Crece la violencia y los abusos contra mujeres migrantes en Magallanes

Tamara acaba de inaugurar su propio local, quince años después de haber dejado la tropical República Dominicana para instalarse en la fría Patagonia chilena. Tamara es parte de una oleada de mujeres, mayoritariamente dominicanas y colombianas, que ha llegado a Magallanes para trabajar en alguno de los rubros que caracterizan a la región: pesca, extracción de hidrocarburos, servicio público…y comercio sexual

Según datos de la Dirección del Trabajo son 53 los locales nocturnos o nightclubs que existen tan sólo en Punta Arenas. Eso, sin contar la gran cantidad de clandestinos. En muchos de ellos se ejerce el trabajo sexual, un oficio que en Chile no está penalizado, pero que tampoco está normado. Una realidad que, en términos legales, está enclavada en tierra de nadie y donde los abusos y violaciones a los derechos fundamentales de estas mujeres están a la orden del día. Tamara pasó por eso y confía en que la apertura de su propio negocio la alejará definitivamente del trabajo sexual.

“AGARRA TU ROPA QUE NOS VAMOS”

Trabajo sexual e inmigración femenina son dos realidades que suelen entrelazarse en regiones donde existe mano de obra masculinizada, como en las zonas mineras. Un imán para las mujeres que viajan a ejercer allí el comercio sexual, esperando encontrar, como todo migrante, mejores condiciones de vida y, sobre todo, mejores ingresos. Sin embargo, en ocasiones viajan a la espera de una mejora que nunca llegará. Muchas son engañadas, ya sea respecto del oficio que deberán ejercer, como de las condiciones en que lo ejercerán. Así, pueden llegar a encontrarse en situaciones que caracterizan un delito mayor: la trata de personas con fines de explotación sexual.

En el 2004, Chile ratificó el Protocolo de Palermo, un convenio internacional que busca eliminar la trata de personas a nivel mundial. Cuatro años después se creó la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas, un organismo encargado de coordinar acciones y programas que ayuden a prevenir y reprimir este tipo de delito en el país. Fue en el marco de esta política que se dictó el 8 de abril del 2011 la Ley 20.507, que tipifica la trata de personas. Finalmente, el 2013 la mesa regional de Magallanes dio inicio a un proceso que buscaba coordinar acciones de prevención y sanción de la trata a nivel local.

Según el estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Investigación sobre Trata de Personas en Chile, hasta 2008Magallanes era la segunda región con el mayor número de casos de trata con fines de explotación sexual. La OIM contabilizaba hasta entonces 20 casos en la región austral, superada sólo por Santiago, con 22. Sin embargo, desde que entró en vigencia la nueva ley, según las estadísticas de la PDI y Carabineros, se ha detectado tan sólo un caso de trata con fines de explotación sexual en la región. La acusada, hoy en prisión, fue arrestada en 2011 mientras viajaba a Río Gallegos, en la Patagonia argentina, acusada de tráfico de mujeres de origen paraguayo.

Más allá de las estadísticas oficiales, muchas mujeres que hoy ejercen el trabajo sexual en el extremo sur de Chile fueron víctimas de trata o tráfico de inmigrantes alguna vez en sus vidas. La llegada de Tamara a Punta Arenas es, de hecho, el desenlace de su huida desde un local nocturno en Argentina donde fue comprada.

Mientras habla, y sin que le tiemble demasiado la voz, aunque levemente desgarrada, Tamara seca sus lágrimas con el pulgar, suavemente, para no dañar el maquillaje: “Una amiga de mi mamá me dijo que podía recibirme en Argentina, en Buenos Aires. Según ella, podía buscarme un trabajo en mi rubro, en lo que yo estudié, mercadotecnia. Pero adivina el trabajo que me había encontrado…”. La mujer cuenta que la llevaron a Río Turbio, una localidad minera argentina fronteriza con Puerto Natales:

-Me habían comprado. Yo no entendía bien. No conocía a nadie. ¡Estaba sola! Me cobraban todo y empecé a sospechar. Hasta que conocí a un chico, el sobrino de la mujer que pagó por mí. Le conté las sospechas que tenía. Él me dijo que no era normal. Llamó a su tía y le preguntó qué pasaba conmigo. Y ella le dijo que sí, que tenía que rembolsar tanta plata, que era lo que ella había pagado por mí. El chico me llevó al local, ¡sacó así un machete! y me dijo: “agarra toda tu ropa que nos vamos”. Él tenía un contacto en Punta Arenas. Me dijo que podía tratar de conseguirme un trabajo. Y así llegué.

