La trastienda del acuerdo que aceleró el proyecto de financiamiento electoral

Para evitar nuevas filtraciones, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón, guarda en su escritorio una sola copia del proyecto que modifica el sistema de financiamiento y gasto electoral, un asunto que se ha tomado la agenda en los últimos meses a raíz de las revelaciones sobre financiamiento ilegal de campañas que han comprometido a parlamentarios de la derecha en el caso Penta. La ministra Rincón aseguró a CIPER que el documento está “prácticamente listo” y lo va a revisar con la presidenta Bachelet durante el fin de semana, para enviarlo a la Cámara de Diputados a más tardar el miércoles 17 de diciembre, como acordaron en el protocolo que firmaron este miércoles 11 con cuatro de los cinco senadores de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia (ver protocolo).

Ximena Rincón

El protocolo precipitó el envío del proyecto al Congreso, que originalmente estaba programado para el 2015, junto a otras leyes políticas como la reestructuración del Servicio Electoral y la nueva Ley de Partidos Políticos, según dijeron a CIPER fuentes del gobierno. La idea es evitar que la comisión comience a discutir las indicaciones de los diputados Vlado Mirosevic (ind.) y Giorgio Jackson (Revolución Democrática) que introducan cambios al financiamiento electoral pero que fueron incluidas en el proyecto de ley que elimina el sistema electoral binominal. El gobierno se ha comprometido a promulgar el proyecto del binominal antes del 31 de enero. “Si entrábamos a la votación sobre financiamiento –dijo un senador de la comisión–, íbamos a entramparnos en una larga discusión, con más indicaciones y un debate que podía extenderse por meses”.

Los diputados Jackson y Mirosevic no lo ven así y por eso han intentado presionar públicamente al gobierno y a los senadores para que se aprueben sus indicaciones, que ponen fin a los aportes reservados y a las donaciones de personas jurídicas a las campañas. Si bien ambos puntos están comprometidos en el proyecto del gobierno, temen que el trámite legislativo se eternice –como ha sucedido anteriormente– o sea modificado hasta desvirtuarlo. Después de todo, el financiamiento electoral es un tema que afecta justamente a quienes deben legislar. Y creen que este es el momento político para impulsar cambios mayores.

Pero tras semanas de un intenso lobby por parte de La Moneda para que se rechazara la iniciativa de los diputados, los senadores Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), Pedro Araya (DC) y Felipe Harboe (PPD) acordaron suscribir un acuerdo con el gobierno que evitó la votación de las polémicas indicaciones, a cambio del envío del proyecto específico. Sólo se marginó el senador Alfonso De Urresti (PS), argumentando que no cree en este tipo de protocolos pero que comparte el criterio de los otros senadores en el sentido de tratar separadamente este tema del financiamiento con los cambios del sistema electoral que va a regir en el país.

ALMUERZO CON PEÑAILILLO

Según dijeron a CIPER senadores de la comisión, este protocolo se venía trabajando desde mucho antes con la Segpres y el Ministerio del Interior y no fue producto de la presión mediática que ejercieron Jackson y Mirosevic en los últimos meses, con el corolario de una transmisión prácticamente en línea de lo que ocurría en la sesión del miércoles vía Twitter, pues el canal de TV del Senado estaba transmitiendo otra comisión. Mientras el ex dirigente universitario presenciaba la sesión, su equipo informaba y retwitteaba: “Senadores que votan eliminar las donaciones de empresas, recibieron de empresas: Larraín 100%, Espina 71%, Harboe 70%, De Urresti 16%, Araya 14%”.

Giorgio Jackson

El primer protocolo de acuerdo se firmó a fines de junio, antes de que se votaran las indicaciones de Jackson y Mirosevic, quienes también lo suscribieron. Buscaba asegurar los votos para el cambio al binominal y si bien se habla de reducir el límite del gasto electoral, no se entra en mayor detalle (ver protocolo 1).

