACIÓN

A metros de una fuente donde flotan lotos en flor, rodeada de las apacibles áreas verdes del antiguo Hospital San José, se encuentra la oficina del Centro de Estudios para la Calidad de Vida. Su directora, Marina Zolotoochin, respondió a los cuestionamientos de la Contraloría y por qué el proyecto original no prosperó:

-El promedio de duración de las autoridades del servicio es de 1,2 años, cada director viene con nuevas visiones, con sus propios proyectos y la mayoría no tiene idea de lo que significa un comodato. Hay que empezar desde el comienzo cada vez.

Zolotoochin dijo a CIPER que hasta la administración del doctor Raúl Koch (2001-2002), quien actualmente es presidente del CECV, “desde el servicio se apoyó mucho el proyecto, pero la visión del siguiente director, el doctor Carlos Aranda, fue muy diferente y ahí separamos la corporación del servicio”. Y afirmó que hasta ese momento recibían aportes del SSMN, pero cuando la corporación se independizó debieron buscar el autofinanciamiento.

-¿Cómo tienen que subsistir las corporaciones sin fines de lucro?: Por favor, pásenme un poquito de plata, otro poquito de plata, hagamos este proyecto para conseguir plata, y mi opinión y la del directorio es que esto se tiene que autosustentar -argumentó Zolotoochin.

Marina Zolotoochin, directora del CECV. Fuente: chileinteligente.cl

La directora del CECV insistió en que fue por ese motivo que habilitaron un espacio para estacionamientos por el cual al comienzo el Hospital San José les pagaba por cada auto que allí se estacionaba. Según Zolotoochin, recibieron una visita del Servicio de Impuestos Internos que les advirtió que no podían operar de esa forma:

-Ellos mismos nos sugirieron crear una empresa para que se haga cargo de esas actividades, por eso nace SECV, Servicios para la Calidad de Vida S.A., que opera el estacionamiento, la posada donde dan almuerzo y los eventos, que es lo que nos da dinero: las graduaciones, los matrimonios, etc. El cien por ciento de lo que gana esa empresa va a la corporación. Sus dueños no ganan nada. Para mi yerno, que es arquitecto, esta empresa es un cacho: no recibe nada, ni siquiera un beneficio.

La directora del CECV aseguró a CIPER que la corporación “apenas se financia: si yo no tuviera otros ingresos familiares no podría vivir de esto”.

El CECV y la sociedad anónima que opera el recinto tienen 25 personas contratadas, de las cuales 12 trabajan en un jardín infantil de la JUNJI que no está en el proyecto original del comodato. Según Marina Zolotoochin, su creación fue apoyada por uno de los directores del SSMN, el doctor Antonio Infante.

El Centro de Estudios para la Calidad de Vida envió a CIPER una tabla con los ingresos y gastos aproximados del año 2014, tanto de la corporación como de la sociedad anónima (ver documento). Según esos registros, el año 2014 el jardín infantil recibió del Estado $95,4 millones y gastó $97 millones; el Centro de Terapias Alternativas muestra ingresos por $25 millones y gastos por $ 33,2 millones; mientras que la sociedad anónima presenta ingresos por $94 millones y gastos por $79,4 millones.

LOS CAMBIOS QUE VIENEN

De todos los comodatos del antiguo Hospital San José, el más cuestionado por la Contraloría fue el del CECV. Otras observaciones recayeron sobre el Hogar de Cristo, pues el espacio está siendo ocupado por la Fundación Paréntesis, filial de la entidad, y por el Instituto Chileno de Terapia Familiar, cuya presencia no ha sido formalizada ante el SSMN. Otras impugnaciones recayeron sobre el Servicio Evangélico para el Desarrollo, que opera allí un centro de capacitación de agentes comunitarios, pues una entidad de orden religioso “no se relaciona con los fines del SSMN”.

En un informe de seguimiento publicado a mediados del 2013 (ver informe), la entidad fiscalizadora detalló que las observaciones al uso que el SSMN le permite en esas dependencias en comodato al CECV, al Hogar de Cristo y al Servicio Evangélico para el Desarrollo, por distintos motivos persisten.

El actual director del Servicio de Salud Norte, Luis Álvaro Lefio, dijo a CIPER a través de su oficina de comunicaciones que una de las tareas a las que se abocó al asumir en marzo del año pasado fue a la conversación con cada una de las organizaciones que mantienen comodatos en el antiguo Hospital San José: “Para ello hemos establecido una revisión exhaustiva de los contratos, situación que no ha sido fácil ya que la anterior dirección, también en el cumplimiento del informe de Contraloría, intentó hacer addendum a dichos instrumentos legales y lamentablemente la entrega de esa información tuvo un carácter tal de desorden que implicó invertir mucho tiempo en tratar de entender los diálogos que se llevaron adelante con cada una de las instituciones”.

En el SSMN reconocen que el espacio del antiguo Hospital San José está siendo requerido por una serie de organizaciones e instituciones, entre las que se encuentra el Complejo Hospitalario San José. Quien asegura que no está haciendo ninguna gestión para quedarse en el lugar es Marina Zolotoochin, la directora del Centro de Estudios para la Calidad de Vida: “Nosotros tenemos un mecenas, es único y no ha fallado nunca… es San José”.