Tamara dejó República Dominicana a los 18 años. Estuvo tan sólo un par de años en Argentina y residió otros diez en Punta Arenas. Hoy, a los 32 años, tiene su propio local, una schopería, como se dice en la jerga del comercio sexual. Un tipo de local semejante a un night club, pero con horarios diurnos. Un lugar donde las mujeres deben “compartir” con los clientes e incitarlos a consumir, pero donde no se ejerce el comercio sexual directamente.

Ahora, Tamara trabaja afanosamente en la remodelación de su local, en el que tiene prohibido cualquier actividad que sobrepase el mero “compartir” con el cliente, aunque sus amigas, quienes sí continúan en el oficio, acuden al negocio para enganchar clientes. 

Río Turbio, ubicada en la Patagonia argentina, es la ciudad colindante con Puerto Natales. Muchas dominicanas han llegado allí luego de haber pasado un tiempo en Buenos Aires; otras llegaron a Río Gallegos, en la costa atlántica, y a Río Grande, en Tierra del Fuego. Desde ahí, Punta Arenas, Puerto Natales, Chile Chico y Porvenir han sido los destinos próximos en Chile.

La inmigración de trabajadoras sexuales de origen dominicano y provenientes de Argentina data aproximadamente del 2005, misma fecha en que se dio inicio, de manera general, a la última ola de inmigrantes en Magallanes. Un segundo estudio de la OIM, titulado “Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la Argentina”, publicado el 2003, asegura que la inmigración de mujeres dominicanas en Argentina comenzó a ser visible en 1995. La crisis que golpeó a ese país en 2001 y cuyas repercusiones se extienden hasta hoy, habría motivado una nueva migración hacia otros países, entre ellos Chile.

Los itinerarios migratorios suelen ser diferentes para las mujeres provenientes de Colombia. Generalmente originarias del valle del Cauca, al contrario de las dominicanas, sí pasan por Santiago. Muchas de ellas llegan primero a la zona norte del país, desde donde comienzan a descender hasta llegar a la Región de Magallanes. Es el caso de Camille, por ejemplo, una trabajadora del local Reinas de la Noche, quien solía ser temporera en San Fernando. Cansada de un rubro mal pagado, extenuante y donde era víctima recurrentemente de acosos sexuales, decidió dedicarse al comercio sexual.

El envío de remesas para sus hijos es la principal motivación de Camille para trabajar en el rubro. Es un oficio que la mayoría de las mujeres colombianas que lo ejerce califica de momentáneo, con la esperanza de mejorar rápidamente y de manera considerable la calidad de vida de sus familias, y poder así volver cuanto antes junto a ellas. Sin embargo, el costo que deben pagar suele ser alto: 

–La gente dice que trabajar en esto es ganarse la plata fácil. Pero ellos no saben… trabajar en la noche no tiene nada de fácil -dice Karina, una trabajadora del mismo local que, con apenas 20 años, espera en la cocina envuelta en una frazada que sea medianoche para ponerse sus tacos y salir al salón.

De las dificultades del oficio, Tamara puede dar fe. Hoy, debido a su independencia laboral, puede hablar sin miedo de cómo funcionan los night club y de los abusos que las mujeres soportan. Desde violencia verbal hasta privación de libertad, la gama de faltas a los derechos fundamentales de estas mujeres es amplia. En algunos casos los abusos podrían ser tipificados como “trata de personas” por el sistema penal. Sin embargo, numerosas otras formas de violencia justifican el uso del término “esclavitud moderna”. Abusos perpetrados a diario en locales nocturnos, tanto legales como clandestinos, sin que sean investigados ni sancionados.

UN SECRETO A VOCES

Sara reside en Chile desde hace un par de meses. Al igual que Tamara, dejó República Dominicana para instalarse en Buenos Aires, luego en Rio Turbio y finalmente en Puerto Natales. A su llegada trabajó en una schopería de la ciudad, donde también vivió durante cuatro meses de invierno. Un pequeño cuarto ubicado al fondo del local, sin calefacción.