Un mes después la Comisión de Constitución de la Cámara declaraba inadmisible las indicaciones de los dos diputados para limitar las donaciones de las empresas. El 13 de agosto volvieron a la carga en la Sala con la firma de 30 diputados que respaldaron su iniciativa y esta vez, lograron que se aprobara, con lo cual pasó al Senado incorporada al texto del proyecto sobre el nuevo sistema electoral. Para entonces, un nuevo protocolo comprometía al gobierno a avanzar en una serie de temas que habían sido incluidos como indicaciones pero dejados a un lado para privilegiar el trámite del binominal. Entre ellos, mayor transparencia y límites del gasto de electoral, incluyendo el fin de aportes de empresas y donaciones reservadas (ver protocolo 2).

Uno de los senadores de la Nueva Mayoría recuerda que hace tres meses, el mismo día del atentado con bomba en la estación de metro Escuela Militar (lunes 8 de septiembre), fueron a La Moneda a almorzar con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a discutir el proyecto sobre los cambios al sistema binominal que ya había pasado al Senado. Este es uno de los proyectos que el titular de Interior ha jineteado desde el comienzo y donde ha puesto en juego su capital político. Según dijeron a CIPER, los tres senadores oficialistas de la comisión que asistieron a ese encuentro le plantearon al ministro que no estaban dispuestos a despachar el proyecto de cambio al sistema binominal si no estaba sobre la mesa el proyecto que promete corregir el sistema de financiamiento a la política. Es decir, el gobierno estaba notificado de la intención de “amarrar” ambos temas, desde el punto de vista de la agenda legislativa. Pero no había hasta ese momento, compromiso de fechas concretas para el envío del proyecto sobre cambios al financiamiento.

Vlado Mirosevic

Al interior de La Moneda, la iniciativa de Jackson y Mirosevic provocó profunda molestia, porque se interpretó como una “movida de agenda personal”. Fuentes de la Segpres explicaron a CIPER que en el protocolo de junio con todos los partidos de gobierno y oposición se acordó trabajar con grupos independientes, centros de estudios y expertos para iniciar un estudio minucioso de un proyecto integral, que regule de mejor forma la propaganda, el gasto y el financiamiento de la política. Según dijeron, Jackson fue invitado a participar en esta instancia, pero se marginó. En cambio, entregó a la ministra Rincón su propuesta en octubre (ver propuesta diputados Jackson y Mirosevic), cuando el trabajo pre legislativo ya estaba prácticamente finalizado.

El diputado Jackson señaló a CIPER que efectivamente se restó de participar en la mesa de trabajo de la Segpres porque creía que era necesario mantener en paralelo las indicaciones que habían adjuntado al proyecto del binominal. A diferencia de La Moneda, donde se considera que esas indicaciones son un error de técnica legislativa pues se requiere de un proyecto integral que regule la materia, los parlamentarios están convencidos de que sólo aprobar esos puntos ahora garantiza que una ley específica sea despachada antes de las próximas elecciones municipales. Jackson enfatiza además que el proyecto del binominal ya contiene artículos ajenos al sistema electoral y que involucran, por ejemplo la Ley de Partidos Políticos, pero que a diferencia del financiamiento electoral, a nadie parece molestarle.

OFENSIVA DE LA MONEDA

Al interior de la Comisión de Constitución, los senadores de oposición y de gobierno coinciden en que la propuesta de Jackson y Mirosevic es “incompleta y parcial” porque se limita a restringir el aporte de empresas y a terminar con aportes reservados pero no contempla otros aspectos necesarios, como definir el rol fiscalizador del Servel, el aporte del Estado a las campañas y partidos políticos, la propaganda, entre otros punto que promete zanjar la nueva ley.

Para Interior, el problema es que desvía la atención del foco principal del proyecto que es rediseñar el mapa electoral del país, y en el caso de la Segpres, consideran que este tema debe tratarse en un proyecto específico. La estrategia de los diputados es que sus indicaciones presionen la tramitación de dicho proyecto, no que lo reemplacen.

En la sesión del miércoles, la ministra Rincón presentó un power point con los aspectos centrales que contempla el proyecto sobre financiamiento de la política (ver documento). En lo medular, se disminuye en un 50% el límite del gasto electoral para cada elección, con el detalle para las presidenciales, parlamentarias y municipales; se duplica el aporte estatal inicial en las campañas, se elimina el aporte de personas jurídicas (empresas) y en el caso de personas naturales se restringe sustantivamente (en el trabajo pre legislativo habría oscilado la cifra desde 50 a 1.000 UF). Solo se permite el aporte reservado a las campañas por montos muy bajos (aun no definidos), en los casos de personas dependientes que no quieren revelar el destino de su aporte por temor a sufrir represalias laborales.