Como Sara, la mayoría de las mujeres que labora en el comercio sexual vive en su lugar de trabajo. Esto les permite ahorrar el dinero correspondiente a un arriendo y sumar ese monto a la remesa que envían a sus familias. Sin embargo, la dependencia habitacional que se establece con el empleador puede dar pie a situaciones de insalubridad habitacional u otras malas condiciones, como soportar, sin calefacción, los 10 grados bajo cero que en invierno puede alcanzar la noche magallánica.

Esta dependencia también facilita las condiciones para los abusos en la extensión de las jornadas laborales. La doble función que cumple el local nocturno, como espacio laboral y habitacional, hace que las mujeres lleguen a trabajar fácilmente hasta 15 horas diarias.

La violencia económica y el fraude también son característicos del tipo de abusos que se comenten en el rubro. Es recurrente que los empleadores de locales nocturnos no cumplan con el pago de las cotizaciones de sus trabajadoras. Manuel Orellana, encargado de la residencia de extranjeros de la Gobernación de Magallanes, asegura que la cantidad de “garzonas” sin protección social es muy elevada.

En otros casos, según señalan las mismas trabajadoras, los empleadores obligan a las “garzonas” a reembolsarles el pago de las leyes sociales. El costo de Fonasa, AFP, seguro de cesantía y hasta seguro de accidente corre por cuenta de las mujeres. Peor aún, mientras éstas pagan a sus empleadores el monto de sus propias cotizaciones, el Estado rembolsa a sus patrones parte de éstas. Los empresarios de la Región de Magallanes tienen la posibilidad de beneficiarse del Decreto Ley Nº 889 de bonificación a la contratación de mano de obra. Un decreto que permite el reembolso de un 17% de las cotizaciones y que busca incentivar la contratación en las regiones extremas del país. En definitiva, la mujer le paga al Estado y éste le reembolsa al empleador.

Aparte de las cotizaciones, numerosos otros pequeños montos son rebajados de las ganancias de las trabajadoras.

–Si la cuenta de la electricidad aumentó respecto del mes pasado, las chicas tienen que pagar una multa. Si es que utilizó la lavadora para lavar su ropa, si es que un día no trabajó porque se sintió enferma, por todo tienen que pagar las chicas. Por eso hay algunas que vienen a lavar sus cosas acá -cuenta Tamara.

Si bien estos abusos no son cometidos de manera sistemática por todos los dueños de locales nocturnos, todo el mundo en la región parece estar al tanto no sólo de la existencia de estas violaciones, sino también de los lugares donde se cometen. Incluso el ya citado responsable de extranjería de la Gobernación de Magallanes, Manuel Orellana, quien no se encarga de los trámites administrativos de la provincia de Última Esperanza, sabe que en el “Embassy”, uno de los locales más concurridos de Puerto Natales, las mujeres trabajan en condiciones laborales que incluso podrían ser consideradas como restricciones a la libertad.

“Yo en ese lugar nada más duré dos semanas. Luego me vine para acá”, asegura una ex empleada del “Embassy”. A la pregunta del porqué, responde con un silencio que parece confirmar las denuncias de Valeria, otra trabajadora sexual de Puerto Natales: “Esta chica no va a hablar por miedo (…) Su patrona es de lo peor. Les controla a las chicas hasta la salida. Sólo pueden salir un momento del local para ir a comprar sus cosas. Pero las controla con reloj. Una vez ella se pasó del tiempo y no la dejó entrar, la dejó en la calle de noche”.

La situación de Francisca es complicada. Observa con cierta desconfianza. No quiere saber nada de preguntas. Sólo habla del pasado: de su hija, que la espera en Dominicana en una casa “con piso de tierra”; de Argentina, donde dice haber “vivido demasiado”, y de otras ciudades de Chile, “por allá”, maraña de “pueblos perdidos” donde también “pasa de todo”. Pero del presente, ni una palabra. Del “Embassy” sólo regala una mirada que se pretende inocente, seguido de un “mejor invítame un trago, mi amor”.

Faltas en el pago de las cotizaciones, abusos en la extensión de la jornada laboral, condiciones habitacionales insuficientes, cobros irregulares, privación de libertad, todo sumado a una constante violencia verbal por parte de algunos empleadores, además de fraude al fisco. Si bien no todos los abusos son equivalentes, puesto que algunos tienen una mayor gravedad que otros, la importancia radica en su carácter acumulativo y reiterativo. La trata de personas –al igual que otras formas de violencia, sobre todo de género– se caracteriza por esta acumulación. Suma de deudas que atan económicamente a la víctima a su empleador, suma de humillaciones que fragilizan psicológica y emocionalmente, suma de circunstancias que le hacen creer que no está protegida por la ley, o que la ley no se aplica, o peor aún: que la ley es nociva.

Hoy todas estas vejaciones son perpetradas regularmente en la Región de Magallanes ante la mirada indolente de autoridades y de la sociedad civil. ¿Cuáles son las razones para que estos delitos se cometan bajo una total impunidad?

FALTA DE FISCALIZACIÓN

Tres son las instituciones encargadas de fiscalizar los night clubs y schoperías: Carabineros, PDI e Inspección del Trabajo. Mientras la policía uniformada se encarga de revisar patentes de alcohol y que no haya menores de edad al interior de los locales, la policía civil fiscaliza que las trabajadoras inmigrantes tengan su documentación al día. La Inspección del Trabajo, cuya labor, entre otras, es fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y de higiene y seguridad en el trabajo, se limita a controlar contratos que todo el mundo sabe que son falsos -incluidos los mismos inspectores-, un cuaderno de asistencia cuya información es igualmente falsa y cotizaciones que no han sido pagadas por quien corresponde.

El director regional del Trabajo, Francisco Parada, consciente de las precarias condiciones habitacionales y laborales en que a veces se encuentran las trabajadoras sexuales, se lamenta de la falta de instrumentos legales y técnicos para poder controlar esta situación:

-La Inspección del Trabajo no tiene la facultad para investigar sin que haya una denuncia previa o sin que haya un requerimiento de parte, es decir, una solicitud de investigación por parte de un tribunal-explica.

Parada asegura que la ambigüedad legal de la prostitución da cabida a todo tipo de abusos. Cree que su regularización permitiría, eventualmente, realizar un control efectivo en los locales y proteger a las mujeres que hoy son víctimas de violencia. Al respecto, Carolina Rudnick, coordinadora de la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas, asegura: “Si tú prohíbes el comercio sexual, lo que generas son situaciones de focos de cultivo de trata, porque la clandestinidad aumenta la vulnerabilidad de la víctima”.

Dos son los cuerpos legales en Chile que se refieren al trabajo sexual: el Código Penal y el Código Sanitario. Mientras el primero no prohíbe la prostitución, salvo que se trate de menores de edad o que haya “trata de personas” de por medio, el Código Sanitario sí prohíbe, en su artículo 41, los “prostíbulos cerrados o casas de tolerancia”. En definitiva, el trabajo sexual puede ejercerse sólo de manera independiente, pero no de manera organizada en un lugar específico, como en un night club.

Sin embargo, según Carolina Rudnick, la ley chilena no intenta ser “prohibicionista”, como en Estados Unidos o China, por ejemplo, donde la prostitución es perseguida, sancionada y considerada delito. Pero tampoco la considera un trabajo, como en los sistemas “reglamentaristas” de Holanda y Dinamarca, por ejemplo. Según los abogados Carolina Sáez y Fabián Aravena, en uno de los pocos estudios jurídicos sobre el sistema chileno[1], nuestra ley se asemeja a un tercer tipo, denominado “abolicionista”, donde no se persiguen penalmente a las trabajadoras sexuales, pero se busca erradicar la prostitución, pues es considerada una forma de violencia contra la mujer.

Del abolicionismo, Chile sólo rescata la despenalización del trabajo sexual. Si ha habido planes para erradicarlo, éstos definitivamente no han tenido resultado. Por el momento, la legitimación del engaño en los contratos de garzonas deja oculta la realidad laboral y habitacional en la que se encuentran las mujeres que trabajan en los night clubs, e incólume la hoja de vida de los locales. Así lo explicita la jefa de la Inspección Provincial de Última Esperanza, Gabriela Álvarez, al asegurar, con una leve sonrisa avergonzada al referirse a los locales nocturnos, que “ellos nunca dan problemas”.