Una novedad que incorpora el proyecto es limitar el aporte personal del candidato, en no más de un 10% del total del gasto de su campaña. Esta medida estaría orientada a “igualar la cancha” evitando campañas millonarias en desmedro de candidatos con menos patrimonio. Algunos senadores consideran que esto podría perjudicar, de paso, a quienes piden créditos para financiar sus campañas apostando a recuperar ese dinero con el aporte fiscal por votos obtenidos, y que no tienen otras fuentes de financiamiento.

Alberto Espina

En la presentación de la ministra de Segpres, se detallan algunas sanciones que debieran operar si se violan las normas sobre financiamiento. Como ejemplo, si un candidato recibe aportes “mediante falsedad, engaño o maliciosa omisión” será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio.

Una de las tensiones que se vivió en la sesión del miércoles de la comisión, ad portas de que se votara la indicación de los diputados, la protagonizó el senador Alberto Espina con Giorgio Jackson. El senador de RN consideró “inadmisible” que el diputado presionara la votación, a través de su cuenta de twitter “haciéndonos aparecer como si nos opusiéramos a la transparencia del financiamiento de la política, en circunstancias que nos oponemos a una indicación con graves falencias, y que no tiene sentido tramitar en forma aislada en medio de un proyecto totalmente distinto”.

Espina se declaró partidario de “un financiamiento totalmente público, donde las empresas y particulares puedan donar dinero sin restricciones, pero donde todos sepamos quién da a quién”. Explicó a CIPER que coincide con el proyecto del gobierno en permitir gastos reservados en montos muy bajos, sólo para personas que no quieren revelar sus donaciones, por consideraciones laborales.

La explicación de Espina da cuenta de que el gobierno está lejos de tener un consenso en torno al contenido de su proyecto, aunque aún es muy pronto para saber si cuenta con los votos necesarios para probarlo. O, si como temen Jackson y Mirosevic, se ablandará durante el trámite legislativo.

¿MONEDA DE CAMBIO?

En el diseño del nuevo mapa electoral, se han barajado diferentes propuestas. El más reciente cambio rompe la paridad de dos senadores por circunscripción en Antofagasta y Los Ríos, agregando un tercer parlamentario, pero quitándole dos a la Región Metropolitana. El anuncio generó suspicacia en algunos sectores porque beneficia precisamente las circunscripciones de Alfonso De Urresti y Pedro Araya, dos de los senadores que integran la comisión de Constitución, Legislación y Justicia donde está radicado el proyecto de término al sistema binominal. La noticia del cambio se publicó en los medios días antes de que se votara la indicación de Jackson y Mirosevic sobre el fin del aporte empresarial a las campañas políticas, y que terminó con la firma del protocolo del gobierno.

Pedro Araya

Pedro Araya dijo enfáticamente a CIPER: “Es una tontera pensar que pudimos ser beneficiados, a cambio de asegurar que votáramos en contra de la indicación de los diputados. Esa es una propuesta que nos hizo el ministro del Interior hace mucho tiempo y que responde a una lógica indesmentible. Ambas regiones son las más grandes en cantidad de electores, después de la Región Metropolitana y por lo tanto, les correspondía tener un senador más”.

A su turno, la ministra Ximena Rincón dijo a CIPER:

-Me parece muy bajo que alguien pretenda imputar otros intereses a esos dos cupos que se agregaron en las regiones de los dos senadores de la comisión. Era lo que en justicia y por lógica correspondía. Por eso, quien piense eso que lo diga y justifique públicamente con nombre y apellido, porque es algo muy bajo.

De acuerdo al protocolo suscrito el miércoles, el proyecto que cambia el sistema de financiamiento y gasto electoral debe ingresar al Congreso por la Cámara. El siguiente proyecto que debiera entrar a la arena política es el que modifica atribuciones y funcionamiento del Servicio Electoral, una pata esencial de esta mesa, porque sin herramientas poderosas, cualquier ley electoral se convertiría finalmente en letra muerta.