Ante la falta de instrumentos y facultades de fiscalización, la responsabilidad de dar cuenta de los abusos queda en manos de las víctimas: si no hay denuncias, no hay nada. El problema, como lo explica Cristián Cornejo, subcomisario de Policía Internacional, “es que las mujeres no denuncian”.

LA IMPOSIBILIDAD DE DENUNCIAR

Karina lleva puesto un dos-piezas rosado, compuesto de un peto y una minifalda con un juego de cuerdas cruzadas en las caderas. No se maquilla mucho, “porque envejece la piel”. Sobre un gran closet lleno de sensuales vestidos, peluches y pijamas, hay dos maletas rosadas. Un mueble lleno de chucherías: una cajita en forma de corazón donde guarda sus aros, un conejo de peluche, una botella de aguardiente colombiana. En la pared, una cruz hecha de billetes: pesos colombianos, argentinos y chilenos como una corona de espinas. En la cabecera, fotos: ella, más joven aún, y “la foto de mi hija de reverso…, es que la doy vuelta porque no me gusta que me vea cuando trabajo”.

Karina, como muchas mujeres, no puede darse la libertad de hablar abiertamente sobre los males que la aquejan. De hacerlo, pondría en riesgo su proyecto migratorio. Al igual que otras mujeres inmigrantes que trabajan en el comercio sexual en la región, busca obtener la permanencia definitiva. Un carnet que representa “la libertad (…), la independencia para ir adonde quieras”, explica Tamara. Con excepción de las personas que tienen la nacionalidad de alguno de los países del Mercosur (Colombia y República Dominicana no son parte), todas deberán primero obtener una visa sujeta a contrato durante dos años consecutivos con el mismo empleador. La estabilidad laboral es un requisito indefectible para solicitar la permanencia, según la información entregada por las gobernaciones de Magallanes y Última Esperanza. Si el contrato es interrumpido, cualquiera sea la razón, la mujer tendrá tres meses para encontrar un nuevo trabajo y renovar su visa, pero deberá empezar a contar desde cero, pues el tiempo trabajado entre un empleo y otro no es acumulable. Así, las mujeres prefieren soportar dos años de maltratos para lograr lo antes posible la anhelada libertad que entrega la permanencia definitiva.

Tamara también tiene experiencia al respecto: “Una vez estuve en Chile Chico.Yo conozco todo por aquí. Estuve en Coyhaique, en todo Aysén. Y en los pueblos chicos es donde hay más abusos. Tú tienes que tramitar tu visa en la Gobernación y después en la PDI. Y en los pueblos chicos es más complicado. Luego de dos finiquitos te rechazan la visa (sujeta a contrato). Aquí en Puerto Natales es así. En Punta Arenas, no. Pero aquí no te dejan pasar varios finiquitos. Y por eso las chicas tienen que aguantar cualquier cosa, porque sino después se quedan sin trabajo, y como no les renuevan la visa, se quedan sin papeles. Hay mucha corrupción. Los de la Gobernación te dicen: con 150 lucas te hago pasar la visa. A mí me dijeron eso. Y me dijeron 150 lucas porque no quise pagar de otra forma. Porque no era plata lo que quería. Y como yo le dije que no, me dijo 150 lucas”.

Así, a la estabilidad laboral exigida se suma la corrupción de las autoridades. “Eso que dicen que la policía en Chile es intachable… eso no es así”, dice Cassandra con una risa medio burlona. “Acá el primer contacto que las chicas tienen con la policía es en el local”. La gran variedad de locales nocturnos que ofrecen Punta Arenas y Puerto Natales abarca diferentes clientelas. Están los night club donde van los pescadores, aquellos donde llegan los campesinos, los que reciben a una clientela más adinerada y los que acogen a funcionarios, carabineros y PDI. Por ejemplo, el local “Embassy”, reputado por la belleza de las chicas que ahí trabajan, pero también por el maltrato que éstas reciben, es el lugar recurrente de policías. “Ahí ellos llegan y de beso saludan a la dueña”, asegura Cassandra.

Aparte del frágil estatus migratorio, de la corrupción y del impacto de esta controvertida figura de cliente-policía, el miedo a quedar excluidas del comercio sexual es la última razón por la cual las mujeres que son víctimas de violencia no denuncian a sus empleadores. De hacerlo, serían inmediatamente catalogadas de problemáticas entre los dueños de locales nocturnos. Encontrar trabajo en la competencia con esa reputación es prácticamente imposible. Terminarían trabajando en clandestinos, sin un contrato que les permita obtener una visa, poniendo en riesgo su integridad física y pudiendo ser deportadas en cualquier momento.

Todas las razones para no denunciar confluyen en la preocupación de conservar el permiso de estadía en Chile, lograr la permanencia y sacar adelante el proyecto que las hizo dejar sus hogares y familias. La ley de inmigración es, al final de cuentas, la mayor determinante.

PAREJA, EMPLEADOR Y PROXENETA

La Ley de Migración en Chile permite reducir el tiempo de espera para la obtención de la permanencia definitiva a un año en el caso de demostrar un mayor arraigo con el país. Sirve tener un segundo empleo, siempre y cuando éste no interfiera con los horarios de trabajo del primero. Muchas mujeres establecen, así, contratos como asesoras del hogar con sus parejas. Hombres que han conocido en los mismos locales nocturnos donde trabajan,y que les entregan la posibilidad de vivir fuera del night club y obtener su visa permanente en tan sólo un año. Sin embargo, esta solución para acortar el camino es frecuentemente traicionera y termina por constituir una nueva fuente de violencia. Las mujeres ya no sólo son víctimas de abusos laborales, sino también conyugales.

Katiuska Muñoz, abogada de la casa de acogida del Prodemu en Puerto Natales, asegura que “son agredidas física y psicológicamente por sus parejas. Las humillan constantemente, reprochándoles el trabajo que realizan en los locales donde las conocieron, o incluso las mandan a trabajar ahí para que aporten con dinero”. Además, es frecuente que los hombres se queden con las ganancias que las mujeres logran hacer. La dependencia de las mujeres hacia esta figura de pareja-empleador-proxeneta es triple: administrativa, puesto que requieren de este segundo contrato; económica y, finalmente, afectiva:

-Yo tengo una amiga, su novio se queda con todo lo que ella gana y le pega duro. Yo le digo que lo deje, pero ella dice que no, que está enamorada -explica Tamara.

En diciembre del 2010 se promulgó la ley contra el femicidio en Chile. Tres meses después ya se contabilizaban dos mujeres extranjeras asesinadas en la Región de Magallanes. Ambas eran dominicanas y tenían visas sujetas a contrato; eran jóvenes (27 y 33 años) y tenían hijos. Las dos fueron asesinadas por sus respectivas parejas: 20 puñaladas en el primer caso, 30 en el segundo. A pesar de las similitudes de ambos crímenes, entre ellas su carácter pasional, el Ministerio Público declaró, según el diario El Pingüino, que “no existen características en común en cada uno de los hechos, y obedecen más a las circunstancias del momento que a un patrón de conducta en la región”[2].

No es posible saber si estos asesinatos, y los que vinieron después, fueron o no perpetrados dentro de la figura contractual de la pareja-empleador-proxeneta. Los organismos públicos, principalmente el Sernam, actúan la mayor parte del tiempo sobre la urgencia, sin posibilidad de realizar una investigación que pueda detectar casos de proxenetismo, trata de personas con fines de explotación sexual u otras formas de esclavitud moderna. Tal es el caso de Nancy, una mujer de origen ecuatoriano que llegó en primer lugar a Santiago, donde tenía, al igual que Tamara, una familia que podía acogerla. Luego de un tiempo en la capital se mudó a Puerto Natales, donde su “tía” le aseguraba tendría un empleo.

–Le dijo que no tenía que preocuparse de nada, que aquí en Puerto Natales la recibirían. Pero cuando llegó, resultó que el trabajo era en un local nocturno, en el local que se quemó. Me dijo que había llegado engañada, que ella no sabía en qué iba a trabajar. Cuando llegó, me decía que no conocía a nadie, era joven, no sabía qué hacer-asegura la abogada Katiuska Muñoz.