EL DESTINO DE LAS PLATAS

Un reportaje de CIPER reveló recientemente que el 90% del financiamiento privado de las últimas elecciones (presidente, senadores, diputados y consejeros regionales) provino de fuentes secretas. Se trata mayoritariamente de donaciones reservadas, que en total suman $21 mil millones. Los datos del Servicio Electoral (Servel) dan cuenta de que ese monto fue desembolsado entre 297 personas jurídicas y 12 personas naturales. Si se mira un poco más allá, se puede concluir que las empresas privadas desembolsaron un monto similar al que aportó el Fisco ($20 mil millones), pero si este último dividió los fondos de acuerdo a los votos que la ciudadanía le entrega a los candidatos, las empresas definieron sus estrategias de acuerdo a sus intereses particulares. Y el resultado claramente no es equitativo (ver reportaje).

¿Qué dice el “voto” de las empresas? Entre los senadores electos, el mayor monto lo obtuvo el PPD Guido Girardi, seguido de Andrés Allamand (RN) y Ena Von Baer (UDI) (ver ránking). En cuanto a los diputados, los preferidos fueron Ernesto Silva (UDI), Felipe Kast (Evopoli) y Nicolás Monckeberg (RN) (ver ránking).

La influencia que pueden tener estas empresas en el resultado final de la votación y luego en el desempeño legislativo de los candidatos electos están en el corazón de las argumentaciones para poner límites o prohibir que personas jurídicas hagan donaciones políticas. Es por lo mismo un tema complejo de legislar, pues afecta a la clase política en general, produciéndose una inevitable tensión entre intereses personales o políticos, y bien común.

La opacidad en las donaciones políticas ha demostrado contaminar las tramitaciones de proyectos de ley en el Congreso. Uno de los casos más bullados fue destapado por CIPER el año pasado, al revelar que la ex diputada Marta Isasi había recibido fondos de Corpesca y luego se había alineado con sus intereses durante la votación de la Ley de Pesca. Dichos dineros se canalizaron tanto a través de las donaciones reservadas legales como en forma paralela (ver reportaje de CIPER). En mayo pasado, Isasi fue formalizada por fraude al Fisco.

Desde entonces, el tema del financiamiento electoral ha vuelto numerosas veces a la agenda pública, lo que ha presionado al mundo político a introducir cambios al sistema de financiamiento. En noviembre de 2013, CIPER publicó por primera vez las actas de directorios de empresas que aprobaban millonarias donaciones políticas. El monto más alto detectado fue el de Endesa y Enersis, que juntas sumaban US$ 3,5 millones (ver reportaje). La sesión de Endesa fue presidida por Jorge Rosenblut, quien hoy ocupa la presidencia de Enersis y es la pareja de la ministra Rincón, que a su vez lidera desde La Moneda el proyecto que prohibiría este tipo de aportes.

Otro punto de inflexión se produjo este año, cuando La Tercera publicó la lista completa de las empresas que habían obtenido beneficios tributarios de sus donaciones políticas (ver listado). Luego, la evolución del caso Penta ha hecho ineludible el tema del rol de las empresas en el financiamiento de la política.

Además, CIPER publicó un especial que detalla los montos de donaciones reservadas en las últimas elecciones (ver especial). Ahí se puede revisar, por ejemplo, cuáles fueron las donaciones que recibieron los senadores de la Comisión de Constitución que esta semana sellaron el futuro de los cambios legales en la materia.

Pedro Araya sólo recibió $13 millones de aportes reservados, lo que equivale al 18% de sus donaciones privadas (ver información de Antofagasta). El mismo monto registra Alfonso de Urresti, aunque en su caso representa 42,2% del total de aportes privados (ver información de Los Ríos). Hernán Larraín, en cambio, obtuvo $248 millones por vía reservada, equivalente al 100% de todo lo que recaudó, pues ni siquiera requirió de aporte fiscal (ver información de Maule Sur). Alberto Espina recibió $133 millones reservados, correspondientes al 98% de sus aportes privados (ver información de Araucanía Norte). Felipe Harboe, en tanto, registra $272 millones de aportes reservados, 88,9% de sus fondos privados (ver información de BíoBío Cordillera).