Nancy llegó a la casa de acogida del Prodemu pidiendo ayuda, pues su pareja y padre de su hijo la agredía y había amenazado de muerte. A pesar de sus declaraciones, las que daban cuenta de una eventual transacción financiera por su traslado, no se llevó a cabo ninguna investigación al respecto. El Prodemu estaba sobre todo concentrado en alejar a Nancy rápidamente de su cónyuge. Según la versión de Katiuska Muñoz, la mujer era además explotada económicamente por su pareja. La abogada nunca supo si existió un contrato de por medio (Ecuador tampoco es parte del Mercosur), y ninguna investigación se realizó por explotación sexual ni “trata”.

Al final de cuentas, ante la imposibilidad de ejercer en otro rubro y la incapacidad del Estado para asegurar su integridad física, Nancy abandonó el país, regresando a Ecuador en peores condiciones que cuando lo dejó.

La urgencia no es la única razón que explica la incapacidad de los organismos públicos para detectar casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Carolina Rudnick y el responsable de la Dirección del Trabajo en Magallanes, Francisco Parada, coinciden en que la falta de articulación en el traspaso de información entre los distintos organismos públicos permite que casos como los de Nancy no sean detectados o no sean abordados a tiempo. Según ellos, para que dicha articulación exista, debe haber una sensibilización previa al problema.

La mesa intersectorial busca justamente sensibilizar a diferentes agentes del sector público y privado respecto de la trata de personas y de los métodos para combatirla. Lamentablemente, en Magallanes los resultados no han sido satisfactorios. Si bien ha habido iniciativas por parte de otros organismos, como la Gobernación de Punta Arenas y los Seremis de Justicia y Salud, la mesa regional, desde su creación en septiembre del 2013, no ha hecho absolutamente nada. Los miembros no se han vuelto a reunir, no se ha levantado ningún plan de acción ni se han realizado nuevas capacitaciones para comprender mejor el problema de la trata. Peor aún, Gloria Brigardello, coordinadora de la mesa regional, parece haber olvidado incluso en qué consiste, en términos legales, la “trata de personas”:

-No sé cómo está definido el delito. No sé si existen condiciones ni menos hemos conversado con gente que esté más cercana al tema. No hemos conversado nunca con alguien que haya vivido esa situación -asegura.

EL FUTURO DEL COMERCIO SEXUAL EN MAGALLANES

El suplemento Análisis del diario El Pingüino, del domingo 20 de julio del 2014, predice en su título, tal vez sin saberlo, el futuro del trabajo sexual en la región: “Los hidrocarburos renacen en Magallanes”. La relación entre trabajo sexual e industria extractiva es bien conocida. De hecho, hay una amplia bibliografía al respecto; entre ellos, algunos estudios realizados en Chile, como un proyecto Fondecyt a cargo de los investigadores Jorge Pávez y Pablo Rojas[3]. La clave de dicha relación está en que la industria extractiva moviliza una mano de obra masculinizada que incita a la proliferación de night clubs, schoperías, “casas de tolerancia” o cualquier otro lugar donde se comercialice el cuerpo femenino.

En la región de Magallanes la oferta y demanda de sexo de pago se encuentran gracias a dos migraciones paralelas: una interna, masculina, destinada a ejercer en las grandes faenas del sector extractivo y donde los derechos deben ser claramente respetados, y otra transnacional, femenina, a disposición del placer sexual de los primeros y donde incluso los derechos fundamentales suelen ser transgredidos.

En cuanto a la “oferta”, según Vilma Garay, una prolífica propietaria de night clubs en la región, ésta es abundante. Hace unos años atrás era difícil encontrar mujeres que quisieran trabajar como “garzonas”. Hoy en día, en cambio, “me llegan mails con fotos”, dice Vilma. “Ya no tengo espacio para tantas mujeres”, agrega.

Actualmente, la cantidad de mujeres que trabaja en el rubro es desconocida, pero hay un dato, aparte del aumento de la demanda, que podría explicar por qué Vilma, como otros propietarios, está recibiendo tal número de candidaturas. El 2012, por decreto presidencial, se clausuraron todos los locales nocturnos en Argentina. La ley, denominada Prostíbulo Cero, buscó justificarse como una lucha contra la “trata de personas” y la explotación de la mujer. Sin embargo, hay claramente resultados contrarios a este interés inicial. Desde su aplicación, un número desconocido pero relevante de mujeres ha buscado desesperadamente abandonar ese país.

Según lo explican mujeres provenientes de Argentina que hoy viven en Chile, todas intentan huir de las consecuencias negativas de la ley: la precariedad económica en que se encuentran por la falta de recursos; el trabajo sexual callejero, actualmente en aumento y particularmente difícil de soportar y de alto riesgo; los locales clandestinos, donde la inseguridad y los abusos son más recurrentes, y las violencias físicas y verbales hacia las trabajadoras sexuales, que, al parecer, también habrían aumentado en Argentina.

Aparte de las ya citadas, hay un efecto colateral de mayor gravedad. La necesidad que tienen las trabajadoras sexuales de salir de Argentina, sobre todo las extranjeras, puede aumentar el número de víctimas de “trata” o tráfico hacia otros países, entre ellos Chile; sobre todo hacia regiones donde hay una alta demanda de servicios sexuales, como Magallanes. Francisca Vidal González, hasta el momento la única persona condenada en Magallanes por trata de personas, fue arrestada en el paso fronterizo Monte Aymond mientras viajaba, justamente, hacia Río Gallegos, en la Patagonia argentina.

Actualmente, en Magallanes no hay instrumentos de fiscalización adaptados al comercio sexual, las mujeres tienen miedo de denunciar y las personas encargadas de coordinar planes de lucha contra la “trata” a nivel regional no han respondido correctamente a las consignas entregadas por la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas. En definitiva, no están las condiciones para hacer frente a esta eventual migración, desde Argentina, de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Al contrario, están todas las condiciones para que una gran mayoría de casos de trata con fines de explotación sexual pase inadvertida frente a las autoridades, a pesar de la gran visibilidad que caracteriza el comercio sexual en Magallanes.

Tal vez ésta sea una de las mayores contradicciones del trabajo sexual, tanto en Magallanes como en el resto del país: su visibilidad e invisibilidad simultáneas. Se ve en todos lados, pero no se sabe nada de los abusos. El problema no es sólo regional. La Fundación Margen es actualmente el único organismo en Chile que lucha por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Nadie más se interesa directamente en el asunto. Y sin embargo, según Herminda González, presidenta de Margen, la prostitución en Chile es algo común, histórico y transversal: “Cliente puede ser un senador, un diputado, un profesor, un obrero, un tipo de la tele, un policía, tú… cualquiera”.

Todo hombre es un potencial cliente y sin embargo nadie sabe nada, nadie dice nada, nadie se cuestiona, indaga, pregunta. En definitiva, el trabajo sexual en Chile no ha sido abordado con la importancia que requiere. El marco legal que lo regula es definitivamente pobre, lo que coarta la capacidad fiscalizadora de los organismos públicos. Peor aún, si consideramos que muchos policías y otros funcionarios son a la vez clientes, las instituciones públicas llevan dentro parte del problema. La Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas ha dado últimamente un nuevo impulso, invitando a otros organismos del Estado a preocuparse, al menos de manera indirecta, por la situación de las trabajadoras sexuales en Chile. Ahora hay que ver si dichas instancias responderán al llamado o, al contrario, seguirán esquivando el asunto como lo han hecho hasta la fecha.

Vea a continuación un avance del documental que originó este reportaje y que es realizado por Michelle Carrère y Cristián Carrère

[1]Sáez, Carolina; Aravena, Fabián “El derecho a ejercer el comercio sexual en Chile”. V Congreso Estudiantil de Teoría Constitucional de la Universidad de Chile, Santiago, 2008.

[2]http://elpinguino.com/noticias/117774/Los-cuatro-homicidios-que-han-remecido-a-Magallanes-en-2011

[3]Proyecto de investigación FONDECYT 11080269: “Trabajo minero y trabajo sexual: configuraciones materiales y discursivas de las relaciones de sexo/género en las ciudades mineras del norte de Chile”.

N. de la R: Este artículo fue modificado el 30 de diciembre de 2014.